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Kicillof se pliega a otras provincias para reclamar fondos y denunciar que Luis Caputo le frena obras

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El gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció en las últimas horas que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, bloqueó el financiamiento de obras a través de créditos internacionales que la gestión de Axel Kicillof tiene comprometidos con distintos organismos, pero que para su ejecución, requiere del aval de la gestión de Javier Milei. El pedido va en consonancia con lo que vienen reclamando otras provincias, como Córdoba, Santa Fe y las del Norte, que ponen el foco en la coparticipación.

El lunes, el ministro de Infraestructura bonaerense y ex funcionario de esa área en la órbita nacional durante la presidencia de Alberto Fernández, Gabriel Katopodis, detalló los proyectos que esperan aprobación de Nación. Hay préstamos que vencen este año y, para su prórroga, deben tener el aval de Nación; obras que tienen la anuencia de organismos, pero también requieren el ok de Economía; y otras a través de créditos que vencerán en 2027 y deberán ser renovados. El conjunto de grandes obras de infraestructura hídrica y saneamiento previstas para la provincia de Buenos Aires representa una inversión que supera los 1.100 millones de dólares, según los montos estipulados para seis proyectos principales, sin contar el Túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos aliviadores.

Cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que atraviesa los municipios de Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. Es una obra que, además, se ha metido en la discusión interna del peronismo y que tiene a la diputada provincial e intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, como una de las puntas de lanza y buscando financiamiento internacional.

De hecho, esta semana, Mendoza se encuentra en Marruecos en el marco del Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, donde explicará el impacto que tiene sobre los municipios la obra de la cuenca de los arroyos en cuestión. Alcanza 1 millón de habitantes, de los cuales 335.289 pertenecen al partido de Quilmes. La legisladora ha sostenido en diversos ámbitos que el plan incluye obras de gran escala como la canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Desde Quilmes plantean que “para avanzar, se necesita financiamiento sostenido y decisión política”, y que en eso se encuentra la legisladora. Meses atrás, Mendoza viajó al Foro Urbano Mundial de la ONU en Bakú, Azerbaijan, donde también buscó financiamiento para la obra.

Además de ese proyecto, entre las iniciativas por las que, según Buenos Aires, no hay autorización del gobierno nacional, aparecen la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la Región Capital, el acueducto Parque San Martín en La Plata, la ampliación de la capacidad del río Salado y la ejecución de intervenciones hidráulicas en distintos municipios, además de la nueva planta potabilizadora y las obras en la cuenca del río Luján. La concreción de estos proyectos depende de la aprobación y prórrogas de financiamiento internacionales que requieren el aval del Gobierno nacional. “Hay una situación que nos preocupa mucho y que es la falta de aprobación y de avales por parte del Gobierno nacional para muchas de estas obras que necesitamos ejecutar. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispone de fondos del tesoro provincial, pero también de créditos internacionales, de créditos con organismos multilaterales. Esos créditos requieren, por ley, por protocolos internacionales y procedimientos internacionales, de avales por parte de la Nación. No necesitamos ni la plata ni los recursos de la Nación, —que definitivamente ya después de casi tres años estamos seguros de que no vamos a contar con esos recursos—, pero sí necesitamos de avales que nos permitan poder ejecutar muchas de estas obras”, planteó Katopodis en las últimas horas.

“Es una situación que solo el Gobierno nacional aplica de manera excepcional, discriminatoria y arbitraria a la provincia de Buenos Aires”, planteó el funcionario del gobierno de Kicillof, puntualizando que el Gobierno Nacional aprobó créditos internacionales en distintas provincias para obras de infraestructura vial, agua potable, desarrollo territorial y productivo en 10 provincias, pero que Buenos Aires no entró en ese esquema que equivale a USD 1.973 millones.

Autorizaciones para financiamiento

Desde el gobierno bonaerense dejaron correr que entre 2024 y 2026, el gobierno nacional sí autorizó créditos internacionales en otras provincias excluyendo a Buenos Aires. Mediante decretos de garantía y contragarantía se habilita a distritos como Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones a comprometer avales estatales para obtener fondos destinados a infraestructura, desarrollo productivo y mejoras en servicios esenciales. Entre los proyectos destacados, Salta recibió autorización para el Programa de Desarrollo Productivo y Exportador, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un monto de USD 50 millones. Entre Ríos fue habilitada para acceder a USD 40 millones a través del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). En Jujuy, el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE II) obtuvo el aval nacional para gestionar USD 60 millones.

El gobierno nacional también concedió garantías para iniciativas interprovinciales, como el Acueducto Santa Fe–Córdoba, que cuenta con financiamiento del Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD) por 375 millones de riyales saudíes. Neuquén fue autorizada para el Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial, con un aporte de USD 100 millones, y Chaco recibió el aval para el proyecto vial sobre la Ruta Provincial N° 13, por USD 33,4 millones. En 2025 y 2026, el Ejecutivo nacional amplió las autorizaciones. Río Negro obtuvo el respaldo para dos programas: uno de desarrollo territorial por USD 140 millones y otro de emergencia y recuperación en El Bolsón por USD 5 millones. Mendoza fue habilitada para un plan de optimización de los servicios de agua potable, con USD 75 millones de FONPLATA.

Córdoba recibió el aval para la refuncionalización del sistema de agua potable de la capital provincial, también con financiamiento de CAF por 75 millones. Santa Fe accedió a recursos para el fortalecimiento de la actividad deportiva urbana y para la logística metropolitana del Gran Rosario, ambos por USD 75 y USD 150 millones respectivamente. Misiones obtuvo autorización para mejoras en infraestructura eléctrica por USD 75 millones, y Entre Ríos para el desarrollo agroalimentario, incluyendo un enfoque en la agricultura familiar y el sector apícola.

