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Kicillof apuesta a acordar la paritaria docente, aunque no podrá desactivar el paro en el inicio de clases

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrirá las sesiones ordinarias en un contexto de tensión entre los gremios docentes y el gobierno nacional, que derivó en la convocatoria a un paro para el próximo 2 de marzo dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con impacto en territorio bonaerense, ya que SUTEBA —el sindicato con mayor representatividad en la docencia provincial— adhirió. Sin embargo, distintos gremios provinciales, incluido el propio SUTEBA, también rechazaron el último ofrecimiento realizado por el Ejecutivo bonaerense en el marco de la negociación paritaria. Así, hasta el momento, en las escuelas públicas bonaerenses las clases no comenzarán en tiempo y forma.

Mientras tanto, la administración de Kicillof busca cerrar la negociación paritaria con los gremios de cara a marzo. Una instancia que se volvió compleja, pese al respaldo político que, en mayor o menor medida, los distintos sectores mantienen con la figura del mandatario provincial.

El 2 de marzo, Kicillof abrirá las sesiones ante diputados y senadores provinciales. Será la primera vez en seis años que lo hará con una medida de fuerza del sector docente. Si bien la decisión de los representantes de los educadores responde a diferentes factores y la convocatoria de CTERA abarca a todo el país, también a nivel provincial los sindicatos anunciaron paros debido al ofrecimiento salarial dispuesto por el Ejecutivo bonaerense.

En el marco de la discusión salarial, la última oferta del gobierno bonaerense fue una mejora del 3% para febrero. La propuesta fue rechazada por los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —además de Suteba, la FEB, Udocba, Sadop y AMET— y también por sindicatos de la administración pública enrolados en la ley 10430, como UPCN y ATE, que trabajan en la construcción de una alternativa política hacia la elección presidencial de 2027 y tienen a Kicillof como principal referente. ATE lo hace desde la CTA Autónoma y UPCN desde la CGT, con la que Kicillof viene desarrollando una alianza política.

Esta situación sugiere cierta fluidez en el diálogo. De hecho, fuentes del gobierno provincial señalaron a Infobae que la negociación “sigue abierta” y que existe “diálogo informal con los gremios”. Por el momento, el gobierno otorgó una suba a cuenta de futuros aumentos del 1,5%. Sectores sindicales indicaron que Kicillof tiene tiempo hasta el 13 de marzo para cerrar la paritaria, ya que a partir de esa fecha comienza la liquidación de sueldos.

En relación a los docentes, el funcionamiento regular de las clases depende fundamentalmente de las negociaciones salariales. Buenos Aires cuenta con una red educativa compuesta por más de 7.000 escuelas públicas y cerca de 6.000 instituciones privadas. El 70% de los estudiantes asiste a establecimientos estatales, mientras que el 30% elige centros privados, muchos de los cuales también reciben subsidios del Estado.

La FEB fue la primera entidad gremial docente en anunciar una medida de fuerza en territorio bonaerense tras el último ofrecimiento del Ejecutivo provincial. El resto de los sindicatos consideró insuficiente la propuesta y terminó sumándose a la protesta, una vez que CTERA anunció el paro nacional. A esta medida también podría sumarse UDA. En este contexto, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, quedó en una situación compleja debido a su afinidad con Kicillof.

Un punto clave que explica la baja en la recomposición salarial docente en Buenos Aires es la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que integraba la composición del sueldo y tenía mayor peso en los salarios iniciales. Fue uno de los primeros recortes aplicados por la gestión de Javier Milei.

La eliminación del FONID por parte del gobierno nacional impactó directamente en los ingresos docentes de la provincia. En este distrito, el FONID representaba alrededor del 10% del salario total para la mayoría de los maestros y profesores, lo que implicó una reducción real de sus haberes mensuales. Al momento de su interrupción, la suma que debía transferirse era de aproximadamente 14.500 millones de pesos por mes, considerada clave para sostener el poder adquisitivo docente. Inicialmente, la provincia cubrió ese déficit con recursos propios, pero la situación financiera actual es distinta.

