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Fundación del Hospital Municipal: otra forma de canalizar aportes para obras prioritarias
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2 años haceen
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Emilia Sabbatini
“El Hospital tiene una muy buena consideración por parte de la comunidad bahiense. Es algo que se repite en forma permanente. Pero creo que no todos conocen a la Fundación y por eso necesitamos que haya más difusión acerca de su existencia y de las maneras que existen para colaborar”.
Lo dijo la Dra. Marta del Valle, quien desde 2023 es la directora de la Fundación Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, una entidad de sólo cinco años de vida, pero que se está constituyendo en una pieza vital para la concreción de obras en el nosocomio.
“De manera constante recibíamos consultas de pacientes y de familiares que tenían intenciones de hacer alguna colaboración, pero no encontraban la forma de canalizarla. Por eso es importante facilitar herramientas para quien quiera hacer un aporte”, añadió.
“Si bien recientemente se inauguró la planta baja del módulo central sobre la calle Bravard para la atención ambulatoria, lo cierto es que faltan obras prioritarias como, por ejemplo, los nuevos quirófanos. Los actuales están emplazados desde la construcción original; es decir, llevan más de 130 años y deben ser reubicados”, explicó.
“Asimismo, la terapia intensiva nueva está replanificada para que tenga un espacio orientado a la atención inicial de quemados. Creemos que es un recurso necesario por la ubicación de la ciudad y por las empresas que tenemos a nuestro alrededor”, aseguró Del Valle, quien es bioquímica especialista en Gestión de Salud, magíster en Educación de Profesionales de la Salud y doctora en Ciencias de la Salud.
“También entendemos que otro proyecto importante está relacionado con el centro pediátrico. Dentro del hospital, este servicio se encuentra en un lugar donde se comparten pasillos de circulación, ingresos al sector de adultos y de medicina clínica que, consideramos, deben tener un lugar prioritario y especial. Esto también está planificado en el denominado plan director”, indicó.
Tras llegar desde Santa Fe para estudiar en la UNS, Del Valle ingresó al laboratorio del HMALL en el año 1985, donde llegó a la jefatura, así como fue responsable del servicio de Epidemiologia Hospitalaria y del departamento de Servicios Intermedios y, finalmente, directora asociada de Desarrollo y Planeamiento entre 2018 y 2022, año en que se jubiló.
En lo académico, es profesora de Epidemiología de la carrera de Medicina de la UNS y docente de posgrado en otras universidades nacionales y del Uruguay.
—Dra. Del Valle, ¿todas las obras están comprendidas en el predio del nosocomio?
—El crecimiento está pensado y planificado en la misma manzana y en los terrenos propios del hospital. Específicamente, son el primer y el segundo piso del módulo central que, ahora, ha inaugurado la planta baja. Arriba va la zona de quirófanos y terapia intensiva. Y también toda la zona de oncohematología, que irá en el segundo piso de lo que ahora es consultorios externos del edificio de color verde.
—¿La Fundación se maneja con un presupuesto?
—No. No tenemos presupuesto propio, sino que dependemos de las donaciones y de los ingresos que se reciben de la comunidad.
“Cuando empezamos a trabajar coincidimos con la pandemia y utilizamos herramientas para canalizar muchas donaciones y aportes que se recibieron, ya sea para la compra de insumos relacionados con el COVID-19, o para acondicionar a algunos espacios, y así aumentar el volumen de los que se necesitaban”.
—¿Cómo se obtienen los recursos?
—Hay varias formas de colaborar. La Fundación tiene socios benefactores, por ejemplo, que son empresas o algunos sectores sociales de la comunidad bahiense que participan y acompañan desde el inicio, a quienes no pretendo mencionar para no olvidarme de nadie.
“Todo esto está reflejado en nuestra página web fundhall.org, donde hay un listado de socios benefactores. También uno puede asociarse como miembro colaborador y hasta hacer un aporte que puede ser por única vez o mensual.
