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Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.
Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.
Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínezpara que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.
En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.
“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.
El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
Fuente: Telam.

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ALTA insta al gobierno argentino a revisar las medidas que encarecen el precio de los pasajes aéreos

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La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) se unió al comunicado emitido por IATA el pasado 1 de mayo para hacer un llamado urgente al gobierno argentino, y en particular a la ANAC, “a revisar las recientes Resoluciones ANAC 258/2026 y 265/2026, en defensa de los avances que el propio sector aéreo argentino consolidó durante 2025”.

“En el último año, Argentina lideró el crecimiento de pasajeros internacionales en América Latina y el Caribe (+18%), por encima de Brasil, Panamá, Perú, Colombia, Chile y México; alcanzó un récord histórico de 33,3 millones de pasajeros transportados; sumó 50 nuevas rutas internacionales y atrajo a cinco aerolíneas nuevas”, señala el documento difundido hoy por ALTA.

Remarca que “este dinamismo continúa en 2026, con un crecimiento internacional de +19,6% en el primer trimestre. Esta expansión, respaldada por más de 56 acuerdos bilaterales de servicios aéreos y por una política de cielos abiertos que ALTA ha venido reconociendo públicamente como un caso de buenas prácticas regulatorias en la región, ha consolidado el aporte de la aviación y el turismo a la economía argentina, hoy estimado en USD 9.100 millones (1,4% del PIB) y 147.000 empleos. Las medidas adoptadas en los últimos días ponen en riesgo gran parte de ese avance”.

“Las Resoluciones ANAC 258/2026 que aumenta la tasa de seguridad en vuelos domésticos de $20 a $6.500 pesos, en regionales de USD 4,42 a USD 5 y en internacionales de USD 8 a USD 9 y ANAC 265/2026 que incrementa las tasas de navegación aérea cobradas por EANA en 15% para vuelos internacionales y 359% para vuelos domésticos configuran una combinación de costos particularmente asfixiante para la industria”, añade.

Sostienen que, “antes incluso del nuevo aumento, un pasajero volando desde Buenos Aires a Miami pagaba aproximadamente US$76 en tasas e impuestos fijos correspondientes a Argentina, frente a US$12,9 desde São Paulo y US$25 desde Santiago de Chile. Es decir, hasta seis veces más que sus pares regionales, brechas que estos ajustes solo amplían. A esto se suma el alza global del jet fuel por la crisis en Medio Oriente, presión que, en una industria de márgenes estructuralmente ajustados, ya está forzando a aerolíneas a recortar rutas y cesar operaciones”.

“Además -apunta el comunicado de ALTA- ambas resoluciones fueron adoptadas sin un proceso de consulta previa con las aerolíneas y sus asociaciones representativas, contraviniendo los principios establecidos en el Documento 9082 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), del cual Argentina es signataria, y los compromisos de transparencia y diálogo asumidos por las propias autoridades en una reunión virtual con la industria sostenida apenas 72 horas antes de su publicación”.

Advierte, por otra parte, que “a la industria de la región le sorprende que un gobierno que ha hecho de la competitividad y del fortalecimiento del sector privado uno de sus pilares haya aprobado medidas de esta magnitud sin la revisión técnica y consultiva que casos como este exigen, en lo que parece una aceleración no justificada del proceso. De sostenerse, el resultado es directo: Argentina pierde competitividad regional, encarece su operación, frena la conectividad y termina golpeando al pasajero y a la economía del país”.__IP__

“Por ello -insisten- ALTA insta a la ANAC a revisar la decisión y a hacerlo con claridad: sobre los costos que terminan asumiendo los pasajeros y dónde van los recursos. Confía en que el gobierno del Presidente Javier Milei, fiel a su agenda de competitividad y fortalecimiento del sector privado, dará los pasos necesarios para reversar la medida y avanzar hacia un esquema balanceado y construido en diálogo con la industria”.

Concluyen el comunicado afirmando que “ALTA, que ha venido reconociendo y acompañando los avances de la política aérea argentina, pone a disposición de las autoridades su análisis técnico, datos comparados y experiencia regional para acompañar una revisión rigurosa y oportuna que evite a tiempo impactos negativos en el crecimiento económico, la conectividad y la competitividad de Argentina”. #AgenciaNA.

