La primera semana del período de sesiones extraordinarias fue compleja para el Gobierno, que no solo vio frustrados sus planes de incluir el capítulo XI al Presupuesto 2026, sino que tensó su relación con el PRO, uno de sus principales aliados legislativos. Sin embargo, en Casa Rosada desestiman la magnitud del enojo que expresa el jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo, quien presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la designación de los tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), y descartan que peligre la coordinación conjunta en la Cámara de Diputados.

“No existe, no hubo, ni va a haber ningún problema con el Partido Republicano”, plantearon desde La Libertad Avanza a Infobae. Lo cierto es que luego de la polémica sesión del miércoles en la que Ritondo se mostró abiertamente en disconformidad con la decisión del oficialismo de nombrar a Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti al frente de la AGN, se activaron una serie de contactos para intentar contener y conformar al diputado.

En la misma línea, una importante voz del Poder Ejecutivo descartó un acuerdo con la oposición y justificó el movimiento que instrumentó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el que dejó afuera a Jorge Triaca, el candidato del PRO para el cargo. “Lo que se votó es lo que corresponde en proporcionalidad a la Cámara de Diputados”, argumentó ante este medio.

“Hay que encontrar la manera de vincularse de forma conducente. También tienen que reconocer que el PRO ya no es lo que era. Hoy son un bloque de 12 diputados”, pidió otro alfil violeta en referencia de las quejas que profesa el partido que lidera -en los papeles- Mauricio Macri.

La administración libertaria receptó el malestar del legislador amarillo y designó a Martín Menem y al ministro del Interior, Diego Santilli, del mismo espacio, para la tarea de acercar posiciones. Los tres referentes se reunieron el pasado viernes, lo que no impidió que Ritondo presentara finalmente el recurso de amparo en la justicia para anular los nombramientos.

Con intención de matizar el malestar, el flamante ministro del Interior admitió públicamente que “la calentura del momento” que supo expresar al que referencia como “su hermano” era válida, y anticipó la necesidad de que ambos espacios puedan “encontrar un camino” para trabajar de conjunto. “El trabajo que hace Cristian es muy importante y el trabajo que viene haciendo el PRO sosteniendo las reformas también lo es”, destacó en una entrevista a Radio Mitre.

Tras los contactos cursados hasta entonces, por los pasillos de Casa Rosada aseguran que Ritondo exageró el malestar e incluso algunos deslizan que estaba al tanto de la repartija de sillas de la AGN y que sobreactuó la reacción para marcar un perfil ante los suyos.

Rumbo a un verano de intensa actividad legislativa, no hay quien se muestre preocupado por la coordinación entre el PRO y La Libertad Avanza de cara al futuro. “Vamos a seguir trabajando juntos porque compartimos las mismas ideas, la misma agenda y el mismo electorado”, ratificó un funcionario.

Sin embargo, el optimismo que reina en la administración libertaria encuentra resistencia en la bancada amarilla, que si bien admiten que respaldarán el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral, advierten que la relación “está rota” y que el Poder Ejecutivo, al que acusan de haber negociado con Fuerza Patria, eligió sus aliados entre los que no figura el PRO.

Asimismo, le reclaman la designación de referentes del espacio en delegaciones de ANSES y una silla en el directorio de YPF correspondiente al exdiputado por La Pampa Martín Maquieyra como parte de los acuerdos ya dispuestos e incumplidos. “Todo el mundo sabe que YPF se lo deben a Maquieyra y al PRO otros compromisos desde hace más de un año”, se quejaron desde el espacio.

La tirantez de Ritondo con La Libertad Avanza tuvo se materializó en el vínculo con Martín Menem. Las diferencias datan de algunos meses atrás y llegaron a su punto máximo luego de que el libertario lograra la primera minoría en la Cámara de Diputados a raíz de los traspasos de algunos legisladores que integraban la bancada del PRO como Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Lorena Petrovich. Aunque hay quienes detectan que el quiebre se registró tiempo antes, en la previa a las elecciones de medio término, en la que compitieron en unidad, cuando el riojano no estaba firme en el cargo y el legislador aliado sonaba para sucederlo. “No es nada contra Cristian, pero le jugó mal a Menem”, precisó una fuente legislativa a este medio.

Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria se reunieron con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, titular del SERPAJ, para analizar la modificación a la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno nacional, la posible privatización de Aysa y su incidencia en barrios populares, y la “defensa de la paz en la región”, ante la posible intervención de Estados Unidos a Venezuela.

Durante el encuentro, los diputados y los dirigentes sociales también debatieron sobre la nueva conformación parlamentaria y las posibilidades de articular acciones con otros espacios de la oposición. En ese sentido, Germán Martínez, titular del bloque UxP aseguró: “Existe hoy una clara la perspectiva para construir mayorías para defender a nuestro pueblo de los ataques de este gobierno, tal como hicimos al rechazar el capítulo IX del Presupuesto”.

Estuvieron presentes, además de Martínez, los diputados Eduardo Valdés, Kelly Olmos, Adriana Serquis y Horacio Pietragalla. De parte de los organismos y movimientos en defensa del agua, integraron la comitiva Pérez Esquivel y Mariana Katz, por SERPAJ, Leonardo Pérez Esquivel de Espacio Intercuencas, Sergio González del Foro Hídrico de Lanús y Jorge Gómez, del Foro Hídrico de Lomas de Zamora.

