Conecta con nosotros

Destacado

La iglesia, movimientos sociales y once bloques del Congreso impulsan una ley para el financiamiento de obras en barrios populares por diez años

Publicado

en

Más de cinco millones de personas viven en los 6.467 barrios populares relevados en la Argentina. Sobre esa base, la Iglesia, la fundación TECHO y organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron un proyecto de ley acompañado por 11 bloques legislativos de 10 provincias para garantizar por ley el financiamiento de obras de integración socio-urbana hasta 2036. “Para eso es necesario el diálogo”, resumió Gustavo Carrara, Arzobispo de La Plata, al reclamar que los recursos dejen de depender de la voluntad política de cada gestión.

La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Grabois, busca fijar un piso presupuestario vinculado al Producto Bruto Interno (PBI) y responde a un fallo judicial que exhortó al Congreso a garantizar recursos tras la disolución del fondo que sostenía esas obras.

Monseñor Gustavo Carrara reclamó protagonismo

Carrara destacó la necesidad de comprender a los barrios populares desde la organización de quienes los habitan. “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no solo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”, sostuvo el religioso.

“Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario el diálogo”, agregó el Arzobispo de La Plata.

Los razones del proyecto de ley

Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa tiene por objeto “dotar de un financiamiento adecuado, sostenible y permanente a la política de integración socio urbana de los barrios populares de la República Argentina, conforme a lo establecido por la ley 27.453, sus modificatorias y normas complementarias”. Esa norma, sancionada en 2018 con amplio consenso legislativo, reconoce la vulnerabilidad habitacional de millones de argentinos y establece el marco legal para su integración socio-urbana.

El texto sostiene que el derecho a la integración sociourbana, consagrado en el artículo 1° de la Ley 27.453, “es un derecho cuya efectividad depende de la existencia de recursos concretos que le otorguen previsibilidad presupuestaria”. En ese sentido, los fundamentos citan a los tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), que imponen al Estado “el deber de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales” y le prohíben “retroceder sin una justificación estricta y debidamente fundada en los niveles de protección ya alcanzados”.

Un fallo judicial que exhorta al Congreso a garantizar el financiamiento

“La iniciativa legislativa responde de manera directa a una decisión judicial”, le recuerda a este medio el diputado Juan Grabois. En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó, en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones, hizo lugar a una medida cautelar interina que suspendió el Decreto 312/2025 —que disponía la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)— por considerar que la ausencia de financiamiento implicaba “una regresividad inadmisible en términos constitucionales”, que comprometía “el goce efectivo de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, el hábitat y el ambiente sano”.

El juez Andrés Heim, a cargo del juzgado, exhortó de manera expresa al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para establecer un financiamiento adecuado y sostenible. El proyecto que hoy impulsan los 11 bloques constituye la respuesta directa a ese exhorto.

El FISU fue creado por el Decreto 819/2019 como instrumento clave para financiar obras de infraestructura en los barrios registrados en el Renabap. Fue dotado de recursos provenientes, entre otras fuentes, del 9% de la recaudación del Impuesto PAIS, conforme a la ley 27.541 y el decreto 184/2020, lo que le permitió desplegar, según los fundamentos, “una de las políticas de infraestructura social más importantes de las últimas décadas”.

Entre los logros de esa política, el proyecto destaca más de 1.300 obras aprobadas de infraestructura urbana —apertura y mejoramiento de calles, equipamiento urbano, redes de agua, cloaca y electricidad, y lotes con servicios— y más de 250.000 mujeres beneficiadas a través del programa Mi Pieza, orientado a mejoras habitacionales.

Ese esquema se derrumbó con el Decreto 193/2024, que redujo la participación del FISU en el Impuesto PAIS del 9% al 0,3%, “impuesto que luego dejó de existir a fines del año 2024”.

Los fundamentos precisan que esa primera decisión implicó una caída del 96,7% en los recursos disponibles para continuar con las obras en marcha o iniciar nuevas, y que tras la eliminación del impuesto “los recursos para esta política pública se extinguieron”. Como consecuencia, según el informe 145 de la Jefatura de Gabinete, la ejecución de obras se desplomó un 98% entre 2023 y 2026, de 171.863 millones de pesos a apenas 3.336 millones de pesos, y 671 de las 1.322 obras en curso —el 84,3%— quedaron paralizadas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

La fórmula para el financiamiento

El artículo 3° del proyecto establece la fórmula que sostiene el financiamiento: un piso presupuestario equivalente al 0,0375% del PBI para el período 2027-2029, con incrementos progresivos hasta alcanzar el 0,1125% en el tramo 2034-2036. Los fundamentos aclaran que la iniciativa no crea un nuevo impuesto ni una fuente de financiamiento adicional, sino que establece, dentro del conjunto de los recursos públicos de renta general, una prioridad presupuestaria para la integración socio-urbana.

