Las vacantes en la justicia local es un problema de vieja data.
La falta de designaciones genera una recarga en las tareas de funcionarios y magistrados, así como demoras en las investigaciones y el desarrollo de juicios.
En base a un análisis estadístico presentado por la jueza Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, el 25% de los cargos vacantes en el fuero federal bahiense está siendo cubierto por subrogantes, de acuerdo con las ternas elevadas al Poder Ejecutivo.
Es decir que tres de los 12 puestos de magistrados con competencia federal en esta jurisdicción están en esas condiciones.
Según el informe dado a conocer por la consejera Díaz Cordero, en la actualidad se registran 289 vacancias en las justicias Nacional y Federal, lo que representa el 28,84% del total de 1.002 cargos en las jurisdicciones, teniendo en cuenta los tribunales habilitados y no habilitados.
El documento indica además que se halla a consideración del presidente Javier Milei el concurso 333, correspondiente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Bahía Blanca, para designar al tercer juez titular del organismo y cubrir la única vacante pendiente.
La primera terna se conformó con Sebastián Foglia (por entonces fiscal provincial en Bahía), Walter Romero y Santiago Ulpiano Martínez, titular de la Fiscalía Federal Nº 1 e interinamente también a cargo de la Nº 2 bahienses, quien está pronto a jubilarse.
El 8 de febrero de 2021 el Consejo designó a Foglia como uno de los jueces titulares del TOCF.
Uno de los integrantes de la segunda terna para el Tribunal Oral Federal es el fiscal general Juan Pablo Fernández, jefe de los fiscales provinciales del Departamento Judicial Bahía Blanca.
El suyo es uno de los 62 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales propuestos durante la presidencia de Alberto Fernández, que el gobierno de Milei retiró del Senado nacional para su revisión.
Esa lista de candidatos la completaron Eduardo D’Empaire, juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3; y Rodolfo Murillas, secretario de la fiscalía federal 1, ambas de esta ciudad.
La tercera terna estuvo compuesta por la jueza Correccional 4 local, María Laura Pinto de Almeida Castro; el juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía, Gustavo Barbieri; y Ernesto Sebastián, a quien en la fecha mencionada también se lo designó juez titular del TOCF bahiense junto con Foglia.
La fiscalía de juicio ante el órgano jurisdiccional en cuestión también se encuentra bajo el mecanismo de subrogancia, interinamente al mando del fiscal general Gabriel González da Silva, con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El cargo de fiscal titular ante la Cámara Federal de Apelaciones local tampoco está cubierto, motivo por el cual lo subroga el fiscal general Horacio Azzolín, también al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), con asiento en Capital Federal.
En cuanto al panorama en Bahía del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y tal como ya se indicó, la inminente jubilación del fiscal de instrucción Santiago Martínez generará una nueva vacante, la que se sumará a la ya existente y que viene cubriendo el letrado.
La justicia federal persigue, juzga y sanciona penalmente delitos vinculados con el crimen organizado, como por ejemplo el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero.
Acuerdos, al día
El estudio difundido por la magistrada Díaz Cordero, integrante de la comisión de selección de magistrados del Consejo, señala asimismo que la Cámara de Senadores nacional “no tiene acuerdos pendientes”.
“En el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación actualmente tramitan el 58,8% de las vacantes (170 cargos), mientras que el resto (118) se encuentran en manos del Poder Ejecutivo”, refiere el informe.
“Sólo el 5% de los procedimientos en trámite se encuentran en el ámbito del plenario del cuerpo. Este último recientemente aprobó una serie de ternas destinadas a cubrir 24 cargos vacantes, que se suman a otras ya remitidas al Ejecutivo”, continúa.
“Con respecto al estado de avance de la totalidad de los concursos dentro de la comisión de selección, se da cuenta que el 1% de ellos se encuentra para integrar el jurado, 3% para llamar a concursos, 9% con la prueba de oposición fijada, 13% en etapa de evaluación de calificaciones y antecedentes, 24% para analizar las impugnaciones deducidas a calificaciones y/o antecedentes, 10% para realizar los informes psicotécnicos y establecer entrevistas, 17% para evaluar entrevistas y un 22% a consideración de la comisión”, completa el escrito.
El plenario del Consejo, dirigido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, avanzó en marzo con la convocatoria a concursos anticipados para casi todos los juzgados de primera instancia y tribunales Nacionales.
Son siete concursos destinados a un total de 48 vacantes y la comisión de selección registró 1.420 solicitudes de inscripción.
Un largo proceso
Dilación. El proceso para la designación de jueces dura aproximadamente tres años y medio, desde que el Consejo de la Magistratura toma los exámenes para cubrir cargos hasta que la comisión de Acuerdos del órgano elige a la jueza o juez, decisión que debe tener el voto mayoritario del Senado.
Revisión. Hace algunos meses el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, manifestó que iban a analizar “caso por caso, teniendo en cuenta los lineamientos fijados” por Milei y “respetando el procedimiento correspondiente para proponer jueces independientes, idóneos; no políticos ni amigos”.
Colapso. En declaraciones a medios periodísticos nacionales, el funcionario agregó que la situación es “crítica” porque el sistema judicial está “colapsado”.
Fuente: La Nueva.
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