Mientras los organizadores de la visita del papa León XIV y los legisladores nacionales se preparan para las últimas dos semanas de sesiones ordinarias, crecen las expectativas de que, nuevamente, el Gobierno nacional publique el decreto por el cual se convoca a sesiones extraordinarias.

Quedan diez días de trabajo intenso en los que el oficialismo buscará impulsar varios temas. En Diputados hay tiempo, por reglamento, para dictaminar hasta el 20 de noviembre. En el Senado no existe esa restricción, pero la última semana ya tiene una de las dos jornadas habilitadas para sesionar ocupada por el informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En lo que respecta a Diputados, el bloque libertario deberá buscar un rápido dictamen en Presupuesto mientras se prepara para ir a una sesión la próxima semana. En el cronograma acordado con los bloques aliados se buscará dictaminar el proyecto esta semana, para llegar al recinto el próximo 25 de noviembre.

En el medio, el 18 de noviembre, Menem abrirá el recinto para tratar el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ya cuenta con dictamen y con un principio de acuerdo para buena parte del texto.

En la misma sesión se llevará adelante el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que vuelve del Senado con modificaciones y se vota a libro cerrado. Es decir, se vota con los cambios o se insiste con el proyecto original. Es muy probable que suceda lo primero.

En el caso del Senado, el ritmo será similar. El martes está previsto el llamado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo buscará dictaminar el proyecto de reforma electoral con el eje puesto en, como mínimo, la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Además, la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, comunicó el viernes por la tarde que el miércoles, a pedido del bloque de La Libertad Avanza, se convoca a los presidentes de bloque al Plenario de Labor Parlamentaria, en los términos del artículo 56 del Reglamento del H. Senado, para el miércoles 18 de noviembre a las 15, en el Salón Gris dependiente de la Presidencia del H. Senado.

Esto se debe a que el jueves se abrirá el Senado para tratar dos proyectos que podrían convertirse en ley. El primero es la sanción de la ley de Discapacidad, que llegó de Diputados con 237 votos a favor y que la senadora Bullrich adelantó que se aprobará.

El segundo proyecto es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), algo que vienen pidiendo el Ministerio de Economía y el de Desregulación.

El problema será la última semana de noviembre. Martín Menem quiere que el 25 de noviembre los diputados lleven adelante la sesión en la que se buscará dar media sanción al Presupuesto 2027. Sin embargo, ese mismo día está previsto que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, debute con un informe de gestión en el Senado. Esto genera dos problemas. Uno es que ambas cámaras estarán sesionando al mismo tiempo. No es la primera vez que sucede, pero sí con temas tan relevantes.

El otro punto, quizás el más importante, es que en el debate del Presupuesto resulta clave el rol que cumplan los gobernadores y sus diputados, ya que se trata de un proyecto que se negocia en medio del propio debate. Esas negociaciones las lleva adelante el jefe de Gabinete en representación del Gobierno —Santilli es también ministro del Interior—. Sin embargo, el funcionario estará en el Senado respondiendo preguntas y no podrá intercambiar mensajes o llamadas con los gobernadores si fuera necesario destrabar alguna discusión.

La delegación que representó a la Argentina en las dos audiencias del Tribunal del Mar (TIDM) que se realizaron esta semana en Hamburgo esperaba que el Reino Unido utilice en sus alegatos el discurso que Javier Milei pronunció en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y así fue. La fiscal general Ellie Reeves abrió la réplica de Londres con ese argumento: las declaraciones del Presidente, sostuvo, evidenciaban que Buenos Aires no tiene interés en una solución negociada para discutir la soberanía de las Malvinas.

Recordó, además, que en su exposición en Nueva York, Milei había calificado a la ONU de “organización inútil” que solo sirve a “parásitos arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados”. Se trata de la misma institución cuyas resoluciones Argentina invoca como base jurídica de su reclamo ante el TIDM. Una chicana previsible, y una contradicción difícil de ignorar para los abogados británicos.

“Lo habíamos mapeado y teníamos la respuesta armada. Esperábamos que fueran con eso”, reconoció a Infobae uno de los integrantes del equipo de abogados que viajó a la ciudad ubicada a norte de Alemania. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado en las audiencias, contestó de manera formal y recordó que -en aquella intervención-, Milei también dejó en claro que creía en la paz y en encontrar soluciones dentro del marco del derecho internacional.

“Cada uno usa sus herramientas como quiere, pero creo que no corresponde: es un tema más político que nada tiene que ver con lo jurídico. De todas formas se respondió muy bien”, señalaron desde la representación argentina. También objetaron el punto central de la defensa británica: que el pedido de Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion esconde un planteo sobre la soberanía de las Islas y que, por ello, no es competencia del Tribunal del Mar.

“Ellos quisieron plantear que esto implica resolver soberanía, lo cual no es así. Su planteo pasó más por ese lugar, y el resto no hubieron argumentos que nos hayan tomado por sorpresa”, evaluaron desde el Gobierno.

