Conecta con nosotros

Destacado

Jubilaciones: no hay acuerdo entre los diputados opositores para prorrogar la moratoria previsional

Publicado

en

Los bloques opositores no lograron hoy un consenso para prorrogar la moratoria previsional y buscan acuerdo para aumentar las jubilaciones y el bono que cobran las personas que perciben haberes mínimos.

Además avanza la iniciativa para eliminar el requisito de 30 años para jubilarse y crear una Prestación Básica Proporcional, que sea mayor a la Prestación Universal del Adulto (PUAM) que representa el 80 del haber mínimo.

Catorce dictámenes firmaron los diputados oficialistas y opositores sobre la moratoria, la creación de un régimen proporcional para acceder a la jubilaciones y un aumento de las jubilaciones y del bono, en el plenario de las comisiones de Seguridad y Previsión Social, y Presupuesto y Hacienda.

La reunión fue conducida por la presidenta de la comisión, Gabriela Brouwer (UCR), y el titular de presupuesto, José Luis Espert, que aceptó la convocatoria luego del emplazamiento aprobado por los legisladores opositores.

Si bien Unión por la Patria (UxP), Democracia para la Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda impulsaron el emplazamiento, llegaron al plenario sin acuerdos mínimos.

La mayoría de estos bloques, con excepción de la CC y la izquierda, solo pudieron consensuar el aumento de las jubilaciones del 7,2 por ciento, y que el bono se incremente de acuerdo al Índice al Consumidor, pero aún no acordaron en qué valor se establecerá ya que algunos quieren elevarlo de 70 mil a 100 mil pesos y otros 115 mil pesos.

Por ese motivo, si los bloques quieren aprobar la próxima semana un proyecto de reforma del régimen previsional, deberán alcanzar un acuerdo entre UP y los bloques dialoguistas, ya que el oficialismo no quiere introducir ningún cambio hasta que impulse el próximo año una reforma integral del sistema.

Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que se buscará hasta el próximo martes alcanzar acuerdos entre bloques de UxP, EF y DPS, la UCR y un sector del PRO vinculado a Mauricio Macri.

Señalan que el dictamen de mayoría impulsado por UxP, así como el del PRO y La Libertad Avanza (LLA), serán rechazados.

Por eso, se buscará aprobar con reformas los dictámenes de Encuentro Federal, DFS y la Coalición Cívica sobre la creación de una Prestación Básica Universal, aumento del 7,2 por ciento a las jubilaciones y del bono que hoy está estancado en 70 mil pesos para subirlo a cien mil pesos y que se actualice en base al Índice Inflacionario.

Durante la reunión se acordó que habrá dos ejes centrales divididos en 14 dictámenes, uno referido a la prórroga de la moratoria o la prestación proporcional y otro sobre el aumento de las jubilaciones y el bono para la mínima.

Los dictámenes sobre moratoria y Prestación Básica Universal corresponden, uno de mayoría a UP con 33 firmas, y de minoría del PRO-LLA y MID y 2 radicales libertarios con 21 firmas; de DPS, y EF con 6 firmas; PRO macrista con 5 firmas, UCR con 4, CC 2 y la izquierda con 2 firmas.

La cordobesa Alejandra Torres firmó un despacho junto al legislador de Innovación, Agustín Domingo.

En tanto, UP también consiguió mayoría en el dictamen para actualizar las jubilaciones y los bonos, y hubo otros cinco dictámenes de minoría, de EF; CC y DPS, y la Izquierda.

La moratoria por dos años solo la respaldan UP y la izquierda, con lo cual ese dictamen no tendrá los votos para ser aprobado en el recinto de sesiones.

En cambio, la prestación proporcional establece que los trabajadores que no tengan los 30 años de aportes, no solo tengan la PUAM sino que se les puedan calcular los aportes que han realizado a lo largo de su vida laboral, para poder alcanzar un 95 por ciento de la jubilación mínima.

La prestación proporcional tiene el aval de todos los bloques dialoguistas, pero aún sin los números para imponer esta propuesta, debido a que necesita un acuerdo con la Libertad Avanza y el sector del PRO Patricia Bullrich.