“El monto inicial de 0,0375% del PBI es equivalente al nivel de inversión efectiva alcanzado por el FISU durante el año 2021 —año en que la política dio comienzo a su despliegue territorial e impacto social— y representa el mínimo necesario para garantizar la sostenibilidad de las obras en ejecución, evitar su paralización y planificar con horizonte estratégico la integración de los más de 6.000 barrios populares registrados en el ReNaBap”, según el texto presentado ante la Cámara de Diputados.

La iniciativa agrega que los recursos destinados a esta política no podrán ser inferiores a los del año anterior, incluso en caso de una eventual prórroga del Presupuesto Nacional, y propone prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares.

Gisella Gazzotti, directora nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, explicó los alcances de la iniciativa. “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”, afirmó.

El último relevamiento del ReNaBap

La Mesa Nacional de Barrios Populares —integrada por Cáritas, TECHO y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)— retoma con este proyecto el espíritu de consenso transversal que en 2018 permitió sancionar la Ley de Barrios Populares.

Según el ReNaBap, con datos actualizados a diciembre de 2025, existen 6.467 barrios populares identificados en todo el país, que ocupan una superficie de 684.201.855 metros cuadrados y donde viven aproximadamente 1.287.942 familias, en 1.170.397 viviendas.

El relevamiento del organismo, dependiente de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, clasifica al 81,24% de esos barrios como asentamientos, al 17,41% como villas y al 1,35% como conjuntos habitacionales unifamiliares. En cuanto a su antigüedad, el 26,83% se conformó durante la década de 2010 y el 24,80% durante la de 2000, mientras que un 3,74% de los barrios populares corresponde mayoritariamente a comunidades originarias, entre las que predominan las etnias qom, wichí y guaraní.

Con financiamiento sostenido, la política llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados. La política fue auditada sin observaciones por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

El relevamiento del Instituto Periferias exhibe la magnitud de la crisis social

Un informe elaborado por el Instituto Periferias, que conduce Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, aporta datos sobre la situación social en las zonas más vulnerables de la provincia de Buenos Aires durante 2026. Según ese relevamiento, el 57,5% de los consultados mencionó al hambre y la pobreza como el principal problema del país, con un 32,2% que citó específicamente el hambre y un 25,3% la pobreza.

El estudio también registró que el 44,1% de los hogares sufrió la pérdida del trabajo principal, propio o de algún integrante de la familia, y que el 74,4% de los hogares no llega a cubrir los gastos mínimos con sus ingresos; solo el 11,1% respondió que sí le alcanzan. Un 52,3% de los consultados dijo sentir ansiedad o tristeza por la situación económica de manera frecuente o permanente.

En materia alimentaria, el 68,3% no pudo acceder a alimentos saludables y nutritivos, y el 49,2% se quedó sin alimentos en el hogar en algún momento. El relevamiento detectó además que el 42,3% de los hogares tuvo que pedir dinero prestado o endeudarse para comprar comida, que el 59,8% tiene algún tipo de deuda financiera y que el tipo de deuda más mencionado, con el 37,8%, corresponde a la tarjeta de crédito.

¿Quiénes firmaron el proyecto?

El proyecto lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Martín Lousteau, Sebastián Nóblega, Fernanda Miño, Javier Noguera, Natalia De la Sota, Diógenes Ignacio González, Yolanda Vega, Esteban Paulón, Oscar Zago, Claudio Álvarez y Marcela Marina Pagano. Como cofirmantes figuran Lourdes Arrieta, Itai Hagman, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Pablo Juliano y Jorge Fernández.

Entre los espacios políticos que acompañan la iniciativa se encuentran Coalición Cívica, Argentina Federal, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Independencia, Defendamos Córdoba, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Coherencia.

