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Kicillof prepara su proyecto de ley para regular el trabajo de aplicaciones en PBA

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prepara un proyecto de ley para otorgar un marco normativo a los trabajadores de aplicaciones en el territorio bonaerense. La iniciativa va en sintonía con la presentada por el diputado nacional Hugo Moyano (h) semanas atrás y busca que las empresas se hagan cargo del pago de los seguros de los vehículos, presenten un registro de sus trabajadores y demás responsabilidades. La autoridad de aplicación será el ministerio de Trabajo bonaerense aunque aclaran que es para garantizar acceso a seguridad, salud y servicios”, aunque “con un enfoque no punitivo”.

Kicillof había adelantado el envío de un proyecto de estas características cuando abrió las sesiones ordinarias a principios de marzo. Ahora, casi tres meses después, la iniciativa se encuentra en su etapa de revisión final antes de que el Ejecutivo lo gire a la Legislatura bonaerense.

“Hoy en día, estas empresas de aplicaciones no plantean absolutamente nada. Hay una ausencia total del registro de trabajadores. Nosotros lo que exigimos es el cumplimiento de este registro por parte de las empresas”, planteó este lunes el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa.

Entre los distintos puntos, lo que busca la iniciativa es generar un registro de trabajadores, que las empresas de aplicaciones -en el caso de las de delivery- cubran los seguros y coberturas médicas de sus trabajadores en caso de siniestralidad. También propone dotar de botones antipánico a los trabajadores para utilizar en situaciones de emergencia, ya sea en caso de accidente o de inseguridad. Se contempla que esos dispositivos den alerta inmediata tanto al ministerio de Salud como de Seguridad.

Otro punto a atender son las llamadas tiendas de abastecimiento de dichas aplicaciones. Correa adelantó que el proyecto plantea fortalecer los controles de parte de su cartera ministerial en centros de distribución y almacenamiento. Buscan darle con georreferenciación de puntos y así asegurar “condiciones dignas tanto para trabajadores internos como para repartidores”.

La semana pasada, Correa participó de la presentación de un proyecto de ley de similares características al que promoverá para el territorio bonaerense. Se trata de la iniciativa con impacto nacional que impulsó el diputado del peronismo Hugo Moyano (h), y tiene la firma de los diputados Victoria Tolosa Paz, Santiago CafieroJorge TaianaHugo Yasky, Juan Marino y Sabrina Selva.

Esa iniciativa, cuya presentación oficial fue en la Casa de la Provincia, establece un régimen especial que reconoce la existencia de una relación laboral entre quienes trabajan a través de plataformas digitales y los administradores de esas plataformas, fijando derechos, obligaciones y estándares diferenciados para la protección de trabajadores en un sector caracterizado por la precarización y la gestión algorítmica.

Así como lo planteó Correa este lunes para el proyecto de aplicación al territorio bonaerense, la normativa responde a desarrollos internacionales, fallos judiciales y la necesidad de superar vacíos legales ante tecnologías que alteran la naturaleza tradicional del vínculo laboral, garantizando transparencia, equidad salarial, seguridad, acceso a información y libertad sindical.

El texto que lleva la firma de Moyano presume la existencia de un contrato de trabajo entre trabajador y administrador de plataformas digitales, más allá del nombre o modalidad contractual adoptada.

Requiere transparencia en algoritmos, sistemas de asignación y métricas, así como derecho del trabajador a recibir explicaciones escritas y revisión humana de decisiones automatizadas relevantes.

También establece remuneración mínima garantizada, estándares de jornada laboral flexibles bajo límites legales, equipamiento provisto por la plataforma y protección ante represalias por rechazar tareas. Impone obligaciones estrictas sobre datos personales, reputación digital, uso de geolocalización dentro de la jornada y prohibición de tratamiento de información sensible sin motivo legal justificado.

