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Jubilados: Tras una protesta pacífica, hubo momentos de tensión con mnanifestantes encapuchados

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Jubilados y otros manifestantes se acercaron esta tarde masivamente a la plaza del Congreso, donde se desplegó un importante operativo de seguridad. Hasta el momento, no se produjeron incidentes y la marcha transcurría de forma pacífica.

Desde las cuatro de la tarde se desplegó una fila de policías detrás de las vallas que separan el Congreso de los manifestantes, que aguardan tranquilamente. Los policías motorizados están junto a un camión de hidrante.

Hacia las cinco de la tarde, se escuchan los primeros estruendos pero son petardos que explotan en el aire lanzados por los manifestantes. A esta altura sigue llegando más gente, que marcha lenta y pacíficamente. La totalidad de la plaza del Congreso está siendo ocupada por distintos sectores entre jubilados, autoconvocados, agrupaciones estudiantiles, docentes, gremios, entre otros. No ocurre ningún disturbio, no se siente una atmósfera de tensión.

Según se anunció, el presidente Javier Milei, que suspendió su viaje a Israel, monitorea desde Casa Rosada los hechos. Con el fotoperiodista Pablo Grillo internado en el Hospital Ramos Mejía a raíz de una herida de gravedad producto del impacto un gas lacrimógeno lanzado por un gendarme, el Gobierno busca evitar los enfrentamientos y limitarse a “mantener el orden público”.

Pasado el mediodía, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargada del diseño del despliegue policial visitó el despacho de la secretaria genera de la Presidencia, Karina Milei. En paralelo, Casa Militar desplegaba un vallado a la altura de calle Reconquista para blindar el acceso a los manifestantes que, el pasado miércoles, arrojaron piedras al Palacio de Gobierno.

“Marcha o violencia: no es lo mismo. Alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse. Las Fuerzas actuarán”, definió la funcionaria a través de sus redes sociales.

En el Poder Ejecutivo atribuyen la convocatoria a la izquierda y al kirchnerismo, y dan por descartada la presencia de barras bravas, pero insisten con que se trata de una “una marcha política” que apunta a “desestabilizar”.

Bajo esa premisa es que utilizaron el sistema de comunicación de las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para emitir mensajes disuasivos a los manifestantes. En las pantallas y altavoces de las terminales se proyectó la advertencia: “La policía va a reprimir todo atentado contra la República”.

En paralelo, 900 policías se encuentran apostados en los alrededores del Parlamento, en un operativo conjunto con fuerzas federales. Además, se retiraron 350 contenedores de residuos en la zona para evitar que sean utilizados en posibles enfrentamientos.

Sin embargo, y pese a que aseguran no detectar diferencias con la movilización del pasado miércoles, el Ministerio de Seguridad dispuso de un protocolo particular que consiste en el despliegue de un extenso vallado que blinda los principales accesos al Congreso.

El trazado de la “zona estéril” apuesta a evitar que las fuerzas de seguridad establezcan contacto con los manifestantes, y a concentrar la protesta en la plaza para que las calles y avenidas no estén afectadas, aunque para instrumentarlo, la cartera debió interrumpir la circulación.

El operativo fue coordinado el pasado martes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, su segundo, Diego Kravetz; el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta; en el despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció por su canales oficiales que “premiará” con una recompensa de $10 millones “destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025”. (DIB)

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Máximo Kirchner: “Los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro”

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El diputado nacional Máximo Kirchner reclamó que cualquier propuesta política seria para Argentina debe partir de una discusión sobre el endeudamiento externo, y advirtió que los actuales niveles de vencimientos de deuda hacen inviable una mejora en las condiciones de vida de la población. “Los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro”, sostuvo el legislador durante una visita a Cañuelas, en el marco de los actos por el Día del Trabajador.

Para el líder de La Cámpora, el escenario que atraviesa el país no fue producto de la casualidad: “A todas luces era previsible lo que iba a pasar con este gobierno. Esto iba a suceder y era evidente ley tras ley que sancionaba el Congreso de la Nación, decisión tras decisión de Sturzenegger y Caputo“. En ese sentido calificó la situación actual como “una consecuencia previsible que la Argentina ya ha vivido en otras oportunidades, en esta quizás con mayor crudeza y cuyo calado a futuro parece profundizarse”.

