El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes una actualización de las tarifas eléctricas que implicará aumentos estimados de entre el 12 % y el 17 % en las facturas finales.

La medida quedó establecida a través de la Resolución N° 102, publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

La disposición aprueba el recálculo de los cuadros tarifarios de las distribuidoras Empresa Distribuidora La Plata S.A. (EDELAP), Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA), Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN) y Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES), que operan en las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur del territorio provincial.

Según detalla la resolución, la actualización incorpora los nuevos precios estacionales de la energía y la potencia en el mercado mayorista, así como los valores estabilizados de los servicios adicionales y de transporte. También incluye el recargo correspondiente al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación mediante la Resolución N° 22/2026.

Cambios en subsidios y cargos transitorios

La normativa provincial adapta además los cuadros tarifarios al Decreto Nacional N° 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y dejó sin efecto la segmentación por niveles de ingresos vigente desde 2022, unificando a los beneficiarios en una única categoría de usuarios residenciales con asistencia.

No obstante, ante la falta de implementación plena del nuevo padrón del ReSEF, se autorizó a las distribuidoras a recuperar las diferencias generadas entre el 16 y el 31 de enero de 2026 mediante el Cargo Transición Tarifaria (CTT).

En el marco del período de transición tarifaria, también se dispuso una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD) y de los cargos vinculados al Sobrecosto por Generación Local (SGL), el Agregado Tarifario (AT) y el propio CTT.

Fechas de aplicación

La resolución establece distintos momentos de entrada en vigencia:

• Los valores vinculados a los precios mayoristas nacionales rigen para consumos desde el 1° de febrero de 2026.

• La actualización del VAD y de los cargos asociados comenzará a aplicarse desde el 1° de marzo de 2026.

De acuerdo con la información oficial, el impacto estimado en la factura final será de entre el 12 % y el 17 %, según se trate de usuarios residenciales sin subsidio o con subsidio.

Como referencia, un usuario residencial sin subsidios y con consumo promedio pasará de abonar $46.100 mensuales a $52.000 con impuestos incluidos. En el caso de un usuario con subsidios, el monto estimado se incrementará de $28.500 a $33.300 mensuales.

Los aumentos se reflejarán en los consumos correspondientes a febrero y marzo, y tendrán impacto en las facturas que se emitan entre marzo y abril.

El recálculo de los cuadros tarifarios fue realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), en el marco de lo establecido por la Ley N° 11.769 y los contratos de concesión provinciales y municipales vigentes.

Fuente: La Nueva.

Hay dos espejos sobre los que se mira Jorge Macri para transitar este 2026 y proyectar el 2027, año en el que buscará revalidar su poder en la Ciudad de Buenos Aires con una reelección. Uno refleja la imagen de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, reivindicado por cierta parte de la dirigencia política argentina por su política dura en materia de seguridad y de control de la organización criminal Mara Salvatrucha. El otro, a su antecesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta, hoy legislador local.

El jefe de Gobierno porteño levantó su perfil en las últimas semanas y endureció su agenda pública bajo los conceptos “ley y orden”, el control del espacio público y la defensa de la propiedad privada, en un giro discursivo para disputar el voto libertario y reconquistar al electorado PRO que le dio la espalada en las elecciones intermedias que se realizaron en mayo del año pasado. Y su exposición en la apertura de sesiones de la Legislatura, prevista para el próximo lunes, a las 10, oficializará este nuevo tono de la gestión.

En los principales despachos de la sede de gobierno de la calle Uspallata, en Parque Patricios, recibieron en los últimos días un informe sobre el impacto de este cambio en el humor social. El resultado entusiasmó a Macri. “Jorgismo al estilo Bukele”, ironizó un importante funcionario.

Parte de ese estudio, según supo Infobae, remarca que “tras un inicio de gestión muy cuestionado, hoy se percibe que Jorge Macri ”arrancó” y que la Ciudad “recupera el rumbo PRO: más acción, más presencia y un gobierno que vuelve a hacerse cargo del espacio público”. En seguridad y orden, sostienen, está el avance “más claro y transversal”. En paralelo a esta agenda hay un ambicioso plan de obra pública. “La campaña ya está en marcha”, graficó un importante funcionario a este medio.

Hace dos semanas, el mandatario porteño pidió endurecer las penas tras los destrozos en el Congreso durante la sesión que terminó con la media sanción de la reforma laboral: “No son manifestantes, son delincuentes”, planteó en Radio Mitre. A su vez, destacó la necesidad de modificar el régimen legal en CABA: “No puedo contestarle a un delincuente organizado con una multa. Necesito que eso sea considerado delito y que tenga pena de detención”, insistió. Ya hay un proyecto presentado en el Parlamento. “Hay dos formas de contravención en la ciudad que tienen que pasar a ser delito. Una es esta: romper los bienes públicos de manera intencional. Y la otra, los trapitos, porque el trapito extorsiona y eso es una extorsión y tiene que ser delito penal”, agregó. Se prevé que insista en estos dos temas cuando se pronuncie ante el cuerpo legislativo.