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Jornada solidaria de la Fundación Sí a beneficio de merenderos y comedores

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añana miércoles se desarrollará una jornada solidaria en distintas ciudades del país, entre ellas Bahía Blanca, a beneficio de merenderos y comedores organizada por la Fundación Sí.

Griselda Larsen informó en Radio Altos que mañana de 8 a 20 horas en San Martín 450 recepcionarán:

  • Alimentos no perecederos
  • Pañales para adultos y niños
  • Artículos de higiene personal y para el hogar
  • Ropa de blanco
  • Calzado limpio y en buen estado

Recordó que la presencia de Fundación Sí en Bahía Blanca comenzó tras la emergencia provocada por el temporal y la inundación de marzo de 2025.

“Desde entonces, el vínculo construido con vecinas/os y voluntarias/os locales se transformó en un trabajo comunitario que continúa más allá de aquella emergencia”, destacaron desde la organización.

Y remarcaron que la Misión Solidaria propone seguir fortaleciendo esos vínculos y acompañar a quienes todos los días sostienen espacios comunitarios fundamentales para muchas familias de nuestra ciudad.

Fuente: Frente al cano.

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El gobierno municipal suma una nueva agencia: Regulación, Control y Habilitaciones

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El gobierno municipal comunicó que creó una nueva Agencia de Regulación, Control y Habilitaciones. La medida se da, precisaron, en el marco de un proceso de reordenamiento normativo general que en la etapa actual comprende la revisión de las normas y los procedimientos vinculados con las habilitaciones y la fiscalización municipal.

La iniciativa comprende la actualización de los códigos de Habilitaciones y de Edificación y la integración de áreas municipales en la flamante agencia.

Según se adelantó, una de las tareas a cargo será la revisión integral de la normativa vigente y el envío al Concejo Deliberante un proyecto de nuevo Código de Habilitaciones, en reemplazo del actual, vigente desde 1993, y una propuesta de nuevo Código de Edificación, para actualizar un marco normativo que tiene 58 años de antigüedad.

“Estas modificaciones buscan adecuar las reglas a las necesidades actuales de la ciudad y acompañar el desarrollo de las actividades comerciales, industriales y de servicios con procedimientos más claros, modernos y previsibles”, explicaron.

Así las facultades municipales de habilitación y control se unificarán en la mencionada agencia que estará a cargo del abogado Javier Prenassi, quien viene desempeñándose como subsecretario de Prevención, Enlace y Comunicación.

Esta nueva estructura tendrá a su cargo la gestión de las habilitaciones comerciales e industriales y la actualización de los procedimientos, además de las tareas de verificación, inspección y fiscalización.

Aclararon que la integración permitirá coordinar áreas que en la actualidad dependen de distintas estructuras municipales, ordenar los circuitos administrativos y fortalecer la capacidad de respuesta. A su vez, favorecerá una planificación conjunta de los controles para garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y salubridad exigidas para cada actividad.

“Integración, profesionalización y ordenamiento son los ejes de esta transformación, parte de una mirada más amplia: recuperar la capacidad del Municipio para orientar el desarrollo de Bahía Blanca. Un proceso que requiere revisar reglas y prácticas heredadas, construir acuerdos y tomar decisiones que respondan al presente y permitan proyectar el futuro de la ciudad”, enfatizaron desde la comuna.

Fuente: Frente al cano.

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El Municipio se ajustó a una ley provincial y habilita loteos sin contar con la prefactibilidad de ABSA

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El Municipio de Bahía Blanca se ajustó a los requisitos de la Ley provincial 8912 que habilita lotear terrenos sin contar con la prefactibilidad de ABSA. Así se pueden subdividir terrenos, siempre y cuando, se cuente con la aprobación de la Autoridad del Agua para realizar perforaciones.

La Ley 8912 es la norma principal que regula el ordenamiento territorial y el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo en la Provincia de Buenos Aires. Fue promulgada el 24 de octubre de 1977.

El desarrollador inmobiliario Gonzalo Cos explicó esta mañana en diálogo con Radio Altos que Bahía Blanca no se ajustaba a la norma provincial y por ese motivo no se podía avanzar en loteos si no se contaba con la prefactibilidad de la prestadora del servicio de agua potable.

La norma contempla que si el ADA lo autoriza, se puede realizar una perforación para contar con agua, y así poder lotear. “Totalmente legal y totalmente lícito”, remarcó.

Aclaró que salvo nuestra ciudad, el resto de las localidades bonaerenses sí se ajustaban a la ley. Consideró que los gobiernos anteriores no lo hicieron por negligencia.

En ese punto, destacó cómo muy positivo que la gestión de Federico Susbielles haya tomado el reclamo y decidiera comenzar a habilitar loteos contando con la aprobación del ADA para poder realizar una perforación, en caso de no obtener la prefactibilidad de ABSA.

Explicó que en la actualidad no solo es muy sencillo sino que relativamente accesible contar con una pequeña planta de ósmosis inversa domiciliarias para tratar el recurso que se obtiene de una perforación.

“Era inentendible que en Bahía no se adopte este sistema. La Provincia no entendía por qué no lo hacía. La actual gestión municipal entendió que, como se hace en todos lados, también se podía hacer acá”, subrayó.

Por último, Cos expuso la importancia de esta decisión para poder reactivar los loteos sociales que están paralizados por no contar con la prefactibilidad de ABSA.

Fuente: Frente al cano.

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