Falta de servicios básicos

A menos de 15 días de que el Gobierno nacional presente el Presupuesto 2027, los datos del ReNaBap dimensionan el problema que busca resolver el proyecto de ley. Según el organismo, el 91,57% de los barrios populares no tiene acceso formal al agua corriente, el 66,18% carece de acceso formal a la energía eléctrica, el 97,42% no cuenta con conexión formal a la red cloacal, el 98,56% no tiene acceso formal a la red de gas y el 98,89% no dispone de un sistema de calefacción formal. El 100% de los barrios relevados está amparado por la Ley 27.453, que otorga seguridad en la tenencia de la tierra, de acuerdo con el mismo registro.

Advertisement

Destacado

Discapacidad y ley de Tierras: dos temas que vuelven a tensionar la agenda legislativa y superan los límites del Congreso

Publicado

en

El Congreso vuelve a girar sobre temas irresueltos. El oficialismo dedica sus principales esfuerzos en Diputados a desarticular la sesión motorizada por espacios opositores con la intención de bajar el famoso DNU 70, que entre sus muchos artículos incluyó la derogación de límites a la compra de tierras por extranjeros. Y a la vez, teje para armar una sesión que incluya su proyecto sobre Discapacidad, después del descalabro provocado por el propio Ejecutivo con el texto del Presupuesto 2027. En los dos casos, se trata de cuestiones con repercusión e ingredientes que superan a la política.

Los dos temas, además, fueron repuestos por la oposición, en un contexto más amplio que, de mínima, incomoda al Gobierno. La reposición del debate sobre la ley de Tierras fue gatillada por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, al dejar sin efecto el amparo promovido por un grupo de ex combatientes de Malvinas que frenaba el artículo específico del referido Decreto de Necesidad y Urgencia. Y el nuevo capítulo sobre un área tan sensible como la discapacidad añade, de manera creciente, mensajes de la Iglesia cuando falta poco más de un mes para la visita del papa León XIV.

La más reciente señal de la Iglesia acaba de producirse y fue transmitida de manera directa al Gobierno. La semana comenzó con un encuentro entre funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina, en especial integrantes de la Pastoral Social y, dentro de esa comisión, del área de discapacidad. Desde el Gobierno dejaron trascender que no se trató del primer contacto. La convocatoria, de todos modos, fue anunciada formalmente por canales de la Iglesia.

El diálogo fue calificado como cordial. Los funcionarios recibieron un documento con planteos vinculados a la situación de “muchas familias y numerosas instituciones vinculadas con la discapacidad que están atravesando momentos particularmente difíciles”. No es poco en letra eclesiástica. La reunión fue evaluada como una señal positiva, aunque con una consideración que resumiría las urgencias: “Los gestos solos no alcanzan”.

Por supuesto, el hecho en sí mismo tiene vínculo directo con la visita del Papa y la relación del Gobierno con el episcopado local. El oficialismo viene haciendo esfuerzos para evitar la exposición de su malestar frente a los señalamientos sobre la situación social. Sin embargo, no oculta los cuestionamientos por la vía del trascendido. Y a la vez, potencia algunos temas, como el de la discapacidad, al dejar circular disgusto sobre la visita al Cottolengo Don Orione en el primer día de la actividad pastoral.

Esa señal no pasó inadvertida para nadie. El arzobispo de Córdoba, cardenal Angel Rossi, dijo en recientes declaraciones que León XIV encontrará una Argentina “cascoteada” en el plano social, lamentó mensajes políticos “triunfalistas” frente a ese cuadro y relacionó -como gesto a los sectores vulnerables- la visita al Cottolengo Don Orione con el viaje a la isla de Lampedusa realizado por Francisco para expresar solidaridad con los migrantes. Allí también estuvo su sucesor.

Con todo, los mayores enojos del Gobierno tienen como centro al arzobispo de Buenos Aires. Jorge García Cuerva habló de una “Argentina herida” por la intolerancia y “donde duele un porcentaje muy alto de hermanos que la están pasando mal”. Reiteró algunos de esos conceptos en la misa que coronó la peregrinación a Luján. La reacción libertaria fue visible en redes sociales. La casi totalidad de funcionarios mantuvo el silencio. Salvo Luis Caputo, que retuiteó un mensaje de Felipe Núñez, asesor suyo y director del BICE, que dijo estar “cansado de este tipo” y agregó: “Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”.