“Recientemente hemos tenido el ofrecimiento de una aplicación internacional, denominada helpwin, que está abocada a la recaudación de fondos con campañas especialmente diseñada para ese fin”.
—¿La gente puede manejarse con la página web si eventualmente quiere colaborar?
—Allí están todos los detalles de la cuenta para hacer aportes y para asociarse, o se puede utilizar la plataforma nueva a través de la aplicación del celular. Asimismo, todo lo que hacemos está absolutamente informado allí.
—Al margen de las obras, ¿la Fundación también se encarga del pago de servicios como agua, luz o gas?
—No. Todo el funcionamiento del hospital tiene asignado un presupuesto desde el municipio. Sólo acompañamos el crecimiento de infraestructura, así como otros proyectos, como el de hospital verde saludable.
“En este sentido estamos a la vanguardia respecto de la innovación tecnológica informática.
“Somos un hospital prácticamente sin papeles, ya que en los últimos años se ha incorporado el expediente electrónico, al punto que hemos ahorrado, sólo en 2023, más de 2,5 millones de hojas que corresponden a muchas resmas y, también, un equivalente a entre 800 y 900 cartuchos. Imagínate si lo traducís en árboles o en impacto ambiental y huella de carbono. Lo cierto es que el hospital ha asumido importantes compromisos que tienen que ver con la salud ambiental y la población lo acompaña fuertemente”.
—¿Cuál es la vinculación con la Cooperadora del Hospital Municipal?
—La Fundación es un lugar adicional para colaborar y puede considerarse complementaria de la función de la cooperadora del nosocomio.
“Somos dos organizaciones que acompañamos al hospital en forma complementaria. Por ejemplo, la cooperadora está más focalizada en todo lo que tiene que ver con equipamiento del hospital y la Fundación respecto del desarrollo de la construcción”.
De qué se trata
La Fundación Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero fue creada hace cinco años, en el contexto de los 130 años del nosocomio bahiense. La Dra. Marta Del Valle está en la presidencia desde 2023.
“La misión es acompañar la excelencia en la atención sanitaria y para eso existen dos enfoques”, dijo.
“Primero para promover y facilitar el desarrollo profesional continuo de nuestro equipo de salud con la organización de cursos de capacitación y actividades de formación permanente para todos los escenarios”, indicó.
“Por otro lado tiene el objetivo de acompañar el desarrollo de infraestructura del hospital, a fin de cumplir con el plan director lanzado hace 5 años que, básicamente, trata de construir nuevos espacios para el hospital”, añadió.
“Hay obras que, obligatoriamente, se deben realizar en sectores a reemplazarse por otros espacios y, por supuesto, esto excede el presupuesto de funcionamiento por la complejidad y el tamaño de los trabajos”, sostuvo.
También insistió en que la organización sólo depende de las donaciones o de las colaboraciones que reciba, así como acciones sociales de la ciudad de parte de los vecinos.
“Dentro del programa de jornadas para la comunidad, la última fue en septiembre del último año. Con motivo del día mundial del corazón se realizaron actividades de educación y capacitación como, por ejemplo, sobre alimentación saludable, cómo cuidar la salud cardiovascular y mejorar otras cuestiones que tienen que ver con el corazón”, comentó.
Asimismo, agregó que el 5 de junio, en ocasión del día mundial del medio ambiente, se realizaron capacitaciones relacionadas con un futuro sustentable.
“En ese sentido, una de las cuestiones que también apoya la Fundación es el cuidado de la salud del medio ambiente. ¿De qué manera? Somos miembros activos de la red global de hospitales saludables, una iniciativa internacional que incluye a todos los sistemas de salud y a hospitales que quieran comprometerse con el medio ambiente y disminuir su huella de carbono. Entendemos que esto lo debemos apoyar”, aseguró Del Valle.
Fuente: La Nueva.
