Con gran éxito se desarrolló en Bahía Blanca el primer Campeonato Nacional de Destreza Vespista Gymkhana, un evento que reunió a amantes de las motocicletas Vespa de nuestra ciudad, el país, Chile y Uruguay.

El evento fue organizado por el Vespa Club Bahía Blanca, en el marco de los festejos por su 12º aniversario, y contó con el aval del Vespa Club Argentina y Vespa World Club. Se trató de una propuesta inédita que reunió a pilotos, clubes y aficionados de distintos puntos del país y del exterior.

Se llevó a cabo en el Bahía Blanca Plaza Shopping, donde durante la jornada los participantes debieron demostrar su habilidad y dominio de las Vespas a través de un recorrido especialmente diseñado con obstáculos y diferentes pruebas de precisión.

Además, se contó con la presencia del cónsul de Italia en Bahía Blanca, Nicola Bazzani, quien acompañó la actividad y participó de las prácticas y de las pruebas.

Desde el Vespa Club Bahía Blanca destacaron el acompañamiento recibido por parte de las instituciones, empresas, sponsors y colaboradores.

“Hay que destacar también la presencia de todos los participantes, que viajaron desde diferentes lugares para ser parte de esta primera experiencia”, dijo Luciano Izarra, presidente de la entidad.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue también la respuesta del público. A lo largo del día, familias, aficionados y visitantes pudieron acercarse al circuito para observar las diferentes pruebas y disfrutar de una actividad poco habitual.

Premios

A diferencia de una competencia tradicional de velocidad, la gymkhana pone el foco en la destreza, el equilibrio, la precisión y el dominio de la moto, convirtiendo cada recorrido en un verdadero desafío para los pilotos.

Así, la Copa Challenger Interclubes quedó en manos del Vespa Club Bahía Blanca, representado por su piloto Andrés Florin, quien registró el mejor tiempo de toda la competencia.

Por su parte, el podio de la categoría Small Frame, que considera a las motocicletas de entre 50 y 125 centímetros cúbicos, fue encabezado por Andrés Florin (Bahía Blanca), junto con Bárbara Lacal Montenegro (Buenos Aires) y José Luis Reynoso (Mar del Plata).

En Large Frame (125 a 200 cc), el primer lugar fue para Gabriel Brico (Rosario), seguido por Santiago Luce (Mar del Plata) y Carlos Henríquez (Bahía Blanca).

En Modernas (automáticas), el triunfador fue Mario Guillermo Núñez (Mar del Plata), acompañado por Damián Gris (Mar del Plata) y Juan Ramón Fernández (Bahía Blanca).

Fuente: La Nueva.

Esta mañana en conferencia de prensa el fiscal Mauricio Del Cero detalló cómo avanza la causa en la que se investiga la desaparición de ampollas de fentanilo en el Hospital Municipal.

El pasado 30 de marzo se detectó el faltante de 25 ampollas del opioide y las autoridades del nosocomio radicaron la denuncia. Seis días después aparecieron las ampollas, pero vacías.

De Cero informó que el pasado jueves 27 de agosto, Policía Federal Argentina allanó tres viviendas y realizó requisas en el nosocomio.

Confirmó que son tres técnicos anestesistas, que presentan servicio en el Municipal, los que están siendo investigados y que se encuentran imputados en la causa.

Los allanamientos se concretaron en sus domicilios donde fueron secuestrados 11 teléfonos celulares. En el nosocomio, requisaron los casilleros que usan para guardar sus pertenencias mientras están trabajando.

La principal hipótesis que maneja la fiscalía es que el o los autores de la sustracción de las ampollas buscaron generar escándalo.

“Ocurrió en el momento en que se produjo también el escándalo por la muerte del médico anestesista del Hospital Italiano de Buenos Aires, conocido como Propofest. Y lo más llamativo de todo es que, tanto quien quiera sustraer eso para venderlo o para administrárselo como narcótico, no devuelve las botellas. Solamente podría devolver las botellas alguien que quiere que se sostenga el escándalo”, analizó.

Los tres técnicos anestesistas, indicó, estuvieron cubriendo los turnos, tanto el día en que se detectó el faltante (el 30 de marzo) como cuando aparecieron las ampollas vacías (el 6 de abril). Además, sumó que en diciembre de 2025 también se detectó el faltante de 4 o 5 monodosis de fentanilo, y volvieron a aparecer. “En esa guardia estaban de turno los técnicos ahora sospechados, imputados”, remarcó.

Fuente: Frente al cano.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 16 a debatir un proyecto de la oposición para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó el año pasado. Por primera vez el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, contestará preguntas. También lo acompañarán el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, ⁠Gianfranco Scigliano.

Antes de ocupar el cargo de secretario Nacional de Discapacidad, Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

En julio de 2025, distintos bloques de la oposición lograron aprobar la ley 27.793 que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero prorrogable por otro año. Luego el presidente Javier Milei vetó la norma alegando que no podía cumplirse sin romper el orden fiscal, pero el Congreso logró juntar dos tercios de los votos en ambas Cámaras para poder insistir con el proyecto.

El Gobierno perdió la batalla política pero mediante un decreto dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Sin embargo, finalmente la Justicia intervino y ordenó la inmediata aplicación de la ley, tal cual había sido aprobada.

La normativa creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, disponía un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, establecía una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

Ahora la oposición impulsa una ley para hacer efectiva la prórroga por un año que estaba contemplada en el proyecto original. El proyecto, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), busca extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclaran.

En ese sentido, exponen como principal argumento la reticencia del gobierno nacional a aplicar la normativa. “La ley 27.793 tuvo, en los hechos, una fracción mínima de la vigencia real que el Congreso quiso darle. Un veto, una traba en la promulgación, un intento de derogación presupuestaria, dos años de litigio y una intimación judicial mediante. Cada una de esas etapas fue tiempo perdido para las personas con discapacidad, y ese tiempo perdido es lo que la prórroga viene a recuperar”, señalaron.

La oposición también reclamó que organizaciones civiles puedan participar de la audiencia pero el oficialismo argumentó que esa posibilidad quedará abierta para futuras reuniones de la comisión. Desde la oposición aseguran que se trata de una maniobra para estirar la discusión, por eso mantienen la convocatoria a sesión para el 9 de septiembre en la que planean emplazar a las comisiones para obligarlas a dictaminar el proyecto en una fecha determinada.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, La Libertad Avanza ahora cuenta con más de un tercio del recinto por lo que un eventual veto del presidente Milei no podrá ser revertido por la oposición. “No importa, hay que ver si están dispuestos a pagar el costo político otra vez cuando ya se acercan las elecciones”, opinó un diputado dialoguista.