El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrirá las sesiones ordinarias en un contexto de tensión entre los gremios docentes y el gobierno nacional, que derivó en la convocatoria a un paro para el próximo 2 de marzo dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con impacto en territorio bonaerense, ya que SUTEBA —el sindicato con mayor representatividad en la docencia provincial— adhirió. Sin embargo, distintos gremios provinciales, incluido el propio SUTEBA, también rechazaron el último ofrecimiento realizado por el Ejecutivo bonaerense en el marco de la negociación paritaria. Así, hasta el momento, en las escuelas públicas bonaerenses las clases no comenzarán en tiempo y forma.

Mientras tanto, la administración de Kicillof busca cerrar la negociación paritaria con los gremios de cara a marzo. Una instancia que se volvió compleja, pese al respaldo político que, en mayor o menor medida, los distintos sectores mantienen con la figura del mandatario provincial.

Luego de que los senadores Carolina Moisés, Sandra Mariela Mendoza y Guillermo Andrada rompieran con el bloque Convicción Federal, en el Gobierno Nacional se muestran optimistas con el plan de “aislar” al peronismo en ámbas cámaras y celebran la determinación que instrumentaron los gobernadores del Partido Justicialista de buena sintonía con la Casa Rosada.

“Es beneficioso. Lentamente el bloque de Unión por la Patria se va destartalando. Están bastante aislados, aunque siguen siendo la segunda minoría”, sostuvo ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

Lo cierto es que en el oficialismo reconocen el gesto de los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) de instruir a 3 de los 5 legisladores que conforman el bloque a abandonar la bancada justicialista. De esta forma, Sandra Mariela, Carolina Moisés y Guillermo Andrada dejaron el bloque que lidera el formoseño José Mayans para conformar su propio espacio, con planes de sumar a la senadora que responde a salteño, Flavia Royón, y a la tucumana Beatriz Ávila.

En Balcarce 50 se atribuyen la articulación que dio lugar a la fuga del peronismo, que -sostienen- es parte de un plan trazado para neutralizar el poder de daño de los bloques en ambas cámaras. Sin embargo, fuentes legislativas toman distancia de este último posicionamiento al sostener que se trató de una idea propia de los mandatarios provinciales que refleja el malestar de los gobernadores con la conducción de Cristina Kirchner y especificamente con José Mayans.

“Es algo que viene de hace tiempo. Acá nadie se mete. Cada uno va a responder a su jefe político. Ellos técnicamente ya rompieron, pero terminó de decantarse post reforma laboral”, expresó un alfíl de ecosistema libertario ante este medio.

De concretarse la salida de los tres senadores, el peronismo quedaría con un bloque de 25 integrantes, uno de los números más bajos desde 1983. Este escenario alienta al oficialismo que, con el incorporación de Luis Juez suma 21 votos propios que podrían ampliarse a 44, en alianza con el PRO y la UCR, a solo cuatro voluntades de conquistar los dos tercios en el Senado de la Nación.

Esta mañana, el titutlar de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló del acercamiento de un sector del peronismo que colabora con dar forma a los planes legislativos del Gobierno Nacional. “Un sector del peronismo está viendo que su propio pasado ha sido un fracaso en términos ideológicos”, deslizó en declaraciones a Infobae.

En paralelo, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, admitió que el espacio que integra transita un “cambio generacional”, y remarcó que considera necesario “transitar una agenda distinta en una nueva era de la humanidad y en eso hay que acompañar”. “No es que estemos todos de acuerdo en todo lo que el presidente Milei decide”, se encargó de aclarar.

Como contó este medio, en La Libertad Avanza maduran la determinación de sellar alianzas electorales con los mandatarios provinciales aliados rumbo al 2027 y no descartan acompañar los deseos reeleccionistas de los que colaboren con la administración libertaria. “Es lógico que con los amigos vamos a tener mayores gestos que con el resto”, admitió ante este medio un exponente libertario.

Pese a la notoria división de la oposición, hay quienes se muestran sorprendidos por el silencio en redes de la titular del PJ, en particular tras la media sanción de la reforma laboral, a la espera de la validación de la Cámara de Senadores que deberá aprobar o rechazar el viernes los cambios implementados sobre el artículo 44 relativo a las licencias por enfermedad. “Debe estar a favor. Tampoco que nos fuimos a la americana que flexibilizamos todo. Solo buscamos facilitar la creación de empleo”, hipotetizó una fuente inobjetable ante este medio.

