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Política Provincial

La Defensoría recibió un 30% más de consultas desde que empezó la cuarentena

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Los pedidos de información sobre el coronavirus, los asesoramientos sobre diferentes beneficios y los reclamos por problemas derivados de la emergencia, hicieron que la Defensoría del Pueblo bonaerense recibiera unas 13.000 consultas en el último mes, lo que representa un 30% más desde que empezó la cuarentena.
Son datos que el organismo que conduce Guido Lorenzino sistematizó entre el 20 de marzo y el 20 de abril. Fueron en total 12.795 consultas que, a razón de unos 640 por cada día hábil, superaron en un 30% a los que se habían recibido antes de que entrara en vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Esta cantidad de consultas se dividió entre 7.143 asesoramientos, 1.959 reclamos y 3.693 consultas por expedientes. De los primeros, los 2.159 asesoramientos por los aumentos de precio fueron los que encabezaron el ranking, con el 30,2%; le siguieron las 1.704 consultas acerca del coronavirus, con el 23,8%; y los 1.265 pedidos de información sobre el IFE cerraron el podio con el 17,7%. También tuvieron gran presencia los relacionados a temas laborales, a jubilados sin tarjeta de débito, a inquilinos, por vacunación del PAMI y por las escuelas privadas.
Entre los casi dos mil reclamos aparecen los servicios públicos, la salud y el previsional como los temas principales, aunque también sumaron las quejas relacionadas a los impuestos municipales, la violencia institucional, discapacidad y adultos mayores, violencia de género, asuntos viales, educación, mediación e inquilinos, entre otros.
El rubro inquilinos recibió tanto reclamos como pedidos de asesoramiento. Entre las principales consultas figuraron las relacionadas al congelamiento de los alquileres, la posibilidad de mudarse durante el aislamiento, al pago del alquiler a través de transferencias digitales. Además, hubo quejas porque los locadores amenazaron con desalojos aunque no se permitan hasta el 30 de septiembre y porque los propietarios les cortaban los servicios a los inquilinos.
El área de Consumidores también recibió muchas denuncias de los tomadores de créditos UVA, con problemas a la hora de hacer efectivas las medidas anunciadas por el Gobierno. Una cuestión que genera problemas tiene que ver con la reversión, es decir, la posibilidad de pedir la devolución de la cuota, y también para trasladar las cuotas impagas entre abril y junio al final de vida del crédito.
Fortalecimiento de las vías de contacto
Al analizar las vías de contacto por las cuales la Defensoría recibió las consultas, la mayoría, 6.138, llegaron por la línea telefónica gratuita; 2.872 fueron por WhatsApp; 1.521 por redes sociales; 937 por correo electrónico; 407 por el chat de la página de la Defensoría y 920 fueron recibidas por las delegaciones.
“La cuarentena nos obligó a cambiar el método de trabajo pero redoblamos el esfuerzo para acompañar a los bonaerenses. Para eso, aumentamos un 50% el personal de atención y agregamos una línea más de WhatsApp, los que nos permitió dar respuesta, por ejemplo, a los llamados nocturnos, que se triplicaron desde que comenzó el aislamiento”, sostuvo Lorenzino.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo resaltó la importancia de “informar y escuchar a los vecinos en este momento tan delicado. Para eso, realizamos videoconferencias entre las áreas, con los funcionarios online en todo momento, para dar mejor respuesta a los ciudadanos”.

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AySA: el Gobierno adjudicó las acciones y la Provincia se prepara para impugnar

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El Gobierno adjudicó la venta del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA, por US$340,2 millones al grupo que había hecho la mayor oferta durante el proceso de licitación. Si bien el 13 de noviembre debe formalizarse el traspaso, la Provincia se prepara para impugnar el proceso.

La decisión fue oficializada este jueves con la resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. En ella, la cartera que lidera Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación y adjudicó la venta al consorcio por orden de mérito. Además, instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta para la transferencia del valor ofrecido por el 90% de las acciones.

El grupo que se hará cargo de Aysa es el integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. El contrato de compraventa de acciones se firmará el 13 de noviembre de 2026, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

El paquete accionario de AySA adjudicado está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representativas del 90% del capital social y votos de la empresa, con un valor nominal de $1000 cada una. De esta manera, la privatización avanza hacia su etapa final, con la firma del contrato prevista para el 13 de noviembre de 2026 y la transferencia del control accionario al consorcio adjudicatario.

Privatización de AySA

Más allá de esta resolución, la privatización enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso. Las acciones judiciales impulsadas a través de la Defensoría del Pueblo, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

En este contexto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodisadvirtió que la privatización condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas y aseguró que buscarán impugnar el traspaso. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”.