El otro reflejo es Rodríguez Larreta. La visión más radicalizada del PRO califica al exjefe de Gobierno y excandidato presidencial como “tibio” ante determinadas problemáticas. Cerca de Macri aseguran que, por ejemplo, “era demasiado flexible” en su política relacionada con los asentamientos. “Era la mirada de (Juan) Grabois“, señaló a este medio un importante dirigente cercano al mandatario. Una crítica recurrente.

“Las villas si se urbanizan tienen una continuidad con el barrio, se acoplan al entorno. Acá están bien definidos los límites, eso no es urbanización, por eso fracasaron. Desarrollo social tiene una mirada integral sobre toda la ciudad y también sobre las villas, los servicios, la seguridad, las oportunidades. Hoy se está regulando la construcción, porque además que siguen creciendo son un riesgo edilicio. Trabajar sobre el orden y la seguridad del lugar también es parte de la política social, no solo es asistencialismo”, puntualizan desde el gobierno porteño.

Para Jorge Macri, este punto es fundacional de la nueva etapa, del giro para reconquistar a esa clase media que históricamente era votante PRO. “Cambió la decisión política en la Ciudad”, anunció el partido amarillo, a principios de este mes, en sus redes oficiales. El mensaje incluía una entrevista de Eduardo Feinman al Jefe de Gobierno.

“El modelo fracasó, el modelo de urbanización fracasó porque siguieron creciendo los asentamientos. Pero además, ¿dónde está la justicia para la clase media? ¿Sabes cuánto está pagando hoy alguien en alguno de nuestras villas o asentamientos o barrios populares? Ponele nombre, porque los eufemismos al final siempre describen lo mismo. Por un departamento de tres ambientes, cinco mil pesos por mes. ¿Y sabes cuál es el drama? Que además tal vez están dando vuelta y lo alquilan a 500, 600 mil mangos. Y afuera yo tengo un clase media que hizo todo bien, se esforzó, estudió y sigue alquilando porque nunca le tiraron un huesito, nunca le tiraron un centro. Entonces, ahí hay una injusticia. Y con el dinero que nosotros le hemos dado acceso a treinta o cuarenta mil personas en las villas, le hubiéramos permitido acceder a vivienda a cinco veces más personas de clase media”, remarcó en aquel momento.

“Qué bueno haberse ido de este PRO a tiempo, qué lástima que se haya perdido la fuerza democratizadora que Juntos por el Cambio alguna vez tuvo”, replicó en aquel momento María Migliore, exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Rodríguez Larreta, cargo al que renunció en agosto de 2023.

Nuevos focos y objetivos

Uno de los puntales del nuevo rumbo de la gestión son los desalojos. Según información oficial, en menos de dos años se restituyeron a sus legítimos dueños 593 propiedades, “lo que representa una cada 30 horas y equivale a US$ 300 millones”. Según informaron a Infobae desde el gobierno porteño, entre los inmuebles recuperados enumeran al edificio de 12 pisos conocido como el “Elefante Blanco” en Olazábal al 3400, Belgrano, “un esqueleto de tres cuerpos que estuvo usurpado medio siglo y que se va a transformar en una torre habitable de 140 departamentos”.

También, la Casa Blaquier, en el Casco Histórico porteño, desalojada en julio de 2025 tras 40 años tomada, y la denominada “Galería del Terror” en el centro comercial de Nueva Pompeya, Sáenz 1169, donde convivían unos pocos locales comerciales en la entrada con construcciones irregulares de viviendas de ladrillos en el centro de la galería.

En las últimas horas, a su vez, Macri anunció “una baja histórica del delito en la ciudad de Buenos Aires”. El video institucional fue explícito, un compilado de diversos operativos de seguridad, donde destaca uno en particular: un grupo de 20 detenidos, arrodillados, de espaldas y con las manos esposadas, ante la atenta mirada de efectivos policiales. “Nuestro mapa del delito indica que en el 2025 bajamos todos los delitos; los homicidios, el robo automotor y el robo con arma armadas están en el nivel más bajo de la historia de CABA”.

“Donde antes había desorden, hoy hay circulación. Donde había aprietes, hoy hay comercio formal. Donde reinaba la ilegalidad, hoy hay reglas claras. Si ponemos en línea todas las cuadras que hemos liberado, es equivalente a 68 kilómetros de manteros. Llegaban desde acá hasta La Plata o desde acá hasta Luján, para que tomemos dimensión del nivel de desorden que había”, sostuvo Jorge Macri.

Para el peronismo, este cambio discursivo “oculta una ineficiencia enorme”. “Él hoy dice, ‘bueno, yo no voy a tener ninguna política de urbanización de villas, voy a tener políticas para la clase media’. Bueno, ¿qué nuevas políticas tenés? Seguramente en marzo va a anunciar alguna línea de crédito en el Banco Ciudad, me imagino, para la clase media, pero eso no es una política de vivienda en serio. Creemos que hay que discutir cómo incentivar que haya más viviendas para alquile, y discutir formas novedosas”, señaló a Infobae Claudia Neira, presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires.

