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Kicillof acordó con La Cámpora los representantes en el Consejo de la Magistratura y resta negociar por la Corte

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En medio de la discusión interna del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillofdecidió respetar los lugares que el kirchnerismo tiene en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Este martes, se publicó en el Boletín Oficial la designación de seis abogados como representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Allí hay leales al gobernador bonaerense, nombres del esquema del entramado judicial del kirchnerismo y referencias a los intendentes peronistas.

El decreto publicado en el Boletín Oficial da cuenta que Kicillof designó a su Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, como representante del Ejecutivo. Tal como había adelantado Infobae, el mandatario optó por un funcionario de su confianza que hasta el momento no formaba parte del organismo que se encarga de elegir candidatos para cubrir cargos judiciales en la provincia de Buenos Aires.

Pérez Teruel maneja los menesteres jurídicos de la Provincia y desde hace tiempo viene trabajando con Kicillof. Su nombre es uno de los que están sobre la mesa para la negociación por la Corte provincial. Sin embargo, hoy no hay garantías políticas de que ese objetivo prospere.

Entre los representantes por el Poder Ejecutivo para el Consejo de la Magistratura, también renovarán su mandato el subsecretario de Asuntos Municipales, Santiago Révora y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini. Révora es un exdiputado provincial que siempre estuvo cerca de la agenda judicial. Forma parte del esquema del senador nacional Eduardo de Pedrode hecho, son primos. Pellegrini es funcionario del Ministerio de Justicia de la provincia, que comanda Juan Martín Mena. Al igual que Révora, también forma parte de la esfera de De Pedro.

En el decreto que lleva la firma de Kicillof, del ministro Mena y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también se designó a Gabriela Demaría como consejera suplente; al igual que a Ana Laura Ramos y Gustavo Gamino. En esas designaciones también hay un pie de los intendentes de los distintos sectores del peronismo. Demaría, ex senadora provincial, forma parte del esquema que viene tejiendo el llamado Grupo AFA. Cuando era legisladora, respondía directamente al hoy diputado provincial y exintendente del Partido de La Costa, Juan Pablo De Jesús. Ramos es una leal al intendente de La Plata, Julio Alak, que despliega sus influencias por distintos ámbitos como el Partido Justicialista bonaerense o el armado político de Kicillof en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), además de sus intenciones de pelear por una candidatura provincial en 2027.

También el esquema político de La Matanza retiene presencia en el Consejo de la Magistratura, ya que Gustavo Gamino es un abogado de La Matanza, donde gobierna Fernando Espinoza. Gamino fue uno de los que impulsaron la creación del Colegio de Abogados de La Matanza, entidad que hoy está alineada al intendente y a la vicegobernadora, Verónica Magario. Formó parte del Estudio Jurídico del entonces intendente de La Matanza, Alberto Balestrini. Su llegada al Consejo de la Magistratura fue impulsada por el Secretario Legislativo del Senado, Mariano Díaz Ordoñez, uno de los apoderados del PJ bonaerense por la línea de Magario y yerno de Balestrini. En 2022, Gamino había llegado al Consejo de la Magistratura para reemplazar a Gustavo Dutto, otro matancero del espacio Espinoza-Magario.

Estos nombres se sumarán al resto de los representantes del Poder Ejecutivo. Hasta el momento los únicos consejeros eran el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, como titular, y el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar, quien responde al intendente de La Plata y ocupa uno de los cargos suplentes.

Las designaciones se pliegan a las que se acordaron este martes en la Cámara de Diputados bonaerense. En sesión ordinaria, la Cámara baja provincial votó a Mariano Cascallares y a Sofía Vanelli como consejero titular y suplente, respectivamente, en representación del Poder Legislativo. Son parte de las designaciones que venían demoradas por la interna del peronismo. Cascallares también renueva credenciales, ya que ocupaba una silla como consejero. El intendente, en uso de licencia de Almirante Brown, era uno de los apellidos por los que empujaba Kicillof, al punto de que se intentó que su designación fuera vía Senado y no por la Cámara de Diputados, ya que el bloque de Fuerza Patria en el Senado —al que le corresponden cuatro lugares— tenía solo tres abogados, condición excluyente para formar parte del Consejo de la Magistratura. Entonces, una de las alternativas que contaba con el aval del gobernador era garantizar las cuatro plazas de esta manera.

Vanelli, es una diputada que forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa. Las conversaciones entre el ex ministro de Economía y el gobernador bonaerense se aceitaron en las últimas semanas.

