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Guzmán presentó el presupuesto 2022

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El Ministerio de Economía ingresó este miércoles por la noche el proyecto de Presupuesto 2022 al Congreso, que postulará un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 33%, un déficit fiscal que rondará el 3,5% del PBI y un dólar a $131,10 para diciembre del año próximo. Asimismo, la “ley de leyes” establece para 2022 un crecimiento del consumo público del 3,1%, del consumo privado del 4,6% y de la inversión del 3,1%. En el plano del comercio exterior, aguarda una suba del 7,5% en las exportaciones y del 9,4% en las importaciones.

En Hacienda hablan nuevamente de que Presupuesto es el plan económico y el “corazón de la política económica”. Lo definen como un presupuesto “serio” dentro de las restricciones que tiene el país para hacer políticas públicas. Fue un día de “mucha gestión”, dijeron cerca del ministro y no dieron detalles sobre las reuniones que tuvo con Alberto Fernández y Santiago Cafiero en medio de una crisis política que comenzó con la salida de varios ministros y otros funcionarios kirchneristas.

Siguiendo con los números, el proyecto de ley de Presupuesto 2022 está basado en un déficit fiscal primario del 4% para el año próximo y del 3,3% para el año en curso. En el caso del déficit financiero, que incluye los pagos de la deuda, se estimó en 5,4% y 4,9% del PBI, respectivamente. El gobierno espera financiar ese 4,9 del PBI por tres vías: un 2% a través de la emisión de deuda, un 1,8% mediante aportes del BCRA, que representarían más de $1 billón, y otro 1,1% financiado por organismos internacionales.

Con respecto al gasto de “inclusión social” se presupuestó un 1,22% del PBI (contra 1,17% de este año). En Economía aseguran que no hubo cambios en esa partida luego de las PASO del domingo: una de las críticas desde dentro de la propia coalición tenía que ver con los fondos destinados a asistencia social.

Las estimaciones incluidas en el proyecto incluyen además el reajuste de las proyecciones para este año. En 2021, el Gobierno aguarda una inflación de 45,1% y un crecimiento del PBI del 8%. También estima una suba del salario real del 3,8% y un saldo comercial de USD 12.800 millones.

En materia de recaudación impositiva, el Presupuesto 2022 contempla que el fisco recibirá el año próximo $15,7 billones como recaudación total, un 45,3% por encima de los $10,7 billones que se esperan para 2021. Desde el gobierno confirmaron que en 2022 no se crearán nuevos impuestos y que no habrá una nueva edición del “impuesto a la riqueza”.

Con respecto a la fuentes de financiamiento, se esperan una emisión de 1,8% ($1,08 billones); fondos de organismos 1,1% ($681.849 millones); y títulos públicos por 2% del PBI, o $1,2 billones).

En materia de servicios públicos, los subsidios a las tarifas alcanzarán a un 1,8% del PBI. Esa cifra podría reducirse en un 0,3% del PBI una vez que se implemente el esquema de segmentación de tarifas en el cual el ministerio de Economía viene trabajando y que aún no tiene fecha de puesta en marcha.

Asimismo, desde el ministerio de Economía se confirmó lo que ayer había anticipado Alberto Fernández: durante 2022 no habrá pagos de capital al Fondo Monetario Internacional (FMI) que de acuerdo al cronograma de vencimientos actual alcanzan los USD 17.800 millones. En base a las estimaciones del Presupuesto 2022, esos pagos equivaldrían a un 4% del PBI.

Ayer, durante la presentación de la ley de Hidrocarburos, tanto Alberto Fernández como Martín Guzmán habían dado por sentado que el Presupuesto descuenta un acuerdo con el FMI que libere al Estado de tener que pagar USD 19.000 millones a ese organismo el año próximo. En ese sentido, el jefe del Palacio de Hacienda anticipó que la partida presupuestaria para obra pública sería en 2022 de 2,4% del PBI, por lo que sería mayor al 1,8% que estableció la ley de ingresos y gastos este año.

Guzmán ensayó una defensa de su gestión, frente al gobernador Axel Kicillof y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y en medio de los cuestionamientos por parte del ala cristinista del Frente de Todos. “Si hubiera que pagar los 19.000 millones al FMI en 2022 habría que hacer un mega tarifazo, como el del gobierno anterior, o peor. Implicaría un recorte en ciencia y desarrollo tecnológico. Una caída brutal de la actividad, más hartazgo y menos oportunidades”, dijo Guzmán.

El proyecto de gastos e ingresos fue girado sobre la hora del plazo legal al parlamento y comenzará a ser tratado en los próximos días por las comisiones, pero aún no se sabe cuándo podría ser defendido por el ministro de Economía Martín Guzmán. Los últimos detalles del Presupuesto estuvieron marcados por las tensiones dentro del oficialismo sobre nuevas medidas económicas tras la derrota en las PASO y por la crisis política que se abrió en el Frente de Todos por las renuncias de un grupo de funcionarios que responden a Cristina Kirchner.

El segundo presupuesto que presentará Guzmán en el Congreso desde que es ministro estará enmarcado, además de en las posibles medidas con impacto fiscal por la derrota y en las PASO, por las posibilidades de un recambio en el plantel de ministros. Los reclamos son más o menos públicos por parte del ala del Frente de Todos más cercana a Cristina Kirchner para acelerar no solo anuncios económicos sino también en el funcionariado.