El eje de su diagnóstico se centró en la deuda pública contraída desde 2015. A su entender, ese endeudamiento no se tradujo en mejoras concretas para la ciudadanía: “A 8 años —se cumplen el 20 de junio— no lo hemos visto en escuelas, en universidades, en viviendas, en asfalto, en rutas, en mejorar la logística de nuestro país para que la economía sea más competitiva”. El diputado afirmó que se trata de “un endeudamiento que nadie puede explicar dónde está” y cuestionó que el Poder Judicial “mira para otro lado”.
Máximo Kirchner apuntó contra el actual superávit fiscal y señaló que alcanzar ese resultado a expensas del bienestar social no representa un mérito. “Alcanzar estos números y este supuesto equilibrio fiscal con la gente en esta situación lo puede hacer cualquier persona que no tenga alma, que no tenga empatía, que no tenga un mínimo grado de humanidad”, afirmó en diálogo con AR12. En esa línea, sostuvo que “cuando la gente es tenida en cuenta y está adentro, trabaja, se mueve, produce, puede acceder a su vivienda”.
La figura del Fondo Monetario Internacional (FMI) también ocupó un lugar central en su discurso. El legislador señaló que el organismo “prestó de manera irresponsable y no teniendo en cuenta la capacidad de repago de la Argentina”, y planteó la necesidad de renegociar los términos con los acreedores: “Hay que charlar con los acreedores argentinos y empezar a cambiar esto. No puede ser la realidad de la gente una variable que no se tenga en cuenta a la hora de negociar con quienes han endeudado el país y han prestado“.
En términos históricos, trazó una línea que va desde la salida de Cristina Fernández de Kirchner del gobierno hasta el presente: “Hace 10 años ya que gobierno tras gobierno se le pide sacrificio y paciencia a la sociedad argentina. Un gobierno que fue entregado el 9 de diciembre de 2015 con cero deuda con el FMI y hoy son 60 o 70 mil millones de dólares”. Esa cifra, proyectada sobre una década, representa —según sus propias palabras— “casi 6 o 7 mil millones de deuda solo con el Fondo” por año, sin que los argentinos lo hayan visto reflejado en su calidad de vida.
El diputado también apuntó contra el presidente Javier Milei y cuestionó la coherencia de su gestión. Recordó que el mandatario había calificado públicamente a su propio ministro de economía, Luis Caputo, con términos duros antes de designarlo en el cargo. “La opinión de Milei sobre su actual ministro de economía era más dura que la que hemos tenido muchos. Prácticamente decía que era un inútil que se había patinado el préstamo con el FMI y después lo pone ahí. Son conscientes de lo que están haciendo, esto es una miseria planificada, una entrega planificada”, afirmó.
En ese marco, el legislador reivindicó la figura de Cristina Fernández de Kirchner, detenida tras su condena en la causa Vialidad: “Es una mujer firme, inteligente, estudiosa, trabajadora. Le mete, nos está empujando a todos para ponerle ganas y poder transmitirle a la gente que tenga esperanzas, que vamos a poder salir de esto”, dijo. Máximo calificó la situación de la expresidenta como “tremendamente injusta” y remarcó: “En Argentina la casta está libre y Cristina está presa y la sociedad vive como vive”.

El diputado también hizo una autocrítica sobre el ciclo político del peronismo: “El peronismo tiene que asumir que el 9 de diciembre de 2015 nos fuimos con una plaza llena y el 9 de diciembre de 2023 nos fuimos con la plaza vacía y esa es la realidad, de ahí tenemos que arrancar para tener una discusión seria, responsable y que no busque engañar voluntades por un par de votos”.

Máximo Kirchner cerró su intervención con una advertencia dirigida a quienes, según él, prometen mejoras salariales y jubilatorias sin explicar de dónde saldrán los recursos. “Yo quiero que me digan cómo vamos a hacer. Si no discutimos esto después aparecen diciendo vamos a subir los salarios y las jubilaciones. ¿Cómo? ¿Con este nivel de vencimientos actual cómo vamos a hacer? Esta es la pregunta y la discusión central de la Argentina hoy”, concluyó.

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La Libertad Avanza busca dar vuelta la página tras el informe de Adorni y salir de la parálisis en el Congreso

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“La exposición fue contundente, tema terminado”. Mientras se retiraban del recinto tras el informe de gestión de Manuel Adorni, los diputados de La Libertad Avanza se ilusionaban con la idea de retomar su agenda de reformas en el Congreso.

Ahora los libertarios aseguran que el tema deberá seguir su trámite exclusivamente en la Justicia y esperan poder dar vuelta la página: entre sus prioridades se destaca la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La reforma política, que también incluye cambios en el financiamiento de las campañas y en el régimen de reconocimiento de los partidos políticos, debe ser aprobada este año, ya que encontrará cada vez más dificultades para sumar apoyo a medida que se acerque el calendario electoral. “La mayoría de los gobernadores van a buscar diferenciarse del oficialismo para el momento de las elecciones”, reconocen en las filas de LLA.
Las declaraciones de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) en contra de la eliminación de las PASO fueron un balde de agua fría para la Casa Rosada. Los gobernadores aliados se sumaron al rechazo del PRO y la UCR, que necesitan de esta herramienta para definir candidaturas y conformar alianzas electorales. Al Gobierno le espera una larga negociación si pretende convencer a los principales afectados por la reforma política.
Además, la maniobra de incluir Ficha Limpia en el paquete aumentó el malestar entre los bloques aliados. Tanto el PRO, como la Coalición Cívica, la UCR y Provincias Unidas respaldan la iniciativa, pero exigieron que se trate por separado, para que no quede mezclada con el resto del proyecto, que no reúne consenso.
Entre los proyectos que ya están listos para ir al recinto se destaca la Ley Hojarasca, una iniciativa que tiene como objetivo eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales. El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger es el más avanzado porque obtuvo dictamen de comisión hace casi dos semanas pero el oficialismo no se animó a convocar a sesión.

