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Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.
Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.
Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínezpara que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.
En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.
“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.
El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
Fuente: Telam.

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Lunes feriado: así operarán los servicios

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El próximo lunes 8, feriado nacional con motivo de conmemorarse el Día de la Inmaculada Concepción de María, los distintos servicios en la ciudad funcionarán del siguiente modo:

Colectivos:
Circularán con horarios y frecuencias de días domingo. Consultas en gpsbahia.com.ar.

Recolección de residuos:
El servicio se brindará en forma normal.

Sistema de estacionamiento medido y pago:
Si bien no se cobrará el uso del sistema, se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Hospital Municipal:
De 8 a 18 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio:
Permanecerá abierto de 8 a 17 para visitas. La administración atenderá al público de 7 a 12. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad).

Oficinas municipales:
Sin atención al público.

Fuente: Frente al Cano.

 

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MERCADO DEL PUERTO

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SÁBADO Y DOMINGO
De 10:30 a 18.30h estará funcionando en el Galpón C, con una gran propuesta gastronómica de productos frescos y secos a precios accesibles. Al ser parte del programa #MercadosBonaerenses, podrán acceder al 40% de reintegro en todos nuestros stands con Cuenta DNI.

PASEO PORTUARIO

SABADO
A las 17.30h vení a disfrutar de la exhibición de Wushu en el Paseo Portuario. El Club Longli de Wushu se dedica a la enseñanza de las artes marciales chinas (wushu) y a la difusión de danzas tradicionales como la danza del león y la danza del dragón en Bahía Blanca.

Podrán disfrutar de una exhibición de danza del dragón, una presentación llena de energía y trabajo en equipo que representa fuerza, prosperidad y buena fortuna.

️ JUEGO BARCO
Tenemos un espacio mágico en el sector aledaño al edificio del Consorcio de Gestión del Puerto. El Juego Barco está disponible para que niños y niñas de hasta 12 años vengan a divertirse

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ATE convocó a un paro nacional para el martes y una marcha al Congreso contra la reforma laboral

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En la antesala a la presentación del proyecto de reforma laboral, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes la convocatoria a un paro nacional para el martes 9 de diciembre, acompañado de una movilización al Congreso de la Nación.

La medida responde al rechazo de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la exigencia de reapertura de paritarias con recomposición salarial de emergencia en el sector público y la oposición al plan del Poder Ejecutivo para ajustar 10% del personal en organismos públicos.

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, admitió que los cambios que impulsa La Libertad Avanza (LLA) en la Ley de Contrato de Trabajo son “pro mercado”, y que “la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”. “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos. Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza”, señaló el gremialista en su mensaje en X.

Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata. Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal”, sostuvo Aguiar.

El dirigente remarcó también que “experiencias similares aplicadas durante la crisis global de 2009-2010 fracasaron en todos los países donde se implementaron” y recordó que el período con mayor creación de empleo registrado en Argentina se produjo entre 2002 y 2011/12, cuando estaba vigente la doble indemnización.

En la convocatoria oficial a la huelga, el gremio advirtió que sobre el contexto de “fuerte recesión, con trabajadoras y trabajadores precarizados con marcado desempleosubempleo multiempleo (para poder cubrir las necesidades básicas)”, y que pese a esos retrocesos el Gobierno “avanza en una reforma que solo plantea beneficiar a grandes empresas y multinacionales, cercenando cada vez más los derechos adquiridos por la clase trabajadora, permitiendo, entre otras cosas, despedir sin indemnización, ampliar la jornada laboral y limitar la negociación colectiva”.

El texto señala como reivindicaciones los siguientes puntos:

• Rechazo a la reforma laboral regresiva que propone el Gobierno Nacional

• Inmediata reapertura de las paritarias y aumento salarial para las y los estatales.

• No al desguace del Estado.

• Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.

• Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados

• Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la venta de inmuebles del Estado.

• Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.

• Restitución de los fondos adeudados a las provincias.

• Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.

• Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El pliego lleva las firmas del propio Aguiar, junto con los directivos de ATE Eduardo Gustavo Cuentres, secretario gremial, Mirta Inés Matheos, secretaría Administrativa, Mercedes Cabezas, secretaria General Adjunta.

En noviembre, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática,

Dentro de los organismos públicos señalados para una eventual reducción de personal, aparecen la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, INTA, INTI y Enacom, entre otros.

El 28 de noviembre, el Poder Ejecutivo mantuvo una reunión virtual con los gremios estatales, aunque la misma finalizó sin ofrecer ninguna mejora salarial concreta.

El sindicato ATE es uno de los pocos gremios que, por el momento, definió medidas de acción directa contra el proyecto que impulsa la Casa Rosada. La CGT expresó abiertamente su rechazo a algunos de los detalles que trascendieron del proyecto, que cuenta con el apoyo de sectores empresarios, entre ellos, la flexibilización de condiciones de trabajo como el régimen indemnizatorio, las vacaciones, la extensión de la jornada laboral a partir de un banco de horas, entre otros puntos.

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