Y ahondó: “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras, explicó el funcionario. En este sentido, dijo que las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Fuente: Agencia DIB

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Aprobaron la Ley Ema contra el acoso digital en los colegios y prohibieron celulares en los secundarios

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La Ley Ema surgió a raíz del trágico caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que se suicidó en agosto de 2024 tras sufrir la viralización y difusión no consentida de un video íntimo en su entorno escolar. Su madre, Laura Sánchez, transformó el dolor en una propuesta para que no se repitan casos similares y así surgió primero una Guia Ema y luego el proyecto de ley, trabajado junto a diversos colectivos y especialistas.

En la Legislatura, el articulado fue presentado por la diputada Mayra Mendoza, quien hoy, tras la sanción, dijo que todo es “fruto del trabajo de Laura, la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”. Agregó que “a partir de ahora y siempre, llevaremos todas el nombre de Ema como bandera para que ninguna otra piba tenga que pasar por lo mismo” y destacó que “desde hoy, contamos con una herramienta para que nuestras juventudes se formen en entornos digitales”.
La “Ley Ema” privilegia un enfoque preventivo de la problemática al incorporar a las bases educativas el concepto de ciudadanía digital segura, centro a partir del cual se disponen una serie de acciones concretas para combatir el acoso. Entre ellos figuran la inclusión en la currícula de contenidos transversales obligatorios sobre el consentimiento, la privacidad, el uso crítico de la tecnología y los derechos digitales.

También se establece la capacitación docente obligatoria en esta materia y la actualización de protocolos de actuación ante la aparición de casos concretos en las escuelas. Además, amplía el concepto de violencia, que ahora incluye la difusión no consentida de material íntimo (sextorsión o pornovenganza), el ciberbullying, el hostigamiento, y los discursos de odio misóginos en entornos virtuales, entre otras novedades.

La nueva norma se aprueba en medio de la repetición de nuevos casos videos realizados con inteligencia artificial en el que aparecen imagenes manipuladas de alumnas de colegios, realizados por sus compañeros de cursadas.

La regulación de las pantallas

En tanto, también se hizo ley un proyecto para regular el uso de las pantallas en los colegios secundarios, que fue presentado por el diputado Martín Rozas. Dispone que los alumnos pueden llevar sus teléfonos a la escuela, pero no pueden utilizarlos durante las horas de cursada. La idea es definir un “uso responsable” que contemple la no utilización de estos dispositivos en la jornada educativa.

La norma tiene excepciones pedagógicas y de salud: El uso de pantallas solo se permite cuando exista una finalidad pedagógica expresa y autorizada por el docente, o bien por cuestiones de salud específicas del estudiante.

Articulación con la primaria: con esta sanción se incorpora el nivel secundario a la Ley provincial N° 15.534. Esta normativa ya regulaba y limitaba el uso de dispositivos en el nivel primario -presentada por el senador Emmanuel González Santalla-, y unifica así los criterios para ambos niveles.

Fuente: Agencia DIB.

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Carlos Bianco exigió mantener las PASO y dijo que eliminarlas es “un delito”

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Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno nacional podrá avanzar en el Congreso con una reforma electoral que contemple la eliminación o suspensión de las PASO, desde la administración de Axel Kicillof exigieron mantenerlas y calificaron de “ilegal” querer avanzar con cambios a menos de un año de las elecciones.

En pleno debate sobre las intenciones de la gestión libertaria de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que ese cambio de reglas es “un delito” y que en el fondo lo que busca es evitar que la oposición se organice para disputarle la presidencia a Milei.

“Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”, sostuvo en conferencia de prensa Bianco, quien denunció que desde el Gobierno nacional lo han dicho de “manera descarada” que quieren voltear las PASO para que la oposición no se pueda organizar.

En este contexto, destacó que una reforma concebida para facilitar el triunfo de una fuerza política no tiene justificación institucional. “Eso está mal, es ilegal, es un delito. Manipular el sistema electoral para que reelija o gane una determinada fuerza política. Si modificás el sistema electoral tiene que ver con que sea más transparente, más económico, más eficaz”, agregó. Y destacó, como una forma de mensaje interno, que hay un compromiso de gobernadores peronistas de no modificar el sistema actual.

Las PASO y la Boleta Única Papel

Bianco vinculó la iniciativa con otros cambios promovidos durante la gestión libertaria, entre ellos la implementación de la Boleta Única Papel y los proyectos sobre el funcionamiento de los partidos políticos. “No se puede modificar el sistema solo para ganar una elección”, dijo.

En ese sentido, afirmó que el sistema electoral argentino no presentaba un reclamo que exigiera una reforma de esta magnitud y defendió la experiencia de las elecciones bonaerenses del año pasado. Según sus datos, en esos comicios se emitieron más de 8,6 millones de votos y se registraron 11 infracciones a la legislación electoral.

También cuestionó el argumento económico utilizado por el oficialismo para avanzar con cambios en el mecanismo de votación. Dijo que la organización de la elección bonaerense tuvo un costo de $85.000 millones y aseguró que la proyección de una votación nacional con Boleta Única Papel duplicaría ese monto para el distrito.

Fuente: Agencia DIB

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