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La Plata: revelan videos de los instantes previos a la muerte de Rocío Alvarito

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La causa por la muerte de Rocío Alvarito en La Plata, ocurrida en enero de este año, se encuentra en etapa de investigación. Mientras tanto, se sumaron nuevos elementos tras el peritaje de los celulares tanto de la víctima como de su pareja, el imputado Marcos García. En el móvil de la chica se encontraron videos que contradicen la versión que contó García, mientras la Justicia evalúa un pedido de arresto domiciliario.

Mientras que al teléfono de García no se pudo acceder debido a que brindo una contraseña incorrecta, el móvil de Rocío arrojo otros resultados: videos de los momentos previos al hecho, en los cuales se la escucha angustiada y asustada, a la vez que muestra moretones en sus brazos presuntamente producidos por el acusado.

Contradicción

Así, estas imágenes contradicen lo expuesto por García en su declaración, en la que afirmó que dichas marcas se produjeron en un intento por sostener a la joven. Además, se ve que el imputado arrojo las pertenencias de la joven por todo el departamento. Muchos de esos bienes aún no han sido restituidos a su familia pese al valor sentimental que contienen, según se informó.

En tanto, la defensa solicito la morigeración de la prisión preventiva para que Marcos García la cumpla desde su domicilio. A los efectos de resolver el pedido, se fijaron las fechas para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas sobre el joven entre los días 21 de mayo y 3 de julio.

Fuente: Agencia DIB

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El Senado bonaerense conformó sus comisiones permanentes, paso clave para sesionar

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Tras varias semanas de tensas negociaciones que demoraron la conformación de las comisiones permanentes, finalmente las autoridades del Senado bonaerense designaron a los integrantes de los cuerpos para el período 2026-2027, algo que le permitirá salir del largo letargo en el que estaba enfrascado ese cuerpo.

A través de un decreto de la vicegobernadora y titular de la Cámara alta, Verónica Magario, dejó establecida las conformaciones de 25 comisiones con las respectivas presidencias. No obstante, la comisión de Reforma Política, clave para discutir los eventuales cambios electorales, quedó postergada por falta de acuerdos. En los próximos días habrá un decreto complementario.

Sin ese paso, sesionar se hacía imposible porque los proyectos llegaban al recinto sin el visto bueno de las comisiones y debían tratarse “sobre tablas”, algo complicado para la cantidad de iniciativas que debe analizar el cuerpo.

Más allá de que históricamente el que está primero en la lista es el que queda a cargo, las autoridades de las comisiones las votan los miembros de cada una y eso todavía no está definido. Por ello desde sectores como La Cámpora, molestos por algunos “nombramientos”, llamaron a esperar por las definiciones. Todo indica, que buscarán dar pelea, sobre todo en una comisión como la de Legislación General.

Como venía informando Agencia DIB, la pelea a tres bandas entre kicillofistas, massistas y camporistas por poder impidió hasta ahora sesionar. El foco es la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, clave para los nombramientos de la Corte y el resto de la Justicia. Ese lugar quedó en manos de Malena Galmarini, del Frente Renovador.

Pero también había tironeos por la conducción de Legislación General (debe dictaminar todo asunto referido a normas civiles, comerciales, penales y administrativas) que quedó en manos del dirigente ligado al Movimiento Derecho al Futuro, el exintendente de Alberti, Germán Lago. Mientras que la comisión de Presupuesto e Impuestos, que estudia cualquier ley que genere un gasto e inversión y/o que modifique algún tributo impositivo, pasó a La Cámpora con la presidencia de Emmanuel González Santalla.

Por su parte, la comisión de Seguridad quedará en manos de Sergio Berni, la de Asuntos Municipales será liderada por el libertario Diego Valenzuela, y Obras y Servicios Públicos, vinculada a infraestructura y gestión, estará al mando de Carlos Kikuchi (Unión y Libertad).

Fuente: Agencia DIB.

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