Los diputados, senadores y dirigentes invitados al encuentro con el papa León XIV deberán asistir con indumentaria oscura y formal al acto previsto para el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad. La pauta combina requisitos de ceremonial diplomático y religioso para la primera jornada de la visita del Pontífice a la Argentina.

La convocatoria reúne a autoridades, referentes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en una actividad que tendrá lugar tras el arribo de León XIV al país. El código para los hombres establece traje oscuro con corbata oscura; para las mujeres, vestimenta oscura con espalda y brazos cubiertos.

El acceso al Palacio Libertad estará habilitado desde las 16:30 por la esquina de la avenida Corrientes y la avenida Eduardo Madero. Los asistentes deberán acreditarse mediante el DNI físico o la aplicación Mi Argentina, de acuerdo con la invitación distribuida por ceremonial de Casa Rosada.

La formalidad requerida no equivale a una etiqueta de gala con esmoquin, frac o vestidos largos obligatorios. La indicación busca un estándar común entre representantes políticos, diplomáticos e invitados, con colores y cortes que eviten que la indumentaria desplace el carácter institucional y religioso de la ceremonia.

Para los hombres, la referencia a un traje oscuro comprende conjuntos completos de dos o tres piezas en tonos como azul marino, gris antracita o negro. La recomendación es mantener una apariencia sobria.

En el caso de las mujeres, la recomendación admite distintas combinaciones mientras se respeten los tonos oscuros y la cobertura de la espalda y los brazos. Pueden utilizarse vestidos de manga larga o tres cuartos, trajes sastre, pantalones de vestir con blusa y blazer, o vestidos acompañados por chaqueta, saco, capa o abrigo formal.

La sugerencia excluye transparencias, escotes, aberturas altas, brillos excesivos y accesorios predominantes. Aunque la invitación no fija una regla específica sobre las rodillas, una falda o vestido a la altura de la rodilla o por debajo, así como un pantalón de vestir, se ajustan al nivel de sobriedad previsto para una actividad vinculada con la Santa Sede.

La Jefatura de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede informó además que no será necesario usar mantilla ni cubrirse la cabeza.

Las pautas de ropa oscura responden a una práctica frecuente en recepciones oficiales ante el Pontífice, delegaciones de la Santa Sede y encuentros que reúnen a jefes de Estado, ministros, embajadores, legisladores y otras autoridades.

La Prefectura de la Casa Pontificia organiza las audiencias públicas, especiales y privadas del Papa, además de las reuniones solemnes con representantes estatales y diplomáticos, de acuerdo con Vatican.va. En esos ámbitos, el anfitrión determina el nivel de formalidad y los invitados se ajustan a las condiciones consignadas en la convocatoria.

El encuentro será uno de los compromisos institucionales de la visita de León XIV, cuya agenda incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El presidente Javier Milei lo recibirá en Aeroparque y mantendrá luego una reunión privada con el Pontífice en Casa Rosada, mientras que gobernadores, diputados, senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel fueron contemplados para la invitación al Palacio Libertad, según informó el canciller Pablo Quirno.

Una agenda sin modificaciones

A menos de una semana de la llegada de León XIV a la Argentina, el canciller Pablo Quirno encabezó en el Palacio San Martín la coordinación final entre el Gobierno y la Iglesia para una visita que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda se mantiene sin cambios pese a la recuperación médica del Pontífice y a la dimensión de las movilizaciones previstas.

El Gobierno no manifestó preocupación por los eventuales mensajes de León XIV, aunque su discurso podría contener críticas a la gestión libertaria. Quirno aseguró que la administración nacional considera que la visita tendrá relevancia para el país y que el Pontífice podrá expresarse con libertad: “Lo que el Papa tenga que decir lo dirá y está perfectamente bien”.

La salud del Papa tampoco modificó el calendario. El Vaticano comunicó desde el comienzo que el diagnóstico y la intervención quirúrgica posterior no alterarían las actividades programadas, mientras que el Gobierno prevé aplicar precauciones médicas habituales para una persona en recuperación.

Tras el festín de concesiones que la Casa Rosada le concedió a la oposición dialoguista y también al kirchnerismo para no perder en Diputados, el Senado intentaría dictaminar mañana -de haber número- la nueva ley de discapacidad. El objetivo principal es dejar atrás la emergencia que vence a fin del corriente año, en un área más que delicada y que trajo varios dolores de cabeza al Gobierno.

El plenario que miró hacia un costado la semana pasada y ahora buscará analizar la iniciativa es el de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Población y Desarrollo Humano. La primera es la de cabecera -tiene la responsabilidad de convocar- y la preside el libertario Agustín Monteverde (Capital Federal), mientras que la segunda es comandada por Alicia Kirchner (Santa Cruz).

La propuesta en cuestión, que obtuvo una mayoría de dos tercios en la Cámara baja -es decir, con casi nulas posibilidades de cambio alguno-, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. En Diputados logró 236 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, tras descartar el ajuste que aún aparece en la versión original del Presupuesto 2027.

Puntos principales

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.

Por pedido de los aliados, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantizó que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).

Por otro lado, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclaró que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo del proyecto se introdujeron mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

En Diputados, una de las legisladores del oficialismo que se cargó la negociación al hombro fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado. No obstante, con el Ejecutivo en medio de insólitas internas y tras la pésima apuesta en el capítulo del Presupuesto 2027, el mileísmo tuvo que bajar los brazos y aceptar la mayoría de las condiciones dialoguistas para no dañar a Martín Menem. Sólo así se frenó la imposición cristinista de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre del año próximo.