Incluso el PRO que responde a Mauricio Macri y la UCR, que preside Rodrigo de Loredo, presentaron un solo dictamen vinculado a establecer la Prestación Proporcional que sume aportes a la PUAM.

La propuesta del PRO que responde a Bullrich, LLA, MID y radicales libertarios proponen crear una comisión especial que estudie una reforma integral del sistema jubilatorio donde se deroguen sistemas de jubilaciones de privilegio, entre otros puntos.

En tanto, UP, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre y Coalición Cívica tienen acuerdo para aumentar el 7,2 por ciento de las jubilaciones, y el mecanismo para aumentar el bono estancado en 70 mil pesos de acuerdo al índice de inflación, pero aún sin acordar si esa ayuda adicional se ubicará en 100 o 115 mil pesos.

Otro punto donde hay consenso entre UP y Encuentro Federal es que se garantice los fondos para las cajas provinciales, un reclamo de las provincias. En cambio, desde la izquierda buscan que la jubilación alcance el millón de pesos.

Previo a la comisión, la Oficina de Presupuesto emitió un informe donde señala que el impacto fiscal de la moratoria será en dos años de 1600 millones de pesos (0,165 % del PBI) mientras fija que si el bono se aumenta de 70 mil a 105 mil pesos, el impacto fiscal anual será de casi dos millones y si se eleva a 115 mil pesos es de 2.500 millones de pesos.

Al iniciar el debate, el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, dijo que la “solución es bien puntual: eliminar ese requisito del 30 años de mínimo aporte y que cada año valga, con un piso que sea la PUAM”.

“Eso también trae justicia para un sector de una clase media que en algún momento en el pasado ha podido trabajar formalmente y que después ha sido empujados, como muchos argentinos, a la informalidad”, agregó.

“En otro dictamen estamos proponiendo un aumento de 70 mil a 100.000 pesos del bono, del 7.2 para toda la escala de jubilaciones. Eso significaría 51.000 pesos de aumento para la jubilación mínima, y de ahí en adelante lo que corresponde en función del 7.2 más lo que a cada uno le toque del bono, pero para la mínima estaríamos hablando de un aumento cercano al 18%, y para las jubilaciones más altas sería del 7.2”.

Por su parte, desde Unión por la Patria, Julia Strada expresó que “presentamos un dictamen para una prórroga de la moratoria previsional que tiene un costo del 0,08% del PBI por año”.

“Lo que proponemos es perfectamente financiable de acuerdo a los números del superávit financiero publicado por economía”, argumentó.

Agregó que “nosotros queremos que se recompongan las jubilaciones en un 8,1% del mes de enero, que el bono a las jubilaciones mínimas alcance los 115 mil pesos, la modificación en el alcance de la PUAM, y que se realicen las transferencias a las cajas previsionales de las provincias, con montos actualizados por la inflación”.

Por su parte, la diputada del PRO (sector Bullrich), Silvana Guidici, “sería bueno encontrar los consensos para resolver el problema estructural que hizo que el sistema previsional sea inviable”.

“En los números, el 87% de las jubilaciones que se dieron por moratoria están en la mínima, en cambio, en las que aportaron por el sistema integral, solo el 6% están en la mínima”, apuntó Guidici.

Por último, la diputada del PRO, la macrista Daiana Fernández Moler, explicó que “proponemos que exista una PUAM y después una proporcional de acuerdo a los años aportados”.

Advertisement

Destacado

Pinamar: la Justicia ordenó admitir la renovación del permiso de un vendedor ambulante que no tiene domicilio en el distrito

Publicado

en

Un fallo del Tribunal Criminal N° 1 de Dolores ordenó admitir la renovación del permiso de Alejandro Cellilli, que lleva más de catorce años vendiendo en la costa, sin exigirle residencia local. La resolución apunta a la “doctrina de los actos propios” y al derecho constitucional al trabajo, cita El Mensajero de La Costa.

La Justicia hizo lugar a un amparo y ordenó a la Municipalidad otorgarle un permiso provisional al vendedor, sin exigirle la residencia local que impone la Ordenanza N° 7336/2026. La medida cautelar innovativa y de no innovar recayó en la causa “Cellilli, Alejandro Marcos c/Municipalidad de Pinamar s/ Amparo” y llevó las firmas de los jueces Christian Rabaia y María Claudia Castro, según pudo saber Diario Compromiso.