Por lo pronto, en el Senado solo se resolvió nombrar a los senadores Sergio Berni y Fernando Coronel como representantes por el oficialismo -Berni titular y Coronel suplente- y a la libertaria María Luz Bombaci por la oposición. El sector no oficialista no muestra acuerdo aún para la designación restante. Esta semana habrá sesión en la Cámara alta y podría haber novedades.

Tras el acuerdo por los lugares en el Consejo de la Magistratura —de los pocos en el marco de la interna peronista— , lo que sigue es una negociación más compleja por el carácter perpetuo que representan las vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

Hoy la Corte funciona con tres de sus siete miembros originales. Las vacancias son una preocupación para los cortesanos vigentes. Meses atrás, el presidente de la Corte, Sergio Torres, hizo una demostración de poder interna cuando presentó un proyecto de ley para ir hacia la autarquía del Poder Judicial. En ese evento, le reclamó al Poder Ejecutivo y Judicial que manden los nombres para cubir las vacantes. “Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete”, fue lo primero que dijo Torres en aquella oportunidad. “Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, prosiguió. “Nuestra Suprema Corte de Justicia está incompleta desde hace más de seis años”, planteaba en otro pasaje.

La negociación por las vacantes en la Corte bonaerense está en punto muerto y no incluye solo al peronismo. Primero se necesitarán los votos en la Legislatura. Esos votos, admiten distintas terminales; se deberán conseguir puertas afuera de la Legislatura y forman parte de un acuerdo político. La Libertad Avanza, que ya colocó una representante en el Consejo de la Magistratura, busca tener representación en el máximo tribunal, al igual que la UCR y el PRO.

Hoy el peronismo se visualiza en tres sectores: el MDF, el Frente Renovador y el kirchnerismo. Sin embargo, en el ámbito bonaerense, quienes quieren sumarse como un bloque homogéneo y autónomo son los intendentes del Grupo AFA. No solo para las candidaturas del año que viene, sino también para acelerar el proceso de ocupación de lugares estratégicos en la botonera del poder político y judicial bonaerense. De momento, los votos no están.

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Gran éxito del primer Campeonato Nacional de Vespa en Bahía Blanca

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Con gran éxito se desarrolló en Bahía Blanca el primer Campeonato Nacional de Destreza Vespista Gymkhana, un evento que reunió a amantes de las motocicletas Vespa de nuestra ciudad, el país, Chile y Uruguay.

El evento fue organizado por el Vespa Club Bahía Blanca, en el marco de los festejos por su 12º aniversario, y contó con el aval del Vespa Club Argentina y Vespa World Club. Se trató de una propuesta inédita que reunió a pilotos, clubes y aficionados de distintos puntos del país y del exterior.

Se llevó a cabo en el Bahía Blanca Plaza Shopping, donde durante la jornada los participantes debieron demostrar su habilidad y dominio de las Vespas a través de un recorrido especialmente diseñado con obstáculos y diferentes pruebas de precisión.

Además, se contó con la presencia del cónsul de Italia en Bahía Blanca, Nicola Bazzani, quien acompañó la actividad y participó de las prácticas y de las pruebas.

Desde el Vespa Club Bahía Blanca destacaron el acompañamiento recibido por parte de las instituciones, empresas, sponsors y colaboradores.

“Hay que destacar también la presencia de todos los participantes, que viajaron desde diferentes lugares para ser parte de esta primera experiencia”, dijo Luciano Izarra, presidente de la entidad.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue también la respuesta del público. A lo largo del día, familias, aficionados y visitantes pudieron acercarse al circuito para observar las diferentes pruebas y disfrutar de una actividad poco habitual.

Premios

A diferencia de una competencia tradicional de velocidad, la gymkhana pone el foco en la destreza, el equilibrio, la precisión y el dominio de la moto, convirtiendo cada recorrido en un verdadero desafío para los pilotos.

Así, la Copa Challenger Interclubes quedó en manos del Vespa Club Bahía Blanca, representado por su piloto Andrés Florin, quien registró el mejor tiempo de toda la competencia.

Por su parte, el podio de la categoría Small Frame, que considera a las motocicletas de entre 50 y 125 centímetros cúbicos, fue encabezado por Andrés Florin (Bahía Blanca), junto con Bárbara Lacal Montenegro (Buenos Aires) y José Luis Reynoso (Mar del Plata).

En Large Frame (125 a 200 cc), el primer lugar fue para Gabriel Brico (Rosario), seguido por Santiago Luce (Mar del Plata) y Carlos Henríquez (Bahía Blanca).

