Desde su anuncio, la reforma electoral fue planteada por el Gobierno de Javier Milei como una de las intervenciones más ambiciosas sobre el sistema político argentino. Con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como eje central del proyecto, la Casa Rosada impulsó un rediseño de las reglas de competencia. Ese objetivo enfrenta ahora un límite concreto: no hay mayoría parlamentaria para aprobar la iniciativa, en un contexto marcado por la presión de los gobernadores y una negociación aún abierta con el PRO.

En el oficialismo reconocen que no están los votos para eliminar las PASO en el corto plazo. Según pudo saber Infobae, la falta de consenso no se limita a la oposición peronista: también existen resistencias en sectores dialoguistas y en espacios que consideran a las primarias un mecanismo indispensable para ordenar la competencia política. De acuerdo con fuentes de La Libertad Avanza, “la anulación no parece ser lo mayoritario” y agregaron: “Algún sistema habrá… quizás no obligatoria”.

El Gobierno enfrenta un escenario adverso en el Congreso para eliminar las PASO, ya que por ahora no cuenta con los votos necesarios y debe negociar con gobernadores, el PRO y otros sectores que consideran a las primarias una herramienta clave para la competencia política. Por ello, el oficialismo evalúa alternativas, como modificar el carácter obligatorio del sistema, en busca de una reforma electoral viable.

Las PASO no solo son un dispositivo electoral, sino también una herramienta para canalizar internas, ordenar liderazgos y evitar rupturas dentro de los partidos, lo que impacta directamente en la arquitectura política de cara a 2027. Su eliminación reconfiguraría el equilibrio interno de cada fuerza y modificaría los incentivos de participación. Por eso, la discusión dejó de ser binaria y se centra ahora en qué cambios podrían prosperar en el Congreso.

Con el escenario parlamentario adverso, el oficialismo comenzó a explorar alternativas intermedias, como transformar las PASO en optativas. Esta opción reduciría su capacidad de ordenar el sistema político, pero se presenta como una salida posible para destrabar la discusión. Según fuentes oficiales, esta semana se definirán los aspectos centrales del tratamiento parlamentario de la reforma electoral, una etapa clave para ordenar el debate sobre su alcance y contenido en el Congreso.

A la dimensión política se suma el argumento económico: el Gobierno estima que las PASO representan el mayor costo del proceso electoral, obligando al Estado a destinar más de 30.000 millones de pesos, financiados con ingresos fiscales. En la Casa Rosada sostienen que ese gasto, que recae sobre los contribuyentes, no se justifica en el contexto actual de ajuste y restricción presupuestaria.

El cuestionamiento al costo de las primarias forma parte del núcleo del planteo oficial. La eliminación o modificación del sistema busca no solo rediseñar la competencia política, sino también reducir el peso del gasto electoral sobre las cuentas públicas. Este enfoque pretende fortalecer el argumento del Ejecutivo frente a gobernadores y legisladores, en un escenario donde cada peso del presupuesto es objeto de revisión.

El costo político y fiscal de la reforma electoral

La dificultad para avanzar con la reforma electoral está directamente vinculada al contexto fiscal. Los gobernadores enfrentan una fuerte restricción por la caída de la recaudación propia y el descenso sostenido de las transferencias nacionales, lo que redefine sus prioridades y condiciona cualquier negociación legislativa. En la práctica, los mandatarios provinciales subordinan la discusión electoral a la cuestión de los recursos, lo que atraviesa cada proyecto del Ejecutivo.

Este es uno de los principales obstáculos para la Casa Rosada, ya que la reforma electoral compite con una agenda económica urgente y pierde centralidad como moneda de negociación. En consecuencia, el oficialismo reconfiguró su esquema de interlocutores, con Patricia Bullrich ocupando un rol central en la articulación política. Bullrich fue clave en la construcción de acuerdos con senadores de distintas provincias en votaciones anteriores y ahora vuelve a tener protagonismo en la búsqueda de consensos para la reforma.

La función de Bullrich trasciende lo estrictamente legislativo. En La Libertad Avanza, con el respaldo de Karina Milei, comienza a consolidarse una hipótesis electoral que la proyecta nuevamente como candidata en la Ciudad de Buenos Aires, principal bastión político del PRO. La Ciudad es el centro de gravedad del poder de Mauricio Macri y el escenario donde se define el vínculo —cooperación o competencia— entre el PRO y La Libertad Avanza.

La negociación política se da en dos niveles: el legislativo y el electoral. En la Legislatura porteña, el oficialismo nacional acordó con la administración de Jorge Macri no bloquear los cambios en el Presupuesto a cambio de avanzar con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su versión para pymes, el RIMI. Este acuerdo muestra que el Gobierno nacional no busca obstaculizar la gestión en la Ciudad, pero intenta imponer su agenda económica.

