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Jubilaciones: diputados opositores buscan acuerdos sobre la extensión de la moratoria previsional

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Diputados opositores firmarán la próxima semana un dictamen para ampliar la moratoria y ajustar el bono a los jubilados, luego de haber concluido hoy la ronda de consultas con especialistas, y organizaciones de jubilados y pensionados.

De todos modos, los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica deberán alcanzar acuerdos para extender la moratoria que venció el pasado 23 de marzo y el ajuste del bono estancando desde diciembre del 2023 en 70 mil pesos.

Por ese motivo, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer de Konning (UCR)  informó que se le pedirá a la Oficina de Presupuesto una evaluación sobre el costo fiscal de la moratoria, del ajuste del bono y de la prestación proporcional para “poner tener algunos números”.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, señaló que la Oficina de Presupuesto (OPC) “está evaluando el costo fiscal sobre la emergencia en discapacidad” y advirtió que sobre los proyectos previsionales debe haber algún acuerdo sobre líneas comunes para que la Oficina pueda evaluarlos porque no está en condiciones de evaluar 21 proyectos”.

Al respecto, el legislador de Nicolas Massot (Encuentro Federal) estuvo de acuerdo que no se le puede pedir a la OPC analizar una veintena de proyectos pero se “pueden agrupar en tres sectores” y se le puede pedir un cálculo lo que se “ahorra el Tesoro Nacional con la caída de la moratoria y cuánto costaría prorrogar la moratoria”.  También señaló que se  le puede pedir un estudio sobre el proyecto para aumentar de 70 a 105 mil pesos el bono que cobran los jubilados que perciben la jubilación mínima, “con lo cual serían dos números cual será el costo de aumentar la moratoria y cual sería de aumentar el bono”, añadió.

Los diputados tienen en estudio varios proyectos para extender la moratoria por espacio de dos años para que las personas personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes podían regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.

Sin la moratoria solo podrán acceder a la Prestación Universal a lAdulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez.

En el plenario de las comisiones expusieron hoy especialistas y organizaciones de jubilados, entre quienes estuvieron Nora Biaggo, quien participa en las marchas que se hacen todos los miércoles al Congreso y que pronunció un discurso donde criticó con dureza al Gobierno.

La representante del Movimiento de Jubilados manifestó que “estamos luchando por nuestro salario diferido, un aumento jubilatorio inmediato, una movilidad automática acorde a la inflación y al costo de vida, una jubilación universal y que todos los trabajadores pasen a blanco”.

Además precisó que “reclamamos algo elemental los jubilados: que se termine la intervención de 45 años en el PAMI ya que “debería estar dirigida por trabajadores y jubilados que somos los que aportamos”.

Por su parte, Renee Girardi del Frente de Adultos en Unidos y Organizados, señaló que “la situación de los jubilados sigue siendo pésima” ya que “nuestra vida, las personas mayores, nuestra vida, se deteriora junto con nuestra dignidad de personas simplemente, y hasta nos quitan la posibilidad de una muerte digna”,.

“Solicitamos un aumento de emergencia urgente que nos devuelva los remedios sin cargo y que la moratoria vuelva a estar vigente; mientras esto no ocurra habrá calle, porque queremos una patria libre, justa y soberana”, agregó.

En tanto, la secretaria de Previsión de CTA Autónoma Nacional, Olivia Ruiz, dijo que “tenemos la precariedad laboral de más del 50%, los jubilados cobrando una haber mínimo mayoritariamente de miseria y un bono sin movilidad”.

Añadió que “nada se puede discutir sin nosotros, que hemos construido las leyes jubilatorias, el sistema de salud que nos contiene y que los diferentes gobiernos se han dedicado a destruir”, declaró.

Respecto del bono, instó a que “se incluya dentro del haber jubilatorio”.

Los proyectos para extender la moratoria por dos años fueron presentados por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freitas, además de la legisladora de la izquierda Vanina Biasi.

También hay una iniciativa de la legisladora de UxP Gisela Marziotta para extender la moratoria por diez años, aunque este proyecto no reuniría el consenso suficiente.   Asimismo, figura un proyecto de la diputada de Encuentro Federal Alejandra Torres y de Innovación Federal, Agustín Domingo, para establecer una jubilación proporcional de acuerdo a la cantidad de años de aportes, con un haber no inferior a la PUAM.

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Tensión entre Kicillof y Milei por la política audiovisual: el INCAA bonaerense reabre la disputa

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La aprobación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires de la ley que crea un organismo provincial de fomento audiovisual, popularmente bautizado como el “INCAA bonaerense”, dejó en la madrugada del jueves una postal nítida de contraste con la política de repliegue histórico y achicamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que impulsa Javier Milei.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, la ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual impulsada por el gobernador Axel Kicillof declara la actividad audiovisual como “estratégica y productiva”; crea un Fondo de Fomento inicial de $675 millones; instituye un Servicio Audiovisual Provincial, un Consejo asesor con representación sectorial y una red de salas y programas de profesionalización.

La norma fue aprobada con amplio consenso político, incluso en un contexto de fuerte tensión legislativa por el paquete de leyes que envió el oficialismo, que incluye el Presupuesto y la Ley Fiscal, ya aprobados por el parlamento provincial, y el proyecto de financiamiento, que se cayó el viernes por falta de quórum.

Para el gobierno provincial, el objetivo es claro: blindar una política cultural considerada motor productivo, fortalecer el empleo audiovisual y compensar el vacío federal por parte de la administración libertaria.

Dos modelos sobre el rol del Estado en la cultura

El contraste aparece al observar la política nacional: desde el inicio de la gestión, el gobierno de Milei aplicó una combinación de recortes presupuestarios, reordenamientos administrativos y cambios regulatorios sobre el INCAA.

