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Jubilados: diputados opositores firman dictamen a favor de la prórroga de la moratoria

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La Cámara de Diputados debatirá mañana en un plenario de comisiones el dictamen sobre la prórroga de la moratoria y el aumento del bono para los jubilados que perciben el haber mínimo, iniciativas que son impulsadas por legisladores de la oposición.

El plenario de las comisiones de Seguridad y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, está citado para mañana a las 13 para firmar los despachos, como establece el emplazamiento aprobado por el cuerpo legislativo en la sesión del pasado 8 de abril.  

La reunión será conducida por la presidenta de la comisión, Gabriela Brouwer (UCR), y el titular de presupuesto, José Luis Espert, que aceptó la convocatoria luego del emplazamiento aprobado por los legisladores opositores.

Se estima que habrá al menos tres o cuatro dictámenes, uno de los diputados opositores y otros del PRO, La Libertad Avanza (LLA), la UCR y la izquierda.

 La prórroga de la moratoria y el aumento del bono establecido en 70 mil pesos es impulsada por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para la Siempre, y rechazada por el oficialismo y sus aliados.

De todos modos, los diputados de UxP, EF, CC y DPS aún buscaban hoy acordar un solo dictamen sobre la extensión de la moratoria que venció el pasado 23 de marzo, y del aumento del bono que cobran los adultos que perciben la jubilación mínima.

Uno de los puntos que plantearán LLA y el PRO es que aún no está el informe de la Oficina de Presupuesto para que pueda determinarse cuál es el impacto fiscal de la moratoria y del aumento del bono de 70 a 115 mil pesos.

En la última reunión, Brouwer pidió a Espert que gestione que la Oficina de Presupuesto tenga un informe sobre el costo de esas medidas, pero Espert advirtió que, primero, deberá terminar de evaluar el costo fiscal de la emergencia en discapacidad y luego recién analizar los proyectos jubilatorios.

Los diputados tienen en estudio varios proyectos para extender la moratoria por espacio de dos años para que las personas personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes puedan regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.

Sin la moratoria, solo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez.

Los proyectos para extender la moratoria por dos años fueron presentados por los diputados de UxP Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freitas, además de la legisladora de la izquierda Vanina Biasi.

También hay una iniciativa de la legisladora de UxP Gisela Marziotta para extender la moratoria por diez años, aunque este proyecto no reuniría el consenso suficiente.

En tanto, los proyectos para aumentar los bonos son impulsados por las diputadas de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer y de UxP Victoria Tolosa Paz.

Asimismo, figura un proyecto de la diputada de Encuentro Federal Alejandra Torres y de Innovación Federal, Agustín Domingo, para establecer una jubilación proporcional de acuerdo a la cantidad de años de aportes, con un haber no inferior a la PUAM.

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Presupuesto 2026: Kicillof “blindó” el gasto corriente para resistir el ajuste del Gobierno

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El proyecto de Presupuesto bonaerense 2026 que tomará estado parlamentario el miércoles próximo fue concebido por el gobernador Axel Kicillof como su principal arma política para confrontar el modelo de austeridad del gobierno de Javier Milei.

El mensaje que incluye la “ley de leyes” es claro y se constituye como una justificación política del gasto, pero no elude la confrontación y establece un diagnóstico lapidario de la situación.

“La economía argentina se encuentra transitando una situación de emergencia a partir de la crisis provocada por las políticas económicas que lleva adelante el Gobierno nacional desde diciembre de 2023”, arranca la herramienta presupuestaria con la que Kicillof se propone resistir al contexto de ajuste.

La necesidad de “blindar” el gasto social y la estructura estatal se basa en la premisa de que el territorio bonaerense es particularmente vulnerable a la recesión que atraviesa el país.

Según el documento oficial, “la provincia de Buenos Aires no es ajena a esta situación general, sino todo lo contrario: por sus propias características, las crisis se amplifican”. Esta emergencia obliga a la Provincia a destinar una porción abrumadora de sus recursos al funcionamiento diario.

Las planillas anexas confirman la estrategia: los gastos corrientes (destinados a salarios, servicios, transferencias sociales y funcionamiento de la estructura estatal) consumirán $39.86 billones, lo que representa el 92,6% del total presupuestado, una cifra récord que consolida el enfoque en el sostenimiento de servicios esenciales y la asistencia directa.

Este foco en el gasto corriente se da a costa de la inversión estructural: el gasto de capital (obra pública e inversión directa) apenas alcanza el 7,3% del total. Para poder suplir este déficit, la Provincia envió a la Legislatura el proyecto de endeudamiento, que ronda 3035 millones de dólares.

El gobierno de Kicillof justifica esta baja inversión con una crítica directa a la Casa Rosada. Al déficit económico, “se agrega el abandono del Estado nacional de sus funciones básicas, la interrupción de mil obras inconclusas en el territorio provincial y el recorte de transferencias obligatorias no automáticas”, plantea el presupuesto del Ejecutivo provincial.