En ese contexto, y después de buscar un acuerdo con aliados y dialoguistas para dejar de lado el duro ajuste incluido en el Presupuesto, el bloque de LLA buscará imponer en el recinto su proyecto sobre discapacidad. El punto es cuándo tratarlo y, más aún, cómo jugarlo en la pulseada para desarmar la convocatoria a sesión especial impulsada por espacios de la oposición en Diputados.

De hecho, está planteada una especie de contrapunto de sesiones. La oposición decidió motorizar la suya, para el jueves 15, con foco en la ley de tierras, pero añadió al temario otros dos puntos: discapacidad y morosidad (endeudamiento familiar). Parece realmente difícil el acompañamiento de legisladores alineados con sus gobernadores para voltear el mega DNU del 2023. Los cálculos opositores indican hasta ahora que no cuentan con número para lograr quórum.

El impacto de la decisión de la Corte que repuso del tema de la ley de Tierras -significativo incluso socialmente- y el añadido de la movida opositora alcanzaron para que el oficialismo se pusiera a estudiar alternativas propias para bajar o neutralizar el artículo 154 de aquel decreto presidencial. Y para completar, apuntó a despegarlo del resto de los debates pendientes, entre ellos los motorizados por bloques de la oposición.

En esa línea, buscarían una sesión para el 21 de este mes, con un temario que colabore a “vaciar” la convocatoria opositora. De esta manera, el oficialismo incluiría morosidad y Discapacidad, junto al proyecto sobre biocombustibles, que viene del Senado, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa a Diputados con cambios negociados para la aprobación en la Cámara alta.

Por otras vías, aunque con los mismos interlocutores, el Gobierno busca definir un entendimiento sobre la reforma electoral, con eje en la anulación o suspensión de las PASO. Las conversaciones con los jefes provinciales, reavivadas durante el viaje a Partís junto a Javier Milei, aún no están cerradas. Pueden ir de la mano con los acuerdos que demanda el Proyecto de Presupuesto 2027, pero el punto central es la contraprestación de LLA en cada distrito para no complicar los planes reeleccionistas de los gobernadores. Las conversaciones pueden ser grupales -por espacios políticos-, aunque al final serían tratos individuales. Eso va a ocupar la agenda de Diego Santilli en estos días.

Continue leyendo

Destacado

Milei prioriza el plano internacional y el ala política se enfoca al máximo en construir puentes con los aliados

Publicado

en

Cuando el presidente Javier Milei comenzó a planificar su nuevo viaje a España, sabía que su visita tendría un fuerte tinte político, pero no se imaginaba que iba a coincidir con el momento en el que se empezarán a definir las candidaturas en el país europeo, con su amigo Sebastián Abascal como probable competidor de Pedro Sánchez, justo después de que otro de los dirigentes que apoyó, Flávio Bolsonaro, ganara la primera vuelta en Brasil.

El mandatario nacional, que busca mantenerse como uno de los referentes de la derecha mundial, no descarta ahora volver a respaldar activamente a los líderes de VOX y del Partido Liberal, ya en el tramo final de ambas campañas.

El libertario le confirmó a su círculo más cercano, en la última reunión de Gabinete, que partirá a Madrid el próximo 19 de octubre, y se quedará allí al menos dos días para participar de diferentes actividades.

Aunque no fue informado oficialmente, el jefe de Estado tendrá en esa ciudad un evento programado para el 21, misma fecha en la que se comenzarán a anunciar a los candidatos para los comicios españoles.

El otro foco está puesto en Brasil: Milei ya viajó a San Pablo para respaldar la campaña de Bolsonaro, que ganó la primera vuelta y enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del 25 de este mismo mes.

El dirigente del país vecino anticipó en declaraciones televisivas que tenía previsto invitar al presidente argentino luego de la victoria y, aunque por el momento tampoco se anunció un nuevo encuentro entre ambos antes de la elección definitiva, en el Gobierno tampoco descartaban esa posibilidad.

Tras los buenos resultados para el bolsonarismo, el mandatario argentino y su entorno destacaron los triunfos de todos aquellos candidatos de derecha o liberales que respaldaron, como los de José Antonio Kast, en Chile; Daniel Noboa, en Ecuador; Keiko Fujimori, en Perú; Abelardo de la Espriella, en Colombia, y Nasry Asfura, en Honduras, entre otros.