Entre las medidas dispuestas se registraron la reducción práctica del financiamiento a proyectos, la paralización o ralentización de convocatorias y ajustes que afectaron áreas técnicas y de fomento.

También hubo disposiciones para trasladar plataformas como CINE.AR fuera del organismo, luego parcialmente revertidas, y un proceso de reducción estructural que funcionarios libertarios justificaron como parte de un “sinceramiento” de un sector, según señalaron, sobredimensionado.

Para los sectores de la industria, festivales y asociaciones de realizadores, esas decisiones configuraron un proceso de desfinanciamiento que afecta la producción independiente, el circuito federal de festivales y la exhibición de cine nacional.

La diferencia ideológica entre ambos modelos es explícita: para Kicillof, el audiovisual es parte de la economía del conocimiento, genera empleo calificado y exportaciones, y necesita política pública estable.

Mientras que para Milei, la cultura debe sostenerse con mecanismos de mercado y aportes privados. En esa lógica, el INCAA es un organismo que debe “reducir su tamaño”, “ordenar gastos” y limitar su participación en la financiación de contenidos.

Un capítulo más en la puja Kicillof–Milei

El contraste audiovisual funciona como espejo de una disputa más amplia entre ambos modelos políticos: el peronismo bonaerense apuesta a una presencia activa del Estado, especialmente en sectores estratégicos; los libertarios, a una reducción al mínimo de la intervención pública.

Para el ecosistema audiovisual, el escenario que se abre es doble: un polo provincial que busca reforzar producción, identidad y empleo; y un Gobierno cuyo repliegue obliga a replantear la sostenibilidad de la actividad en el resto del país.

En este escenario, la verdadera “batalla cultural” sumó un nuevo capítulo y promete seguir escalando. Más allá de los discursos vacíos, las diferencias entre la oposición peronista y el oficialismo liberal empiezan a plasmarse en cuestiones concretas.

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Por la puja con la AFA, Milei sacrificó una posible foto con Messi en Washington

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El presidente Javier Milei dejó pasar la chance que tenía de una posible foto con el astro Lionel Messi y un nuevo encuentro con su par Donald Trump, al decidir cancelar su viaje a Washington para el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 del próximo viernes.

Si bien no estaba claro si Milei y Messiiban a cruzarse -de hecho el futbolista rosarino siempre hace todo lo posible para evitar contactos con políticos-, con su decisión de cancelar el viaje el mandatario ya echó por tierra con la probabilidad de una foto con su “ídolo futbolístico”, a quien suele ubicar por encima de Diego Maradona en sus preferencias.

Tampoco está confirmado oficialmente que Messi vaya a asistir al sorteo en Washington. Quien sí va a estar siguiendo in situ el sorteo será el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni.

A su vez, el Presidente se quedó sin un nueva imagen con su principal aliado internacional, Donald Trump, aunque el libertario tiene pautado un próximo viaje a los Estados Unidos para marzo del año próximo.

Milei, en cambio, decidió seguir apostando por su enfrentamiento con el cuestionado presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y canceló el viaje para no cruzarse con el mandamás del fútbol argentino.

En ese marco, el mandatario viene publicando posteos y fotos suyas manifestado su respaldo a Estudiantes de La Plata, el equipo sancionado duramente por la AFA por no haber hecho el pasillo de frente a los jugadores de Rosario Central.

De hecho, subió a sus redes una foto del emblema “pincharrata” Carlos Bilardo, uno de sus ídolos, ya que siempre se califica como “bilardista”.

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El gasto social evitó que 2,6 millones cayeran en la indigencia, revela informe

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Las políticas de transferencia de ingresos destinadas a la niñez y adolescencia resultaron ser un anclaje fundamental contra la pobreza extrema en Argentina. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que, sin los programas de asistencia, la indigencia sería un 82% más alta, afectando a 2,6 millones de personas adicionales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el análisis de las prestaciones (Asignación Universal por Hijo, Prestación Alimentar y Plan 1.000 Días) confirma que el conjunto de ayudas actúa como un “piso de ingresos” que evita que los sectores vulnerables caigan por debajo de la línea de pobreza extrema.

Ganadores y Perdedores ante la inflación

El estudio analizó la evolución del poder de compra de las prestaciones, encontrando un fuerte contraste en la capacidad de respuesta ante la inflación:

  • AUH (Ganadora): El poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo se recuperó drásticamente a partir de finales de 2023 (gracias a un aumento inicial del 100%). Desde entonces, su valor real se ha mantenido estable debido a un mecanismo de actualización mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
  • Prestación Alimentar (Perdedora): Este beneficio muestra un deterioro sostenido. Al depender de actualizaciones de carácter discrecional y no de una fórmula de movilidad automática, sus aumentos han sido insuficientes para compensar el avance de la inflación.
  • Plan 1.000 Días: Luego de un aumento nominal del 500% en 2024, su valor real se ha mantenido robusto y estable.

La expansión del andamiaje social

El informe destaca que, en los últimos 15 años, la cantidad de beneficios otorgados pasó de 4,7 millones en 2009 a más de 7,4 millones en 2025. Esta expansión del andamiaje social se consolidó con una inversión pública constante de alrededor del 1% del PBI.

Sin embargo, el informe concluye que la ampliación de la cobertura responde más a la necesidad de contener a una población creciente en situación de vulnerabilidad que a la consolidación de un sistema universal, subrayando que el éxito de esta estrategia paliativa depende de la generación de crecimiento económico que reduzca la dependencia de la asistencia estatal.

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