El mensaje político de la Provincia insiste en que el foco del presupuesto está en paliar el daño social y productivo que genera la recesión.

El Ejecutivo bonaerense afirma que “el entramado productivo se deteriora a gran velocidad, el cierre de empresas se extiende en todo el territorio, el desempleo crece al mismo ritmo que se destruye la producción, los ingresos de las familias se derrumban y la vulnerabilidad social se multiplica”.

De esta manera, el Presupuesto 2026 queda definido como un “presupuesto de defensa“, un término que sintetiza la posición oficial, donde la mayor partida de gasto se explica por la obligación de sostener la red de contención frente a los efectos que la administración provincial atribuye directamente a las decisiones de la Nación.

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Reapareció Alberto Fernández: “Me costó un maltrato mediático que no merecía”

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El expresidente Alberto Fernández reapareció públicamente en el canal de streaming Blender, en el programa “Hay Algo Ahí”, y se refirió abiertamente al período de ostracismo mediático que experimentó tras dejar la presidencia, describiéndolo como un proceso de “cancelación”.

Fernández confesó que el trato recibido lo llevó a un aislamiento autoimpuesto, algo que nunca esperó.

“Me costó objetivamente un maltrato mediático que creo no merecía, sinceramente, un proceso de cancelación mediático que nunca pensé que podía ser tan severo y que hasta me convenció a mí, que era mejor no salir,” declaró el exmandatario.

El expresidente relató que, poco a poco, fue recuperando “el aire” y las “fuerzas” para volver al debate público, motivado por la preocupación ante la situación actual de Argentina.

En tanto, Fernández explicó que dudó al aceptar la invitación al streaming, un formato que sentía “raro” para él, preguntándose si “quepo en ese lugar, tengo un lugar en ese lugar, no sé”.

La reaparición de Fernández en un medio de comunicación no tradicional marca un intento de recuperar su voz política fuera de los canales convencionales, tras haber pasado meses alejado del ojo público.

Sobre las acusaciones en su contra, el exmandatario reveló que entregó su teléfono y la clave al juez de la causa, pero denunció trabas para avanzar en la investigación.

“Los chats están manipulados. Yo entregué mi teléfono. Di la clave para que lo abran. Tuve que pedir que, por favor, que me lo periten. Porque no lo quería abrir el juez [Julián] Arcolini. Y lo abrieron y no existen esos chats,” aseveró Fernández.

El expresidente criticó duramente al juez a cargo de la causa, Julián Arcolini, calificándolo de “juez que da vergüenza que siga siendo juez”, y lo acusó de parcialidad al compararlo con su accionar en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

Respecto a su expareja, Fernández se mostró cauto, pero sugirió que fue manipulada para iniciar la causa, vinculando la situación a sus propias políticas de género.

“Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada… La verdad es que yo soy cuidadoso de hablar con de Fabiola porque ella tiene problemas que yo no quiero traer a la luz pública. Pero la verdad es que yo lo que quiero es que ella lo explique, que ella lo aclare simplemente, que todo se aclare”, manifestó el expresidente.

Finalmente, Alberto advirtió que todo el material probatorio y la desmentida sobre la existencia de los chats se encuentra documentada en la causa judicial.

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Maxi Pullaro insiste en el reclamo de los fondos coparticipables y pide una “nueva redistribución de recursos”

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a expresar públicamente el reclamo de los fondos coparticipables al Gobierno Nacional y pidió una “nueva redistribución de recursos”.

El discurso se realizó en una fiesta local, donde el mandatario le solicitó al presidente Javier Milei, además del dinero que le corresponde a su provincia, “discutir” el sistema impositivo de la Argentina y apuntó contra la provincia de Buenos Aires.

“Santa Fe aporta cerca de 3.000 millones de dólares al Estado cada año, y lamentablemente, no recibe nada a cambio. Esos fondos terminan subsidiando a barones del conurbano, punteros y planes en la provincia de Buenos Aires y, por eso, es fundamental que volvamos a discutir el sistema impositivo argentino”, aseveró Pullaro.

En la misma línea, y en referencia a las reformas que impulsa la gestión de Milei, en particular sobre la impositiva, el santafesino señaló que las retenciones, que cobra el Estado Nacional, son el impuesto más regresivo que hay en la República Argentina” y remarcó que se deberían bajar “todos los impuestos”, ya sean nacionales, provinciales y locales, “para poder producir más”.

Para finalizar, solicitó una redistribución “más equitativa” de los recursos porque sólo “se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires” y dejan de lado “el interior productivo”.

“Le pedimos al Estado Nacional y a los diferentes gobiernos que puedan mirar a la provincia de Santa Fe, que tanto aporta y tan poco recibe. Necesitamos producir más, y para eso necesitamos mejores rutas, infraestructura energética y logística, puertos, aeropuertos y conectividad que permitan sacar nuestros productos al mundo y bajar los costos productivos para poder producir más barato”, concluyó.

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