Mientras tanto, en Buenos Aires se suspendió la reunión de la mesa política que había sido convocada para este martes, desde las 13:00, en la que se planeaba debatir la estrategia legislativa, especialmente de cara a la sesión convocada por la oposición para la semana que viene.

Hasta la noche del lunes, varios de los integrantes del reducido grupo reconocían que todavía no era del todo seguro que se hiciera el encuentro debido a que algunos de ellos tenían “problemas de agenda” y estaban esperando las órdenes de la secretaria general, Karina Milei.

Finalmente, el Gobierno confirmó la suspención debido a que varios de los funcionarios viajarán por la mañana a Salta para supervisar el desarrollo de las etapas III y IV del Proyecto Sal de Oro, una planta que tiene el objetivo de alcanzar 100.000 toneladas de productos de litio al año.

Sin embargo, el viaje también podría servir para seguir acercando posiciones, ya que participarán del acto el gobernador local, Gustavo Sáenz, y el de Catamarca, Raúl Jalil.

Además de Karina Milei y Santilli, a la provincia del norte también irán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, por lo que la mitad de la mesa política estará allá.

La cúpula libertaria tenía previsto analizar el resultado de las negociaciones que la funcionaria y Diego Santilli mantuvieron con los 13 gobernadores que participaron de la Argentina Week.

“Es posible que se toque el tema, sobre todo después de las repercusiones positivas de Paris”, anticipaba uno de los miembros de la mesa antes de que se cancelara el encuentro.

La delegación oficial regresó de Francia con la expectativa de haber mejorado su vínculo con los mandatarios provinciales y de haber conseguido apoyos para avanzar con la reforma electoral, cuyo principal objetivo para el Gobierno es eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A la mesa política también iban a asistir el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En tanto, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que también integra habitualmente ese espacio, ya estaba en duda después de no participar de la última reunión de Gabinete porque se sentía mal.

En París, el Gobierno buscó fortalecer el diálogo con 13 gobernadores que participaron de la Argentina Week. El primer paso fue una cena encabezada por Santilli en la embajada argentina, donde se combinaron las conversaciones sobre inversiones con la discusión por los proyectos que el oficialismo necesita aprobar en el Congreso.

Luego, Karina Milei mantuvo una reunión política con los mandatarios, acompañada por Santilli y Caputo. En la Casa Rosada consideran que ese encuentro permitió acercar posiciones con los dirigentes provinciales, especialmente después de que la secretaria general les transmitiera que La Libertad Avanza no buscará competirles con candidatos propios en sus distritos.

El oficialismo interpreta esa señal como parte de un principio de entendimiento para negociar la eliminación de las PASO y eventuales acuerdos electorales hacia 2027. Sin embargo, varios gobernadores evitaron hacer definiciones públicas y dejaron pendiente la discusión sobre la estrategia en cada provincia.

La agenda legislativa se volvió más compleja después del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y de la convocatoria que distintos bloques opositores hicieron para una sesión especial en Diputados el próximo 15 de octubre.

El temario incluye la derogación definitiva del DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para atender la situación de los endeudados.

Para el Gobierno, la posible caída del mega decreto representa uno de los principales riesgos parlamentarios. La norma fue rechazada por el Senado en marzo de 2024, pero la oposición no había conseguido hasta ahora los votos necesarios para que Diputados completara su derogación.

La Casa Rosada analiza alternativas para evitar que los gobernadores y los bloques dialoguistas acompañen esa iniciativa. Una de las opciones es incorporar una regulación sobre la venta de tierras a extranjeros dentro de la ley de Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado, para separar ese debate del resto del DNU.

En paralelo, el oficialismo intenta ordenar el tratamiento del Presupuesto 2027 y de la reforma política. La discusión sobre discapacidad ya obligó al Gobierno a modificar su propuesta inicial y a negociar con aliados para conseguir un dictamen que preserve el nomenclador único de prestaciones, las actualizaciones por inflación y la compatibilidad de las pensiones con el empleo.

Continue leyendo

Destacado

Milei se proyecta como el “impulsor de la derecha” en la región y busca un liderazgo compartido con Bolsonaro

Publicado

en

El día después de la ventaja en primera vuelta del senador Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, el Gobierno se ilusiona con la consolidación de un cambio de tendencia y vaticina un liderazgo compartido en la región. El planteo surge ante la posibilidad de que el hijo de Jair Bolsonaro se imponga en el balotaje del 25 de octubre ante Luiz Inácio Lula da Silva, lo que podría consolidar a otra figura de derecha con peso en el continente.