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Martín Lousteau defendió el rol de los impuestos y advirtió: “Todos los derechos cuestan y alguien los tiene que pagar”
Publicado
17 minutos haceen
20 noviembre, 2026Por
Mayra Pastor
Martín Lousteau cuestionó la idea de que pagar impuestos sea equivalente a un robo y planteó que los tributos son necesarios para sostener los derechos y servicios de los que se beneficia una sociedad. Para explicar su posición, comparó el sistema tributario con la cuota de un club: un aporte que permite financiar instalaciones y servicios que utilizan todos sus integrantes, aunque no hayan participado de su construcción.
Durante su columna en Infobae a la Tarde, el economista puso en discusión el argumento que identifica a los impuestos con una pérdida individual y propuso centrar el debate en qué se financia con esos recursos, quién debe pagarlos y cómo los administra el Estado.
“Me gusta pensar que el impuesto es como la cuota de un club. Vos pagás una cuota porque pertenecés a un lugar, pertenecés a una comunidad, pero estás usando cosas de ese club”, explicó.
Como ejemplo, enumeró las instalaciones que utilizan los socios sin haberlas construido: “Vos no hiciste la pileta, no hiciste la cancha de fútbol, no hiciste la cancha de rugby, no hiciste el gimnasio. Estás usando algo que construyó otro en otro momento”.
A partir de esa comparación, sostuvo que la discusión no debería limitarse a cuestionar el pago de impuestos, sino incluir el costo de los servicios y la calidad de su administración. “Cuando alguien va a la asamblea de un club, no dice: ‘La cuota es un robo’. En todo caso, discutirá si es cara o no, si se puede administrar mejor o si hay que arreglar tal o cual cosa”, señaló.
La reflexión surgió después de que en el programa se reprodujeran declaraciones del presidente Javier Milei, quien había definido al Estado como una “organización criminal” y a los impuestos como “un robo” y “una rémora de la esclavitud”. Lousteau cuestionó esa concepción y advirtió que el debate también debe contemplar los servicios y las instituciones que se sostienen mediante la recaudación.
El costo de garantizar los derechos individuales y sociales
Lousteau cuestionó la distinción entre los derechos individuales y los derechos sociales. Según explicó, las libertades vinculadas con la propiedad, la vida y la expresión también requieren recursos públicos para poder ejercerse.
“Para que vos puedas tener derecho a la vida tiene que haber policía, un sistema jurídico, un sistema penitenciario e infraestructura”, afirmó.
El economista extendió el argumento al derecho de propiedad. “Para que tengas derecho a la propiedad tiene que haber jueces y leyes. Para que tu propiedad valga lo que vale, tiene que haber iluminación pública, una calle y gas”, enumeró.
También señaló que la libertad de expresión necesita instituciones que protejan a quienes la ejercen y que la libertad religiosa requiere mecanismos para evitar persecuciones y agresiones.
Para ilustrar su planteo, recordó el incendio de Westhampton, ocurrido en agosto de 1995 en el estado de Nueva York. Según relató, el fuego permaneció fuera de control durante 36 horas y demandó un operativo que involucró a fuerzas locales, estaduales y federales, además de bomberos voluntarios y equipos militares y civiles.
“Fuerzas locales, estaduales, federales, 1.500 bomberos voluntarios, equipos militares y civiles gastaron millones y millones de dólares. No se murió nadie y no se perdieron propiedades”, recordó.
Para Lousteau, el episodio demuestra el costo que implica proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de las personas. También comparó esa respuesta con la actuación ante catástrofes en la Argentina y mencionó el caso de Bahía Blanca.
Su cuestionamiento apuntó a lo que considera una contradicción: mientras se discute cuánto cuestan las jubilaciones, la educación o las pensiones por discapacidad, no suele ponerse el mismo énfasis en los recursos necesarios para garantizar la seguridad, la justicia y la propiedad privada.