En ese sentido, los que fueron más apuntados desde el minuto cero de la derrota electoral fueron tres de los más cercanos a Alberto Fernández: Guzmán, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

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Causa Cuadernos: Cristina Kirchner será indagada el próximo martes en Comodoro Py

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El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los recursos interpuestos por los imputados en la denominada causa Cuadernos que buscaban la nulidad del juicio. De esta manera, indagarán a Cristina Kirchner de manera presencial el próximo martes 17 de marzo. Luego será el turno del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Uno de los primeros planteos en ser rechazado fue el presentado por la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que pidió la nulidad total del juicio, alegando irregularidades en la asignación del caso al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. “La lectura del expediente no evidencia los vicios”, aseguró el TOF 7.

Por otra parte, los magistrados ratificaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el proceso.

El TOF 7 rechazó los recursos de los imputados, que buscaban la nulidad del juicio de la causa Cuadernos

El TOF7 rechazó los planteos las defensas que pidieron la nulidad a lo largo de las 13 audiencias en la causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a la expresidenta, acusada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita.

El pedido de nulidad partió desde la defensa de la exmandataria y de otros imputados, como es el caso del exministro de Planificación Federal, que argumentó irregularidades en la instrucción y cuestionó la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

El TOF 7 dijo que la intención de las partes de “obturar el juicio en las puertas de su inicio, desde una visión sistemática no es posible reeditar todas las objeciones planteadas, porque el Tribunal se vería obligado a volver sobre sus pasos. No se introdujeron argumentos novedosos que justifiquen apartarse de lo ya decidido”.

Para el abogado de Cristina Kirchner los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formar parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

En la última audiencia la fiscal Fabiana León opinó que estos argumentos no debían prosperar y alertó sobre el riesgo de prescripción para algunos delitos si las estrategias defensivas logran extender el proceso.

Durante su exposición, la fiscal aseguró que para que esta causa llegue a juicio, tuvieron que soportar “expresiones de todo tipo, operaciones de prensa, todo tipo de situaciones que han sido inútiles frente a la firmeza que ha mostrado el tribunal y la decisión inquebrantable de la fiscalía de llegar a la situación de debate oral, que es la forma en que deben resolverse este tipo de cuestiones”.

Fuente: TN

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Buscan prohibir los celulares en cárceles bonaerenses para que dejen de ser “call centers del delito”

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Un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses fue presentado en la Legislatura provincial por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza(LLA), con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El legislador afirmó que actualmente los penales “son un call center del delito”.

La iniciativa fue bautizada como “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel, con la colaboración de familiares de detenidos que operaban fuera del penal de Magdalena.

Protocolo “sin justificación”

El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20, implementado durante la pandemia de Covid-19 para facilitar las comunicaciones de los internos ante las restricciones sanitarias. Según el legislador, esa medida ya no tiene justificación en el contexto actual.

Además, plantea modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para que las comunicaciones de las personas privadas de la libertad se realicen exclusivamente mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Restricciones e inhibidores de señal

La propuesta también establece que cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, pero sin tener acceso libre a los teléfonos. Los aparatos deberán ser utilizados únicamente en los horarios y espacios habilitados y luego retirados por el personal penitenciario.

Otro punto central del proyecto es la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas con el exterior.

Para evitar delitos

Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la época de la pandemia, pero sigue vigente el uso de celulares”, sostuvo Liberman al presentar la iniciativa. En ese sentido, remarcó que el objetivo es impedir que desde los penales se sigan cometiendo delitos como estafas o extorsiones telefónicas.

El legislador también propuso reforzar los controles internos mediante requisas diarias, para evitar que los detenidos ingresen o mantengan teléfonos de manera ilegal dentro de las unidades penitenciarias.

Aportes de especialistas

Según explicó, el proyecto se elaboró con aportes de especialistas y equipos jurídicos, entre ellos colaboradores de la jueza Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul, Carlos Pagliere (h), y personas vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación.

En los fundamentos de la iniciativa, Liberman citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo.

Procedimiento

El proyecto también fija un procedimiento para la implementación de la norma. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos, quienes dispondrán de 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos que tengan en su poder, incluso aquellos no declarados.

Cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes de cada unidad penitenciaria para secuestrar los dispositivos y sancionar a quienes incumplan la normativa.

Fuente: Agencia DIB

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Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado

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En medio de una fuerte disputa interna, el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela, no asumirá finalmente como titular de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria y, en cambio, jurará como senador bonaerense, cargo para el que fue elegido en septiembre.

La decisión del Gobierno nacional está vinculada con un freno que, por orden de Karina Milei, llegó al decreto anunciado el año pasado (y nunca publicado) sobre el lanzamiento de la nueva Agencia Nacional de Migraciones. La actual ministra Alejandra Monteoliva, en concreto, no avanzará por el momento por lo anunciado en noviembre por su antecesora, Patricia Bullrich.

Al frente de esa área iba a estar Valenzuela, uno de los primeros intendentes del PRO en saltar a las filas de La Libertad Avanza (LLA).Sin embargo, la propia Monteoliva dijo que si bien están trabajando en la Agencia de Seguridad Migratoria y en una reorientación de la política migratoria, no le pudo poner fecha al nuevo organismo.

De hecho, las políticas migratorias del Ministerio de Seguridad continuarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones. Es decir, por ahora no se creará una nueva agencia especializada en coordinación fronteriza, inteligencia migratoria ni una Policía para frenar amenazas transnacionales.

Frente a este panorama y en medio de tensiones entre Karina Milei y sectores que responden a Bullrich, Valenzuela decidió asumir la banca en el Senado y desde allí empezar a construir músculo político para ser uno de los posibles candidatos para la Gobernación. Allí ya están anotados el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja.

Fuente: Agencia DIB

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