Durante la sesión ocurrida en octubre, el oficialismo sí pudo patear la discusión sobre endeudamiento: regresó a comisión y, hasta ahora, no hay novedades ni movimiento alguno relacionado con el tema, que parece quedar en el olvido tras meses de crisis promocionadas por operadores de turno ante un problema que, no obstante, continúa a la vista.

El Senado acaba de poner en marcha el trámite que, finalmente y después de muchas batallas, permitiría sancionar la ley sobre discapacidad antes de que concluya el período de sesiones ordinarias, a fin de mes. Mucho más comprometido en materia de fechas, el proyecto sobre ludopatía y apuestas online fue rescatado del olvido y podría ser tratado en la Cámara alta si los legisladores cumplen el compromiso expuesto ahora, a casi dos años de la aprobación en Diputados. Son dos temas reclamados por organizaciones civiles, especialistas en la materia y espacios opositores. Y también, desde hace rato pero con mayor eco en estos días, por la Iglesia Católica: la visita del Papa expone así su impacto político también en el Congreso.

Se trata de dos movimientos que, sin son coronados, quedarán expuestos como marcas concretas en una agenda que el Gobierno no vislumbraba cuando trascendió el viaje regional del Papa, que incluye a Uruguay en el inicio y a Perú en el final. Por entonces, se especulaba únicamente sobre el efecto enorme de la simple presencia de León XIV, sin considerar su mensaje amplio en un cuadro social como el de la Argentina.

Los días posteriores, pasada además la incertidumbre por la intervención quirúrgica que debió enfrentar el Papa, colocaron el foco en los puntos que viene destacando desde los primeros días de su pontificado, entre ellos los efectos del manejo de la IA en términos de poder, la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad y hasta el arte desde el punto de vista ontológico. Estarán presentes en su actividad pastoral. Y le darán marco a otros gestos, como la visita al Cottolengo Don Orione.

La confirmación de esa actividad, cuyo relieve creció en espejo con la incomodidad que se dejaba trascender desde pliegues del oficialismo, se produjo en momentos en que seguía abierto el debate sobre la emergencia en el área de discapacidad. El ruido había tenido un pico cuando llegó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que incluía un ajuste intolerable incluso para legisladores oficialistas, dedicados a negociar una nueva iniciativa con socios y dialoguistas. Ese tejido le permitió a LLA amortiguar la ofensiva de la oposición más dura, que motorizaba la prórroga de la emergencia en el sector, resistida por el Gobierno, judicializada y cumplida sólo parcialmente.

Llegó en ese contexto la sesión de Diputados convocada por LLA y aliados luego de hacer fracasar el intento previo de la oposición. La Iglesia, para entonces, había realizado varios gestos a modo de reclamo para que el tema -en rigor, el panorama para el año que viene- fuera despejado y se asumiera el pago de las deudas, algo demandado por organizaciones del sector, desde familiares hasta prestadores. Hubo incluso un encuentro convocado por el ministro Mario Lugones al que asistieron integrantes de la Pastoral Social y de la Conferencia Episcopal Argentina.

El cuadro legislativo ya estaba cruzado por la cercanía de la visita papal. Y representantes de la Iglesia ratificaron su posición ante legisladores libertarios y de la oposición el día previo al tratamiento del tema en el recinto de Diputados, hace poco más de diez días. Al final, el oficialismo hizo concesiones ante la demanda de aliados para garantizar la efectividad de una nueva ley. Las tratativas incluyeron a espacios de la oposición y el texto -que toma en buena medida los puntos centrales de la emergencia- fue aprobado con 237 votos a favor. Esa postal, fuera de lo común, expuso una mayoría que no dejaría margen para contratiempos.

El interés se corrió entonces hacia la otra ala del Congreso. En principio, está previsto tratar el tema de discapacidad en plenario de comisiones, este miércoles. La agenda incluye más de un “expediente”, pero se supone que el texto aprobado por abrumadora mayoría en Diputados no debería enfrentar inconvenientes en el Senado. La duda, en todo caso, tendría que ver con la convocatoria en una semana de poca actividad legislativa. Los trascendidos indican que la idea es avanzar con el dictamen y sancionar la ley a fines de mes.

Más jugado de tiempo viene el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Es una cuestión sensible -no son novedad las advertencias sobre los efectos de enorme gravedad entre chicos y adolescentes, y su mundo familiar-, sin avance hasta ahora en el Senado. El proyecto fue aprobado en Diputados a fines de noviembre del 2024 y desde entonces, no logró avanzar, a pesar de reclamos y algún intento de abrir el debate.

El jueves último, la sesión de la Cámara alta anotó la aprobación por mayoría total de una moción de preferencia para que la iniciativa sea tratada antes de que pierda estado parlamentario, en el final de noviembre: en ese caso, quedaría en la nada como si no hubiese logrado la aprobación de una de las dos cámaras.

En lo que hace a la Iglesia, la secuencia previa a esa movida en el Senado está a la vista. El 19 de octubre, la Pastoral Social volvió a reclamar una respuesta del Congreso. Y una semana después, el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, reiteró el mensaje en una entrevista: dijo que el Senado estaba “dejando morir” el proyecto y advirtió sobre “intereses muy grandes” que operan para frenarlo.

Se verá ahora cómo se manejan los tiempos para superar la instancia de comisiones y pasar al recinto. No parece fácil, habida cuenta de las trabas registradas durante dos años. El contexto, por cierto, fue cambiando. Y la visita del Papa no es un elemento menor.