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Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.
Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.
Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínezpara que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.
En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.
“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.
El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
Fuente: Telam.

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Micros: para Álvarez Porte, prorrogar por un año las concesiones es “excesivo e innecesario”

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Todo se encamina a que el plazo de un año de prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros que solicitó el Ejecutivo se reduzca, en principio, a seis meses.

Al igual que lo manifestado por el presidente de la comisión de Tránsito y Transporte, Fernando Compagnoni, el edil del PRO Emiliano Álvarez Porte planteó que el plazo debe ser menor.

“Un año de prórroga, nos parece excesivo, demasiado e innecesario, posiblemente se revierta esto a un plazo menor”, enfatizó en diálogo con Radio Altos.

Según informó, el subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte de la Municipalidad, Fabián Lliteras, les adelantó que los pliegos de la nueva licitación están prontos a ser finalizados y que entre agosto y septiembre serán girados al deliberativo para su análisis.

“Lo que aduce el Ejecutivo es que es de difícil implementación el nuevo sistema, por eso el pedido de prórroga de un año, pero hay que tratar de acortar los tiempos, un año es mucho”, insistió.

Recalcó que la situación del transporte público de pasajeros “no es buena” y que es primordial trabajar en un nuevo sistema inmediatamente. El expediente sería tratado en la sesión del próximo jueves y el objetivo, precisó Álvarez Porte, es que el plazo de prórroga se reduzca a seis meses.

“El propio Lliteras nos dijo que le faltan muy pocos detalles del nuevo sistema, que lo que llevará tiempo es la implementación. El proyecto en breve lo vamos a empezar a discutir y a revisar, va a llevar un tiempo la discusión, pero tampoco podemos prorrogar las concesiones un año porque es dilatar demasiado y sobre todo el año que viene que va a ser un poco más complejo para este tipo de discusiones”, planteó en relación a la elecciones de 2027.

 

Fuente: Frente al cano.

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El impacto del Mundial en la gestión y los desafíos del Gobierno para retomar la agenda la próxima semana

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“Toda la semana está perdida. Lo que hiciéramos, lo perderíamos”, planteó ante Infobae un integrante de la mesa política en la previa a la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra. La frase resume el diagnóstico que hoy predomina en las filas libertarias: mientras la Copa del Mundo concentre la atención pública, cualquier iniciativa política corre el riesgo de pasar inadvertida.

En Casa Rosada hay consenso sobre el impacto del megaevento deportivo que se disputa desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. En los distintos despachos sostienen que alteró la dinámica política cotidiana y, en particular, la actividad legislativa, uno de los principales frentes que el Gobierno buscaba reactivar tras la polémica del caso Adorni.

Sin embargo, no todo es negativo: algunas voces hablan de un período temporal que le permite al Gobierno sostener una agenda reducida sin que la inacción tenga costos políticos. “La existencia del Mundial nos da oxígeno para no hacer nada”, sostuvo una voz con acceso al despacho presidencial.

En ese contexto, el pasado martes la nueva mesa política volvió a reunirse en las oficinas de lo que supo ser el Ministerio del Interior, en un encuentro en el que se tomaron escasas definiciones, más allá del trazado de algunos plazos amplios y el repaso de la agenda legislativa.

Como contó este medio, quienes llevan el control de las mediciones en la imagen del presidente Javier Milei precisan que la Copa del Mundo, cuya final se disputará este domingo, configuró uno de los factores que hizo posible el repunte en los números. “Hubo una leve recuperación producto de la baja de la inflación, la baja del riesgo país, el logro de mejores tasas sumado a lo de Adorni y el humor social que produce el Mundial”, enumeró una fuente en tema.

A partir de ese diagnóstico conviven dos lecturas dentro del oficialismo: por un lado, los que creen que el final de un evento catalizador de expectativas siempre es negativo y, por el otro, los que descartan que tenga impacto en la dinámica política.

Siempre el Mundial conviene a quien sea que esté en el Gobierno y cuánto más dure, mejor. Argentina aseguró que se queda hasta los últimos días, pase lo que pase, y eso el Gobierno, en términos políticos, lo celebra”, plantearon desde una de las tribus violetas. “Esa es una lógica vieja. No va a cambiar nada cuando termine”, discreparon desde la otra.

Por estas horas, el mandatario se encuentra en la quinta de Olivos, desde donde seguirá la disputa contra Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quien estila mirar los partidos. En cambio, el asesor presidencial, Santiago Caputo, verá el partido desde sus oficinas ubicadas en el Salón Martín Fierro. También estuvieron en Casa Rosada el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Fanático de Messi y defensor de Lionel Scaloni, Milei anticipó que, si Argentina avanza y logra el bicampeonato, abrirá la Casa Rosada para los festejos y la pondrá a disposición del plantel y el cuerpo técnico. Incluso, en Balcarce 50 no descartan habilitar un asueto si se diera el triunfo.