“Parece que lo otro no cuesta, pero los derechos sociales sí cuestan”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que reducir impuestos no elimina el costo de las prestaciones públicas, sino que puede trasladarlo a otros sectores de la sociedad. “Cuando vos lo que hacés es bajarle impuestos al que más tiene, no es que el costo de proveer derechos desaparece, sino que empieza a haber desfinanciamiento”, planteó.
El economista también cuestionó algunas decisiones tributarias del Gobierno. Como ejemplo, mencionó el aumento del impuesto a las Ganancias y lo contrastó con las reducciones aplicadas a los vehículos de alta gama, los yates y Bienes Personales, además del blanqueo de capitales.
De todos modos, aclaró que su posición no implica defender cualquier impuesto ni cualquier nivel de recaudación. Para Lousteau, también es necesario discutir cómo se distribuyen los recursos y qué gastos deben tener prioridad.
La gestión del Estado y las prioridades del gasto público
Otro de los puntos de la columna estuvo centrado en la administración de los recursos. Lousteau sostuvo que el Estado no solo necesita financiamiento, sino también capacidad para prestar servicios de calidad.
Para explicar el problema, recuperó una comparación atribuida al jurista Carlos Nino: si una institución debe entregar leche a diez niños y de repente tiene que atender a cien, necesita producir las 90 porciones adicionales. Si no consigue los recursos para hacerlo, la alternativa es diluir la leche y reducir su calidad.
El economista utilizó ese ejemplo para cuestionar el funcionamiento de los servicios públicos y la falta de planificación para responder a una mayor demanda.
“Nuestro Estado parece que, en lugar de gestionarse bien y garantizar esos derechos, diluyó la calidad de los bienes que brindamos”, sostuvo.
También recordó un discurso del expresidente uruguayo José Mujica, quien al asumir había señalado que la educación sería la primera, segunda y tercera prioridad de su administración. Lousteau destacó especialmente otra parte de aquella intervención: la necesidad de definir a qué políticas se les debe decir que no para poder financiar las que se consideran prioritarias.
El planteo apuntó a que la discusión presupuestaria no puede limitarse a enumerar derechos o prometer prestaciones. También requiere establecer prioridades y garantizar los recursos necesarios para cumplirlas.
En ese contexto, cuestionó la interpretación del superávit fiscal como un resultado que necesariamente representa una mejora para todos los sectores. “Cuando el Estado dice que pasó a superávit, en el fondo le pasó el déficit a las familias”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó a los hogares que deben endeudarse cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos y a las pequeñas y medianas empresas que recurren al crédito cuando caen sus ventas.
La informalidad laboral y el financiamiento de las jubilaciones
Lousteau también advirtió sobre las consecuencias de la pérdida de empleo registrado para el sistema previsional. Al referirse a la discusión sobre cómo incrementar los recursos destinados a las jubilaciones, explicó que los trabajadores en relación de dependencia realizan aportes diferentes de los correspondientes al monotributo.
“El trabajo en relación de dependencia es el que más aporta a la jubilación”, señaló.
A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la reducción de los puestos registrados compromete los ingresos futuros del sistema. “A medida que perdés trabajadores en relación de dependencia, más problemas vas a tener a futuro para pagar las jubilaciones”, advirtió.
El economista remarcó que el traslado de trabajadores hacia modalidades de menor contribución o directamente hacia la informalidad representa un problema fiscal. “Estás generando un problema fiscal muy grande con el principal gasto que tiene cualquier Estado moderno, que es el sistema previsional”, afirmó.
También rechazó que ese cambio responda necesariamente a una elección de los trabajadores. “No es que hay un deseo profundo de decir: ‘Quiero ir a ser Rappi’”, sostuvo.
Para ilustrar esa situación, contó el caso de una persona que evaluaba cerrar su emprendimiento de venta de ropa y debía buscar otra actividad para sostener sus ingresos. Según planteó, la pérdida de empleos y el cierre de pequeños negocios pueden empujar a más personas hacia ocupaciones informales, con consecuencias sobre los aportes al sistema jubilatorio.
