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Jubilaciones: diputados opositores buscan acuerdos sobre la extensión de la moratoria previsional

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Diputados opositores firmarán la próxima semana un dictamen para ampliar la moratoria y ajustar el bono a los jubilados, luego de haber concluido hoy la ronda de consultas con especialistas, y organizaciones de jubilados y pensionados.

De todos modos, los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica deberán alcanzar acuerdos para extender la moratoria que venció el pasado 23 de marzo y el ajuste del bono estancando desde diciembre del 2023 en 70 mil pesos.

Por ese motivo, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer de Konning (UCR)  informó que se le pedirá a la Oficina de Presupuesto una evaluación sobre el costo fiscal de la moratoria, del ajuste del bono y de la prestación proporcional para “poner tener algunos números”.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, señaló que la Oficina de Presupuesto (OPC) “está evaluando el costo fiscal sobre la emergencia en discapacidad” y advirtió que sobre los proyectos previsionales debe haber algún acuerdo sobre líneas comunes para que la Oficina pueda evaluarlos porque no está en condiciones de evaluar 21 proyectos”.

Al respecto, el legislador de Nicolas Massot (Encuentro Federal) estuvo de acuerdo que no se le puede pedir a la OPC analizar una veintena de proyectos pero se “pueden agrupar en tres sectores” y se le puede pedir un cálculo lo que se “ahorra el Tesoro Nacional con la caída de la moratoria y cuánto costaría prorrogar la moratoria”.  También señaló que se  le puede pedir un estudio sobre el proyecto para aumentar de 70 a 105 mil pesos el bono que cobran los jubilados que perciben la jubilación mínima, “con lo cual serían dos números cual será el costo de aumentar la moratoria y cual sería de aumentar el bono”, añadió.

Los diputados tienen en estudio varios proyectos para extender la moratoria por espacio de dos años para que las personas personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes podían regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.

Sin la moratoria solo podrán acceder a la Prestación Universal a lAdulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez.

En el plenario de las comisiones expusieron hoy especialistas y organizaciones de jubilados, entre quienes estuvieron Nora Biaggo, quien participa en las marchas que se hacen todos los miércoles al Congreso y que pronunció un discurso donde criticó con dureza al Gobierno.

La representante del Movimiento de Jubilados manifestó que “estamos luchando por nuestro salario diferido, un aumento jubilatorio inmediato, una movilidad automática acorde a la inflación y al costo de vida, una jubilación universal y que todos los trabajadores pasen a blanco”.

Además precisó que “reclamamos algo elemental los jubilados: que se termine la intervención de 45 años en el PAMI ya que “debería estar dirigida por trabajadores y jubilados que somos los que aportamos”.

Por su parte, Renee Girardi del Frente de Adultos en Unidos y Organizados, señaló que “la situación de los jubilados sigue siendo pésima” ya que “nuestra vida, las personas mayores, nuestra vida, se deteriora junto con nuestra dignidad de personas simplemente, y hasta nos quitan la posibilidad de una muerte digna”,.

“Solicitamos un aumento de emergencia urgente que nos devuelva los remedios sin cargo y que la moratoria vuelva a estar vigente; mientras esto no ocurra habrá calle, porque queremos una patria libre, justa y soberana”, agregó.

En tanto, la secretaria de Previsión de CTA Autónoma Nacional, Olivia Ruiz, dijo que “tenemos la precariedad laboral de más del 50%, los jubilados cobrando una haber mínimo mayoritariamente de miseria y un bono sin movilidad”.

Añadió que “nada se puede discutir sin nosotros, que hemos construido las leyes jubilatorias, el sistema de salud que nos contiene y que los diferentes gobiernos se han dedicado a destruir”, declaró.

Respecto del bono, instó a que “se incluya dentro del haber jubilatorio”.

Los proyectos para extender la moratoria por dos años fueron presentados por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freitas, además de la legisladora de la izquierda Vanina Biasi.