“Los barrios populares necesitan el agua como la vida”, señaló Jorge Gómez, al abordar la problemática del acceso al agua potable y los retrocesos que generaría la privatización de Aysa y el cierre de ACCUMAR.

El premio nobel de la paz Pérez Esquivel se encuentra realizando gestiones por la paz en Venezuela: “Tenemos que evitar una nueva guerra en América Latina”, indicó.

El proyecto para reformar la Ley de Glaciares obtuvo dictamen la semana pasada en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado y quedó listo para ser tratado en el recinto. Al igual que la reforma laboral, se confirmó que será tratado en el recinto el próximo 10 de febrero.

Desde el Gobierno remarcan la necesidad de cambiar la legislación para eliminar la paralización del “legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.

En este sentido, la reforma facultaría a cada jurisdicción para poder decidir sobre la protección de los glaciares ubicados en sus territorios. Así, podrían resguardar a algunos por encima de otros y permitir la explotación económica de ciertas zonas periglaciales.

Actualmente, la norma en vigencia obliga tanto al Estado nacional como a los provinciales a proteger a todos los tipos de glaciares. Sin embargo, la modificación habilitaría el uso de estos, si es que no se pone en riesgo una reserva estratégica de agua.

El proyecto tiene el aval directo de las provincias que podrían avanzar con proyectos productivos, como San Juan, Neuquén, Mendoza y Río Negro. De hecho, el gobierno nacional decidió incluir el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias como un gesto hacia los gobernadores para asegurarse el apoyo al Presupuesto 2026.

A la espera de una sesión ya convocada para el mediodía de este viernes, en el oficialismo senatorial se encendieron las alarmas ante la negativa que habría en un sector dialoguista -en particular, la Unión Cívica Radical- para votar el artículo 30 del Presupuesto 2026, que apunta a la poda relacionada con fondos educativos, entre otras cuestiones.

El tema no es menor, ya que la ley de gastos pasó de ser una norma no tan compleja de sancionar para el Gobierno a un dolor de cabeza en el Congreso, tras el traspié que tuvieron los diputados libertarios para sostener un capítulo que, mezclado con ciertos “guiños” de la Casa Rosada, dinamitaba la emergencia en discapacidad y el blindaje de presupuestos universitarios.

Tras ello, desde Balcarce 50 primero partieron versiones disparatadas sobre el futuro de la iniciativa. Una cierta calma se obtuvo cuando se definió dictaminar la reforma laboral y dejarla en siesta, de mínima, hasta febrero próximo, siempre y cuando el Ejecutivo convoque de nuevo a sesiones extraordinarias. Eso sí: la oposición dialoguista le dejó en claro a la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, que los proyectos de Presupuesto 2026 y de inocencia fiscal tienen que ser sancionados tal como vinieron de Diputados. Anteayer, la ex ministra de Seguridad volvió a sondear opciones en un Zoom. Recibió idéntica respuesta.

Lo que pasó desapercibido, para quien haya escrito ese artículo es que, en el Senado, hay legisladores radicales como Maximiliano Abad (Buenos Aires) o Flavio Fama, por poner dos ejemplos. El primero militó, como titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA), a favor de una norma educativa que ahora busca reventar La Libertad Avanza. En tanto, el segundo fue rector de la Universidad Nacional de Catamarca durante largos años.

El artículo 30 también habla de derogar ítems sobre Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. Este medio contó, semanas atrás, las quejas que aterrizaban al Congreso desde el interior del país.

Desglosemos ahora cada punto de lo que quiere el Gobierno eliminar. El primero es el más importante e impone: “El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”.

El segundo es similar, aunque con menor intensidad, para las partidas hacia ciencia y tecnología. En tanto, el tercero crea “el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas”.

Por último, el cuarto involucra a la constitución e integración del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF): “0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020”; 0,5%, en 2021; 0,65%, en 2022; “hasta alcanzar el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios”. Un desafío para el flamante ministro de dicha área, el militar Carlos Presti.

La cuenta de la que parte el oficialismo implica: 21 legisladores de La Libertad Avanza -tiene que jurar el rionegrino Enzo Fullone cuando comience la sesión del viernes-; 10, de la UCR; tres del PRO, y el resto de silvestres provinciales. En total, 44. Y no todos dispuestos a acompañar. Entonces, a priori, algunas bajas no frenarían el plan del Gobierno. Lo que nadie descifra aún es si, sobre el artículo 30, hay más objetores. Y ya se espera, como ocurrió en otras ocasiones, pensamientos y reclamos de último momento para enturbiar el clima. Bullrich deberá estar atenta.

El kirchnerismo no perdió tiempo y, de la mano del chaqueño Jorge Capitanich -sería el miembro informante de la bancada para rechazar el Presupuesto 2026- recibió ayer a estudiantes de escuelas técnicas. Si cae este artículo en una eventual votación en particular del proyecto, a la Casa Rosada no le quedará otra que levantar campamento. Las idas y vueltas continúan. También, los llamados a dialoguistas desde Balcarce 50.