El Gobierno ya inició el operativo para la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el mes de noviembre. Este lunes, los representantes de la Conferencia Episcopal Argentina se reunieron con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada, donde recorrieron los lugares donde el líder religioso podría tener presentaciones o dar misa ante las miles de personas que se esperan en las calles.

Todo se dio mientras la delegación vaticana ya llegó el último domingo por la noche a Buenos Aires y está encabezada por el chileno monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos del Vaticano.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, y su secretario general, Raúl Pizarro, fueron los interlocutores de la Iglesia en ese encuentro. La reunión tuvo lugar en la Casa Rosada y estuvo centrada, según confirmó el propio Colombo, en la agenda del viaje apostólico. “Nos hemos concentrado en esa agenda porque está presente la delegación papal”, afirmó.

En paralelo, representantes de la Secretaría General de la Presidencia, de la delegación vaticana, de la Nunciatura Apostólica, de la CEA y de la Cancillería mantuvieron una reunión de trabajo en el Palacio San Martín en la que repasaron aspectos logísticos vinculados con la preparación del viaje. Durante ese encuentro, los equipos avanzaron en la coordinación de las distintas áreas involucradas en la organización de la agenda y en la planificación de los eventos previstos para la estadía del pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre.

Su tarea no consiste en evaluar espacios desde cero, sino en verificar en el terreno si los lugares ya seleccionados como opciones principales cumplen con las exigencias operativas, protocolares y pastorales que fija Roma para una visita papal.

Además del encuentro en la Casa Rosada, la avanzada vaticana recorrió este lunes varios de los escenarios previstos para la estadía del pontífice. Colombo enumeró los sitios visitados: el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo; el Palacio Libertad —ex Centro Cultural Kirchner— y el Palacio San Martín. También se incluyó en el circuito la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se proyecta un encuentro del Papa con representantes del mundo laboral y productivo.

Cada recorrida responde a una función específica dentro del programa. El Monumento a los Españoles, por ejemplo, es una de las opciones más avanzadas para la misa multitudinaria en la capital, así como para la vigilia juvenil. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estimó que la Ciudad se prepara para un evento de entre 600.000 y 800.000 personas, aunque en otros ámbitos esa proyección se multiplica por dos o por tres.

Entre los lugares que también se evalúan para el itinerario final aparece el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, dedicado a la atención integral de personas con discapacidad. Colombo describió la institución como “una obra solidaria y caritativa de la Iglesia” y precisó que ocupa 49 manzanas en ese partido del sur del conurbano bonaerense. “Es una posibilidad a confirmar, pero muy fuerte”, señaló el presidente de la CEA.

Según adelantó Colombo, León XIV arribaría a la Argentina el domingo 8 de noviembre por la tarde. Ese primer día estaría reservado para encuentros de carácter protocolar. “En general, están previstos los encuentros de naturaleza protocolar con el señor presidente, con las distintas autoridades nacionales, provinciales, con los referentes de la sociedad civil”, detalló el titular de la CEA.

El encuentro con el presidente Javier Milei tendrá un formato bilateral, en tanto el Papa viajará también en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Esa dimensión institucional explica el rol central que cumple el Gobierno nacional en la coordinación del operativo, con Karina Milei a cargo de la articulación política desde la Casa Rosada.

El encuentro con los jóvenes, en tanto, quedaría para el martes a la noche. Colombo admitió no recordar con precisión qué otra actividad estaba prevista para el domingo por la noche. La definición de ese punto, al igual que la del lugar donde se realizará el acto juvenil —con el estadio Monumental de River Plate y la avenida 9 de Julio como alternativas en análisis— depende de la validación final que emitirá Roma al concluir las inspecciones.

El jueves anterior al inicio de esta ronda de recorridas, Colombo y Pizarro mantuvieron una audiencia con León XIV en el Vaticano. El presidente de la CEA describió ese encuentro y destacó el estado de ánimo del pontífice. “El Papa está muy entusiasmado y nos llena también de expectativas”, afirmó.

Colombo enumeró los públicos que el Papa tiene previstos encontrar durante su estadía en el país: jóvenes, consagrados, religiosos, familias, movimientos sociales, voluntarios, trabajadores y personas vinculadas al mundo de la producción. “Es una mirada de conjunto muy amplia sobre la vida social”, resumió.

Sobre el conocimiento que León XIV tiene de la Argentina, Colombo aseguró que “no le hicimos un examen”, aunque señaló que el Papa tiene un vínculo con América Latina forjado durante su experiencia como misionero en el Perú, y que además recibe información permanente a través de los organismos vaticanos, las nunciaturas y los obispos de las distintas regiones del país.

La preocupación por el endeudamiento familiar quedó fuera de la agenda de hoy

La reunión del lunes no incluyó el debate sobre el endeudamiento de los hogares argentinos, un tema que la Iglesia había colocado en la agenda pública en los días previos. Colombo fue directo al explicar el motivo: “Hoy fue el tema más que nada de la visita”, y aclaró que la presencia de la delegación papal determinó el foco del encuentro.