También hay una iniciativa de la legisladora de UxP Gisela Marziotta para extender la moratoria por diez años, aunque este proyecto no reuniría el consenso suficiente.   Asimismo, figura un proyecto de la diputada de Encuentro Federal Alejandra Torres y de Innovación Federal, Agustín Domingo, para establecer una jubilación proporcional de acuerdo a la cantidad de años de aportes, con un haber no inferior a la PUAM.

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La advertencia de un dirigente rural: “El voto no es del campo, es del pueblo”

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En Trenque Lauquen viven 55 mil personas. Apenas 700 u 800 son productores agropecuarios. El resto se reparte entre comercios, escuelas, oficinas públicas. Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, eligió ese ejemplo para explicar por qué el voto del campo no puede confundirse con el voto del interior. “El voto no es del campo, es del pueblo”, advirtió.

“La mayoría vota por lo que le pasa a ellos, no por lo que le pasa al campo”, insistió. Y con esa definición apuntó al análisis posterior a las elecciones bonaerenses: “El electorado del campo es menos del 10% del padrón. No alcanza para definir una elección”.

En ese marco, en diálogo con Radio Rivadavia, cuestionó que el regreso al triunfo del peronismo en secciones con fuerte presencia agropecuaria —la segunda, cuarta y séptima— pueda explicarse solo por el apoyo del agro. “Que el peronismo haya ganado ahí no significa que lo votó el campo. Significa que lo votó la mayoría de la población, que no necesariamente está vinculada a la producción agropecuaria”, remarcó.

Ni siquiera la baja de retenciones alcanzó para revertir el malestar de algunos productores. Pero Kovarsky fue más allá con una advertencia de alcance general: “Un gobierno le puede dar al campo, a los bancos o a cualquier sector lo que pidan, pero si desatiende a los jubilados, a los maestros, a los discapacitados, a la universidad pública o al Garrahan, no va a ganar elecciones. Puede atender reclamos puntuales, pero si no responde a la mayoría, pierde”.

Los tiempos del campo y los tiempos de la política

En una entrevista con La Voz del Pueblo publicada tras su visita del sábado a la Exposición Rural de Tres Arroyos, Kovarsky amplió la mirada. “Nuestro sector tiene una particularidad, que los ciclos productivos no tienen nada que ver con los políticos, con los tiempos de la política”, explicó. Y agregó: “Discutir la Argentina o la provincia cada dos años no tiene nada que ver con el largo plazo que necesitamos”.

El dirigente recordó que Carbap presentó a todos los candidatos un documento con propuestas concretas. “Nosotros plasmamos en ese trabajo varios temas y nos juntamos con los candidatos. Y eso es lo que tenemos que hacer después, ya con el resultado puesto. Nosotros tenemos que lograr que las políticas agropecuarias se cumplan y para eso trabajamos”, señaló.

Menos motosierra para algunas instituciones

El reclamo incluyó a organismos técnicos. Sobre Senasa, advirtió: “Es un ente que ha sido reconocido mundialmente por muchísimo tiempo, pero hoy está en una situación difícil, no tiene demasiado rumbo, y falta que se aclaren algunas cuestiones”. Y reclamó: “A ciertas instituciones más que meterles motosierra, hay que apoyarlas, hacerlas fuertes”.

También pidió previsibilidad en el comercio exterior. “En materia comercial con Argentina no se habla con el Estado, se habla con el color partidario del momento y eso entonces se traduce en acuerdos de cuatro años, de ocho años con suerte. En cambio, otros países… hay ciertas cosas que no cambian”, comparó.

El pueblo y el campo

La escena de Tres Arroyos lo encontró de paso, camino a Carmen de Patagones, pero con la decisión de detenerse en la muestra local. Allí volvió a poner el foco en el costado social de las exposiciones rurales: “Es una buena oportunidad para que el pueblo conozca qué hacemos en el campo… Muchas veces nosotros pensamos que la gente del pueblo sabe qué hacemos en el campo, y no tiene porqué”. Entre maquinarias, animales y puestos de artesanos, Kovarsky resaltó que las rurales se fortalecen cuando abren espacio a emprendedores, clubes e instituciones locales. Una manera de expresar, en los hechos, esa comunión entre campo y ciudad que también quiso defender en sus palabras.