Por otro lado, en el Senado el oficialismo evalúa algunos pedidos de la oposición para llegar a un texto de consenso del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Esta iniciativa incluye un procedimiento sumarísimo para recuperar inmuebles usurpados, elimina la restricción general para la titularidad extranjera de tierras rurales, limita la discrecionalidad del Estado para las expropiaciones con nuevos criterios para determinar las indemnizaciones y flexibiliza la ley de manejo del fuego.

Es el proyecto con más chances de avanzar ya que la reforma electoral y la nueva ley de discapacidad están lejos de tener los votos necesarios. Este último proyecto es el más polémico ya que propone un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Además, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones.

Por lo pronto, aún no hay reuniones de comisión importantes convocadas para la semana que viene y tampoco se avizora ningún pedido de sesión en el corto plazo. Los libertarios seguramente se tomarán una semana para retomar el diálogo con los aliados y esperar a que la Justicia no le dé a la oposición ninguna excusa -como un eventual procesamiento- para volver a la carga con la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Tras el informe de Adorni, la oposición busca imponer una agenda social que incomoda al Gobierno

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Pasó Manuel Adorni por el Congreso de la Nación y, aunque el oficialismo entiende que tuvo una especie de triunfo porque el Jefe de Gabinete “respondió todo”, la oposición hace una lectura diferente y define los próximos pasos a seguir en el Palacio Legislativo.

En varias publicaciones anteriores este medio explicó que los referentes de la oposición en Diputados vienen conversando sobre los pasos a seguir y cómo había sido la estrategia para llegar a la sesión con el Jefe de Gabinete. Ahora comienza otra parte de ese plan integral.

En los próximos días comenzará un intercambio con el fin de armar un temario que les permita a los bloques de la oposición avanzar rumbo al hemiciclo.

“Ahora viene la parte tres que es la de juntar proyectos e intereses para poder ir al recinto y avanzar en una agenda en común. Y vamos a ir por los temas que nos interesan a todos y que sabemos que el Gobierno no lo va a hacer que es la agenda social”, explicó uno de los diputados que negocia esa agenda.

En diferentes despachos del Congreso de la Nación se está trabajando en una sesión para emplazar a diferentes comisiones, por lo que se están “peinando” proyectos y diputados para sumar votos. “Como lo que necesitas es tener 129 diputados para el quórum y para votar los emplazamientos lo que estamos viendo son los proyectos que le interesan a algunos legisladores que son necesarios para alcanzar el número. Nosotros vamos a trabajar sobre un tema que junta voluntades como el endeudamiento de las personas, pero quizás hay que sumar otros proyectos como la emergencia climática en algunas provincias o ficha limpia que empujan otros sectores y los llevas al recinto para poder emplazar a las comisiones que manejan los libertarios”.

El hilo conductor en los diferentes bloques de la oposición es la agenda social, que entienden que crece sobre la base de la aparición de casos de corrupción. “La agenda social se retroalimenta de la agenda de corrupción porque la gente que no puede llegar a fin de mes observa como mientras la está pasando para el culo estos tipos están de joda, viajando a todos lados”.

El eje central de esta estrategia pasará por la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia —presidida por el peronista y sindicalista Hugo Yasky— que tiene una veintena de proyectos que proponen medidas en busca de dar una solución al crecimiento de las deudas y la morosidad de las familias.

“Lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular.” El avance de la iniciativa no está garantizado porque el oficialismo y sus aliados son mayoría en la comisión; por eso la oposición busca que el deterioro de la imagen del Gobierno, junto a la intención de empezar a diferenciarse de LLA, sirva para conseguir alguna firma más. La comisión tiene 31 integrantes donde LLA tiene 13, UP 11, Provincias Unidas 2, PRO 2, UCR 1, Coalición Cívica 1 e Innovación Federal 1.

El otro punto es que el oficialismo giró estos proyectos a Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo muestra una gran fortaleza en el número y que la oposición deberá emplazar para poder avanzar.

En medio de esto, desde las provincias hay algunos movimientos que ilustran la situación. Un ejemplo es lo que sucedió en Santa Fe. La administración de Maximiliano Pullaro presentó el Plan de Protección de los Ingresos, con medidas para desendeudar a trabajadores privados y públicos, autónomos y jubilados cuyos salarios se ven afectados por descuentos derivados de créditos.

La ex vicegobernadora de Pullaro es la diputada Gisella Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, que tiene 18 miembros. Además, la santafesina es del PRO de la provincia que, aunque tiene algunos desencuentros con los amarillos nacionales, mantiene los puentes.

“Más allá del tema y los tiempos, lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular. Nosotros tenemos la orden de trabajar solo sobre lo que el Ejecutivo pide. Empieza un juego matemático de ver si logramos contener a los socios o si ellos los pueden llevar para su lado. Empieza otro Congreso”, reconoció un diputado libertario que suele tener buenas conversaciones con los legisladores del peronismo.

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