Hay un punto atendible, que en el Ejecutivo reconocen y es que la ley de Reforma Laboral quita el poder de policía a las Provincias para la aplicación de una iniciativa de estas características. “Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una Constitución. Tenemos el artículo 39 que salvaguarda los intereses y derechos de los trabajadores. Así que ante la deserción y la expulsión de esa concepción de trabajador del Gobierno Nacional en esta pseudomoderización laboral, la provincia de Buenos Aires, conforme a las recomendaciones de OIT, hace lo que corresponde en términos de derechos de los trabajadores y las trabajadoras por medio de plataformas”, remarcó el ministro de Trabajo de Kicillof para plantear que el estado provincial sí puede intervenir en relaciones contractuales de este tipo.

No es la primera vez que el peronismo busca interceder en la dinámica de las aplicaciones y sus trabajadores. En 2023 fue el entonces senador provincial por el peronismo, Omar Plaini, quien había empujado un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las apps de delivery. Logró que pase el Senado, pero se trabó en Diputados.

Ahora, el Ejecutivo aguarda que la Legislatura provincial termine de conformar las comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados de la provincia para elevar la iniciativa. La reciente conformación de las comisiones en el Senado determinó que la comisión de Trabajo y Legislación Social-una de las cuales en las que indefectiblemente se discutirá el tema- quede bajo control del kirchnerismo, bajo la figura de la senadora María Rosa Martínez, que retiene la presidencia de dicho ámbito.

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La crisis de la yerba mate golpea a Misiones y crece la preocupación en el sector: “Es inviable seguir así”

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La industria yerbatera de Misiones enfrenta una situación crítica por la desregulación del mercado, la caída abrupta en el precio de la materia prima y la concentración económica en grandes empresas. La crisis afecta directamente a productores, quienes aseguran que venden por debajo de sus costos de producción. El conflicto engloba a unas 50 mil familias y pone en riesgo la estabilidad de uno de los sectores clave para la economía provincial.

Julio Peterson, productor yerbatero de la tierra colorada explicó, en diálogo con Infobae Al Amanecer, que, en la actualidad, el costo de producir un kilo de hoja verde asciende a $435, mientras que los compradores ofrecen $260. “Es inviable seguir así”, señaló. La brecha entre los costos y el precio que reciben generó que muchos pequeños productores y cooperativas no puedan sostener su actividad.

El reclamo de los productores surge tras el DNU 70/2023 emitido por el Gobierno de Javier Milei donde, se le sacó al Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) la facultad de regular los precios y de intervenir en el mercado. Es decir, dejó de decidir cuánto se paga por la yerba y pasó a que el precio lo definan directamente las empresas y el mercado. Según destacó el productor, esto fortaleció a las grandes empresas y provocó una fuerte caída en lo que cobran por la materia prima.

La actual estructura del mercado está marcada por el dominio de dos grandes empresas: Playadito y Las Marías, que concentran el 48% de la molienda nacional. “El resto se maneja en las pequeñas industrias. ¿Qué es lo que hacen ellos? Provocan, con el poder económico que tienen, la necesidad que tenemos nosotros de poder vender. Nos asfixian ante la necesidad del empobrecimiento y nos ofrecen precios irrisorios”, sostuvo Peterson.

De acuerdo con el productor, “históricamente, nosotros recibíamos entre el 10% y el 15% de lo que ustedes pagaban un kilo de yerba en góndola. En este momento estamos en el 3%”. Esta situación llevó a que las cooperativas quedaran al borde del colapso financiero, presionadas por precios bajos en la cadena de comercialización y la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones.

Relación con el Gobierno nacional y reclamos del sector

Peterson describió que, a diferencia de otros contextos políticos, la actual administración nacional se mantiene distante y no ofrece soluciones concretas. “Es el primer gobierno que se basa en excusas. Es el primer gobierno que vas a Buenos Aires, no trae soluciones y lo único que hay es vacío. No hay solución, no hay respuestas concretas”, sostuvo.

En ese sentido, las asociaciones de productores presentaron una demanda judicial para que la Justicia federal evalúe la derogación del artículo del DNU que eliminó la fijación del precio por ley. El objetivo es restablecer un precio de resguardo oficial que cubra los costos de producción y brinde previsibilidad a los productores.