Sin embargo, la mayor tensión se concentra en la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno necesita construir una coalición competitiva para enfrentar al gobernador Axel Kicillof. En este terreno, destaca el rol de Diego Santilli, quien combina gestión con construcción política. Esta semana, Santilli prevé reunirse con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para fortalecer la red de gobernadores aliados que facilitan la negociación en el Congreso. El martes, Santilli se encontrará con Cristian Ritondo en la sede nacional del PRO, en la calle Balcarce, para iniciar formalmente la negociación sobre un posible frente común en la provincia.

La posición de Santilli es clara: unidad de todos los sectores que compartan una agenda liberal para competir con el kirchnerismo. Sin embargo, esa estrategia enfrenta la resistencia del PRO, que busca preservar su identidad y capacidad de decisión. El punto de mayor fricción es el mecanismo de las PASO, que para Macri son indispensables para ordenar candidaturas y evitar una absorción del PRO por parte de La Libertad Avanza. Para el Gobierno, en cambio, las PASO representan un obstáculo tanto por el costo fiscal como porque habilitan una competencia interna que puede debilitar su construcción política.

Ficha Limpia, alianzas y el futuro de las PASO

En paralelo, la inclusión de Ficha Limpia dentro del paquete de reforma electoral introduce otro elemento en la negociación. A diferencia de las PASO, existe un consenso transversal sobre la necesidad de avanzar en este punto, por lo que se plantea tratarlo por separado para no dificultar la discusión general. En el Congreso, la viabilidad política de los proyectos es tan relevante como su contenido.

El Gobierno asume este escenario y flexibiliza su estrategia. La prioridad sigue siendo modificar el sistema de primarias, pero el camino para lograrlo se vuelve menos lineal. En ese proceso, cada actor político defiende sus propios intereses: los gobernadores presionan por recursos, el PRO busca preservar su autonomía, La Libertad Avanza intenta consolidar su expansión territorial y el oficialismo nacional necesita resultados legislativos para sostener su agenda.

La reforma electoral queda así en el centro de un entramado más amplio de intereses en tensión. No es solo una ley: es un punto de equilibrio entre actores con objetivos diferentes. Por ahora, la evidencia muestra que cualquier modificación al sistema deberá surgir de una negociación compleja, con concesiones y ajustes.

El escenario inicial cambió: la eliminación de las PASO perdió viabilidad y la discusión se orienta a alternativas matizadas, donde lo posible se impone sobre lo deseable.

Tal como anticipó Infobae días atrás, el Gobierno oficializó la puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, una iniciativa que busca fortalecer y modernizar las capacidades de defensa del país mediante un programa integral de reequipamiento, desarrollo de infraestructura estratégica y recuperación de capacidades operativas para las Fuerzas Armadas.

El decreto 314/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, estableció nuevos mecanismos de financiamiento y redistribución de ingresos estatales para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del plan.

En este sentido, dispuso la asignación de fondos provenientes tanto de la venta de inmuebles estatales como de procesos de privatización para fortalecer el equipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas. En cuanto a los porcentajes que se destinarán, el texto indicó que el 10 % de los ingresos generados por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que los bienes involucrados estuvieran previamente asignados al área de Defensa, ese porcentaje se elevará al 70 % de los ingresos obtenidos.

Asimismo, establecieron que el 10 % de los recursos provenientes de la privatización de empresas y sociedades estatales (las incluidas en la Ley 27.742) también se destinará a la mencionada cartera. Esta disposición refuerza la capacidad de inversión directa en equipamiento militar y desarrollo de infraestructura, constituyendo una fuente adicional y complementaria al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Estos recursos no sustituyen ni afectan lo previsto en dicho fondo, sino que constituyen un complemento destinado a atender necesidades de corto plazo y ampliar la capacidad de inversión en la recuperación de capacidades operativas.

En otro pasaje del texto, el Gobierno advirtió que los avances en tecnología militar, como la irrupción de la inteligencia artificial, el uso de armas robotizadas y el auge de los ciberataques, demandan la incorporación de nuevos medios y capacidades. Según el texto, para un país de la extensión y riqueza de recursos naturales del país, resulta esencial contar con un sistema de defensa con verdadera capacidad de disuasión y respuesta.

En el marco de la nueva normativa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas deberá elevar al organismo conducido por Carlos Presti, en un plazo de noventa días, un informe detallando los requerimientos urgentes en materia de reequipamiento, modernización e infraestructura estratégica. El Ministerio deberá instrumentar los medios necesarios para responder a estas necesidades, utilizando los fondos asignados por el decreto.

La iniciativa fue impulsada por el propio ministro de Defensa, quien desde su llegada al cargo planteó la necesidad de crear mecanismos de financiamiento estables para recuperar equipamiento, infraestructura y despliegue operativo.

