El Gobierno se enfoca en el viaje del presidente Javier Milei al Vaticano, con gran parte del Gabinete, con motivo del funeral del papa Francisco. El Ejecutivo canceló la mayoría de sus actividades institucionales y partidarias en señal de respeto por la conmoción que significó el fallecimiento del Sumo Pontífice.
“La atención está puesta en lo que sucede en el Vaticano, la agenda la retomamos la semana que viene”, señaló una importante fuente oficial. Coincidirá en la misma semana que se concretarán las interpelaciones de los funcionarios y el comienzo de la comisión investigadora por el Libragate, tras suspenderse esta semana por la suspensión de la actividad parlamentaria.
Uno de los temas que buscará amplificar la gestión libertaria es la presentación del proyecto de Reforma Migratoria. Se trata de una serie de modificaciones que pretende endurecer los criterios para exigir la residencia a los extranjeros en Argentina y que propone facilitar los procedimientos para deportar a aquellas personas que delinquen en el país. También se busca crear una Visa de Inversión, que podría concederse con una determinada cantidad de dinero.
Se trata de una de las promesas que anunció el 1 de marzo el mandatario, en el marco de la apertura de sesiones del Congreso. “Si queremos ser un país serio tenemos que llevar a cabo una reforma migratoria. Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar por los servicios que utilizan. Y vamos a endurecer las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen”, dijo aquella noche, yendo en sintonía con las mismas medidas que venía adoptando su par estadounidense, Donald Trump.
“Nuestra nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomados de tontos por nuestros vecinos, o ser un centro de beneficencia pagado por el bolsillo de los argentinos. Tenemos que recuperar el imperio de la igualdad ante la ley, terminando con el sistema de cupos de distinto tipo que impone desde a quién emplear hasta a quién votar”, completó.
Al mismo tiempo, el gobierno, finalmente buscará avanzar con la discusión de la edad de imputabilidad, para lo que ya presentó un proyecto en el Congreso. En esa iniciativa, elaborada por un equipo al mando del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, la edad para ser pasible de condena penal baja de los actuales 16 años a los 13.
Por otro lado, la intención de la Casa Rosada es avanzar “con una serie de decretos” para disolver y fusionar distintos organismos públicos, tal como ocurrió en otros tramos de la administración. Puntualmente, se pretende eliminar 24 organismos, fusionar 15 dependencias y transformar otras 16 áreas. El texto ya fue elaborado y presentado al presidente por parte del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de las Juventudes (Injuve), el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase) son algunas de las áreas del Estado que son apuntadas por el Gobierno, por lo que impondrá “pronto novedades”. (DIB)
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