Por primera vez en la historia, la Argentina enfrentó al Reino Unido ante un tribunal internacional para discutir los recursos del mar alrededor de las Islas Malvinas. Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre, ante un panel de 21 jueces presidido por el camerunés Maurice Kamga. El fallo se conocerá el 28 de noviembre.

Buenos Aires pidió cuatro medidas provisionales contra Londres: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura vinculada al proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Malvinas; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

Del lado argentino, la delegación estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, e incluyó al embajador Oyarzábal, los asesores legales externos Marcelo Kohen y Nico Schrijver, y funcionarios de Cancillería y la Procuración. El Reino Unido presentó un equipo de seis abogados liderado por la fiscal Reeves.

Para el Gobierno, este arbitraje representa “una pieza dentro de un esquema más amplio” contra el Reino Unido en el marco de la Causa Malvinas, que incluye el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, iniciativa que tuvo varios cambios respecto a su versión original y se debatirá en el recinto el próximo miércoles, y los procesos penales ya iniciados contra directivos de las empresas operadoras de Sea Lion, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

En las últimas horas, el diario británico The Guardian reveló que el gobierno argentino amenazó con prisión al CEO de Rockhopper, Sam Moody, y a su director financiero, mediante una carta enviada el 1° de septiembre en la que los intimó con “procesamiento penal, encarcelamiento y multas” bajo la legislación doméstica argentina.

“Tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones”, indicó el canciller Pablo Quirno a radio Rivadavia el pasado jueves. En esta línea, desde Casa Rosada explicaron a Infobae que “las estrategias tienen que ser multifocales: políticas, jurídicas, diplomáticas. Es la mejor forma de presionar donde hay que presionar”.

La preparación de las audiencias

La arquitectura jurídica argentina en el TIDM se apoya en dos resoluciones de la ONU: la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instruyó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.

El neerlandés Nico Schrijver y abogado rosarino Marcelo Kohen fueron fundamentales en las audiencias. Este último fue árbitro en al menos 14 casos internacionales, y representó a la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el caso de la fragata ARA Libertad (2012), en el que el tribunal ordenó como medida provisional la liberación inmediata del buque.

El argumento ambiental completó el cuadro. Si ocurriera un derrame en Sea Lion, es la Argentina —no el Reino Unido, situado a más de 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta de emergencia. El propio plan de contingencia del operador estimaba en un 30% la probabilidad de que el petróleo de un eventual reventón alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días. “Si pasa, estamos muy cerca de que ese derrame llegue a aguas territoriales argentinas”, advirtieron desde el Gobierno.

La primera jornada comenzó con una particularidad logística: la fiscal Reeves no llegó a tiempo para la apertura. Fue la agente Sally Langrish quien abrió la sesión e informó al tribunal de la demora. Mientras tanto, del lado argentino, Oyarzábal tomó la palabra sin demoras para plantear el marco político del caso. Recordó que en 1995 ambos gobiernos habían intentado un esquema de cooperación en la zona, pero que el Reino Unido lo había vaciado de contenido. “La Argentina no abandonó la cooperación”, dijo. “Pero, como bien saben los argentinos, el tango se baila de a dos. Lamentablemente, el Reino Unido prefiere bailar solo”.

La segunda jornada de audiencias fue la más intensa. La delegación argentina, según supo Infobae, había decidido ir “más al hueso” y plantear a los jueces, y ante la atenta mirada del equipo legal británico, los ceos de Rockhopper y Navitas, y funcionarios del gobierno ilegítimo de las Islas, presenten en la sala, que “si no se actúa ahora, no habrá statu quo que preservar”.

“Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”, sintetizó Schrijver. En relación a este punto, en el Gobierno planteó una diferencia entre daño económico y daño irreparable. Las empresas que invierten en Sea Lion pueden alegar pérdidas, argumentó el equipo argentino, pero ese daño es compensable. El petróleo extraído, no.

La síntesis del pedido argentino quedó condensada en cuatro palabras que Oyarzábal pronunció al cierre de la primera ronda: Ninguna perforación nueva mientras el tribunal arbitral del Anexo VII no esté constituido y en condiciones de actuar. “Si las medidas no son ordenadas, una de las dos partes quedará privada en forma permanente de sus derechos sobre la plataforma continental y sobre un recurso no renovable que, una vez extraído, no puede ser restituido”, insistió.

La comitiva argentina se alojó en un hotel retirado del centro de Hamburgo. Un dato llamativo: ambas delegaciones se alojaron en el mismo edificio, dado que el TIDM está retirado del centro de la ciudad y la oferta hotelera cercana es escasa. El equipo a cargo de Ibarzabal logró que el hotel habilite un sector específico con acceso restringido para sus reuniones de trabajo. Aun así, los cruces en el desayuno con los representantes británicos —y con los propios CEOs de las empresas en Sea Lion, Ian Ramsay y Samuel Moody, fueron inevitables.

La mayor incertidumbre interna fue la preparación de la réplica. El Reino Unido optó por no presentar ningún alegato escrito antes de las audiencias, lo que dejó a la delegación de Buenos Aires frente a un punto ciego. “Siempre teníamos el fantasma de si iban a sacar un conejo de la galera que no estuviéramos viendo”, admitieron desde el equipo legal. Y remarcaron: “Ninguno de los argumentos nos tomó por sorpresa”.