La nueva distribución de fondos responde también a la situación presupuestaria que afronta el área. El decreto advierte que la estructura vigente absorbía la mayor parte de los recursos en gastos de personal y funcionamiento, lo que limitaba severamente la inversión en modernización y reequipamiento. Hasta el decreto, todos los recursos obtenidos por la venta o concesiones de activos estatales estaban destinados al Tesoro Nacional.

Ahora, con esta decisión, parte de los fondos se direccionará a recuperar el instrumento militar. Con la reasignación de ingresos provenientes de las privatizaciones y de la administración y venta de inmuebles públicos, el Gobierno busca brindar una fuente adicional y permanente para sostener el funcionamiento y la actualización tecnológica de las Fuerzas Armadas.

Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa agenda es la base integrada en Tierra del Fuego, una obra que en el Gobierno consideran de valor geoestratégico central. Su ubicación en el extremo sur le daría a la Argentina mayor capacidad logística y operativa en el Atlántico Sur y reforzaría la proyección nacional sobre la actividad antártica.

Tras años de virulentas disputas y enemistad eterna casi jurada para alimentar la “grieta”, algunos senadores cristinistas y macristas se acercan y ahora empujan, juntos, una jornada nacional obligatoria sobre bullying en establecimientos educativos públicos y privados. Al menos eso es lo que impulsan el kirchnerista Eduardo De Pedro (Buenos Aires) y Victoria Huala (Pro-La Pampa).

Lo que hicieron los legisladores fue replicar un dictamen de mayoría que se firmó el año pasado y, con el recambio en las Cámaras alta y baja de diciembre último, perdió estado parlamentario. Para llegar a ese despacho, se habían juntado textos de ambos y se arribó a un consenso que no sólo involucró a ellos, sino también a radicales, a silvestres provinciales e, incluso, a la libertaria Vilma Bedia (Jujuy), pastora evangélica y una férrea defensora de la carne de burro como fuente proteica.

En concreto, en la norma propuesta se plantea “que, en todos los establecimientos educativos del país de gestión pública y privada, en los niveles obligatorios, se realice al menos una (1) vez por ciclo lectivo la jornada ‘Argentina contra el Bullying: Por una escuela libre de acoso y discriminación’, que tiene por objeto que los y las estudiantes, docentes, personal no docente, y la comunidad educativa en su conjunto, desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a abordar la conflictividad social, el acoso escolar, la discriminación y la violencia entre pares en las instituciones educativas”.

Al revisar los fundamentos, el cristinista y la macrista no dudaron en afirmar que “en tiempos en los que la agresión aparece en los discursos oficiales, cuando el desprecio y el insulto al otro parecen moneda corriente, es necesario trabajar por una sociedad más empática, que acepte a cada uno y a cada una como es y que sea capaz de aislar y neutralizar los discursos de odio, y la escuela es el espacio privilegiado para comenzar ese proceso”. ¿Qué pensará Bedia?

Huala y de Pedro aseveran que la orden del día obtenida en 2025 “fue suscripta por trece senadoras y senadores de distintas provincias y espacios políticos, lo que habla de la amplitud del consenso alcanzado”. Y agregan: “Es antes que nada, un acto de respeto hacia el trabajo legislativo realizado y una invitación a retomar ese camino de acuerdo sin dilaciones innecesarias”.

El último punto es curioso, ya que se sugiere -con posibilidad de definición en cada provincia- que la jornada se realice el 2 de mayo de cada año. El proyecto fue presentado el pasado 28 de abril. Las sesiones ordinarias comenzaron el 1 de marzo, lo que demuestra la rapidez de ambos legisladores para evitar nuevos frenos a un tema delicado.

Uñac y la contaminación lumínica

El senador -kirchnerista o peronista, según la época- y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se asomó a la grilla de eventuales precandidatos nacionales para 2027 y presentó, días atrás, una iniciativa que “establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, en los términos de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a efectos de proteger la calidad del cielo nocturno, y de prevenir y mitigar los efectos negativos de la contaminación lumínica”. Todo un mensaje de poder en la siempre feroz interna justicialista.

Uñac manifestó que “el cielo nocturno oscuro es un bien común, parte del patrimonio natural y cultural de la Nación, cuyo cuidado y preservación incide en la investigación científica, el ambiente, la biodiversidad, la salud y las actividades educativas, turísticas y recreativas”.

Pocas reuniones

La agenda de la Cámara alta solo contempla, hasta la mañana de hoy, las audiencias públicas que se consumarán entre miércoles y jueves para continuar con la tanda de pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada. Se analizan en la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja). Nada aparece aún sobre propiedad privada, salud mental y reforma electoral, entre otras cuestiones. Tampoco, la activación de bicamerales que se suspendieron la semana pasada.