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Kicillof denunció al Estado nacional ante la Corte por eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Áxel Kicillof, a través de la Fiscalía de Estado, elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, al considerar que se hizo “de forma arbitraria e inconstitucional” y solicitó que se salde la deuda contraída durante los últimos cuatro meses.

Mediante una presentación, el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernan Gómez, solicitó que se declare inconstitucional el decreto 2024-192 a raíz de considerar que “derogó de manera arbitraria e inconstitucional el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) creado por el artículo 4 del Decreto N 735 del 9 de septiembre de 2020, con el objeto de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia”.

A su vez, en la presentación se solicita, como medida cautelar y hasta tanto se dicte sentencia definitiva, que se ordene al Estado Nacional a cumplir con el pago del saldo adeudado por los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero y febrero del presente año, relativo a este Fondo.

Asimismo, solicitó que “se suspendan los efectos del decreto y se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción de la asignación y distribución del FOFOBI”.

En cuanto al detalle de partidas, se informó que por el mes de noviembre de 2023 las partidas suman un monto de 11.164 millones de pesos; en tanto que en diciembre correspondían 33.676 millones de pesos; mientras que enero -que debía trasnferirse en los primeros 10 días del mes de febrero- contabiliza un monto de 43.959 millones de pesos.

En total, las partidas presupuestarías retenidas, según la demanda elevada por el gobernador Kicillof, alcanzan los 88.799 millones de pesos, a lo que debe incluirse el monto correspondiente al mes de febrero de este año, lo cual de acuerdo con la resolución N 524/20, se constituye con el 1,18% del monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2 de la Ley N 23.548.

En el marco de la presentación judicial, se reclamó la intervención del máximo tribunal, aduciendo a que “recientemente ha confirmado esta misma competencia en casos similares, que involucraron cuestiones relativas a coparticipación federal de impuestos”, citando como ejemplos los casos de Sante Fe, San Luis, Buenos Aires y CABA.

En relación al perjuicio causado en las arcas provinciales con esta medida del Gobierno nacional, se informó que la eliminación de este recurso afecta “el pago de los salarios del personal policial” y se sostiene que “el personal policial lleva a cabo una esencial tarea encargándose del arduo propósito de garantizar la seguridad de la población”.

Vale recordar que este lunes, el Gobernador Kicillof consideró que con esta medida Milei “somete al pueblo a un ajuste salvaje y se roba el recurso del pueblo de la provincia, porque no son recursos ni de un gobernador ni de un presidente, son recursos de la gente”.

Denunció que “el decreto 192 que de manera sorpresiva, arbitraria e intempestiva elimina el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia, es equiparable a varios de los recortes que están realizando estos días”.

También informó que “ese fondo se utilizó en primer lugar para recuperar sueldos de la Policía, comprar equipamiento y patrulleros, chalecos anti balas, formación y capacitación de la provincia de Buenos Aires” y consideró que “ese fondo no es para el gobernador, es par la seguridad de los bonaerenses”.

“También ese fondo esta vinculado a programas que fueron útiles y oportunos, y que es necesario continuar, como los comedores escolares”, dijo Kicillof, quien precisó que “este fondo afecta las plazas carcelarias, los centros de salud, los comedores y nuevas escuelas”.

Fuente: Telam.

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Los bancarios ratificaron el paro de este miércoles pero hay dudas sobre qué entidades se pliegan

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La Asociación Bancaria confirmó un nuevo paro nacional para esta semana, una medida que impactará en parte del sistema financiero y ya genera dudas entre clientes sobre la atención y los servicios disponibles.

Según informó el gremio mediante un comunicado, el cese de actividades se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo y se concretará durante las últimas tres horas de atención al público. Por el momento, no se precisó el alcance total de la protesta ni qué operaciones podrían verse afectadas. Por eso, almenos hasta esta hora los usuarios deberán chequear en cada caso si la sucursal a la que necesiten concurrir está operativa o no.

De acuerdo a lo anunciado por el sindicato conducido por Sergio Palazzo, la medida alcanzará específicamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario, en rechazo a decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades que, según denunciaron, perjudican a los trabajadores.

En el caso del Banco Central, La Bancaria cuestionó la decisión de cerrar 12 de las 21 tesorerías regionales del país, una medida que —advirtieron— podría derivar en la pérdida de 32 puestos de trabajo y afectar el funcionamiento de economías regionales.

El cierre implica un vaciamiento de funciones esenciales y tendrá un fuerte impacto social”, señalaron desde el sindicato, que ya había realizado una medida de fuerza el pasado 27 de abril por el mismo conflicto.