Por ahora, se trata de una mera especulación. Lo concreto es que, a partir de la próxima semana, el Poder Ejecutivo deberá empezar a ordenar la hoja de ruta para dar inicio al tratamiento de reformas, pasado el receso invernal del Congreso. Este jueves, el día después del partido clave, el oficialismo se esperanza con conseguir el cuórum necesario para habilitar el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

De avanzar en su sanción, la administración libertaria podría tachar una de las cuatro prioridades que fijó el mandatario ante los legisladores de La Libertad Avanza. En la columna de pendientes quedarán la reforma electoral, las modificaciones en el régimen de Zonas Frías, los cambios en el articulado de Inocencia Fiscal y la reescritura de la Carta Orgánica del Banco Central en la que trabaja el equipo económico.

En Casa Rosada son optimistas respecto de Inocencia Fiscal, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En cambio, ven más complejo el panorama para Zonas Frías y, especialmente, para la reforma electoral, una de las principales ambiciones del mandatario.

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El Senado sesiona para aprobar la ley de propiedad privada: más cambios de último momento y dudas por los votos

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Tras semanas de mala praxis desde el bloque libertario del Senado, que conduce la porteña Patricia Bullrich, el oficialismo intentará sesionar desde el mediodía para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un demorado proyecto que pide desde hace meses la Casa Rosada y que ya fue desplumado por la oposición: el dictamen de la iniciativa tenía 13 borradores extra y ayer sumó dos más, lo que derivó en el hartazgo de varios despachos y un escenario de incertidumbre de cara al recinto.

La realidad es que, de lograr el quorum -37- y activar el cónclave, la mayoría de las bancadas buscarán sacarse el tema de encima lo más rápido posible y dejar la definición en Diputados, que tendrá la compleja tarea de sancionar una ley muy manoseada. Siempre y cuando el diablo no meta la cola al momento de informar cambios en una eventual votación en particular del texto.

A esta altura y, con el recinto caído la última vez, ya nada sorprendería. Todo esto se da en medio de un Ejecutivo que intenta dar señales de sendero controlado, lo cual suena contradictorio a la hora de revisar el día a día de la Cámara alta, con personas que dicen defender la gestión Milei y luego juegan -muy- en contra del jefe de Estado.

Para evitar otras tropelías, libertarios y aliados se reunirían a las 10, dos horas antes de la sesión, para cerrar grifos de incertidumbre y decidir si se baja o no al recinto. Hasta el inicio de la corriente semana, no se percibió buen clima. Entre lunes y martes, las chances crecieron. Ayer se sostenía el encuentro, aunque el festín de borradores y un potencial inconveniente con dos legisladores misioneros volvió a sembrar un manto de dudas.

El desafío no es menor para Bullrich: desde marzo que no puede, salvo una excepción -pago a dos fondos buitre-, aprobar una ley que solicite con énfasis la administración central. El proyecto en conflicto, que es empujado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzeneggermodifica cuestiones centrales en expropiaciones, desalojos -de 5 a 20 días-, ley de manejo del fuego -quitar décadas sin movimientos tras incendios- y, como cuestión más polémica -pésimas explicaciones oficialistas-, la venta de tierra a extranjeros. Antes de firmar el despacho -luego reventado- se dinamitó por completo el capítulo relacionado con barrios populares.

En cuanto al ítem que más trifulca genera, el decimoquinto borrador plantea: “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”. El último caso servirá también para zona de frontera, siempre un área delicada en varios distritos. Además, se eliminaría lo enunciado sobre el “silencio administrativo”, otro inconveniente comentado ayer por Infobae.

Lupa

Mientras Bullrich junta número -hasta las 13.30 de ayer ni apareció por el Senado, y luego casi todos se fueron del Palacio por el partido entre la Argentina e Inglaterra-, dos semi aliados volvieron a quedar en el centro de atención. No suele ser para bien. De hecho, el ex vicegobernador Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut se hicieron conocidos por haber dicho en “on” que iban a votar Ficha Limpia para hacer, después, todo lo contrario. Voltearon el proyecto.

La culpa no sería de ellos en esta ocasión, sino de su -hasta ahora- controlador y mandamás provincial, el ex mandatario Carlos Rovira; y del actual gobernador, Hugo Passalacqua. Están enfrentados, la guerra no es menor y ambos legisladores cambiaron el nombre de su bancada.

En las últimas horas se conoció un comunicado de una red de mujeres relacionada con la prima del primero y esposa del segundo, la funcionaria misionera Viviana Rovira, en el que se pone un fuerte énfasis en no aprobar la ley de propiedad privada. ¿Sabe de esto Bullrich? La porteña sí trataba de masajear a los supuestos ex kirchneristas de Convicción Federal –Carolina MoisésGuillermo Andrada y Sandra Mendoza– para ayudar, aunque sea, con el quorum.

Para la sesión de este jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral. Si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar. También aparecen en bandeja ascensos diplomáticos que llevan larga siesta y poco consternaron al Canciller, Pablo Quirno.

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