La expectativa por el fallo

Sobre el fallo que el Tribunal dará a conocer el 28 de noviembre, en el Gobierno sostienen que “hay que ser precavido” y que “hay que esperar”, aunque reconocen una “buena sensación interna” de que los argumentos argentinos estuvieron “planteados con claridad” frente a un equipo rival “de primer nivel”.

“Nosotros no le estamos pidiendo a este Tribunal que resuelva el tema de la soberanía. Por lo tanto, nada de esto afecta en absolutamente nada nuestro reclamo de soberanía. Si no llega a salir, la Argentina va a seguir en esta senda. Vamos a seguir con todo”, plantearon.

Especialistas vinculados a la causa son más optimistas. “En todos los casos donde se pidió, el Tribunal dio medidas provisionales. No se declaró incompetente. No siempre dio las que le pidió el Estado solicitante, a veces dio distintas, pero siempre dio medidas. Yo creo que estamos muy bien”, evaluó un experto con acceso al expediente.

Un funcionario de Cancillería, ante la consulta de este medio, apuntó a un efecto político concreto de un eventual fallo favorable: debilitaría la posición británica de que no existe ninguna controversia activa por la soberanía de las Malvinas. “El Reino Unido está diciendo que no hay controversia, que ya es suya y no discute más. Si el tribunal le dice que sí hay una controversia, esa posición queda debilitada”, indicó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, citó a las autoridades de los bloques dialoguistas para intentar acordar un cronograma que le permita avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2027. Sin embargo, en medio de la conversación, se coló la denominada Ley de Soberanía Nacional y los pedidos de cambios de los diferentes bloques.

La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría, y el oficialismo consiguió incorporarla al temario de la sesión prevista para el próximo miércoles 18 de noviembre, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, los bloques dialoguistas reclamaron modificaciones al texto antes de acompañarlo en el recinto. Uno de los puntos que más incomoda a la oposición es el Capítulo VII, denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones”, que introduce cambios en los códigos Electoral y Penal de la Nación.

Hasta ahora son muy pocos los cambios que fue aceptando el oficialismo, que se mantiene poco permeable a modificaciones. En el Título II eliminaron el concepto de “seguridad nacional” y lo reemplazaron por el de “asuntos estratégicos”. Esto aplica también al nombre del Consejo de Seguridad Nacional, que pasa a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos.

Sin embargo, el cambio de nombre no modifica la composición. Sigue estando en cabeza del presidente de la Nación y lo conforman los ministros y la SIDE, todos a tiro de decreto de ser removidos por el jefe de Estado.

En lo que respecta a la intervención de este Consejo en la seguridad interior —otro punto que genera malestar en algunos sectores, ya que podría tomar decisiones sin pasar por el Congreso de la Nación, como por ejemplo establecer el estado de sitio—, se incorporó una salvedad: debe darse intervención al Ministerio de Seguridad en las reuniones que celebre el Consejo, en calidad de miembro no permanente.

Aunque se aceptó la creación de una comisión de seguimiento del Congreso, se establece que esta es secreta, por lo que los informes que se soliciten —como, por ejemplo, el derribo de una aeronave o el hundimiento de un buque— no serán de conocimiento público.

Hubo otro reclamo de los bloques que acompañarían el proyecto que no fue escuchado por La Libertad Avanza, vinculado al Título VII, denominado “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones”.

Ese título del dictamen de mayoría introduce un paquete de reformas centrado en la injerencia extranjera y la seguridad electoral. Prohíbe el financiamiento de campañas políticas por parte de personas humanas extranjeras sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras, con multas de hasta diez veces el monto aportado. A su vez, modifica el Código Penal para endurecer las penas contra funcionarios públicos, militares o agentes de inteligencia que faciliten operaciones extranjeras contra la seguridad nacional, y crea nuevas figuras delictivas: el espionaje a favor de un Estado extranjero (penas de 5 a 20 años), el apoyo material a operaciones clandestinas de inteligencia (3 a 10 años), la organización o financiamiento de “campañas de injerencia extranjera” o actos de sabotaje (5 a 15 años), y el encubrimiento de estos delitos por parte de funcionarios con conocimiento directo de los hechos (1 a 6 años).

En este aspecto, Menem y los demás legisladores libertarios fueron claros con sus colegas: no hay intención alguna de eliminarlo.

Se espera que este proyecto de ley vaya al recinto la semana próxima, junto a otros que ya cuentan con media sanción, como la reforma del BCRA, el Mercosur-EFTA, el Acuerdo de Montevideo y el traspaso de la justicia federal a CABA.

De aprobarse, y teniendo en cuenta que el giro al Senado llevaría no menos de 48 horas, no quedaría plazo para que pueda ser sancionado antes de que termine el período de sesiones ordinarias, por lo que sería uno de los temas que la Casa Rosada incluiría en el temario para las sesiones extraordinarias.