Desde el gremio también apuntaron contra el Banco Hipotecario, al denunciar un “cierre sistemático de sucursales” y despidos que consideran injustificados en distintas partes del país.

Rechazamos toda política de ajuste que implique pérdida de puestos de trabajo o deterioro de las condiciones laborales”, expresaron desde La Bancaria, al tiempo que advirtieron que se mantienen en estado de alerta y movilización.

Además, anticiparon que podrían profundizar el plan de lucha con nuevas medidas gremiales si no hay respuestas concretas por parte de las autoridades. “No vamos a permitir que estas políticas de ajuste recaigan sobre los trabajadores”, remarcaron.

Fuente: Agencia DIB.

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Congreso: el oficialismo busca apurar los cambios en el régimen de zona fría

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El oficialismo en el Congreso comenzará este miércoles a debatir el proyecto de ley que busca modificar el régimen de subsidios al gas natural por Zona Fría, que de prosperar impactará en el aumento de la tarifa de gas de unos 800.000 hogares de unos 80 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El plenario de comisiones de Diputados debatirá la polémica iniciativa que redefine los subsidios al gas en zonas frías, enviado días atrás por el Poder Ejecutivo. Se trata de una reforma sobre el esquema implementado en 2021, bajo el Gobierno de Alberto Fernández, que había ampliado el alcance del beneficio a más provincias.

La reunión conjunta de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda se realizará desde las 15, y contará con la asistencia de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, junto a otros funcionarios del área. La convocatoria buscará firmar el dictamen, ya que La Libertad Avanza tiene la intención de llevar este tema al recinto en una sesión pensada para el 20 de mayo.

Sin embargo, la suerte del despacho dependerá de la voluntad de los bloques dialoguistas, muchos integrados por legisladores de provincias que se vieron beneficiadas en 2021 con la ampliación del esquema. Cabe recordar que se pasó de 800.000 hogares a unos 4 millones y quedaron bajo este paragua municipios de quince provincias del país.

En lo que respecta al territorio bonaerense, son unos 90 los distritos que tienen descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas en las tarifas que pagan los usuarios. El proyecto según informó Agencia DIB, propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía a algunos municipios bonaerenses como, Patagones, Villarino, Puan, Tornquist, Saavedra, Dorrego, Pringles, Suárez y parte de Bahía Blanca), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Más allá de unos 800.000 hogares que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires, también hay otros 600.000 en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, lo que hace que los legisladores de allí jueguen un rol clave.

Saldar deudas con las distribuidoras de luz

El proyecto también aborda la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) e impulsa una millonaria compensación económica para las distribuidoras eléctricas, que tiene a Edenor y Edesur como principales beneficiarias.

El Ejecutivo propone en el articulado de la norma determinar las diferencias de ingresos que las empresas sufrieron debido al congelamiento tarifario y las leyes de emergencia, y que ese crédito en favor pueda servirles para saldar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).

Esta aplicará créditos para cancelar deudas de las distribuidoras por la compra de energía eléctrica, siempre que estén incluidas en acuerdos de pago de regularización. La iniciativa exige la renuncia a cualquier reclamo judicial o administrativo vinculado a la emergencia.

Cabe recordar que durante años y por decisión de gobiernos anteriores, las empresas distribuidoras no recibieron subsidios, los precios quedaron congelados y las tarifas no cubrían los costos y financiaron sus operaciones dejando de pagar a Cammesa. El nuevo mecanismo busca conciliar esas deudas con la energía no cobrada por el congelamiento tarifario, con un saldo que se estima favorable a las distribuidoras y que Cammesa cancelará mediante el pago de energía.

Fuente: Agencia DIB

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En Bahía Blanca y todo el país vuelven a marchar por la ley de financiamiento universitario

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A casi siete meses de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y en medio de una escalada del conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes y no docentes, organizaciones estudiantiles y distintos sectores políticos llevarán a cabo este martes una nueva Marcha Federal Universitaria.

El lema de esta movilización es “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”.

La marcha tendrá su acto central a las 17 en Plaza de Mayo y se replicará en distintas ciudades del país, entre ellas Bahía Blanca. Esta será la cuarta marcha federal desde el inicio de la gestión de Javier Milei y tendrá como eje el reclamo por la aplicación de la ley aprobada por el Congreso y todavía no ejecutada por el Poder Ejecutivo.

