El fiscal Guillermo Marijuan lo pidió y el juez federal Sebastián Casanello lo convalidó, por lo que las oficinas de Jan de Nul, empresa de origen belga que actualmente continúa dragando la hidrovía Paraná-Paraguay ante el fracaso de la licitación armada por la administración de Javier Milei, fueron investigadas por la causa que iniciaron diputadas de la Coalición Cívica. La denuncia cuestiona la deuda de USD 90 millones que el Estado Nacional tiene con la multinacional dragadora, lo que podría haber influido en el resultado de la fallida licitación.

Uno de los puntos polémicos de los pliegos elaborados por los técnicos del Ministerio de Economía incluía el mandato que establecía que quien se quedara con la concesión de la autopista fluvial, por la que pasa el 80% de los productos que Argentina vende al mundo, debería pagarle esa suma al gobierno para que cancelara la deuda registrada.

Ahora bien, la indagatoria del fiscal federal Marijuan busca establecer las responsabilidades de los funcionarios de las administraciones anteriores a la de Milei por la que se llegó a tener un pasivo significativo en una actividad, dragado y balizamiento de la vía navegable troncal (VNT), que deja ganancias a juzgar por el interés de varias empresas multinacionales que declinaron participar de la compulsa.

Para las legisladoras del partido fundado por Lilita Carrió, Paula Oliveto, Mariana Zuvic y los diputados Maxi Ferraro y Juan Manuel López, “…si se analiza que el Estado estuvo a cargo del cobro de las tarifas de peaje y ejerció como director de obras, pero terminó perdiendo plata, cabría preguntarse si en el caso de la empresa Cía. Sudamericana de Dragados S.A./ Jan de Nul/ Hidrovía, ocurría lo mismo. Porque, si así fuere, no se entienden las razones de la empresa para seguir operando”.

Además, agregaron: “Solamente del análisis de los números publicados y sin una pericia técnica específica, concluimos que si la gestión estatal de esta VNT resultó perdidosa, a lo que debe sumarse la probable deuda de unos USD 90 millones con la empresa Cía. Sudamericana de Dragados S.A., podríamos estar en presencia de una serie de acciones penales derivadas de las acciones u omisiones de los responsables de la gestión”.

Por ello, la causa apunta contra los exfuncionarios del Frente de Todos que estuvieron a cargo de la AGP, recientemente eliminada del organigrama del Estado Nacional.

La denuncia va contra Alberto Fernández y contra Diego Giuliano (exministro de Transporte), Alexis Guerrera (exministro de Transporte, D.N.I. 21.714.891) y José Carlos Mario Beni (exinterventor de la Administración General de Puertos S.E.).

También son mencionados:

• Patricio Hogan, exsubsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.
• Abel Nicolás De Manuele, presidente de ECOVINA.
• Ariel Bernardo Sujarchuk, ex presidente de ECOVINA y actual intendente de Escobar.

Se los investiga por la posible comisión de los delitos de:

• Incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP).
• Cohecho (art. 256 CP).
• Enriquecimiento ilícito (art. 268 CP).
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CP).
• Peculado (art. 260/261 CP).
• Exacciones ilegales (art. 266 CP).

El allanamiento a las oficinas de Jan de Nul, que decidió no participar de la licitación convocada por las actuales autoridades, fue realizado el martes 18 de febrero y los directivos de la firma cumplieron con todos los requisitos de los funcionarios de la Justicia federal.

Por esta cuestión, Iñaki Arreseygor, Director Ejecutivo de Puertos y Vías Navegables, y principal funcionario a cargo de la fallida licitación, entró en polémica con los representantes de la Coalición Cívica y los calificó de “denunciadores seriales”. Además, los vinculó con el Estudio Cagane, un buffet de abogados relacionado políticamente a Sergio Massa, que trabajó en las impugnaciones judiciales de la dragadora belga DEME. Esta última fue señalada por funcionarios del gobierno de Milei como la responsable del vaciamiento de la licitación, ya que fue la única que ofertó, razón por la cual se anuló la compulsa.

El diputado Maximiliano Ferraro señaló a NA que: “Acá lo que hubo es improvisación, hubo negligencia y hubo impericia. Nos hubiera gustado poder conversar sobre esto siete meses atrás, y estamos hoy, en el mes de febrero del 2025, por primera vez con una licitación caída, con un dictamen durísimo para con el proceso licitatorio, teniéndolo recién en este momento”.

El diputado Ferraro presentó una serie de preguntas al funcionario presente, Director Ejecutivo de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor:

• ¿Qué expectativas de participación tenía el Gobierno Nacional respecto de las ofertas?
• ¿Se puede informar qué empresas mostraron interés y por qué motivo no se presentaron?
• En conferencia de prensa ese día anunciaron que se iba a dar de baja y declarar desierta la licitación por tener un único oferente. ¿Cuándo esto lo van a hacer formalmente y en qué plazo?
• ¿Cuándo estiman que iniciarán el proceso de readecuación de los pliegos y convocar a un nuevo proceso licitatorio?
• ¿Qué motivos y fundamentación hubo para excluir a las personas humanas y las uniones transitorias de empresas?
• ¿Tenemos una explicación lógica de por qué establecieron un plazo de 30 años de concesión, con prórroga de 30, cuando esto no se había dado en el 94, o en la adjudicación del 95?
• ¿Qué justificación, razonabilidad, tienen para establecer este plazo tan prolongado?

Por ahora, esas preguntas no tienen respuestas.