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Héctor Gay: “Queremos que lo que voten nuestros legisladores sea un presupuesto realizable”

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En la previa a la reunión que este lunes mantendrá la Mesa Provincial del PRO para comenzar a delinear las cuestiones que se pondrán en consideración a la hora de discutir el proyecto de presupuesto bonaerense, el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, se refirió a las expectativas que hay en torno al proyecto que en los próximos días estaría ingresando a la Legislatura, y dejó entrever el debate que se viene: “tenemos algunas cuestiones que preocupan”, expresó.

En el marco inflacionario que sufre la Argentina consideró que “los presupuestos dejaron de ser lo que eran” y que “el problema que estamos teniendo es cómo hacer que lo que votan los legisladores en diciembre llegue efectivamente a toda la provincia y a los distritos”.

Dicha situación la ejemplificó con la problemática que arrastra el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) a causa de la creciente inflación. “En diciembre costó mucho ponernos de acuerdo, incluso se avaló un endeudamiento a cambio de subir el FIM, que es una muy buena herramienta para distribuir a los 135 distritos, pero nos encontramos con la realidad de que muchos de los convenios se firmaron en agosto, y cuando se fue a pedir algún tipo de actualización o compensación la respuesta de la Provincia fue hagan menos obras o hasta donde les alcance”, comentó el alcalde del PRO en diálogo con PROVINCIA NOTICIAS.

En el caso de Bahía Blanca explicó que en diciembre “tenía previsto un FIM de 330 millones y firmé los convenios para asfalto e iluminación led en agosto, es decir, la inflación me comió la mitad, y esta es una cuestión que nos preocupa porque es la posibilidad que tenemos de hacer obras”.

Asimismo indicó que “las obras de la propia provincia también están detenidas, sin empezar o concretar. Tenemos un tramo de un camino de circunvalación que se licitó el año pasado y todavía no se empezó la obra, solo está el cartel. La Ruta Nº 51 que cruza la provincia y es muy significativa, hace un mes y medio las empresas se fueron por falta de pago. Incluso Aguas Bonaerenses (ABSA) tiene enormes dificultades para prestar el servicio en ciudades como La Plata o Bahía Blanca”.

Ante dicho panorama, y frente al debate que se viene “lo que estamos discutiendo es la forma de que algunas de estas situaciones estén contempladas en el presupuesto, y se puedan ir ejecutando con algún modo de goteo, como se hace con el Fondo Educativo, por ejemplo, que permita ir recibiendo los fondos a lo largo del año y no que trascurra la mitad del año y no tengamos ni el anticipo y que nos cueste hasta licitar las obras”, señaló.

En tanto, Gay resalto que “este es un tema que estamos planteando, ver la mejor manera de quede incorporado al presupuesto y que lo que voten nuestros legisladores sea un presupuesto realizable”.

En el marco de la discusión que se abrió por la suspensión o no de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobernador Axel Kicillof se expresó en este sentido y expresó que si la iniciativa prospera en el Congreso Nacional, se podría replicar en territorio bonaerense.

El referente bahiense marcó su postura en el debate y enfatizó que “al igual que integrantes de mi agrupación política estoy a favor de rediscutir todo el sistema electoral, porque hay muchas falencias y los venimos diciendo hace mucho tiempo. Pero estas discusiones no se tienen que dar en el marco de una conveniencia electoral para quien esté en el gobierno en ese momento sino algo más profundo”.

Porque “no solo se trata de las PASO, y particularmente nunca estuve de acuerdo porque no sirvieron para el objetivo que se aprobaron, también seguimos teniendo lista sábana, ni considerando siquiera la boleta única, tenemos problemas con el sistema de cuociente en las seccionales, en vez de instrumentar el sistema D’Hondt que es el mejor. Tenemos una serie de falencias en el código electoral que hay que discutirlas pero en conjunto, en bloque y fuera de las especulaciones electorales”, agregó al fundamentar su postura.

Con lo cual, en dicho escenario Gay enfatizó que “si la discusión va a ser pensando en las elecciones del 2025 bienvenidas, ahora cambiar sobre la marcha toda una estructura para ver a quién se perjudica o beneficia no nos parece una cuestión razonable”.

En otro orden, el alcalde de Bahía Blanca opinó sobre los nuevos cambios en el gabinete nacional, y sentenció que en un contexto de compleja situación económica y social “no son demasiado relevantes en función de la crisis. Sí deja una vez más al desnudo las diferencias profundas que hay en la cúpula del Frente de Todos, porque es evidente que el Presidente busca algo de la fortaleza perdida nombrando gente sin consultar a los socios y es una de las conclusiones de estos cambios”.

“De todos modos, la problemática en general de la gente va por otro lado, con lo cual no son cambios que muevan el amperímetro de esa crisis”, concluyó.

(www.provincianoticias.com.ar)

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Sienta precedente: declaran inconstitucional la designación de García-Mansilla y Lijo para la Corte

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El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

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Tras los anuncios sobre reducción de organismos públicos, desde ATE advierten: “Los vamos a echar a ellos”

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Tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre la inminente eliminación de organismos públicos, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el Gobierno está perdiendo popularidad y que “está cada día más cerca el momento” en que la sociedad “echará” a los actuales funcionarios.

Si bien reconoció que al principio la administración libertaria tuvo apoyo popular para avanzar sobre el Estado, explicó que “un año y medio después ellos están cada vez peor y a nosotros nos valoran más”.

“Está cada día mas cerca el momento en que los echemos a ellos. Van a quedar en la calle, van a sentir en carne propia el sentimiento que con tanta crueldad nos han generado”, sostuvo el dirigente de la CTA en diálogo con “Sin Corbata”, el programa que conduce Antonio Llorente por Radio Splendid AM 990.

En esta línea, Aguiar sostuvo que en este “momento particular” con un gobierno que “pierde consenso social”, los movimientos sociales, políticos y sindicales no deben “darle tregua”.

“Esas expectativas de buena parte de la población empiezan a desaparecer y mucho ha tenido que ver la lucha en la calle y la disputa de sentido que hemos levado adelante”, consideró.

“Estamos en un momento particular, un momento en el que el gobierno pierde consenso social, por eso no le tenemos que dar tregua y desde ATE dijimos que el 23 de este mes (habrá) protesta simultánea en todos los organismos públicos”, remarcó.

Para el líder del gremio estatal, “nunca fue tan evidente el recorte de salarios en el sector público”.

“El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a donde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado”, indicó.

“Contrariamente es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, cuestionó.

Según Aguiar, “nos gobiernan CEOs fracasados que nos están saliendo muy caro a todas las argentinos y argentinas”.

En otro orden, cuestionó fuertemente a UPCN, el sindicato estatal que se sienta en el paritaria con el Gobierno a acordar salarios y que rivaliza con ATE en el sector.

“El viernes a la mañana firmaron un 1% y a la tarde se difundió un 4% de inflación. Ahí anda el sindicato que firmó como arrepentido numero uno diciendo que le abran las paritarias”, lamentó.

Aguiar cuestionó el nuevo programa económico del Gobierno y advirtió sobre una aceleración de la inflación.

Por estas horas ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía que golpean los deteriorados salarios y jubilaciones”, alertó.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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