Dimensiones económicas y pérdidas del sector

La industria representa la segunda economía más importante de Misiones. Según Peterson, el volumen de producción ronda los mil millones de kilos de hoja verde anuales. A precios actuales, esto equivale a unos $250 mil millones. “Solamente el año pasado perdimos más de $80 mil millones en nuestra economía, la parte agricultora. Más de $80 mil millones”, remarcó el productor.

La desregulación, lejos de mejorar los precios al consumidor, provocó un alza en las góndolas y una reducción drástica de ingresos para los productores y trabajadores yerbateros. “El kilo de yerba hoy debería estar $500. El kilo de yerba de hoja verde está a $250, provocado por una desregulación, pero el paquete ha subido dos veces la góndola”, indicó Peterson.

Exportaciones, consumo interno y migración laboral

Pese a la crisis local, la exportación creció año a año. No obstante, el consumo interno muestra una baja, atribuida a la situación económica del país. “El trabajador, la clase media adquisitivamente está mal”, explicó el productor misionero.

Un aspecto alarmante de la crisis es el éxodo de mano de obra hacia Brasil. Más de 10 mil trabajadores migraron al país vecino y, de ellos, solo unos 2 mil regresaron a Misiones. “Hay más de ocho mil trabajadores nuestros que se fueron y no volvieron más”, precisó Peterson. El fenómeno afecta principalmente a trabajadores calificados en el rubro yerbatero y profundiza el problema social en la provincia.

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Victoria Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno y cuestionó la compra de un avión

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En otro acto que refleja las diferencias internas, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó la decisión del Gobierno nacional de comprar un avión para la Fuerza Aérea a través de una operación ejecutiva por el Ministerio de Defensa y señalada por presuntas irregularidades, sobreprecios y falta de transparencia. A través de su cuenta de X, Villarruel tomó distancia y criticó además los desmanejos en la obra social del personal militar y los sueldos bajos del sector.

Gravísimo, varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?“, se preguntó en un mensaje que respondió una nota de Clarín que informaba las irregularidades del caso.

Los señalamientos de la titular del Senado son contra el ministro de Defensa, Carlos Presti, pero alcanzan además al presidente Javier Milei con el que cortó vínculo desde hace meses y quien la señaló en varias oportunidades como “traidora”.

Lo cierto es que el nuevo contrapunto marcado por Villarruel tuvo lugar luego de que se conociera la investigación periodística que detectó irregularidades en la compra de un Embraer ERJ-140LR. La investigación plantea que la aeronave, que se encuentra en malas condiciones, costó US$4.085.000 mientras que la cotización de otros modelos similares rondaban en US$2.300.000.

Asimismo, consigna que el presupuesto había sido de 3,9 millones de dólares, apenas por debajo del límite que obliga a la fuerza a requerir la autorización de la cartera, y precisa además que el proceso estuvo marcado por irregularidades, plazos exprés y acciones que apuntaban a favorecer a un único proveedor. No es la primera compra observada, desde el 2021 se detectaron anomalías en otras cuatro adquisiciones: un Boeing 737-700 (matrícula T-99), un Saab SF-340 (matrícula T-34) y dos Embraer ERJ-140LR (matrículas T-95 y T-96).

Por su parte, el exministro Luis Petri también se expidió sobre el tema y garantizó que denunció el hecho a finales del año pasado. “Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy”, planteó desde su cuenta de X, y sumó: “Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa”.

Tras el desmarque de la titular del Senado, varios usuarios cuestionaron sus dichos y reclamaron que radique la denuncia por las irregularidades del caso en la justicia. “Todas cuentas con pocos usuarios. Nunca pensé que iban a defender lo indefendible. Nada más casta que eso”, arremetió.

Hace algunos días, la Vicepresidenta acusó a Petri de haber tenido un “paso fraudulento” por el ministerio que originalmente el mandatario le había prometido que manejaría, cuando todavía eran fórmula presidencial. Además, lo responsabilizó por el deterioro salarial que padecen los efectivos de las Fuerzas Armadas y el deterioro de IOSFA, la obra social del sector.

“El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la obra social que atiende a los militares y sus familias”, supo expedirse también en X.