Tras la decisión del Poder Ejecutivo nacional, la administración bonaerense agotó las instancias administrativas y de diálogo en reclamo de la restitución de los fondos. Ante la ausencia de respuesta, Kicillof instruyó a la Fiscalía de Estado para iniciar una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de lograr la restitución de los fondos recortados, argumentando que la eliminación del FONID vulnera derechos laborales y compromete la continuidad de la política educativa acordada en el Congreso. El máximo tribunal aún no se expidió.

El FONID fue eliminado formalmente por el gobierno de Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280/2024, publicado el 27 de marzo de 2024 en el Boletín Oficial. Desde esa fecha, se suprimieron del presupuesto nacional los fondos destinados a este incentivo, tras más de 25 años de vigencia ininterrumpida. Su restitución es uno de los pedidos centrales de los gremios que convocaron al paro docente nacional del próximo 2 de marzo.

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Nuevos operativos de documentación

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El Registro Provincial de las Personas realizará esta semana nuevos operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad.

Será desde hoy martes 13 al viernes 16 de octubre. El horario de atención de 10 a 15 horas.

 ¿Qué trámites se pueden realizar?

  • DNI (Documento Nacional de Identidad)
  • Solicitud de partidas
  • Certificados de domicilio y extravío
  • Certificado de Pre Identificación (CPI)
  • Empadronamiento de extranjeros
  • Cambio de género
  • Inicio de expediente de inscripción tardía

Fuente: Frente al cano.

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Se oficializó la salida de Bahía Blanca del régimen de Zona Fría

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El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la modificación del Régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios de distintas regiones del país. La medida quedó formalizada con la publicación de la Ley 27.828 y del Decreto 1161/2026 en el Boletín Oficial.

La reforma, sancionada por el Congreso el 24 de septiembre y promulgada por el Presidente el 9 de octubre, establece nuevas condiciones para acceder al beneficio y una bonificación adicional para los hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos y geográficos.

La nueva legislación modifica el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga distintos artículos de la Ley 27.637, que había ampliado el alcance territorial del régimen.

El principal cambio es que residir en una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento. Los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir las condiciones establecidas por la nueva normativa.

Además, la bonificación adicional se aplicará sobre los denominados Consumos Base, por lo que no necesariamente alcanzará a la totalidad del gas utilizado por cada hogar.

La reforma mantiene un tratamiento diferenciado para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región conocida como Puna, donde continuarán los beneficios previstos en el régimen.

Quiénes podrán mantener el subsidio de Zona Fría con la nueva ley

La Ley 27.828 establece una bonificación adicional por Zona Fría para determinados usuarios residenciales de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes.

El beneficio estará destinado a hogares ubicados en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, contempladas en la normativa utilizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Para acceder, los usuarios deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados, encontrarse dentro de las áreas geográficas previstas y cumplir alguno de los criterios socioeconómicos establecidos por la ley.

Los requisitos contemplados son:

  • Ingresos familiares: hogares cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el INDEC.
  • Certificado de Vivienda Familiar: hogares con al menos un integrante que posea este documento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
  • Veteranos de Malvinas: hogares con un integrante que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
  • Personas con discapacidad: hogares con al menos un integrante que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera esa condición implica una necesidad de asistencia económica para pagar los servicios energéticos.

La ley no establece un límite de ingresos fijo en pesos, sino que lo vincula al valor de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con las mediciones del INDEC.

La legislación también determina que la bonificación adicional estará limitada a los consumos base reconocidos por el régimen de subsidios.

Por otra parte, la Región Patagónica, Malargüe y la Puna conservarán un régimen específico. Para esas zonas continuarán los beneficios destinados a usuarios residenciales de gas natural y gas propano por redes, así como a determinados usuarios del Servicio General P.

