Más de cinco millones de personas viven en los 6.467 barrios populares relevados en la Argentina. Sobre esa base, la Iglesia, la fundación TECHO y organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron un proyecto de ley acompañado por 11 bloques legislativos de 10 provincias para garantizar por ley el financiamiento de obras de integración socio-urbana hasta 2036. “Para eso es necesario el diálogo”, resumió Gustavo Carrara, Arzobispo de La Plata, al reclamar que los recursos dejen de depender de la voluntad política de cada gestión.

La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Grabois, busca fijar un piso presupuestario vinculado al Producto Bruto Interno (PBI) y responde a un fallo judicial que exhortó al Congreso a garantizar recursos tras la disolución del fondo que sostenía esas obras.

Monseñor Gustavo Carrara reclamó protagonismo

Carrara destacó la necesidad de comprender a los barrios populares desde la organización de quienes los habitan. “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no solo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”, sostuvo el religioso.

“Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario el diálogo”, agregó el Arzobispo de La Plata.

Los razones del proyecto de ley

Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa tiene por objeto “dotar de un financiamiento adecuado, sostenible y permanente a la política de integración socio urbana de los barrios populares de la República Argentina, conforme a lo establecido por la ley 27.453, sus modificatorias y normas complementarias”. Esa norma, sancionada en 2018 con amplio consenso legislativo, reconoce la vulnerabilidad habitacional de millones de argentinos y establece el marco legal para su integración socio-urbana.

El texto sostiene que el derecho a la integración sociourbana, consagrado en el artículo 1° de la Ley 27.453, “es un derecho cuya efectividad depende de la existencia de recursos concretos que le otorguen previsibilidad presupuestaria”. En ese sentido, los fundamentos citan a los tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), que imponen al Estado “el deber de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales” y le prohíben “retroceder sin una justificación estricta y debidamente fundada en los niveles de protección ya alcanzados”.

Un fallo judicial que exhorta al Congreso a garantizar el financiamiento

“La iniciativa legislativa responde de manera directa a una decisión judicial”, le recuerda a este medio el diputado Juan Grabois. En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó, en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones, hizo lugar a una medida cautelar interina que suspendió el Decreto 312/2025 —que disponía la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)— por considerar que la ausencia de financiamiento implicaba “una regresividad inadmisible en términos constitucionales”, que comprometía “el goce efectivo de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, el hábitat y el ambiente sano”.

El juez Andrés Heim, a cargo del juzgado, exhortó de manera expresa al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para establecer un financiamiento adecuado y sostenible. El proyecto que hoy impulsan los 11 bloques constituye la respuesta directa a ese exhorto.

El FISU fue creado por el Decreto 819/2019 como instrumento clave para financiar obras de infraestructura en los barrios registrados en el Renabap. Fue dotado de recursos provenientes, entre otras fuentes, del 9% de la recaudación del Impuesto PAIS, conforme a la ley 27.541 y el decreto 184/2020, lo que le permitió desplegar, según los fundamentos, “una de las políticas de infraestructura social más importantes de las últimas décadas”.

Entre los logros de esa política, el proyecto destaca más de 1.300 obras aprobadas de infraestructura urbana —apertura y mejoramiento de calles, equipamiento urbano, redes de agua, cloaca y electricidad, y lotes con servicios— y más de 250.000 mujeres beneficiadas a través del programa Mi Pieza, orientado a mejoras habitacionales.

Ese esquema se derrumbó con el Decreto 193/2024, que redujo la participación del FISU en el Impuesto PAIS del 9% al 0,3%, “impuesto que luego dejó de existir a fines del año 2024”.

Los fundamentos precisan que esa primera decisión implicó una caída del 96,7% en los recursos disponibles para continuar con las obras en marcha o iniciar nuevas, y que tras la eliminación del impuesto “los recursos para esta política pública se extinguieron”. Como consecuencia, según el informe 145 de la Jefatura de Gabinete, la ejecución de obras se desplomó un 98% entre 2023 y 2026, de 171.863 millones de pesos a apenas 3.336 millones de pesos, y 671 de las 1.322 obras en curso —el 84,3%— quedaron paralizadas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

La fórmula para el financiamiento

El artículo 3° del proyecto establece la fórmula que sostiene el financiamiento: un piso presupuestario equivalente al 0,0375% del PBI para el período 2027-2029, con incrementos progresivos hasta alcanzar el 0,1125% en el tramo 2034-2036. Los fundamentos aclaran que la iniciativa no crea un nuevo impuesto ni una fuente de financiamiento adicional, sino que establece, dentro del conjunto de los recursos públicos de renta general, una prioridad presupuestaria para la integración socio-urbana.

