Las obras sociales sindicales prestan atención médica a 14 millones de personas en la Argentina, pero la CGT advirtió que la crisis que atraviesan es “casi terminal” por la cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos” y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema, que surgen del aporte de los trabajadores.
En un informe del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), que fue presentado en la última reunión del Consejo Directivo cegetista, se afirmó que “la situación económica financiera general del sistema está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, tras lo cual mencionó el caso de obras sociales que fueron dadas de baja (Industria Del Fósforo) otras declaradas en situación de crisis (Dirección Industria Construcción e Industria Pesquera de Mar del Plata) y otras intervenidas como OSPRERA y Ladrilleros.
Por eso la CGT enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.
A continuación, la CGT detalló en números una de las facetas de la crisis de las obras sociales: “Actualmente, el promedio de recaudación de nuestro sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67% de la población de obras sociales nacionales -indicó-. Pero lo que resulta más importante para tener en cuenta es el costo del menú prestacional que estamos obligados a dar, es decir, el costo del PMO (Plan Médico Obligatorio)”.
“De acuerdo con las estimaciones realizadas por el grupo de técnicos y profesionales en la temática de obras sociales de la CGT, que hace años se dedica a esta tarea, el valor del PMO para el mes de marzo de 2026 rondaría los $85.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra casi un 25% por encima de la recaudación promedio del sistema”, destacó el informe.
Según la CGT, “este último dato implica que más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no aportan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO”.
Se explicó en el informe que, “como consecuencia de esta situación, para poder continuar con la prestación de servicios, la mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”. Y agregó: “Paralelamente, se resiente la cadena de pagos a prestadores que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados”.
“Otra prueba del deterioro que está sufriendo el sistema de atención se visualiza en la reducción de la capacidad de nuestros afiliados en acceder a los medicamentos ambulatorios de uso habitual -resaltó-. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 la capacidad de compra de medicamentos se redujo en promedio en el 49%. Esta situación se mantiene hasta la actualidad”.
Uno de los puntos centrales del crudo diagnóstico de la CGT es el de los aportes de los monotributistas al sistema de obras sociales: “A la situación general de nuestros afiliados naturales, debemos soportar el agujero financiero que nos produjo y nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema (alrededor de $20.000) es un 290% inferior al costo del PMO. A esto debemos agregar que gran parte de los que ingresan al sistema por esta vía presentan una carga de enfermedad que supera al de nuestros afiliados de la actividad. Es decir que utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”.
Además, alertó la CGT, “la situación de los jubilados que permanecen en nuestras obras sociales también resulta ampliamente negativa y discriminatoria”, punto sobre el cual precisó: “Hoy el PAMI nos transfiere $48.269 per cápita, valor que resulta muy inferior a lo que realmente recauda el PAMI ($159.000 aproximadamente) y se agrava si tenemos en cuenta que por esa diferencia no contrapresta ningún servicio”.
Por otra parte, el informe aseguró que “la facturación de los hospitales públicos se ha transformado en otro factor de distorsión” para las obras sociales. “Por un lado, en determinados distritos, como ocurre con los hospitales de CABA, el nomenclador que utilizan para facturar las prestaciones presenta valores muchas veces superiores a los de prestadores privados”.
“A esta situación se suma el hecho que no solicitan autorización previa para la realización de prácticas programadas -añadió-. En el caso de las internaciones de urgencia, la denuncia de estas es irregular y muchas veces se realiza en forma tardía impidiendo que se pueda hacer la auditoria en el terreno correspondiente. Como corolario de lo expuesto, el sistema de facturación hospitalario emite facturas que se transforman en cosa juzgada, muchas veces judicializándose su cobro”.
Por último, el informe cegetista criticó al Ministerio de Salud de la Nación por la administración de los aportes de los trabajadores para financiar a las obras sociales: “El manejo de los fondos de los subsidios automáticos que distribuye la Superintendencia de Servicios de Salud, que podrían mitigar en parte la situación de crisis del sistema, resulta absolutamente inequitativa”.
Sostuvo que “el ejemplo más ilustrativo es la distribución del SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías), que distribuye un monto que actualmente ronda los $2.380 por beneficiario, lo que implica que reciben lo mismo las obras sociales de bajos ingresos que las entidades que más recaudan (por ejemplo, OSDE, Swiss Medical, etc.)“ y dijo que ”en el caso del SUMARTE (Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Trabajo Especial), que hoy distribuye aproximadamente $7.955 por monotributista, y del SUMA 65, que reparte $48.269 por mayores de 65 años, estos recursos surgen de los aportes y contribuciones de los propios trabajadores, por lo cual, si bien mitigan en parte la situación de estos beneficiarios, no resuelven el problema de fondo”.
El informe puntualizó que los pagos de INTEGRACIÓN (Discapacidad), subsidios para el financiamiento de las prestaciones de discapacidad, “se están recibiendo en forma regular”, pero advirtió que “el crecimiento del volumen de pacientes que acceden a estas prestaciones ha ido horadando el Fondo Solidario de Redistribución, consumiendo más del 75 % de sus recursos”.
Para finalizar, la CGT consideró que “el desfinanciamiento del Fondo Solidario de Redistribución también se ha visto seriamente afectado por otra medida antiequitativa que surge del último DNU que reduce 5 puntos (del 20 al 15%) los aportes de los salarios más altos, enrasando todos los aportes en el 15%”.
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