El conflicto tiene un detalle que resultó clave: Alejandro Cellilli no es un recién llegado. Es permisionario de venta ambulante no alimenticia en las playas de Pinamar desde hace más de catorce años, en los rubros “Pareos, pañuelos y túnicas” y “Bijouterie”, y está domiciliado en Dolores. Cuando inició la renovación para la próxima temporada, la Dirección de Habilitaciones calificó expresamente el trámite como “Renovación”, constatando el cumplimiento de los requisitos vigentes.

El 5 de enero de 2026, la Secretaría de Hacienda Municipal le informó que la solicitud estaba “en proceso de resolución” y le pidió el pago del canon fiscal. Cellilli pagó $ 1.330.473,60 mediante el Recibo de Recaudación N° 10-5610848, correspondiente a la “Tasa Venta Ambulante No Alimenticio” y Tasas de Salud y Seguridad. El comprobante emitido por el propio municipio consignaba su domicilio en Dolores y lo identificaba como “Notificado Permisionario”.

El problema llegó el 14 de agosto de este año, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 7336/2026, que introdujo la exigencia de residencia efectiva y continua en el Partido como condición excluyente para conceder o renovar habilitaciones. Al intentar continuar con su trámite, la Comuna le negó el certificado de libre deuda y la continuidad del proceso por no registrar residencia en Pinamar o General Madariaga.

Según cita El Mensajero, los magistrados analizaron la secuencia cronológica de las actuaciones administrativas y fueron contundentes: el trámite no solo ya estaba iniciado, sino que la propia Administración Municipal requirió y cobró el canon conociendo perfectamente que el solicitante residía en Dolores.

El fallo citó expresamente la doctrina de los actos propios, un principio general del derecho basado en la buena fe que impide a un sujeto contradecir sus propios actos anteriores: “La actitud asumida por la Comuna al negar el permiso requerido sobre la base de requisitos impuestos por una nueva Ordenanza, luego de haber dado inicio a lo peticionado y percibir el canon al efecto, trasunta una conducta que va contra sus propios actos anteriores, trasluciendo una actitud distanciada de la confianza legítima y la buena fe”.

Uno de los argumentos más fuertes del fallo fue la naturaleza estacional de la actividad. Los jueces advirtieron que, tratándose de venta ambulante durante la temporada estival, la falta de una tutela oportuna tornaría ilusoria cualquier sentencia definitiva dictada después del verano, privando al trabajador de su sustento económico. El pronunciamiento mencionó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa “Camacho Acosta”) sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten perjuicios de difícil o imposible reparación, y encuadró la tutela en garantías constitucionales.

El Tribunal aclaró que la medida no desconoce la potestad municipal de ordenar el espacio público ni concede un derecho absoluto, sino que busca equilibrar los derechos del trabajador con las atribuciones de fiscalización del Estado local.

En consecuencia, la Justicia ordenó hacer lugar a la medida cautelar promovida por Cellilli e instó a la Municipalidad a que, en el plazo perentorio de 24 horas de notificada, reciba, admita y dé curso a la solicitud de renovación del permiso de venta ambulante para la temporada 2026/2027.

Fuente: Agencia DIB

Continue leyendo

Destacado

ARCA reglamentó el plan de reducción de multas para pymes

Publicado

en

Las multas por infracciones a los deberes formales cometidas antes del 9 de octubre de 2026 se reducen en un 50% para los contribuyentes que cumplan, hasta el 18 de diciembre de 2026, con la obligación omitida, comunicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El régimen está previsto en el artículo 17 de la Ley 27826 y fue reglamentado por el artículo 4 del Decreto 1253/2026 del 22 de octubre de 2026 y por la Resolución General 5927/2026https://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/pdf-del-dia/primera.pdf de ARCA, publicada en el Boletín Oficial este jueves 12 de noviembre.

