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Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.
Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.
Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínezpara que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.
En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.
“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.
El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
Fuente: Telam.

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Reclaman al Municipio que gestione una nueva campaña de entrega voluntaria de armas

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El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego fue recientemente prorrogado por la Ley 27.805 hasta el 31 de diciembre de 2027 y ayer el Concejo Deliberante aprobó un proyecto autoría de Emiliano Álvarez Porte para que se vuelva a implementar en Bahía Blanca.

Lo hicimos durante tres años y fue muy bueno, juntamos 6.000 armas, más de 30.000 municiones. En ese momento Bahía fue la ciudad que más armas juntó con el programa y ahora se puso en vigencia nuevamente la ley”, señaló el edil PRO quien estuvo al frente de esas tres campañas cuando era secretario de Seguridad en el gobierno de Héctor Gay.

Con la iniciativa que aprobaron ayer los concejales, recalcó, le están planteando el Municipio “gestionen y háganlo”.

“Para discutir proyectos o leyes nacionales están todo el día muy atentos. Ahora, cuando hay una ley que impacta directamente, que sirve, que se puede gestionar, que se puede trabajar en la ciudad, les decimos “no se duerman”, como les pasa con otras cosas, porque la verdad que es necesario”, aseveró.

Expuso que se están incrementando los homicidios en Bahía Blanca y remarcó que el no retiro de armas de fuego de circulación está directamente vinculado a hechos de inseguridad. “Un crimen pasional se puede evitar si no tienen acceso a un arma, una pelea entre dos chicos también se puede evitar que termine en una tragedia si no tienen acceso fácil a las armas. Para que las armas no ingresen al mercado ilegal, no tienen que estar en ningún lado”, insistió.

Recalcó que desde el Gobierno nacional ya han garantizado los fondos para la continuidad del programa, ahora resta que el Municipio gestione la concreción de la campaña de desarme.

“Yo en ese momento (durante la gestión de Gay), a pesar de ser un salame (en referencia a los dichos del intendente Federico Susbielles) lo pude hacer. Entonces, si lo pudo hacer un salame, este gobierno de cráneos fenomenales que tenemos en el Municipio, capaz que también lo logra”, ironizó.

En ese sentido, pidió a la Municipalidad que gestione en materia de seguridad e impulse una nueva campaña de entrega voluntaria de armas. Aclaró que la comuna solo tiene que garantizar el espacio para recibir y destruir las armas; del resto se hace cargo Nación.

“La ley es muy clara, se entrega un monto fijo, indistinto, no importa el arma que lleves, el arma se destruye en el momento, delante de la persona y es anónimo, no hay que dejar nombre, ni identidad, ni documento, nada. Se destruye el arma, te dan el dinero y te vas”, resumió.

Y concluyó: “Espero que se ponga en marcha, no hay motivo para oponerse; no estamos pensando que los delincuentes van a ir a entregar su arma, esto es otra cosa, que sirve dentro de un marco integral de políticas de prevención. Está comprobado que retirar armas de fuego de circulación sirve”.

Fuente: Frente al cano.

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Código de Ordenamiento Urbano: Quartucci apuntó contra quienes hacen “críticas banales”

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Como lo informábamos ayer, el Grupo Bahía Blanca – UCR dio a conocer un documento titulado “Una ciudad no se piensa ni se construye a los gritos”, en referencia al análisis del proyecto de nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, y a las críticas que hizo públicas el diputado provincial de La Libertad Avanza Oscar Liberman.

Se debe dar una discusión de política urbana en serio; en los últimos días se han escuchado intervenciones públicas que han significado demasiado el análisis de esta propuesta de código de ordenamiento urbano, que merece sin duda una discusión profunda”, planteó Elisa Quartucci esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Recalcó que se trata de un tema trascendental para Bahía Blanca que amerita discusión en serio y no simplemente plantear un tema para que quede un lindo tuit o título de una noticia. “El desafío que tenemos por delante es discutir el modelo de ciudad que queremos y no un artículo que puede llegar a generar polémica”, agregó.

Sobre el proyecto que presentó días atrás el intendente Federico Susbielles, opinó que es un código que incorpora instrumentos modernos y aspectos o temas a la discusión que otras ciudades del mundo ya las han discutido y las han incorporado. Por ejemplo, mencionó la impermeabilidad del suelo, lo vinculado a patrimonio, movilidad, cuestiones de hábitat y suelo vacante, entre otros.

“Es un documento profundo porque incorpora cuestiones novedosas, pero también habla de cuestiones concretas que otras ciudades han incorporado en los últimos años”, subrayó sobre evitar la expansión indiscriminada y favorecer la consolidación de la densidad de la ciudad existente.

Acto seguido se refirió al mecanismo de captura de valorización que se incorpora en el nuevo código, que opinó son instrumentos esenciales para el desarrollo de una ciudad. Se trata de uno de los artículos que criticó Liberaman.

No es como se ha dicho que se está creando un nuevo impuesto, sino todo lo contrario, se sistematiza, se ordena y se fomenta la utilización de un instrumento que ya está creado. Hay una ordenanza del año 2016 que adhiere a la Ley de Hábitat que crea la posibilidad de captar el valor adicional que genera el Estado y que hemos tenido ejemplos concretos en la ciudad”, refutó sobre los cuestionamientos del referente lbertario.

Pidió, en ese sentido, dejar de lado la crítica banal y discutir a fondo un tema esencial y trascendental para Bahía Blanca como es contar con un nuevo código de ordenamiento urbano.

“No es algo que se cree ahora, sino que todo lo contrario, en la ciudad ha habido casos concretos de que este instrumento se aplicó y ha redundado en beneficios concretos porque el Estado ha aplicado la política de redistribución de esos ingresos y ha tomado parte de ese valor que creó para que sectores más desprotegidos”, insistió, por último.

Fuente: Frente al cano.

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