El peronismo, a su vez, puso sobre la lupa todos los anuncios oficiales en relación a los desalojos. “Hay algunos casos que vienen judicializados hace mucho tiempo, que claramente tienen que tener una definición; tiene que intervenir la justicia y no desalojar, sino generar causas penales y actuar con toda la fuerza de la justicia penal, porque si hay delito, tiene que haber justicia penal. Luego, que se defina la orden de desalojo con todas la de la ley. Nos parece peligroso que se use una herramienta, que es excepcional, que es la del desalojo administrativo”, planteó otro legislador peronista.

En un escenario signado por la reorganización interna y la tensión política, treinta y dos municipios de la provincia de Buenos Aires se preparan para una contienda clave dentro del Partido Justicialista (PJ). La reciente alianza entre el gobernador Axel Kicillof y el sector liderado por Máximo Kirchner permitió consolidar una conducción unificada en la provincia, pero no logró aplacar las disputas locales. A pesar de la oficialización del acuerdo para las nuevas autoridades, una parte significativa del territorio bonaerense dirimirá sus diferencias en las urnas, con la mirada puesta en el impacto de estos comicios en el futuro del peronismo.

La junta electoral partidaria recibió una cantidad inusual de listas, lo que anticipa enfrentamientos intensos en varias localidades. El plazo para la inscripción cerró en medio de negociaciones fallidas y acuerdos parciales; ahora, la junta avanza con el cronograma electoral y tiene este jueves el plazo para recibir impugnaciones.

Un ejemplo es General Pueyrredón, donde se inscribieron tres alternativas: una impulsada por el espacio de Fernanda Raverta, otra promovida por el diputado Gustavo Pulti y una tercera abanderada por el exlegislador Rodolfo “Manino” Iriart. En este distrito, el peronismo actúa como oposición frente a la administración interina de Agustín Neme, quien asumió tras la licencia de Guillermo Montenegro al ingresar al Senado bonaerense. La fragmentación local refleja la dificultad del PJ para articular una estrategia común en territorios donde no ejerce el gobierno.

Otro de los distritos donde se focaliza la atención es San Miguel, donde la interna trasciende la lógica partidaria y se mezcla con factores extrapartidarios. El candidato Santiago Fidanza cuenta con el respaldo de sectores sindicales y de la barra brava de Racing Club. El apoyo de Leandro Paredes, jefe de “Los Pibes de Racing”, suma un componente adicional de conflictividad. Paredes fue detenido por la Policía Bonaerense tras hallarse en su domicilio un arma de fuego, dinero en efectivo y pruebas vinculadas a hechos de violencia en el fútbol.

Su implicancia en una emboscada a seguidores de Deportivo Cali en 2022, así como su presencia en actos políticos, evidencian la persistencia de la influencia barrabrava en disputas municipales. Fidanza competirá con Juan José Castro, quien conduce actualmente el PJ local y reporta al gobernador Kicillof, y contra Héctor Fernández, del kirchnerismo.

En el caso de municipios controlados por el oficialismo peronista, la aparición de alternativas internas desafía abiertamente la autoridad de los intendentes en funciones. En Moreno, la jefa comunal Mariel Fernández, quien además ocupa la vicepresidencia del PJ nacional, deberá enfrentar a una lista impulsada por el sindicalista Walter Correa. En Luján, el intendente Leonardo Boto también enfrentaría competencia directa, salvo que la junta partidaria decida intervenir y limitar el acceso de las listas opositoras a la elección. Una dinámica similar se observa en Lanús y Morón, donde se oficializaron tres y dos listas respectivamente.

La dispersión de candidaturas también alcanza a localidades como Tigre, Baradero, Colón, Presidente Perón, La Costa, Roque Pérez, Marcos Paz, General Rodríguez, Ramallo y Bragado, donde la falta de consensos internos obligó a instrumentar elecciones. Otras jurisdicciones, incluidas Saladillo, 25 de Mayo, Zárate, Magdalena, Chivilcoy, Lincoln, 9 de Julio, Alsina, Lobería, Pergamino, San Miguel, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Balcarce y Tornquist, tampoco lograron listas únicas, profundizando la tendencia hacia una mayor fragmentación.

El proceso interno se desarrolla en paralelo a una coyuntura nacional compleja para el peronismo. El bloque de diputados opositores no logró impedir la aprobación de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, pese a la resistencia de sectores kirchneristas y la fractura expuesta por el apoyo de algunos gobernadores del interior, como los de Tucumán y Catamarca. La dirigencia alineada con Cristina Kirchner cuestionó abiertamente a estos mandatarios, calificando como “traición” su respaldo a las reformas.