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Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.
Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.
Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínezpara que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.
En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.
“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.
El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
Fuente: Telam.

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Gremios universitarios anunciaron un paro docente para la semana que viene

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El Plenario de Secretarías Generales de la CONADU HISTÓRICA decidió esta tarde el paro total de actividades docentes en las Universidades Nacionales durante toda la semana que viene (desde el 26 al 30 de mayo). 

Según se informó, la perspectiva es que se profundicen las medidas de fuerza si el Gobierno de Javier Milei sigue sin cumplir la ley de financiamiento universitario 

Por otro lado, se indicó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación envió este miércoles el instructivo de liquidación de salarios docentes y nodocentes de las UUNN y, como hace 22 meses ininterrumpidamente, esgrimieron que se “impone un aumento unilateral, inconsulto e insuficiente de 1,5% de incremento + una suma fija máxima de $ 40 mil por cargo y proporcional a las horas trabajadas”. 

“A las cachetadas se les responde con un plan de lucha hasta que Milei cumpla la Ley”, afirmaron.

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El Gobierno negó un ajuste en salud y cuestionó la marcha convocada por asociaciones médicas

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El Gobierno negó que haya un ajuste en el área de Salud y criticó la marcha que hicieron sindicatos y trabajadores del sector, en reclamo de más fondos para el sector: “Tiene un tinte político”.

Saúl Flores, Secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio liderado por Mario Lugones, dijo que “de ninguna manera” hay reducción de fondos para salud y habló de “tinte netamente político” de los organizadores de la movilización.

Flores destacó que “no existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento. Sí existe una configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo esa eficiencia, que es el ahorro en los manejos de los recursos”.

El funcionario de Salud dijo en declaraciones a Radio Mitre que, en el caso del Hospital Garrahan hubo una inversión de $30 mil millones “como producto del mejor manejo de los fondos”.

Flores habló además de “las transferencias en cuanto a atención de los pacientes” y ejemplificó: “En el 2025, se invirtieron $136.269.000.000, lo que significa para este año, con respecto a ese monto, un 66% de aumento en el presupuesto. Obviamente, los presupuestos son finitos y la planificación que estamos realizando da cuenta de eso».

El Secretario de Gestión Sanitaria de Salud destacó que Nación “va a financiar el aumento en esa cobertura, tanto de pacientes oncológicos y como aquellos con enfermedades poco frecuentes”.

Flores advirtió además que en el caso de los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), de financiamiento compartido entre Nación y Provincia, el gobierno de Axel Kicillof tiene una deuda de $644.700.000.000 hacia esos centros de salud.

Las claves de la marcha de sindicatos y trabajadores de la salud para pedir más fondos para el sector

  • Organizaciones sindicales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario convocaron a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública en rechazo a lo que advierten que es un ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, con denuncias de deterioro en hospitales, programas nacionales y prestaciones esenciales.
  • La movilización central fue en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 13.00 desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo, con la participación de gremios de la salud, la CTA Autónoma, organizaciones sociales, residentes, estudiantes y colectivos vinculados al sistema sanitario público.
  • Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, los organizadores aseguran que el sistema atraviesa una situación crítica por un recorte presupuestario, caída de programas nacionales, falta de insumos y medicamentos. Entre los principales reclamos, hablan de la reducción de partidas destinadas a hospitales públicos, las dificultades de acceso a tratamientos y ajuste sobre jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.

Fuente: TN

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Por el frío, subió la demanda de gas y volvieron a aplicar restricciones a estaciones de GNC e industrias

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Las bajas temperaturas volvieron a presionar sobre el sistema de gas. Con el consumo en aumento, que ya se ubica 20% por encima del promedio del año anterior, se retomaron las restricciones a industrias y estaciones de GNC en varios puntos del país.

Desde inicio de semana y “por tiempo indeterminado”, se registran cortes o límites de consumo a firmas con contratos interrumpibles -que pagan más barato el suministro, pero son las primeras que pueden tener las restricciones-. La intención es garantizar que no falte gas para los hogares, escuelas y hospitales (usuarios prioritarios).

La demanda de gas se ubica por estos días cerca de 150 m3 totales, con un consumo de hogares en torno a 70 m3. Y las previsiones apuntan a que en las próximas semanas siga en aumento por la época invernal.

Por eso, tanto desde el Gobierno como desde el sector energético monitorean de manera permanente los posibles pico de consumo.

Desde el sector de las distribuidoras aseguraron que las restricciones a expendedores de GNC e industrias interrumpibles son medidas habituales en los inviernos para garantizar que no haya faltantes de gas.

En esta oportunidad, la medida -que las distribuidoras aplican en varios puntos del país- comenzó a principios de semana y se mantendrá “hasta nuevo aviso”, según confirmaron a TN fuentes del sector.

En concreto, implica limitar el expendio de GNC en aquellas bocas de carga que no cuentan con contratos en firme, es decir, sin garantía de suministro continuo. En CABA, la mayoría de las estaciones de servicio tiene contratos firmes, por lo que desde el sector explicaban que no se sentirá especialmente.

En paralelo, también se aplicaron restricciones a consumos industriales bajo la misma modalidad interrumpible.

El consumo de gas entró en alta temporada

De acuerdo con los registros de Enargas, la demanda prioritaria, que incluye hogares, hospitales, escuelas y otras instituciones esenciales, se ubicaba en torno a 67 millones de metros cúbicos diarios, bien por encima del nivel de la misma semana del año anterior, cuando ascendía a 54,3 millones de metros cúbicos diarios. En comparación, la temperatura media también es menor en este mayo: 12,5° contra 13,6° de 2025.

Cerca de 30% de esa demanda corresponde al AMBA, la zona de mayor concentración de usuarios residenciales. De todos modos, las cifras están lejos de las que se ven en pleno invierno, cuando los usuarios residenciales puede llegar a demandar 100 millones de metros cúbicos por día.

Quejas y advertencias de la industria por el costo del gas importado

En paralelo, en lo que va de mayo llegaron dos barcos con GNL para regasificar en el buque de Escobar. Se estiman que inyectarán 10,6 m3 al sistema en las próximas jornadas.

Además, Enarsa -que quedó a cargo otro año del negocio del GNL luego de que el Gobierno desistió de privatizar la importación por los altos precios globales- licitó 9 buques para junio para reforzar la oferta en temporada invernal.

La semana pasada, la empresa estatal vendió a industrias y distribuidoras esos cargamentos. La operatoria generó quejas entre industrias por el “sobrecosto” de ese gas importado.

Es que el valor que le puso Enarsa fue superior a la ofertas que habían hecho los privados en la licitación de la que el Gobierno desistió.

Los agroexportadores, nucleados en Ciara-CEC, reclamaron a las autoriddes explicaciones por esa diferencia, que implica mayores costos para las industrias.

El secretario coordinador de Energía, Daniel González, buscó este miércoles llevar tranquilidad: “Nos vamos a asegurar de que cuando tomemos el invierno completo, el costo total no sea mayor al que hubiéramos tenido con el sector privado”.

Fuente: TN

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