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La CGT saldrá a la calle por la crisis de las obras sociales y definió cómo será su protesta sin paros en diciembre
Publicado
26 minutos haceen
20 noviembre, 2026Por
Mayra Pastor
La CGT ya definió su calendario de protestas hasta fines de año: el jueves próximo realizará una marcha por la crisis de las obras sociales ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y, a mediados de diciembre, innovará al promover un cese de actividades de 2 o 4 horas, con asambleas en los lugares de trabajo.
Así lo definió este jueves la mesa chica cegetista, que se reunió en la sede del Sindicato del Seguro, Carlos Pellegrini 575, en donde se analizó la estrategia que seguirán en las próximas semanas, que incluye aquellas dos acciones, pero sus máximos líderes están a la espera de una posible convocatoria del Gobierno al diálogo, instancia que se reabrió durante la visita del Papa.
Al encuentro asistieron, además del anfitrión, Jorge Sola, titular del Sindicato del Seguro, los otros dos cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), más Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros. Ausentes con aviso: Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), quien está en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Suiza.
La medida más inminente es, como anticipó Infobae, la movilización del jueves 26 ante la sede de la SSS, en Bartolomé Mitre al 400, para reclamar al Gobierno una solución urgente a la aguda crisis financiera de las obras sociales, que los expertos de la CGT califican de “casi terminal” porque ocasiona cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero de esa forma se está complicando el funcionamiento de los sindicatos.
En los últimos meses, los jefes de la CGT mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA, pero los dirigentes aseguran que el ministro sigue sin responder a las propuestas que efectuaron para superar la crisis.
Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes sindicales, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.
Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.
La marcha ante la SSS será, además, una forma de no perder la iniciativa ante Luis Barrionuevo (gastronómicos), que le ganó de mano a la CGT y anunció que unos 50 gremios harán una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que, según denuncia, retiene unos $688 mil millones de pesos que corresponden al sistema de obras sociales.
En la reunión de este jueves, además, se avanzó en la organización del cese de actividades parcial (de 2 o 4 horas) que proyecta la CGT para mediados de diciembre. Aclaran que no será un paro porque en este caso contemplará la permanencia en los lugares de trabajo, donde se promoverá la realización de asambleas.
Será una medida de fuerza original para una CGT acostumbrada a concretar paros generales. Contra Javier Milei ya hizo cuatro y ahora definió que el eventual quinto paro general, si se hace, será el año próximo.
A fines de octubre, en la anterior reunión de la mesa chica cegetista, en su versión ampliada, se resolvió postergar otro paro general y concretar otra modalidad de protesta que permita visibilizar sus reclamos sin afectar a los trabajadores con la pérdida salarial del día o del presentismo para quienes adhieran a la medida.
“No se le puede joder la vida a la gente”, dijo ese día un líder sindical a sus pares al justificar la propuesta de efectuar acciones que no perjudiquen al trabajador.
Pero, además, la conclusión de algunos líderes cegetistas es que “el paro general no cambia nada” porque Milei no rectificará ninguna de sus medidas por una protesta sindical. Es más, creen que el paro general servirá para que ataque a la CGT y lo utilice como una herramienta electoral para apalancar su proyecto de reelección.
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El Senado sancionó el Tratado de Patentes y la ley de propiedad privada con tope a venta de tierras a extranjeros
Publicado
32 minutos haceen
20 noviembre, 2026Por
Mayra Pastor
El Senado sancionó este jueves, con 47 votos -22 en contra-, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que la Cámara alta aprobó en 1998, y que Diputados devolvió en agosto pasado, en segunda revisión. Además, durante el convite en el recinto obtuvo luz verde -42 adhesiones y 26 rechazos- la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con el 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y un 30% por nacionalidad, más el límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo.
PCT
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios locales y, antes de llegar al recinto, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros. Fue un generoso guiño.
Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.
Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.
“El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es una herramienta que simplifica los trámites internacionales. Permite que una pyme o una ‘start up’ tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual a nivel global y con una sola solicitud”, explicó el miembro informante y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, el libertario Francisco Paoltroni (Formosa).
