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La CGT se encamina a un paro de mayor impacto, pero el dilema es el día después: los sectores más duros se unen y van por más

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Es muy probable que la adhesión total del transporte al paro dispuesto por la CGT para este jueves permita que el efecto de la protesta contra la reforma laboral sea “contundente”, como anticipó el triunvirato cegetista.

La decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de paralizar los colectivos será una de las claves de una postal del país distinta a la del paro general del 10 de abril pasado, cuando el sindicato que lidera Roberto Fernández trabajó normalmente porque estaba dentro del período de conciliación obligatoria en su conflicto salarial y debilitó así el impacto de la huelga de la CGT.

Ahora, también rige esa medida del Gobierno, que obliga a las partes a retrotraer la situación al estado previo al conflicto durante 15 días, sólo en el interior, pero la UTA ratificó el paro de 24 horas en todo el país.

El dilema para la CGT será el día después. El paro se hará en coincidencia con el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Hasta ahora, todo indica que el proyecto se aprobará y volverá al Senado para que se convierta en ley, algo que, según el oficialismo, sucederá el viernes 27 de febrero, antes de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, en la que Javier Milei quiere tener lista una de sus reformas más ambiciosas para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso.

¿Quiere decir que la CGT subirá la apuesta y decidirá un paro general de 48 horas cuando se realice la sesión en la Cámara Alta? ¿Y que si se aprueba la reforma laboral puede anunciarse un paro de 72 horas, 96 horas o por tiempo indeterminado, como plantea el ala dura?

A esta CGT de signo mayoritariamente dialoguista no le quedó otra alternativa que endurecerse. Los referentes moderados de la central obrera no querían hacer otro paro general y buscaban presionar al Gobierno, a los gobernadores y a los diputados para tratar de introducir más modificaciones en el texto aprobado en el Senado, pese a que habían conseguido dejar a salvo las cuotas solidarias y los fondos de las obras sociales.

Pero todo cambió luego de que se hizo público el polémico artículo 44 de la reforma laboral, incluido sigilosamente en el proyecto (y sin que sepa aún por iniciativa de quién), que rebaja el pago de los sueldos a quienes se accidenten o se enfermen y que hasta aliados del Gobierno como el PRO consideraron “inhumano”.

Por eso la CGT pegó un volantazo el fin de semana pasado y los 3 cotitulares anticiparon una reunión del Consejo Directivo, e incluso la ampliaron porque iba a ser sólo de una mesa chica de 8 0 10 dirigentes, para avanzar con el cuarto paro general contra Javier Milei.

Los rivales internos de Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) aseguraron que la medida fue decidida cuando se dieron cuenta de que podían quedar descolocados ante una creciente cantidad de sindicalistas que iba a proponer una medida más dura que una movilización. En el triunvirato lo desmintieron y afirmaron que el paro general fue idea de sus integrantes ante el malestar social contra la reforma laboral por el artículo 44.

La controversia por las licencias médicas fue un error político de los libertarios que opacó el éxito de haber logrado la sanción del proyecto en el Senado tras fuertes concesiones a los gobernadores, los bancos y la CGT.

Algunos creen que no fue la única equivocación del Gobierno. ¿Los funcionarios se enteraron del cierre de Fate, con 920 trabajadores en la calle, el mismo día que se anunció esa medida tan drástica? Parece imposible de creer. Si estaban al tanto, lo más llamativo es que no hubo reacción para que el dueño de la empresa postergara el traumático anuncio por lo menos unos 15 días, hasta que la reforma laboral fuera convertida en ley.

En estas horas, los trabajadores de Fate sin empleo se convirtieron en otro ingrediente del cóctel inflamable en que se convirtió la reforma laboral por el artículo 44 sobre las licencias médicas. Son dos temas distintos, pero emparentados. De alguna forma, que una empresa importante baje las persianas sintoniza con los reclamos de la CGT respecto de la economía y de los cambios en la legislación del trabajo impulsados por Milei.

Después de todo, algunos de los artículos de la reforma laboral parecen escritos a medida para ponerles límites a dirigentes como los del Sindicato Unico del Neumático (SUTNA), liderado por el trotskista Alejandro Crespo, que se convirtió en una verdadera pesadilla para los empresarios del sector por sus posiciones radicalizadas.

Aun así, el cierre de Fate amenaza con transformarse en un dolor de cabeza para Milei y también para Axel Kicillof. En el primer caso, es evidente porque el Presidente terminó avalando una serie de ataques de los tuiteros libertarios contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate. En el segundo, porque llueven las críticas dentro del PJ (azuzadas por el kirchnerismo) y la izquierda por la actuación de la policía bonaerense luego de que se anunció que cerraba Fate y se temía la toma de la planta.

Por eso tanto el gobierno nacional como el bonaerense se apuraron en dictar la conciliación obligatoria, aunque ¿qué se puede conciliar cuando una empresa de esa envergadura toma semejante medida? Ganar tiempo no es poco: hay 15 días, prorrogables por otros 5, para negociar sin que haya medidas de Fate ni del gremio.

Mientras, en la noche del miércoles se produjo una reunión cumbre de sindicalistas del ala dura: Abel Furlán (UOM) y Daniel Yofra (Aceiteros), que crearon el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) con las dos CTA y otros gremios para protestar contra la reforma laboral en forma autónoma de la CGT, se encontraron con Omar Maturano (La Fraternidad), el dirigente ferroviario ultraopositor, que propuso un paro por tiempo indeterminado si no se cambia el proyecto oficial y dejó una frase inquietante: “La situación puede ser compleja y se puede asemejar al 2001 y no es lo que queremos“.

Acordaron hablar con los líderes de la CGT para profundizar las medidas de fuerza contra el Gobierno y este jueves darán una conferencia de prensa para explicar su posición, que, en los hechos, significa mucha más presión sobre el triunvirato cegetista para acentuar la ofensiva del sindicalismo contra la reforma laboral.

El día después del paro general de la CGT pondrá a prueba la verdadera consistencia del sector dialoguista. ¿Podrá eludir la jugada de un ala dura que se extiende y empuja por protestas extremas? ¿Logrará consensos internos para evitar una ruptura interna? ¿Cómo seguirá manifestando su rechazo a la reforma laboral sin tomar un camino con aroma destituyente?

Aunque este jueves consiga paralizar el país, la CGT se enfrenta a un desafío muy complejo. El viejo lema del metalúrgico Augusto Timoteo Vandor de “golpear para negociar”, clave en la estrategia pragmática del sindicalismo, puede convertirse hoy en “golpear sin negociar” o, peor aún, en “golpear por golpear” si la central obrera no sale de la confrontación sin fin.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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