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La incomodidad en el Gabinete por Adorni y la tensión por las definiciones electorales

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“¿Es joda esto?… ¿Pueden adherir los funcionarios a la Inocencia Fiscal?”. Un importantísimo miembro de la mesa chica del Gobierno se agarraba la cabeza ayer, mientras leía las noticias. Los portales informaban que la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, y el mismísimo jefe de Gabinete, se adhirieron al régimen de Ganancias Simplificado. La Ley 27.799, que habilitó esa modalidad, se votó en las sesiones extraordinarias de diciembre, cuando Javier Milei estaba sobrado en el Congreso. El miembro del staff oficialista no había registrado que, a diferencia otras leyes de blanqueo anteriores, la norma de Milei permite que los funcionarios públicos gocen del “tapón fiscal” de ARCA, que se tapa los ojos y exime a los contribuyentes de una pesquisa fiscal, sin hacer mayores preguntas.

Como el resto del Gabinete, el funcionario que se desayunaba con los trámites de Adorni estaba completamente a ciegas de la explicación que, horas más tarde, daría el jefe de Gabinete sobre su nivel de vida actual. Nadie le anticipó al equipo oficial cuál sería la estrategia del ministro coordinador. “Nadie avisó nada”, se quejó.

Adorni dijo que tiene medio millón de dólares en negro gracias a ahorros de toda la vida y a exitosas inversiones en Bitcoin, que acumuló al margen de los radares del fisco. Aseguró que tenía ese dinero antes de asumir, y que decidió invertirlo recién en los últimos dos años por una necesidad familiar.

Adorni, sus contadores y sus abogados trabajaron durante las últimas semanas para encontrar un salvataje legal. No para evitar el papelón. Lo puso de relieve Victoria Villarruel, que ayer publicó en las redes: “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

Un colaborador oficial reconoció: “Lo reputacional está perdido. Lo que tiene que hacer Manuel es resolver su causa por enriquecimiento ilícito”.

La Casa Rosada, no obstante, hizo esfuerzos para darle una narrativa digerible al tema, al menos ante la tropa propia. La idea fue instalar que el jefe de gabinete sólo omitió declarar fortuna ante los gobiernos populistas, algo que podría resultar cool en el mundillo libertario. De hecho, cuando se presentó la Ley de Inocencia Fiscal el lema fue: “Todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario”. Salió de boca de Jose Luis Espert, el ex diputado libertario investigado por presunto lavado de dinero.

Adorni dijo en LN+ que todo el gabinete lo apoyaba, pero al menos hasta ayer, entrada la anoche, ningún ministro se había pronunciado al respecto en redes sociales. Todos mantuvieron un perfil bajísimo, a la espera de que el jefe de Gabinete se defendiera solo. Al menos dos importantes miembros de la mesa política de la Casa Rosada se fueron a dormir rogando que no llegara un pedido de “operativo clamor” de parte de Karina Milei como hubo al inicio del affaire.

Hoy, la plana mayor deberá disimular cualquier incomodidad en la reunión de mesa política que Adorni encabezará en la Casa Rosada.

Quien sí salió inmediatamente a defender en X al jefe de Gabinete fue Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia. “Listo, Manuel explicó todo perfecto y completo. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que es inocente. FIN”. El Presidente lo avaló con un retuit.

Hoy, Oría es más que el camarógrafo oficial del Gobierno. Karina le encargó que conforme una estructura de redes sociales que le dispute representación digital a los influencers que se referencian en Santiago Caputo. La hermana del Presidente tiene miedo que sus enemigos internos le “apaguen” el dispositivo digital o que le jueguen en contra.

“A Oría lo están enfierrando”, reconoció una fuente de la Casa Rosada, en alusión a los recursos que comenzaron a volcarse para organizar esa nueva estructura. Una misión semejante requiere, de mínima, contar con un ejército de líderes de opinión que bajen líneas narrativas eficaces. Por ahora, el cineasta cuenta con un sitio digital propio. Se llama Contra Relato (@contrarelatoarg) y tiene un diseño muy parecido a La Derecha Diario, aunque infinitamente menor cantidad de seguidores.

La hermana del Presidente tiene la mira, primero, en aquello que dota de mayor poder a Caputo y que es el magma mismo de Las Fuerzas del Cielo: el control de la conversación oficialista en las redes sociales. “Nos quieren reemplazar pero no saben cómo hacerlo. No tienen cuentas que puedan guiar la conversación y, sobre todo, no entienden la lógica de las redes. Son autoritarios para bajar línea y eso no funciona. La militancia amplifica orgánicamente lo que dicen el Gordo Dan o los pibes de Carajo porque se sienten representados”, replicó uno de los referentes “fuerzadelcielistas”.