El prelado dejó planteada su posición al ser consultado al respecto. “Fundamentalmente la preocupación por todas las personas que están en esa situación de vulnerabilidad y nuestro deseo de que eso pudiera afrontarse de una manera distinta”, indicó.

En días previos, el titular de la CEA había reclamado criterios claros para la contracción de deudas y una intervención concreta de las autoridades nacionales, en un contexto en que la mora bancaria familiar trepó al 12,8% en junio de 2026, mientras que en billeteras virtuales trepó al 30,1%, superando el pico registrado durante la pandemia, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con información del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En total, 5,91 millones de personas se encuentran en situación irregular dentro de un universo de 20,96 millones de deudores.

La agenda oficial del primer viaje apostólico de León XIV a la Argentina se cerrará recién cuando la avanzada vaticana concluya sus inspecciones y eleve sus conclusiones a Roma para la aprobación definitiva de la Santa Sede.

El endeudamiento familiar viene escalando en los renglones de la agenda pública. El oficialismo lo registra y trata de bajarle el tono argumentando que es una cuestión entre privados que no requiere respuesta del Estado. Resulta difícil frente al elevado nivel de mora, pero con ese objetivo trabaja el oficialismo. Es el caso de Diputados, donde busca desarmar el intento opositor de instalar el debate en el recinto. El problema es que el tema creció mediáticamente y parece desbordar el límite de los cruces políticos: la Iglesia acaba de sumar su voz, en tono de reclamo doblemente significativo para el Gobierno.

El oficialismo, por momentos, queda enredado en su propio juego. Combina la expectativa sobre una baja de los registros de mora -en el ámbito bancario y en el circuito no estrictamente financiero- y la intención de restarle trascendencia. En junio, el incumplimiento mostró un leve declive, que en medios libertarios buscaron mostrar como un cambio de tendencia, pero en julio mostró un repunte según cálculos en base a datos oficiales. Pasó de 12,77% a 12,99%. En las últimas horas, desde el Gobierno se deja trascender que agosto cerraría en baja. Se verá cómo evolucionan los números, pero asoma limitada la idea de clausurar el tema de ese modo.

Por lo pronto, un foco se lo llevó el Congreso por iniciativa opositora, la semana pasada, cuando la LLA exponía números cómodos para avanzar con la segunda entrega de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Quedó claro que los acuerdos son proyecto por proyecto, porque algunos dialoguistas -y más bien aliados- expusieron su margen de espacio propio. Dieron apoyo para facilitar los objetivos violetas y, a la vez, algunos acompañaron la votación para plantear el tema del endeudamiento familiar.

Estaba claro que ese ensayo los iba a exponer muy lejos de la mayoría especial para tratar en el recinto las iniciativas sobre morosidad, que se cuentan de a decenas, pero la intención de los promotores era testear si había chances de impulsar después una sesión especial. Sumaron 133 votos, es decir, cuatro por encima de las 129 presencias para garantizar quórum. Y lo que se abrió de inmediato fue la operación del oficialismo para revertir ese cuadro, es decir, restarle al menos unos pocos apoyos para desvanecer el movimiento.

Las autoridades libertarias decidieron repetir en Diputados lo hecho cuando la orden desde Olivos era bloquear la ofensiva sobre Manuel Adorni. El entonces jefe de Gabinete arrastraba tres meses de deterioro –con costo generalizado para el Presidente, Karina Milei y el Gobierno en general– y enfrentaba la posibilidad cierta de una interpelación. La oposición avanzaba en esa línea y hasta socios de LLA apuntaban en la misma dirección. Se había planteado una sesión para emplazar al tratamiento en comisiones, pero el oficialismo citó a una de las comisiones para restarle sustento a la movida. Sumó el acompañamiento del PRO, el radicalismo oficial y coronó su contraofensiva: hizo fracasar la sesión del 23 de junio. El Senado exhibía un panorama más difícil. Finalmente, el 27 de ese mes Adorni presentó su renuncia.

El oficialismo busca reproducir ahora la “estrategia Adorni” para frustrar la jugada opositora. Los proyectos sobre morosidad suman alrededor de cincuenta. Muchos de ellos, con giro a la comisión de Finanzas, presidida por el libertario fueguino Santiago Pauli. Tendrá reunión mañana, miércoles, como parte de las fichas movidas desde el despacho de Martín Menem. No está claro cuando sería convocada otra de las comisiones, como Defensa del Consumidor, que también cuenta con iniciativas que le fueron remitidas. Y todo indica que el mismo camino para enfriar el tema, y si es posible congelarlo, seguiría el reclamo de extensión de la emergencia en el área de discapacidad.

La oposición convocó a una sesión especial para el miércoles de la semana que viene. Y apunta a motorizar desde allí un plenario de todas las comisiones que deben intervenir en esta materia, para avanzar efectivamente y marchar después al recinto. El foco se concentra en la actitud que tomen algunos espacios y, sobre todo, gobernadores cuyos diputados apoyaron el impulso del tema. En particular, el interrogante alcanza al tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua.

