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La gestión de Susbielles insiste con incorporar la cláusula gatillo para la suba de tasas

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La gestión de Federico Susbielles vuelve a insistir con la idea de incorporar una cláusula gatillo y que haya aumentos trimestrales en las tasas de Alumbrado, Limpieza y Conservación y en la de Salud.

Esa propuesta la había presentado en el Presupuesto 2024, pero no contó con el acompañamiento de la oposición en el Concejo Deliberante y fue rechazada.

Esta mañana en diálogo con Radio Altos el edil libertario Mauro Reyes señaló que comenzó a analizar las ordenanzas Fiscal e Impositiva y que el primer dato que se desprende es el aumento que plantea el Ejecutivo de un 125% en las tasas modulares, es decir, aquellas que no se incrementan con la recaudación (ALC y Salud) y que los ajustes de los valores sean trimestrales, teniendo en cuenta el índice inflacionario.

“Me parece algo que hay que debatir, sería la primera vez que se implementa algo así; es una medida un tanto fuerte teniendo en cuenta que la inflación pronosticada para el año que viene por presupuesto nacional no supera el 20%, entonces creo que no amerita un ajuste automático”, argumentó. Y agregó que además, el deliberativo en período ordinario puede sesionar para evaluar una suba de tasas: “Cualquier cambio fuerte que se dé en las finanzas del Municipio podrá ser analizado y ajustado por el Concejo”.

Recordó que el Concejo ya había rechazado esta idea de la gestión de Unión por la Patria de incorporar la cláusula gatillo y que se apliquen subas en las tasas cada tres meses teniendo en cuenta la inflación que miden el INDEC y el CREEBBA.

“No sé si se justifica un ajuste automático que impacte directamente sobre el bolsillo del vecino cuando se estima que la inflación por trimestre no estará por encima del 6-7%”, insistió en su, por el momento, rechazo a la iniciativa.

Adelantó que este tema será una de las primeras consultas que les realizará a los funcionarios, en particular al secretario de Economía Carlos De Vadillo y al jefe de Gabinete Luis Calderaro, que expliquen ante las y los ediles el Presupuesto 2025 y las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

Reyes estimó que la próxima semana o a más tardar la siguiente debería iniciarse la ronda de visitas de funcionarios y funcionarias al deliberativo. Aclaró que aún están esperando que el Ejecutivo envíe la versión digital de los expedientes porque hasta el momento solo entregó la versión en papel.

Fuente: Frente al Cano.

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Pichetto pidió que el peronismo apoye el reclamo internacional de Cristina Kirchner: “Eso le va a dar legitimidad al candidato”

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El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto reclamó al peronismo que agote todas las instancias de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner para que recupere sus derechos políticos, al tiempo que construya una candidatura presidencial propia con legitimidad interna de cara a las elecciones de 2027. “El peronismo tiene que hacer todo: plantear un trabajo de unidad, de responsabilidad, de programa”, afirmó el presidente del bloque Encuentro Federal en una entrevista con radio Futurock, donde también trazó un diagnóstico severo sobre la situación social del país y el futuro del espacio opositor.

La declaración del legislador llegó días después de que el equipo jurídico de la expresidenta anunció que presentará el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim —quien integró la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato— y el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La defensa solicitó tres medidas cautelares al organismo: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema —que funciona con solo tres miembros— y la modificación del régimen de prisión domiciliaria de Kirchner.

Valim fue categórico sobre el alcance de las decisiones del Comité: “Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”, sostuvo, y recordó que el Código Procesal Penal Federal argentino contempla que una resolución favorable puede ser base para la revisión de una sentencia firme. La próxima sesión del organismo está prevista para octubre.

Pichetto calificó la inhabilitación especial perpetua como “una pena retrógrada” y la equiparó a las antiguas figuras del destierro griego y romano, y a la “muerte civil” del derecho civil argentino decimonónico. Describió la condena como arbitraria —“fue condenada sin prueba, por una corte que no estaba completa, con un fiscal que no era el fiscal natural”— y trazó el paralelo con el proceso que enfrentó Lula, cuya situación se resolvió tras la aparición de pruebas que evidenciaron la parcialidad del vínculo entre el juez y el fiscal que lo condenaron. “A Lula le ha ido bien porque también le ha ido bien en Naciones Unidas, donde le reconocieron que había sido mal condenado”, recordó el legislador.

Sobre la estrategia política, Pichetto rechazó el argumento de que apoyar la causa judicial de Kirchner y construir una candidatura alternativa sean objetivos excluyentes. “Hay que contener a la principal figura que tiene el peronismo, que todavía hoy mide en un nivel importante, muy importante. Hay que agotar todas las instancias de apoyo para que esa figura pueda volver a recuperar la libertad y también sus capacidades cívicas”, planteó, y agregó que la figura alternativa debe surgir de una primaria que le otorgue legitimidad al candidato. “Eso es lo que le va a dar legitimidad al candidato que surja de esa alternativa”, precisó. En esa línea, defendió la conservación de las PASO como herramienta ordenadora de la interna.