Javier Milei está hastiado de este tipo de tironeos en su equipo. “Javier no está contento con ese tema, está muy hinchado las pelotas. Pero no tiene el poder para ordenar que tenía antes. Tiene temor a que los propios le hagan quilombo.”, dijo uno de sus interlocutores habituales.

Con la mira puesta en Comodoro Py

Adorni pretende que la rectificación de sus declaraciones juradas oficie de salvavidas en la causa judicial que investiga si él se enriqueció gracias a la función pública.

La pelota está en manos del fiscal Gerardo Pollicita, que espera que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) culmine el peritaje contable sobre los números del jefe de Gabinete. Los auxiliares de la Justicia también trabajan en una pesquisa sobre las criptomonedas de Adorni, que podría verificar las inversiones que el relató en las últimas horas.

En paralelo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dio una señal de una etapa de mayor sintonía con los tribunales. Su cartera invitó a Ariel Lijo -juez del caso Adorni y del caso ANDIS- a la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París. En ediciones anteriores, a ese encuentro asistieron Juan Tomás Rodríguez Ponte, el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que es del riñón de Lijo. También otros jueces federales de primera instancia, como Sebastián Casanello.

“Ese viaje no va a cambiar las causas en trámite. Pero demuestra algo más importante: que si hubo tensión y sorpresa en Comodoro Py por la designación de Mahiques en el Gobierno, hoy prima una larga historia de amistad”, dijo un conocedor de los pasillos de tribunales.

Ayer, en tanto, el Consejo de la Magistratura, con el voto de los representantes del Poder Ejecutivo, avanzó con el Concurso 461, destinado a cubrir dos cargos en la estratégica Cámara Federal que resuelve los fallos de segunda instancia en Comodoro Py. Son sillas actualmente ocupadas por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados a esos cargos durante la gestión de Mauricio Macri. En las ternas que se elevarán al Poder Ejecutivo hay seis nombres, pero el rumor más fuerte es que los elegidos por el Gobierno serán el propio Bertuzzi (que decidió concursar su cargo) y Pablo Yadarola, juez en lo penal económico.

El futuro de los jueces trasladados trae alguna polémica porque hay quienes señalan que se deberían concursar decenas de cargos que están en la misma situación. Bruglia, de hecho, pidió que se suspendiera el concurso 461.

El jefe de Estado está muy lejos de toda la trama judicial. Solo revisa la lista de pliegos que Mahiques confecciona antes de que se formalice su envío al Senado. El Presidente, en cambio, opta por los temas que lo apasionan más, como la aplanadora desreguladora que le propone Federico Sturzenegger, los anuncios de inversiones que le acerca “Toto” Caputo o la agenda internacional de alineamiento ferreo con los Estados Unidos e Israel.

Milei también deja en un paréntesis las decisiones de estrategia política para 2027 que ya generan chispas entre sus tribus. El Presidente anhela que, al final del camino, la economía -que hoy está empujada por un puñado de sectores “ganadores”- derrame en el gran público y sea una ordenadora de la cuestión electoral. Si después la dirigencia y la voluntad popular no se alinean detrás de su reelección, él se “volverá a la casa” como suele decir en sus entrevistas y discursos.

Una de las decisiones trascendentales, a resolver en el mediano plazo, tiene que ver con la fórmula presidencial de 2027. ¿Quién va a integrar el binomio con Milei? Hay quienes leen los movimientos políticos de Patricia Bullrich en esa clave, como si buscara una candidatura a vice con aporte de votos propios. Es decir, como una compañera de fórmula que, de lograr la reelección, pueda controlar espacios de poder haciendo valer su capital político.

“Patricia hoy está buscando representar a la gente que la votó en 2023. Es un cuarto del electorado. Tiene lógica que recale como una candidata a vice no decorativa que, en caso de ganar, asuma funciones importantes”, describe un miembro del elenco bullrichista.

Hay colaboradores de Milei que coinciden con esa variante y que, incluso, aconsejaron recientemente acelerar un ofrecimiento para abrazar a Bullrich y neutralizar sus movimientos autónomos.

Ese plan, no obstante, tiene un obstáculo mayúsculo: Karina Milei. Ella hoy se resiste a darle a Bullrich la candidatura a la Vicepresidencia. “No quiero otra Villarruel”, le comunicó la hermana presidencial días atrás a uno de sus colaboradores. Si fuera por la secretaria General de la Presidencia, Bullrich se quedaría en la Cámara alta hasta cumplir su mandato de seis años.