La valoración no parece ser compartida en otras tribus del campamento que plantean que la falta de posicionamiento público de Cristina Kirchner responde a su condición de cumplimiento efectivo de la condena judicial por la causa Vialidad. “Está presa. Es lógico que no hable”, sostuvo otra voz libertaria.

La CGT reunirá este miércoles a su mesa chica para analizar sus próximos pasos, pero eso no incluirá otro paro ni una movilización para este viernes, cuando se prevé que el Senado convertirá en ley la reforma laboral. La decisión se tomará en medio de las presiones del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que ya anunció un paro de 36 horas para aquel día y pidió a los líderes cegetistas que hagan una convocatoria similar.

Sin embargo, la mayoría de la cúpula de la CGT, de impronta dialoguista, cree que no hay espacio para que sea efectivo un nuevo paro general y que tampoco es viable una movilización porque termina en graves incidentes a cargo de los grupos más radicalizados.

Con la certeza de que la reforma laboral tendrá destino de ley, en la CGT evalúan otra estrategia: por un lado, los abogados ultiman los detalles de la impugnación judicial contra la futura norma y, por otro, se analiza realizar una marcha para acompañar la presentación en el Palacio de Tribunales, tal como se hizo el 27 de diciembre de 2023 para expresar el rechazo al DNU 70 de Javier Milei.

“Estamos analizando las acciones y los tiempos -dijo a Infobae un representante del ala moderada de la CGT-. Es momento de cuidar el aval y el fortalecimiento que recibimos en el paro general actuando con inteligencia y midiendo los tiempos”. Y agregó: “Como decía Perón, la fuerza es el derecho de las bestias”.

Esta posición predominaría hoy en el triunvirato cegetista, que integran Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), y también entre dialoguistas como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros.

Los partidarios de un paro de 36 horas, por su parte, son algunos dirigentes del ala dura como Abel Furlán (UOM) y Raúl Durdos (SOMU), que integran el Fresu con Aceiteros, ATE, Pilotos, Viales y las dos CTA, que ahora están en sintonía con Omar Maturano (La Fraternidad).

El titular de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, había afirmado el viernes pasado: “Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el Frente de Sindicatos Unidos”.

Sin señales de la CGT, este lunes esa medida de fuerza fue confirmada por el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien sostuvo: “Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento. Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que Milei y Bullrich no festejen por anticipado”.

En la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), también parte del ala dura, no quieren apartarse por ahora de la estrategia de la CGT, aunque plantearán profundizar el plan de lucha con una ola de paros parciales y sectoriales, donde cada día se alternen huelgas en el transporte, la educación y otros servicios públicos, como se hizo en Francia. Cerca del titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) piensan que esa acción será más efectiva como método de protesta.

De todas formas, hay gremios aliados del ala dialoguista que amenazan con medidas de fuerza por sus reclamos sectoriales: es el caso de los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que el viernes pasado advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

Además, la CGT anunció que este martes se movilizará al Palacio de Tribunales en solidaridad con la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que dirige Julio Piumato, que realiza protestas contra el traspaso de los juzgados laborales nacionales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, como lo prevé la reforma laboral.

El sindicato de Piumato ocupó ayer el edificio central de la Justicia Nacional del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y decretó un paro total de actividades en todo el fuero, que afectó en las primeras horas de la mañana a la sede de Diagonal Roque Sáenz Peña 760.

Mientras tanto, los abogados de la CGT siguen preparando la impugnación judicial contra la reforma laboral, en donde apuntarán a los fallos ya dictados por magistrados del fuero laboral que frenaron artículos del DNU 70 y del decreto 340, que reglamentó el derecho de huelga en los servicios esenciales (y que están en el proyecto actual).

En una entrevista con Infobae en vivo, el cotitular cegetista Jorge Sola confirmó que la central obrera irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó al ser consultado sobre los próximos pasos de la CGT.

Este punto también será tratado en la próxima reunión de la mesa chica de la CGT. La idea es repetir una estrategia similar a la adoptada contra otras normas del Gobierno: que las presentaciones judiciales sean efectuadas desde la CGT y no desde cada sindicato en forma individual.