Como en el resto del territorio nacional, la convocatoria es para “toda la ciudadanía y toda la comunidad universitaria a marchar en defensa de la ciencia, la tecnología y la educación pública”, tal como señaló el decano de la facultad bahiense de la Universidad Tecnológica Nacional, Alejandro Staffa.

En el caso de nuestra ciudad, la convocatoria es a las 17 en la intersección de 11 de Abril y Avenida Alem, para allí marchar hacia el playón de la Universidad Nacional del Sur, donde se llevará a cabo un acto a partir de las 18.10.

“El sistema universitario sale nuevamente a la calle en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario”, agregó el directivo.

La convocatoria fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, que integran docentes y trabajadores no docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun). En Bahía Blanca es impulsada por la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica Nacional, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles.

Días atrás, el rector de la UNS, Daniel Vega, había señalado que “las leyes están para cumplirse” y que “la educación pública es un derecho, y para que miles de estudiantes puedan ejercerlo, el gobierno nacional debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.

“Las universidades nacionales atravesamos una situación crítica que afecta a docentes, no docentes y sobre todo a los más vulnerables: nuestros estudiantes. Cuando se afecta la calidad educativa por falta de recursos, también se está perjudicando el desarrollo del país y la calidad de vida de toda nuestra sociedad”, había señalado.

En Capital Federal la movilización comenzará a las 14 desde Plaza Houssay, en Córdoba y Junín, rumbo a Plaza de Mayo. En paralelo, la CGT concentrará desde las 15 en Diagonal Sur y Bolívar; las dos CTA lo harán desde Diagonal Norte y San Martín; mientras que el PJ nacional y el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera Axel Kicillof, convocaron para las 15.30 en Diagonal Sur y Perú.

Dos fallos judiciales contra el Gobierno

La nueva marcha universitaria llega en un clima de confrontación cada vez más abierto entre el oficialismo y el sistema universitario. El conflicto ya pasó por el Congreso, atravesó el veto presidencial, sumó fallos judiciales adversos para el Ejecutivo y terminó escalando hasta la Corte Suprema.

La ley de financiamiento universitario fue aprobada por el Congreso en 2025 y el veto de Javier Milei terminó siendo rechazado por los dos tercios de ambas cámaras. Sin embargo, el Gobierno suspendió su ejecución bajo el argumento de que la norma afecta el equilibrio fiscal.

La Justicia ya falló dos veces a favor de las universidades y ordenó aplicar la ley, aunque el Ejecutivo decidió apelar y llevar el caso a la Corte Suprema.

“No hay alternativa a una marcha: reclamás, dialogás, vas al Congreso, conseguís que se vote una ley, el Gobierno la veta; conseguís una mayoría muy difícil para rechazar el veto; conseguís dos fallos judiciales y el Gobierno sigue sin cumplir la ley. La única alternativa que queda es que la gente se movilice en todo el país”, dijo Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

El conflicto impacta sobre el funcionamiento cotidiano del sistema universitario. Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-Conicet, el gasto nacional destinado a educación superior cayó un 28,9% real entre 2023 y 2025 y este año podría terminar en el nivel más bajo de inversión universitaria de las últimas dos décadas.

La disputa también atraviesa los salarios. De acuerdo con el mismo informe, los docentes universitarios perdieron el 33,7% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

Gremios y sectores políticos se suman a la movilización

En Capital Federal, la marcha de este martes volverá a reunir a sectores sindicales, estudiantiles y políticos alrededor del reclamo universitario. La CGT llamó a movilizarse con el lema “Defendemos la educación, la ciencia y el futuro del país” y advirtió sobre “un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo capacidades estratégicas del Estado”.

“El Gobierno quiere destruir la universidad pública y tenemos que evitarlo”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional y referente del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que también confirmó su participación junto a gremios combativos, como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu y Conadu Histórica.

Desde el PJ nacional plantearon que “el peronismo siempre tuvo a la educación como pilar central” y convocaron “a todos los sectores a acompañar a la comunidad educativa”.

Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman llamó a movilizarse: “Como abogada me resulta más que evidente que el Gobierno tiene que cumplir con la ley de financiamiento votada y que sigue chicaneando con recursos para dilatar todo. A marchar, a ser miles, es la única forma de ganar esta pelea”.

La protesta se realizará además pocos días después de que el Ministerio de Capital Humano intimara a los rectores universitarios para que presenten planes de contingencia frente a los paros docentes y no docentes. La cartera que conduce Sandra Pettovello pidió precisiones sobre cómo garantizarán el dictado de clases y el acceso de los estudiantes “en un contexto de suspensión total de actividades académicas” en algunas universidades.

Fuente: La Nueva.

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