El Poder Ejecutivo, por sí o mediante la autoridad de aplicación, tendrá la facultad de determinar las modalidades de esos beneficios.

Qué cambia en las facturas de gas y hasta cuándo estará vigente el régimen

La modificación introduce un cambio en las condiciones de acceso a los descuentos para los usuarios de las zonas comprendidas en la ampliación anterior.

La bonificación adicional dejará de depender únicamente de la ubicación geográfica y quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos del régimen focalizado.

Esto significa que los hogares que no reúnan las nuevas condiciones podrían dejar de recibir el descuento territorial anterior, aunque su situación frente a otros subsidios energéticos deberá evaluarse por separado.

Además, el nuevo beneficio se aplicará sobre los consumos base establecidos por el régimen, por lo que no necesariamente cubrirá la totalidad del gas utilizado en una casa.

Sin embargo, la Ley 27.828 no establece un porcentaje específico para la nueva bonificación adicional ni determina cuánto aumentarán las facturas de los usuarios que dejen de recibir el descuento anterior.

Tampoco precisa cuántos hogares podrán conservar el beneficio ni cuántos quedarán excluidos.

En cuanto al financiamiento, la normativa establece que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se constituirá con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones previstas en la ley.

El Poder Ejecutivo podrá aumentar o disminuir el nivel de ese recargo hasta en un 50%, de acuerdo con las modalidades que considere pertinentes.

La reforma también incorpora disposiciones sobre el mercado eléctrico, las condiciones de contratación de gas, las fuentes renovables de energía y la actividad hidrocarburífera.

El Régimen de Zona Fría tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, según establece la Ley 27.828, que entró en vigor este martes con su publicación en el Boletín Oficial.

Fuente: TN

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Se profundiza la crisis en PAMI: arrancó el paro de médicos de cabecera y odontólogos

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Comenzó hoy el paro por 96 horas de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI en todo el país. La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que denuncia un fuerte deterioro de los honorarios y dificultades para afrontar los costos de funcionamiento de los consultorios.

“Los médicos de cabecera, la única forma que tienen de expresar su descontento, es parando su actividad, como cualquier otro asalariado. Y la gente es la que se perjudica, pero no tienen otra arma para hacer escuchar su reclamo”, expresó esta mañana en diálogo con Radio Altos el Dr. Esteban Costazos, quien aclaró que los médicos auditores no se suman a la huelga.

Indicó que el médico de cabecera cobra por cápita por paciente $2.100 mensuales, mientras que en el caso del odontólogo esa suma se ubica cerca de los $400.

“Eso es lo que para PAMI vale la cápita de un afiliado. O sea, un médico que tiene 500 pacientes anotados cobra un millón de pesos por mes. Es una locura. Y de los odontólogos ni hablemos”, aseveró sobre los bajos salarios.

En el caso de los auditores, aclaró que están analizando posibles medidas de fuerza y remarcó que desde que expuso la grave situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en todo el país, no hubo ningún cambio.

Si bien afirmó que el diálogo con las autoridades locales del PAMI es muy bueno, no tienen poder de decisión. “Soluciones no hubo ninguna porque tienen que venir de Capital”, remarcó.

Costazos advirtió que la situación actual de PAMI es “muy mala” y que la preocupación va en aumento porque “no hay vistas de que vaya a mejorar”.

Frente a las dificultades que encuentran las y los jubilados para obtener turno, una receta u orden médica y acceder a las prestaciones, describió que es muy frustrante para el médico, en su caso en el rol de auditor, no poder dar respuestas.

“Es muy frustrante no poder ayudar de la manera que uno sabe que se puede porque el instituto ya ha tenido la capacidad de tratar mejor a sus beneficiarios. Vuelvo a mi casa muy cansado, no por un cansancio físico sino mental. Es mucha la presión y mucha la frustración. Sería mejor que las condiciones laborales fueran mucho más agradables”, enfatizó.

Fuente: Frente al cano.

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