El oficialismo iba cerrando su estrategia cuando surgió un gesto inesperado, una doble señal que desde las filas violetas buscan amortiguar como si se tratara de una declaración sin otras connotaciones. Desde la jerarquía de la Iglesia, le dieron trascendencia al tema en sí mismo -es decir, lo que expondrían los actuales niveles de morosidad en el endeudamiento familiar- y cuestionaron de hecho la posición del Gobierno.

El mensaje estuvo a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo. En declaraciones radiales, habló de la gravedad del tema, lo vinculó además con otros problemas sociales como la ludopatía -cuestión con debate pendiente en el Congreso- y puso en la mira la falta de criterios claros, razonables, sobre los intereses. Y agregó: “No se puede tener una mirada superficial, ni menos decir: no nos interesa o que se arreglen”.

El Gobierno sostiene como letra discursiva que el tema es una cuestión entre privados. Y que hace exclusivamente al riesgo tomado por quienes se endeudaron. Milei lo sostiene públicamente y, en sus encuentros con ministros y legisladores, dejó en claro que no hay margen para matices. Quizá el diputado Alberto Benegas Lynch fue quien más extremó esa posición: dijo entre otras cosas que hay gente que compró pantallas de TV para ver el Mundial y no quiere pagar las cuotas porque Argentina no logró coronar la final.

Las declaraciones de monseñor Colombo se producen en días marcados por reuniones oficiales para definir cuestiones prácticas de la visita de León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Precisamente, el titular del episcopado y el secretario general de la CEA, Raúl Pizarro, fueron recibidos el jueves pasado por el Papa para analizar aspectos del viaje. El contexto no parece ser un dato menor.

Seis meses después de que se implementara el Plan de Retiro Voluntario para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismo lanzó una segunda etapa al considerar que en su primera edición hubo una “favorable convocatoria y acogida por parte del personal”. La fecha para solicitarlo se extiende hasta fin de mes.

La medida quedó formalizada hoy mediante la resolución 261/2026, que explica que el “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) – Etapa 2” se enmarca en la política de reforma del Estado y desregulación económica que impulsa el Gobierno, y busca profundizar el esquema de desvinculaciones consensuadas.

Aquella primera convocatoria tuvo lugar en marzo mediante la resolución 68/2026 y poco después se extendió hasta el 24 de abril. Según explicó la nueva resolución, durante la vigencia el personal manifestó “su voluntad en relación con adherirse a formas orientadas al distracto laboral” lo que motivó la apertura de esta nueva etapa.

Procedimientos

Los acuerdos de desvinculación deberán formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad administrativa del trabajo y, en particular, ratificarse y homologarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), que depende de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

La resolución delega en la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES la implementación operativa del plan, así como la aprobación de los modelos de acuerdo de desvinculación que deberán suscribirse ante la autoridad laboral.

En la primera edición, el plan había fijado una gratificación extraordinaria equivalente al 90% de la remuneración por cada año de antigüedad efectiva en el organismo, con un tope de 24 haberes brutos, y estaba dirigido a empleados de planta permanente con al menos dos años de antigüedad.

Ese esquema excluía a quienes estuvieran procesados o condenados por delitos contra la administración pública, a los agentes con procedimientos disciplinarios en curso, a quienes hubieran iniciado el trámite jubilatorio o presentado renuncia, a los mayores de 62 años y a quienes mantuvieran litigios laborales pendientes, salvo que desistieran de ellos. También establecía que el personal adherente no podría reincorporarse al sector público nacional durante cinco años. Las condiciones se mantienen hasta hoy.

Requisitos

El personal alcanzado por el “RVR 2” únicamente puede ser de planta permanente del organismo, comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 305/98 “E”, y contempla dos modalidades de acceso: según la edad y los aportes previsionales de cada agente. En tanto, el personal con mandato sindical vigente o que se postule como delegado gremial deberá renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder adherirse.

La primera modalidad incluye a quienes ingresaron antes del 1° de enero de 2024 y tienen entre 60 y 64 años. La segunda comprende a los trabajadores de la misma fecha de ingreso, con edades de entre 65 y 69 años, que registren menos de 30 años de aportes al sistema previsional. En ambos casos, la gratificación extraordinaria de egreso equivale al mismo porcentaje de la remuneración por cada año de antigüedad efectiva, o fracción mayor a tres meses, pero esta vez el tope máximo es de 19 haberes brutos.

Las etapas del proceso serán cuatro:

• La revisión de requisitos por parte de la Dirección General de Recursos Humanos
• La evaluación de cada solicitud por las Subdirecciones Ejecutivas y Secretarías
• El dictado del acto administrativo aprobatorio o denegatorio
• Y la notificación a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y a la Secretaría de Hacienda

El pago se realiza en una cuota única cuando el monto no supere los 80.000.000 de pesos; por encima de esa cifra, se abonará en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

El plazo de adhesión se extiende desde la entrada en vigencia de la resolución hasta las 23:59 horas del 30 de septiembre de 2026.