El paso de Manuel Adorni por la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión se transformó en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. En esta oportunidad, la pelea escaló a niveles judiciales.

Mientras el Jefe de Gabinete exponía, la legisladora Marcela Pagano se presentaba en los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia por enriquecimiento ilícito contra el funcionario nacional. La respuesta de LLA no se hizo esperar: la fuerza libertaria respondió con una denuncia penal contra la exaliada, a la que también acusan por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en la declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta.

Ante el juez Ariel Lijo, Pagano entregó una carpeta con documentación sobre la presunta existencia de una empresa offshore denominada IM Group S.A.S., radicada en Uruguay a nombre del periodista Marcelo Grandio. La diputada, además, declaró como testigo en la causa para afirmar que Grandio y Adorni son socios.

Según su hipótesis, los fondos recaudados por publicidad del programa televisivo Giros, emitido por la cadena estatal TV Pública, se derivaban hacia esa firma offshore y hacia la esposa de Grandio, con el objetivo de eludir el pago de impuestos en Argentina. Pagano aseguró que pudo constatar la existencia de la firma en el Registro de Personas Jurídicas de Montevideo y sumó otro dato que, estimó a Infobae, configura lo que denominó como “la ruta del dinero Adorni”.

“El principal auspiciante del programa ‘Giros’ era YPF, y por mis veinte años de experiencia en televisión, puedo dar fe de que generalmente YPF sponsorea programas que están en el top ten de IBOPE. No es el caso del programa de Grandio”, señaló. La diputada también detalló el motivo de su ausencia en la sesión informativa: “No quería ser parte de un espectáculo montado. Consideré utilizar el dinero de los contribuyentes para algo útil”.

En tanto, el contraataque libertario fue una denuncia contra Pagano radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, con la firma de los diputados María Celeste Ponce, Sergio Figliuolo, Lilia Lemoine, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez, entre otros. La presentación fue formalizada con patrocinio letrado del abogado Hernán Emilio Seivane. Por sorteo, la causa recayó en el Juzgado Federal 1, a cargo de la jueza María Servini.

Al ser consultada sobre esta acusación, Pagano manifestó que está “tranquila” y cuestionó el alcance del escrito: “Habla de períodos fiscales en los que yo fui periodista, es decir, anteriores a mi labor como diputada. De hecho, es sorprendente porque hablan sobre la compra de un departamento que yo misma incluí en mi declaración jurada”, dijo a Infobae.

Adorni, a su vez, negó durante su exposición en el Congreso haber coordinado la aprobación de contratos a favor de terceros con vínculos previos y afirmó que no existe contrato alguno entre la TV Pública y Grandío.

En paralelo, el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade hizo hincapié en los viajes al exterior de Adorni con fondos cuyo origen la oposición pone en duda, enumeró una serie de traslados —Bariloche, Río de Janeiro, Chapelco, Aruba— y apuntó que el total ascendía a 35 días de vacaciones en seis meses, “todos pagados en efectivo, incompatibles según su análisis con los ingresos declarados por el funcionario y los de su esposa, quien facturaba como monotributista categoría A. ¿Cómo generó el efectivo suficiente para hacer frente a todos estos gastos impresionantes?”, preguntó.

El legislador, además, expuso detalles sobre la supuesta rutina diaria de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, y mencionó el uso de agentes de la Policía Federal como custodia personal en actividades cotidianas.

La reacción del Gobierno fue inmediata. Adorni acusó al legislador de haberlo “espiado” a él y a su familia. “No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer, con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia”, expresó. Y agregó: “Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa”.

En esta línea, y según se informó, el Gobierno evalúa presentar una denuncia penal contra Tailhade por haber hecho pública información que “comprometió la seguridad” de la familia del jefe de Gabinete.