La ex ministra de Seguridad, por su parte, está concentrada en acumular volumen político y evita dar definiciones para el año próximo. “Yo tengo capacidad de decisión propia y hoy no quiero atarme a nada”, le transmite a su entorno. Lo que sí viene diciendo internamente -incluso se lo dijo de frente a la propia Karina- es que LLA no puede prescindir de un acuerdo con PRO. Y que eso implica negociar la ciudad con los primos Macri para lograr un respaldo de ese partido “en todo el país”.

Bullrich hoy cumple 70 años pero le pidió a su primer anillo que no hubiera festejos. La senadora considera que una celebración es inoportuna con amplios sectores sufriendo la recaída de la industria y la construcción (tras el rebote de marzo, esta semana se conoció que en abril esas actividades retrocedieron 2,1% y 4%, respectivamente). Toda una definición política. Además de elevar la vara republicana ¿Bullrich va a empezar a diferenciarse también aspectos económicos? En principio, su austeridad para los agasajos muestra un contraste apabullante con la declaración de Adorni del medio millón de dólares “bajo el colchón”.

Contra los deseos de Bullrich, el jefe de Gabinete mandó a comprar una torta para agasajar a la senadora hoy en la reunión de mesa política.

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Nuevo foco de malestar con Bullrich y aparecen diferencias en el Gobierno sobre cómo lidiar con sus desmarques

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Mientras ella deja saber que está cada vez más cansada, que en la mesa política no se decide nada y que en el Gobierno están todos más atentos a pelear las internas que a ganar el año que viene, un sector de la administración vinculado con Santiago Caputo empezó a diferenciarse por primera vez, y de manera abierta, de las posiciones de Patricia Bullrich. Del otro lado, el entorno de Karina Milei insiste en dar la otra mejilla.

Los caputistas están convencidos de que la senadora estuvo detrás del pedido de los aliados para incluir al Ministerio de Seguridad en el Consejo de Seguridad Nacional, en el dictamen del proyecto sobre Malvinas. Es un tema clave para Santiago Caputo, que quería que el organismo quedara integrado solo por el área de Inteligencia, algo que dejó explícito en su cuenta de X. También hubo sospechas de que Martín Menem tenía interés en sumar legisladores al Consejo, algo que finalmente no ocurrió en el dictamen aprobado y que en la Cámara de Diputados lo negaron tajantemente.

El enojo con Bullrich, sin embargo, empezó por otro lado: haber reconocido de manera explícita la derrota de Flávio Bolsonaro y el triunfo de Lula da Silva, a contramano de Javier Milei, que optó por un silencio total y ni siquiera se expresó por la vía de su canciller. Para el sector que se referencia en “Las Fuerzas del Cielo”, esa diferenciación fue una afrenta política.

El detonante

El detonante fue un posteo del legislador bonaerense Agustín Romo, que responde al ala de Santiago Caputo. En X, Romo escribió: “Este es un gobierno de derecha. No de centro ni de centro derecha. Las tibiezas déjenlas en sus casas. Córranse que la libertad avanza”. El mensaje, confirmaron en la Casa Rosada, estaba dirigido a la senadora. Y en el Senado también lo entendieron así, aunque le restaron relevancia. Fue la primera vez que esa parte del oficialismo, hasta ahora estaba muy alineada con Bullrich en su cruzada contra Karina Milei, mostró malestar con ella.

En el sector de Bullrich dicen que la modificación de la integración del Consejo de Seguridad Nacional en el dictamen no fue su “culpa”. Y creen que, más que arremeter en su contra a través del X, ese sector en realidad estaba “defendiendo” a Caputo en su cruzada por ayudar a Bolsonaro a salir de Brasil.

En el bullrichismo, de todas formas, sintieron irritación por el episodio. “Se creen 007, son ridículos”, sostuvo un alfil sobre quienes cuestionaron la inclusión del Ministerio de Seguridad. Y agregaron que, en todo caso, la presencia de esa cartera tuvo como objetivo darle “legalidad” al organismo. Los defensores del proyecto original calificaron mal esa consideración. “En Estados Unidos no funciona así. El asesor de seguridad nacional no está condicionado por homeland security. Es más estratégico el rol. No es que vas a mandar a la cana a hacer un allanamiento menor, minucias”, dijeron.

En el entorno de Bullrich sostienen que la inclusión de Seguridad fue una concesión a los aliados en la negociación por el proyecto. Y sumaron, para legitimar el planteo, que Santiago Caputo estaba al tanto de que estaba en pie ese pedido de los aliados.

De todas formas, en Balcarce 50 no creyeron que se tratara de un pedido de los aliados. Pensaron en cambio que era un plan de Menem integrar a miembros del Poder Legislativo. Desde su entorno aclararon que no se metió en el tema: solo trasladó el planteo.