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“Es a favor de todos”: estudiantes llaman a marchar contra el veto de Milei

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“Queremos cursar”. “Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos”. “Queremos seguir siendo la universidad de excelencia que somos”. Las frases se suceden en el video que circula en redes, con los rostros de estudiantes que convocan a la nueva Marcha Federal Universitaria. La cita será el próximo miércoles 17 de septiembre frente al Congreso Nacional.

La consigna, repetida como un mantra, busca despejar cualquier equívoco: “Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos”. El mensaje apunta al corazón del conflicto abierto por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que había logrado una amplia mayoría en Diputados con 158 votos afirmativos, 75 en contra y 5 abstenciones, pero quedó a un voto de alcanzar los dos tercios necesarios. Ese umbral especial habría blindado la sanción e impedido que el presidente pudiera vetarla.

La norma vetada contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, además de un aumento progresivo del financiamiento hasta alcanzar el 1,5% del PBI. Junto con la norma universitaria, el Congreso había sancionado también la ley de emergencia del Hospital Garrahan, otro símbolo de lo público, que igualmente fue alcanzado por el veto presidencial. Y por el que también se marchará.

Una convocatoria federal

La marcha es de todos: estudiantes, docentes y no docentes de cada una de las universidades nacionales, desde el norte hasta la Patagonia. En cada facultad se repite la misma preocupación: garantizar que la universidad pública siga en pie.

La movilización será abierta a toda la sociedad y tendrá como eje exigir “más recursos para garantizar el funcionamiento” de universidades y hospitales públicos.

El orgullo en disputa

“Queremos seguir siendo el orgullo de nuestra familia”, “el orgullo de nuestro país”, dicen los jóvenes en el video. En esas palabras se condensa el sentido de pertenencia de millones de argentinos que reconocen en la universidad pública un camino de ascenso social, de excelencia académica y de libertad de pensamiento.

Los centros estudiantiles remarcaron que el miércoles no será un día más: buscan enviar un mensaje claro a la Casa Rosada. “El Gobierno no puede desoír el reclamo expresado en las calles y en las urnas”, señalaron.

El próximo 17 de septiembre, la universidad pública volverá a ocupar la escena. Y lo hará bajo una consigna que no deja lugar a dudas: defender la educación y la salud de todos.

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Javier Milei arrasó en las elecciones en Bahía Blanca y horas después les pasó la motosierra

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A pesar de haberle dado un contundente triunfo a La Libertad Avanza en las elecciones del domingo, los vecinos de Bahía Blanca recibieron una dura noticia del Gobierno nacional: a través de una decisión administrativa, se recortó a la mitad el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias destinado a la reconstrucción de la ciudad tras el trágico temporal de marzo.

La medida, revelada por un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso y publicada por Página 12, implica una quita de $100.000 millones del fondo original de $200.000 millones que el propio presidente Javier Milei había creado por decreto. Según supo Noticias Argentinas, la decisión, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se oficializó apenas unos días después de que LLA se impusiera en la ciudad con el 46,41% de los votos.

El veto previo y una ayuda que se achica

Este recorte se suma a una serie de decisiones del Gobierno nacional que generaron malestar en la ciudad. Anteriormente, el Presidente había vetado una ley aprobada por unanimidad en el Congreso que también creaba un fondo de ayuda de $200.000 millones. En ese momento, el argumento oficial fue que el Decreto 238/25 ya era suficiente para atender la emergencia.

Ahora, con la Decisión Administrativa 23/25, el monto que el propio Gobierno libertario consideraba “suficiente” se reduce a la mitad. La medida golpea a los damnificados por la tragedia climática de marzo, que dejó una veintena de muertos y daños incalculables en la infraestructura de la ciudad.

La decisión contrasta fuertemente con el resultado electoral del domingo, donde Bahía Blanca fue uno de los bastiones de La Libertad Avanza. En la Sexta Sección Electoral, el oficialismo superó el 41%, mientras que el peronismo apenas superó los 34 puntos.

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