Si bien hay quienes sostienen que la proyección del dirigente del Partido Liberal (PL) supondrá una competencia directa para Milei por el lugar de principal nexo regional con Donald Trump, en la Casa Rosada relativizan esa posibilidad y plantean que ambas figuras podrían coincidir y potenciar al conservadurismo.

Para eso, aspiran a consolidar al libertario como el impulsor del despliegue ideológico en la región, dado que fue uno de los primeros gobiernos de la nueva ola de derecha en asumir. Con ese objetivo, el oficialismo comparte un mapa comparativo de la Sudamérica de 2023, con fuerte predominio rojo, con el escenario actual, marcado por el avance de expresiones conservadoras.

En Balcarce 50 anticiparon la estrategia, que les permitirá sintetizar las contradicciones entre los deseos genuinos del libertario y los diagnósticos internos en torno a la elección de Brasil, la tercera economía más grande del mundo y el país con mayor peso del continente.

“Milei se va a subir al triunfo de Bolsonaro para vender que es por su influencia en la región y algo de eso hay. Para Argentina no es necesariamente bueno porque perdés singularidad e importancia dado que para Trump sos un socio estratégico clave, pero estando Brasil vales un poco menos”, admitió ante Infobae una fuente en estricta reserva.

En paralelo, el propio mandatario salió al cruce de quienes plantearon que el triunfo de Bolsonaro “era malo” para el país y apuntó contra “las mierdas humanas con micrófono” y a “los analistas zurdos y progres”. “El odio los tiene ciegos. Se van a seguir peleando con la realidad por exceso de odio, envidia y resentimiento”, planteó en X.

Tras los vientos positivos para la derecha brasileña, en el Poder Ejecutivo fantasean con un liderazgo compartido y no lineal, que se construya en relación con otro referente de peso como Bolsonaro. Según exponen, Brasil fue históricamente reconocido por su peso económico en la región, mientras que la Argentina buscó ocupar un lugar de referencia “política y cultural”.

“Puede seguir habiendo un liderazgo dialéctico, porque Milei resultó ser una suerte de fenómeno que trascendió las fronteras”, enfatizó un hombre que transita a diario Casa Rosada.

Sin haber sido conversada, la postura es compartida en otra de las tribus del espacio. “Néstor (Kirchner) y Lula (da Silva) convivieron durante casi 8 años porque tenían particularidades distintas y economías complementarias. Milei fue a Brasil, se peleó con Lula, retiró el embajador y demostró estar dispuesto a poner el cuerpo por Flávio como no lo hizo ningún otro político”, ejemplificó un funcionario del entorno del mandatario.

Luego de publicar una serie de mensajes en respaldo del carioca y contra Lula da Silva, y de celebrar la victoria derechista con el Gabinete, en el oficialismo se muestran cautelosos ante los comicios definitorios del 25 de octubre y aseguran que la participación de Milei estará supeditada a las necesidades de campaña del candidato brasileño. “No está previsto que vaya, pero va a depender de lo que necesite Bolsonaro”, sostuvieron desde la mesa chica de Milei.

El mayor de los hijos de Bolsonaro parece apoyarse en el libertario: el domingo invitó al Presidente a Brasil, luego de pronunciar la frase “viva la libertad, carajo”, popularizada por el argentino. Este mediodía, el exdiputado federal y hermano del candidato, Eduardo Bolsonaro, calificó de “profeta” a Milei por su trabajo en la región desde su cuenta de X.

En Balcarce 50 tampoco desvinculan la agenda española del nuevo escenario geopolítico. No es casual que el libertario tenga en agenda un nuevo viaje a España, previsto para el 19 de octubre, ni que lo confirmara a horas de que Pedro Sánchez, con quien mantiene una pésima relación, convocara a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, en medio de una crisis social.

Pese a que la sintonía de Milei es con VOX, en la administración libertaria anticipan que un eventual triunfo del Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, que actualmente aventaja en las encuestas también sería bien recibido.

“Es una buena noticia sobre todo si gana la derecha después de que Milei vaya y se involucre. Es loco lo que pasa con el Presidente”, destacaron desde el karinismo, luego de que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hiciera referencia a la “motosierra” de Milei.

Continue leyendo
Advertisement

Trending