Pymes: a quién alcanza la quita

El beneficio alcanza las obligaciones vencidas del 2 de enero de este año en adelante, y cuyas infracciones a los deberes formales de la Ley N° 11.683 se cometieron antes del 9 de octubre, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 27.826.

La reglamentación define quiénes pueden acceder, qué multas quedan comprendidas y fija una fecha cierta, el 18 de diciembre de 2026, para cumplir las condiciones.

Continue leyendo

Destacado

El Senado de la Nación evaluará los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores

Publicado

en

El martes 17 y el miércoles 18 de noviembre, el Senado realizará dos audiencias públicas para evaluar los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores. La reunión la presidirá el vicepresidente de la comisión, el radical Maximiliano Abad, ya que todavía no se designó al nuevo titular luego de la muerte del senador libertario riojano Juan Carlos Pagotto.

Los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo a la Cámara Alta apuntan a cubrir vacantes en el fuero laboral y en tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país, informó NA.

La audiencia del martes 17

Uno de los candidatos que defenderá su pliego será Leonardo Marco Toia, secretario letrado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

También expondrán como postulantes a conjueces de los tribunales orales en lo Criminal y Correccional Martín José Adrogué, Sofía Chiambretto, Guido Damián Cresta, Lucía Inés Gallagher Campos, David Gabriel Mangiafico, Federico Martín Mercader, Horacio Alfredo Peix y Andrea Paola Santos.

En tanto, Federico José Iuspa, fiscal del juzgado de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, defenderá su postulación como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la CABA.

Para integrar distintos tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la CABA también se presentan Ariel Alejandro Vilar, Juan Carlos Bernial, Romina Monteleone y Sixto Mihura Gradín. Mientras para las Cámaras de Apelación del Trabajo fueron propuestos Rosalía Romero y Matías Sebastián Moreno Espeja.

Por su parte, para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la CABA se postula a Sofía Inés Hernández Saint Jean y Alejandro Jorge Nobili. Asimismo fue propuesto Camilo Jorge Almeida Pons como vocal de la Sala III de esa Cámara.

En tanto, Eduardo Aníbal Aguayo fue postulado como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de CABA Federal.

Durante la audiencia también defenderán sus pliegos Valeria Alicia Bertolini, propuesta como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 6 de la CABA, y María de los Ángeles Sapín, postulada para el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 8.

Además, expondrá Luciano Cruz Savignano, candidato a juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Savignano, quien está a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Pergamino, ganó el concurso en 2018 y recibió el respaldo del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el entonces presidente Alberto Fernández nunca envió su pliego al Senado, por lo que ahora será tratado después de ocho años.

Por último, también se presentarán las postulantes a defensoras públicas de CABA Carolina Morales Deganut, María Lucrecia Sammartino, Natalia Eda Bonino y Romina Soledad Paraboni, propuesta como defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación.

La audiencia del miércoles 18

Se presentarán candidatos a jueces, fiscales y defensores para distintos cargos en el interior del país.

Expondrán Mateo Dijou, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Resistencia; Mariano Javier Camblong, como juez penal federal del Juzgado Federal de Garantías con asiento en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe; y Juan Manuel Kees, como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén.

También defenderán sus pliegos Federico Miguel Baquioni, propuesto como fiscal general de la Unidad Fiscal de San Luis, y María Julieta Ibáñez Arrieta, postulada como defensora pública de Víctimas con asiento en la provincia de La Rioja.

Para distintos juzgados penales de Santa Fe fueron propuestos Emiliano Pedro Méndez Ortiz, Franco Mariano Carbone, Guido Yercovich y Vanesa Natalia Druetta.

Por otra parte, se tratarán postulaciones de conjueces de primera instancia del Trabajo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la CABA.

La nómina está integrada por Norma Alejandra Benítez, María Virginia Chedrese, María Victoria Consentino, Alejandro Esteban Danusi, Gabriela Andrea Donadio, María Ximena Fernández Barone, Mirna Lorena Martínez, Juan Martín Segura, Lucas Hernán Palla, María Roxana Henríques, Federico Pablo Agüero Urquiza, Fernando Guzmán, Silvia Rita García y Héctor David Rodríguez.

Fuente: Agencia DIB

Continue leyendo
Advertisement

Trending