El debate sobre la candidatura de Kirchner atraviesa al Partido Justicialista (PJ) de manera transversal. Desde el kirchnerismo, el diputado Máximo Kirchner repite que “la queremos candidata” y sostiene que la expresidenta es la única figura que puede “plantarse ante el poder económico”. Al mismo tiempo, sectores del peronismo no kirchnerista leen la situación de otra manera: en el propio oficialismo circula la lectura de que “para un sector del peronismo pareciera que les viene bien Cristina detenida”, una percepción que también comparten fuentes del Gobierno nacional. Pichetto salió al cruce de esa postura: “El que quiere ser candidato a presidente tiene que tener la capacidad, la inteligencia y la virtud de hablar con todos. Mucho más cuando se trata de una figura que fue dos veces presidenta de la Argentina”.

La Casa Rosada optó por la prescindencia formal. “Nos conviene no interferir con la justicia porque de hacerlo, especulando por una cosa u otra, quedamos involucrados directa o indirectamente”, explicó un referente territorial libertario. Internamente, el oficialismo entiende que Kirchner conserva altos niveles de rechazo y que una eventual habilitación para competir no perjudicaría a La Libertad Avanza en la carrera por la reelección de Javier Milei. “Al que peor le cae esto es a Kicillof. Ella no lo odia a Milei, lo odia a Axel”, graficó un funcionario.

La tensión en el PJ quedó en evidencia este fin de semana. El gobernador bonaerense Axel Kicillof no asistió al acto que el mandatario riojano Ricardo Quintela organizó en La Rioja para conmemorar los cincuenta años del asesinato del sacerdote Enrique Angelelli, al que sí asistió Máximo Kirchner y al que la expresidenta envió una señal de respaldo desde su domicilio. Kicillof delegó su representación en la jefa de asesores, Cristina Álvarez RodríguezSergio Massa tampoco estuvo presente.

En paralelo, Kicillof avanza en la consolidación de su propia estructura. Su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), realizará plenarios seccionales durante agosto en los 135 municipios bonaerenses, con el objetivo de afianzar el peso de la provincia de Buenos Aires en la negociación interna del peronismo. El primer plenario está previsto para el sábado 8 de agosto en Alberti. Los armadores del gobernador planean cerrar el ciclo con un gran acto político en septiembre, que coincidiría con el primer aniversario de la victoria del peronismo en las elecciones legislativas provinciales de 2025, cuando Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza por casi 14 puntos.

Pichetto descartó que exista espacio para construcciones de centro en el escenario de 2027 y pronosticó una polarización similar a la de otros procesos electorales recientes en América Latina. “Va a haber una fórmula peronista, va a haber una fórmula que integre también a otros sectores políticos, al radicalismo, que no quiere saber nada con este gobierno, demócratas cristianos y otros sectores”, anticipó. El legislador también auguró que Victoria Villarruel competirá como candidata presidencial con un electorado propio de base nacionalista, católica y militar, y descartó que haya lugar para Patricia Bullrich dentro de la oferta oficialista.

El trasfondo del debate electoral es, para Pichetto, una crisis social que describe como “explosiva”. El diputado advirtió que el modelo económico del Gobierno dejó al 70% de la sociedad fuera del sistema, con salarios “demolidos” y una situación en los conurbanos que, a su juicio, podría derivar en “eventos no queridos”. “Nadie vota a aquellos que le hacen perder todo, que pierden el trabajo”, sentenció.

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La CGT se suma a la marcha contra la ley que elimina topes para la venta de tierras a extranjeros

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La convocatoria de una manifestación frente al Congreso el próximo 6 de agosto contra la intención del Gobierno de avanzar con la extranjerización de la tierra suma un actor de peso: la CGT.

Según pudo saber DIB de fuentes sindicales, la central obrera se sumará a las dos CTA, los movimientos sociales de la UTEP y un sinfin de organizaciones de izquierda y de agrupaciones de autoconvocados que están detrás de la marcha para el jueves de la semana que viene.

Ese día el oficialismo espera sesionar para aprobar la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, elaborada por el ministro Federico Sturzenegger para desregular la venta de tierras, entre otros ítems. El debate ya fue pospuesto cuatro veces y fue la senadora Patricia Bullrich la que decidió convocar a un cuarto intermedio de la Cámara alta para el próximo 6 al entender que no tenía los apoyos suficientes de los aliados.

“Vamos a acompañar”, confirmó una alta fuente de la CGT a este medio sobre la acción de la central por la ley de propiedad privada. Se trata de un paso más en la agenda de acciones escalonadas que armó el triunvirato para este segundo semestre del año, en busca de sumar fuerzas contra el ajuste de Javier Milei.