Desde Convicción Federal, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca) expresó que, con el convenio, “los investigadores van a tener que hacer menos trámites, van a poder incorporarse al mundo con su patente con una ventanilla única, pero la Argentina seguirá teniendo la soberanía para decidir si esa patente es útil o no”. En tanto, la peronista disidente Flavia Royón (Salta), sostuvo que el tratado que “con una sola solicitud en el INPI se pueda proteger el invento en los 159 países que están en el sistema”, algo a favor del “sistema científico y tecnológico”.
No pensó igual el jefe kirchnerista, José Mayans (Catamarca), quien metió varios temas en su discurso -suele hacerlo- y advirtió: “Como parte del tratado de libre comercio con los Estados Unidos -aún no tratado por el Congreso-, la Argentina le levanta aranceles a 233 productos, le garantiza tierras raras y le garantiza así también sus intereses a las farmacéuticas estadounidenses”.
Propiedad privada
La ley reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y 30% por nacionalidad, más 1.000 hectáreas máximo en zona núcleo. En cuanto a expropiaciones, en el articulado se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”.
Sobre la última cuestión se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.
En ese sentido, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.
La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.
Otro ítem de ese capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.
Para los desalojos, “si es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, se plantea. Esto preocupó a algunas bancadas durante el trámite del proyecto, en ambas Cámaras.
Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.
“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”, enfatiza el articulado.
En un debate no tan extenso como discapacidad, Mayans alertó por el “desastre legislativo que ha sido puesto en marcha por -el ministro de Desregulación, Federico– Sturzenegger”.
Ley Joaquín
El proyecto activa la “obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, destinados a prácticas deportivas y/o recreativas, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes y de toda persona que haga uso de dichos elementos”. Se sancionó por unanimidad, con 68 votos.
La norma lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero del corriente año en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, un arco de fútbol sin fijación al piso cayó sobre él, provocándole lesiones que derivaron en muerte encefálica. Éste fue uno de los casos mencionados en el recinto, con nombre y apellido, por el radical y vice de la comisión de Deportes, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires).
Bajo este panorama, quienes queden dentro de la ley tendrán que “asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.
Cabotaje
Entre sus ítems más importantes amplía el transporte de cargas por agua, incorpora nuevos operadores, simplifica trámites y aprovecha los puertos argentinos para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales. Consiguió 42 avales y 24 rechazos.
La iniciativa es empujada por varios distritos del norte. Por caso, la chaqueña Silvana Schneider (UCR) habló de una “dificultad que no podemos ignorar”, con “una buena parte de nuestros puertos” donde “no existe una oferta competitiva para atender las necesidades”.
Schneider luego fue al nervio central, con un ejemplo claro de la realidad local: con navegabilidad en barcaza hacia el puerto de Rosario, cada tonelada implicaría un 24% más para productor en el campo que por tierra, con un flete de 700 kilómetros.
Pasada la medianoche, se tuvieron que leer varias modificaciones extra y ello derivó en un momento de desprolijidad, tras más de 12 horas de sesión. Desde el kirchnerismo acusaron a una de las impulsoras, su ex colega Carolina Moisés (Jujuy), de faltarle el respeto al recinto. Entre líneas, la trifulca de fondo fue entre representantes de los intereses de gremios camioneros versus algunos gobernadores y la Casa Rosada, que celebró la aprobación.
Violencia
Otro proyecto que avanzó fue el de la macrista Andrea Cristina (Chubut), que impone que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social, recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, deberá diseñar e implementar, en conjunto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes”. Votado por unanimidad por 62 legisladores.
Antes de esto, el pleno votó la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. También le dio el visto bueno a varios convenios internacionales, entre ellos, el Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (OMI) y el Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y se aprobó la transferencia de varios inmuebles que eran propiedad del Estado nacional a las provincias.







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