Con una agenda cargada de temas que generan expectativa y tensión, el Senado comenzó la última quincena de sesiones ordinarias y la energía de la Casa Rosada está concentrada en avanzar mañana, en comisión, con la suspensión de las PASO. Mientras tanto, la oposición da por descartado que el jueves se sancionará en el recinto la nueva ley de discapacidad que Karina Milei y el titular de Diputados, Martín Menem, arreglaron con kirchneristas y dialoguistas -cedieron en casi todo- y que, ahora, a Balcarce 50 no le agrada y pretende, en un escenario delirante y sin chances, modificar.
La cita en Asuntos Constitucionales representa un desafío no menor para el Gobierno libertario. Desde el jueves pasado agitó tanto una iniciativa -dormida durante meses- y un supuesto acuerdo con mandatarios provinciales -el borrador se encuentra en análisis- que, de no lograr las rúbricas, derivaría en un nuevo papelón. De hecho, el Ejecutivo vendió durante dos meses que todo este trámite finalizaba, a más tardar, en octubre.
El proyecto en cuestión además incluye cambios sobre la Boleta Única, retomar Ficha Limpia, financiamiento privado y adhesiones para que un partido sea considerado fuerza nacional. Se da por descontado que algunos ítems quedarán en el camino. Sí sorprendería, tras más de medio año de demora y varios puntos delicados para revisar dentro del articulado, un despacho exprés. Y sin contar lo de las colectoras, que desde el oficialismo tendrán que explicar en las próximas horas.
Asuntos Constitucionales está conformada por 19 legisladores. Es decir que, para un dictamen, se precisan al menos 10 firmas distribuidas entre mayoría y minoría, de existir ambas opciones. Los libertarios tienen a quien comanda la comisión, el fueguino Agustín Coto -en la mira de un sector de la Rosada y de su bloque por actitudes que generan desconfianza-, su comprovinciana Belén Monte de Oca -mejor considerada-, Nadia Márquez (Neuquén), Patricia Bullrich -la porteña es la jefa del espacio, pese a las operaciones karinistas-, el saltarín Luis Juez (Córdoba) e Ivanna Arrascaeta (San Luis).
Entre los mencionados suman seis rúbricas. El resto deberá provenir de aliados que, según el caso, responden o no a gobernadores. En el primer grupo se hallan los radicales Rodolfo Suárez (Mendoza) y Eduardo Vischi (Corrientes), la oscilante justicialista Alejandra Vigo (Córdoba) y la ex filo macrista Beatriz Ávila (Tucumán). Sin terminal se anotan el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), Flavio Fama (UCR-Catamarca) y la ahora ex kirchnerista Carolina Moisés (Jujuy).
Dentro de lo que la Casa Rosada desliza como entendimientos cerrados registran a Suárez, Vischi y a Vigo. En los últimos meses, la cordobesa buscó desmarcarse lo más que pudo del mileísmo y parece ofuscada en cada trabajo legislativo en el que participa y hace uso de la palabra. ¿Tan dispuesta estará a firmar el martes? Sería notable y, con ello, restaría una ayuda más. En tanto, Ávila responde al multi peronista -según la temporada- Osvaldo Jaldo, que defiende las PASO. No obstante, al ser Argentina, todo puede ocurrir.
Quien no suele ser un amante de las decisiones apresuradas es Espínola, por más que avale en un futuro cercano. Moisés es vice de la Cámara alta, tuvo un guiño ágil días atrás con la ley de cabotaje que tanto promocionó, recibió otros tantos desde que aterrizó como senadora desde lo administrativo y charla seguido con un gobernador que no es de su provincia, el salteño Gustavo Sáenz. Fama dio señales de ir en contra en el pasado, aunque tuvo un 2026 algo divergente, como con propiedad privada y la venta de tierra a extranjeros.
En caso de no llegar mañana un dictamen, una aceleración del tema precipitará decisiones. Difícil que se estire más, aunque hay legisladores que prefieren un despacho antes que termine el mes para aprobar la iniciativa en extraordinarias -si el Ejecutivo convoca, en diciembre- y que Diputados sancione antes de fin de año. Sobre todo, para que la Justicia electoral sepa bien por dónde iría el sendero del proyecto.
Más allá de otras comisiones durante la semana, el miércoles habrá Labor Parlamentaria para definir la casi segura sesión del jueves, donde obtendría luz verde discapacidad y el tratado de patentes que reclama Estados Unidos. También se encuentra la ley de propiedad privada que volvió de la Cámara baja, en segunda revisión -restitución del tope de 15% de venta de tierras a extranjeros- y la norma sobre cabotaje con la que Moisés busca colgarse una medalla.