La marcha del 6 no nace de cero: viene precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, así como recolección de firmas y distintas actividades.

¿En qué consiste el proyecto?

Lo que el oficialismo intentará votar ese día es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto de 48 artículos que modifica cinco normas distintas y que Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo.

Además del capítulo sobre tierras, la iniciativa endurece el régimen de expropiaciones —fija la indemnización al valor de mercado, con un tope del 30% para el lucro cesante, y prohíbe transferir el dominio sin pago previo—, acelera los desalojos por la vía del juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego que impedía, por 30 años, cambiar el uso de tierras incendiadas.

El capítulo que más resistencia genera reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, que hoy limita al 15% la tierra en manos extranjeras, prohíbe que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, veda comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

El Gobierno ya había intentado derogarla por decreto a fines de 2023, pero una cautelar judicial la mantuvo vigente; ahora insiste por ley, dejando la potestad de fijar límites en manos de cada provincia y manteniendo solo la prohibición de compra por Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera.

Bullrich lo resumió así: “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, pero “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”. Con el resultado todavía incierto, todas las miradas —las del oficialismo y las de quienes organizan la marcha— están puestas en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para votar en contra. A esa presión se sumará también la CGT.

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La sesión en el Senado reabre la pulseada por la Ley de Tierras y pone a prueba la mayoría del oficialismo

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Durante el fin de semana el foco parlamentario estará puesto en Diputados, donde acaba de ingresar el proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del BCRA. Sin embargo, lo que en la Casa Rosada van a estar mirando de cerca es lo que puede llegar a suceder a pocos metros, en el Senado.

El jueves 6 de agosto está previsto que la Cámara alta abra el recinto para tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, mayormente conocida como ley de tierras.

En lo que será la quinta oportunidad en que Patricia Bullrich intente darle media sanción, el oficialismo asegura que esta vez tiene los votos para avanzar. Aun así, la exministra tiene en su agenda varios encuentros con senadores de los diferentes bloques dialoguistas para definir el nivel de respaldo al proyecto.

“No podemos ir si no tenemos los votos. Lo de la otra vez no puede volver a pasar”, señaló un senador libertario en referencia a la última sesión, en la que Bullrich pidió un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. “Hay que ver qué pasa con los radicales, hay mucho ruido”, agregó.

En los pasillos del Senado prima la desconfianza. Desde que el proyecto ingresó tuvo 15 borradores y muchos aseguran que “hasta el jueves puede haber un nuevo borrador, el número 16”.

Eso generaría un nuevo problema para la presidenta del bloque libertario. En los últimos días Bullrich se reunió con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor del proyecto y hombre reacio a ceder terreno.

Sin embargo, el “coloso” no solo tuvo que dejar artículos en el camino sino que tuvo que aceptar que las provincias tengan la posibilidad de generar un marco jurídico para la venta de tierras y no solo la ley nacional. Eso fue algo que Bullrich puso sobre la mesa para intentar conseguir o retener votos.

En ese contexto, el presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, decidió que el partido —que emitió un comunicado oponiéndose a la norma— debía tener en sus senadores un correlato, por lo que inició una serie de encuentros con las autoridades del bloque para que acompañen el rechazo que promueve el partido.

Tras esos encuentros, el escenario que La Libertad Avanza manejaba como dato en la Cámara Alta parece haber cambiado. En la última sesión había seis de los diez radicales que tenían pensado acompañar al oficialismo. Ese panorama hoy no estaría vigente.

“Entiendo que estamos en un escenario de tercios. Tenemos tres senadores que van a votar en contra y ya lo adelantaron, otros tres que acompañarían y otros cuatro en duda. Tenemos que sumar más en contra, pero hay algunos que responden a sus gobernadores y esos jefes de estado provinciales tienen buena sintonía con la Casa Rosada. Hay mucha presión en la calle y hay que aprovecharlo”, explicó a Infobae una alta fuente partidaria.

Los radicales no son los únicos que dicen que no, o que ponen en duda el acompañamiento al oficialismo. Misiones se presenta como una incógnita para el oficialismo: los senadores que responden al gobernador y al exgobernador de Encuentro Misionero, así como Enrique Martín Goerling Lara, presidente del bloque del PRO, tampoco darían su apoyo. Lo mismo ocurre con la cordobesa Alejandra Vigo. Y la lista parece seguir engrosándose.

A eso se sumará la calle. Se espera para el jueves una movilización con participación de varios grupos y colectivos. Por eso se prepara un operativo de contención desde las fuerzas de seguridad, ante la previsión de una fuerte movilización de la CGT, la CTA, organizaciones políticas, sociales, ambientales y comunidades indígenas.

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