“El monto inicial de 0,0375% del PBI es equivalente al nivel de inversión efectiva alcanzado por el FISU durante el año 2021 —año en que la política dio comienzo a su despliegue territorial e impacto social— y representa el mínimo necesario para garantizar la sostenibilidad de las obras en ejecución, evitar su paralización y planificar con horizonte estratégico la integración de los más de 6.000 barrios populares registrados en el ReNaBap”, según el texto presentado ante la Cámara de Diputados.

La iniciativa agrega que los recursos destinados a esta política no podrán ser inferiores a los del año anterior, incluso en caso de una eventual prórroga del Presupuesto Nacional, y propone prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares.

Gisella Gazzotti, directora nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, explicó los alcances de la iniciativa. “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”, afirmó.

El último relevamiento del ReNaBap

La Mesa Nacional de Barrios Populares —integrada por Cáritas, TECHO y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)— retoma con este proyecto el espíritu de consenso transversal que en 2018 permitió sancionar la Ley de Barrios Populares.

Según el ReNaBap, con datos actualizados a diciembre de 2025, existen 6.467 barrios populares identificados en todo el país, que ocupan una superficie de 684.201.855 metros cuadrados y donde viven aproximadamente 1.287.942 familias, en 1.170.397 viviendas.

El relevamiento del organismo, dependiente de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, clasifica al 81,24% de esos barrios como asentamientos, al 17,41% como villas y al 1,35% como conjuntos habitacionales unifamiliares. En cuanto a su antigüedad, el 26,83% se conformó durante la década de 2010 y el 24,80% durante la de 2000, mientras que un 3,74% de los barrios populares corresponde mayoritariamente a comunidades originarias, entre las que predominan las etnias qom, wichí y guaraní.

Con financiamiento sostenido, la política llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados. La política fue auditada sin observaciones por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

El relevamiento del Instituto Periferias exhibe la magnitud de la crisis social

Un informe elaborado por el Instituto Periferias, que conduce Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, aporta datos sobre la situación social en las zonas más vulnerables de la provincia de Buenos Aires durante 2026. Según ese relevamiento, el 57,5% de los consultados mencionó al hambre y la pobreza como el principal problema del país, con un 32,2% que citó específicamente el hambre y un 25,3% la pobreza.

El estudio también registró que el 44,1% de los hogares sufrió la pérdida del trabajo principal, propio o de algún integrante de la familia, y que el 74,4% de los hogares no llega a cubrir los gastos mínimos con sus ingresos; solo el 11,1% respondió que sí le alcanzan. Un 52,3% de los consultados dijo sentir ansiedad o tristeza por la situación económica de manera frecuente o permanente.

En materia alimentaria, el 68,3% no pudo acceder a alimentos saludables y nutritivos, y el 49,2% se quedó sin alimentos en el hogar en algún momento. El relevamiento detectó además que el 42,3% de los hogares tuvo que pedir dinero prestado o endeudarse para comprar comida, que el 59,8% tiene algún tipo de deuda financiera y que el tipo de deuda más mencionado, con el 37,8%, corresponde a la tarjeta de crédito.

¿Quiénes firmaron el proyecto?

El proyecto lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Martín Lousteau, Sebastián Nóblega, Fernanda Miño, Javier Noguera, Natalia De la Sota, Diógenes Ignacio González, Yolanda Vega, Esteban Paulón, Oscar Zago, Claudio Álvarez y Marcela Marina Pagano. Como cofirmantes figuran Lourdes Arrieta, Itai Hagman, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Pablo Juliano y Jorge Fernández.

Entre los espacios políticos que acompañan la iniciativa se encuentran Coalición Cívica, Argentina Federal, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Independencia, Defendamos Córdoba, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Coherencia.

Falta de servicios básicos

A menos de 15 días de que el Gobierno nacional presente el Presupuesto 2027, los datos del ReNaBap dimensionan el problema que busca resolver el proyecto de ley. Según el organismo, el 91,57% de los barrios populares no tiene acceso formal al agua corriente, el 66,18% carece de acceso formal a la energía eléctrica, el 97,42% no cuenta con conexión formal a la red cloacal, el 98,56% no tiene acceso formal a la red de gas y el 98,89% no dispone de un sistema de calefacción formal. El 100% de los barrios relevados está amparado por la Ley 27.453, que otorga seguridad en la tenencia de la tierra, de acuerdo con el mismo registro.