En Modernas (automáticas), el triunfador fue Mario Guillermo Núñez (Mar del Plata), acompañado por Damián Gris (Mar del Plata) y Juan Ramón Fernández (Bahía Blanca).

Fuente: La Nueva.

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Faltante de fentanilo en el Hospital Municipal: investigan a tres técnicos anestesistas

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Esta mañana en conferencia de prensa el fiscal Mauricio Del Cero detalló cómo avanza la causa en la que se investiga la desaparición de ampollas de fentanilo en el Hospital Municipal.

El pasado 30 de marzo se detectó el faltante de 25 ampollas del opioide y las autoridades del nosocomio radicaron la denuncia. Seis días después aparecieron las ampollas, pero vacías.

De Cero informó que el pasado jueves 27 de agosto, Policía Federal Argentina allanó tres viviendas y realizó requisas en el nosocomio.

Confirmó que son tres técnicos anestesistas, que presentan servicio en el Municipal, los que están siendo investigados y que se encuentran imputados en la causa.

Los allanamientos se concretaron en sus domicilios donde fueron secuestrados 11 teléfonos celulares. En el nosocomio, requisaron los casilleros que usan para guardar sus pertenencias mientras están trabajando.

La principal hipótesis que maneja la fiscalía es que el o los autores de la sustracción de las ampollas buscaron generar escándalo.

“Ocurrió en el momento en que se produjo también el escándalo por la muerte del médico anestesista del Hospital Italiano de Buenos Aires, conocido como Propofest. Y lo más llamativo de todo es que, tanto quien quiera sustraer eso para venderlo o para administrárselo como narcótico, no devuelve las botellas. Solamente podría devolver las botellas alguien que quiere que se sostenga el escándalo”, analizó.

Los tres técnicos anestesistas, indicó, estuvieron cubriendo los turnos, tanto el día en que se detectó el faltante (el 30 de marzo) como cuando aparecieron las ampollas vacías (el 6 de abril). Además, sumó que en diciembre de 2025 también se detectó el faltante de 4 o 5 monodosis de fentanilo, y volvieron a aparecer. “En esa guardia estaban de turno los técnicos ahora sospechados, imputados”, remarcó.

Fuente: Frente al cano.

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El secretario de Discapacidad debuta en el Congreso para frenar el intento opositor de prorrogar la Emergencia

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La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 16 a debatir un proyecto de la oposición para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó el año pasado. Por primera vez el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, contestará preguntas. También lo acompañarán el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, ⁠Gianfranco Scigliano.

Antes de ocupar el cargo de secretario Nacional de Discapacidad, Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

En julio de 2025, distintos bloques de la oposición lograron aprobar la ley 27.793 que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero prorrogable por otro año. Luego el presidente Javier Milei vetó la norma alegando que no podía cumplirse sin romper el orden fiscal, pero el Congreso logró juntar dos tercios de los votos en ambas Cámaras para poder insistir con el proyecto.

El Gobierno perdió la batalla política pero mediante un decreto dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Sin embargo, finalmente la Justicia intervino y ordenó la inmediata aplicación de la ley, tal cual había sido aprobada.

La normativa creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, disponía un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, establecía una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

Ahora la oposición impulsa una ley para hacer efectiva la prórroga por un año que estaba contemplada en el proyecto original. El proyecto, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), busca extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclaran.

En ese sentido, exponen como principal argumento la reticencia del gobierno nacional a aplicar la normativa. “La ley 27.793 tuvo, en los hechos, una fracción mínima de la vigencia real que el Congreso quiso darle. Un veto, una traba en la promulgación, un intento de derogación presupuestaria, dos años de litigio y una intimación judicial mediante. Cada una de esas etapas fue tiempo perdido para las personas con discapacidad, y ese tiempo perdido es lo que la prórroga viene a recuperar”, señalaron.

La oposición también reclamó que organizaciones civiles puedan participar de la audiencia pero el oficialismo argumentó que esa posibilidad quedará abierta para futuras reuniones de la comisión. Desde la oposición aseguran que se trata de una maniobra para estirar la discusión, por eso mantienen la convocatoria a sesión para el 9 de septiembre en la que planean emplazar a las comisiones para obligarlas a dictaminar el proyecto en una fecha determinada.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, La Libertad Avanza ahora cuenta con más de un tercio del recinto por lo que un eventual veto del presidente Milei no podrá ser revertido por la oposición. “No importa, hay que ver si están dispuestos a pagar el costo político otra vez cuando ya se acercan las elecciones”, opinó un diputado dialoguista.

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