Como contó este medio, la Obra Social de las Fuerzas Armadas no solo registra una compleja situación financiera sino que, además, desde hace una semana cuenta con un nuevo titular luego de que Sergio Maldonado presentara la renuncia.

Actualmente, el designado fue el General de Brigada, Pablo Guillermo Plaza, cambio que se encuentra formalizado en las disposiciones del DNU N° 88/26, que dividió la obra social en dos: por un lado, las prestaciones al personal de seguridad, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, y por el otro, las del personal militar que responde a la cartera que lidera Presti.

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Santiago Caputo: “Llegue acá con el Presidente, me iré cuando él disponga”

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En medio de la interna libertaria que se destapó el fin de semana entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una reciente publicación en la red social X aumentó la tensión.

“Llegue acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”, reafirmó Caputo en el párrafo que escribió este lunes por la noche. El tuit, difundido a través de la cuenta que suele atribuírsele, mostró una señal directa en medio de la disputa que involucra al sector que responde a la hermana del presidente, Karina Milei.

“Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de @JMilei”, aseguró Caputo, quien alguna vez formó parte del “triángulo de hierro”. Y continuó: “Me importa poquísimo quien se ofende en el proceso. Llegue acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez. Gracias por su atención!”, concluyó.

La disputa escaló luego de que Caputo asociara públicamente a Menem con una cuenta anónima de X —@PeriodistaRufus, actualmente desactivada— que operaba como fuente de críticas hacia el propio Gobierno. La cuenta, que en ocasiones anticipó anuncios presidenciales y emitió cuestionamientos dirigidos a la secretaria general de la Presidencia, habría difundido contenido que, para el círculo del consultor político, solo podía provenir de alguien con acceso directo a información de la Casa Rosada.

El episodio con la cuenta dejó al descubierto la magnitud de la interna. Por un lado, se encuentran Las Fuerzas del Cielo, el grupo que responde a Caputo y que concentra la militancia digital a través del canal de streaming Carajo. En la vereda opuesta, los denominados “karinistas”, que han ocupado progresivamente cargos claves en el oficialismo y entre quienes figura Menem.

Fuentes cercanas al entorno al riojano atribuyeron el episodio a un error involuntario. Afirmaron que un integrante de su equipo, al tener la cuenta abierta, compartió un enlace que llegó a la mencionada red social. “No planean expedirse públicamente sobre el episodio en estos días”, señalaron desde ese sector. No es la primera vez que surgen sospechas similares, aunque en ocasiones anteriores no destaparon consecuencias políticas o al menos no se notaron.

Mientras la cuenta @PeriodistaRufus continuaba desactivada, el conflicto continuó creciendo puertas adentro del oficialismo. Según pudo saber Infobae, el tema llegó rápidamente a la mesa política libertaria.

El domingo, Menem optó por comunicar a través del grupo de WhatsApp de los diputados nacionales de LLA su versión sobre lo sucedido. En su mensaje, admitió que ocurrió “un error involuntario del CM” (community manager) responsable de su cuenta de Instagram y planteó que el hecho estuvo motivado por una intención de perjudicarlo en el ámbito político.

“Hola, buen día. Quería comentarles un episodio de ayer que circuló en las redes”, fue el inicio del mensaje que envió el presidente de la Cámara baja sobre el episodio que había comenzado el sábado. Luego explicó: “La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionadas y que nos odia como gobierno”.

“Lo único importante del link es que tiene mi nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante”, escribió al tiempo que intentó explicar el episodio: “El link de IG copiado y pegado, y luego abierto desde Safari o Google, aparecerá siempre ‘de Martín Menem’. ¿Qué quiero decir con esto? Que se podría haber multiplicado hasta el infinito y siempre aparecería mi nombre”.

El trasfondo político de esta disputa incluye una serie de episodios previos. Las tensiones entre los sectores de Caputo y Menem se intensificaron desde el año pasado, cuando Las Fuerzas del Cielo cuestionaron la confección de las listas nacionales y bonaerenses. Es una pelea que ya había tenido capítulos previos vinculados al armado territorial, y de las listas bonaerenses de La Libertad Avanza.

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