Fuentes del bloque de Diputados que participaron del debate, consultadas en off the record, van en la misma línea y negaron que Bullrich haya tenido algo que ver. Aseguran que la inclusión de Seguridad se resolvió a pedido de “varios diputados”, sin precisar de qué bloques, y que fue aceptada por Menem. Agregan que en los temas de la Cámara baja no hay contacto con la senadora, ni ella lo tiene con ellos en los asuntos del Senado.

La ministra de Seguridad también es eje de las críticas, pero de antaño. No la consideran apta para el puesto y no le perdonan haber “estropeado” el proyecto de agencia de migraciones que Caputo había planificado. La idea era emular una especie de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el organismo encargado de ejecutar las deportaciones y que provoca serias controversias en ese país. “No compartimos criterios con Monteoliva”, dijeron en las Fuerzas del Cielo.

La otra mejilla de Karina

Por el otro lado, Karina Milei sigue decidida a no responder. Hasta ayer, en su entorno sostenían que el planteo de Bullrich por el tema de Brasil, es decir, su diferenciación de la postura oficial del Presidente de no reconocer ni mencionar, y mucho menos felicitar, el triunfo de Lula, “fue correcto”. Y hacían silencio respecto del posicionamiento más belicoso de la otra facción.

Como en todas las últimas diferenciaciones de la senadora, en el área de la secretaria general omiten todo cuestionamiento. Dicen que es “más de lo mismo” y le restan importancia. Aseguran, incluso, que Bullrich “pierde efecto” político por lo repetitivo de esos desmarques. Y nuevamente no tienen planeado escalar, aseguran, al menos por ahora.

Dos lecturas, una misma interna

La situación deja a la senadora en una posición incómoda. Por un lado, recibe fuego de Las Fuerzas del Cielo, que la acusan de operar contra Caputo y de correrse de la línea oficial en política exterior. Por el otro, el karinismo la ignora, una estrategia que en el círculo de Bullrich leen como una forma de desgaste.

Cada una de estas diferenciaciones, sea por Brasil, por Malvinas o por cualquier otro tema, funciona como un termómetro de la interna en el Gobierno.

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El Senado aprobó cambios en la ley de salud mental: se modifican criterios de internaciones y equipos médicos

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El Senado aprobó esta madrugada y giró a Diputados una nueva la ley de salud mental que dista de la de 2010, en su momento empujada por el kirchnerismo y que, con el correr de los años, generó quejas varias y desesperados reclamos de cambios. La iniciativa, que obtuvo 42 adhesiones y 21 rechazos durante la votación en general, modifica criterios en internaciones involuntarias, adicciones y equipos médicos a cargo de tomar decisiones complejas relacionadas con la temática, entre otros puntos.

La iniciativa le da prioridad a psiquiatras, aunque en las últimas horas se consensuó el aporte de psicólogos en grupos interdisciplinarios, tras presiones desde provincias y algunas universidades. También hubo aportes para reprimir inquietudes por fondos extra.

Como miembro informante, la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), primero destacó las exposiciones de “más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles y del derecho”, y fue rápido hacia la ley vigente. “La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia”, manifestó.

La puntana dio cifras de los casi 16 años de la norma actual y habló de resultados “insuficientes para asegurar la efectividad de derechos y dotar de herramientas nuevas”, más “avances dispares en distintas jurisdicciones”. Apuntó a un articulado “desactualizado” y cifras alarmantes de hospitalizaciones públicas -suba de 70%- post pandemia. Y finalizó: “Llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave”.

No pensó lo mismo el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), quien defendió y criticó, al mismo tiempo, las pautas actuales de salud mental. Llamó la atención, sobre todo, desde su profesión de médico. Como se esperaba, fue directo a la “falta de recursos”. Y agregó: “No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”. Para el -de nuevo- justicialista, “no le dieron la oportunidad a una muy buena ley de poder ser efectiva”.

Otro doctor, el silvestre misionero Carlos Arce, leyó entera su alocución, algo que suele ser mal visto y no está permitido en el recinto, salvo pedido expreso a quien comande en ese momento la sesión. Su colega de bancada, Elizabeth Rojas Decut, hizo lo mismo durante la discusión previa sobre el mercado de carbono. Suelen manejarse en espejo. No fallaron. También se quejaron por las partidas involucradas, aunque libertarios aceptaron la incorporación del “financiamiento federal”.

Después de las protestas de Andrada y Arce, tuvo que ser una contadora la que bajó a tierra ejemplos pedagógicos para pincelar el delicado panorama que enfrentan familias en el interior del país. Fue la radical y ex vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider. “Hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo”, advirtió. En la misma línea fue la oficialista fueguina Belén Monte de Oca, quien expresó: “Se confundió libertad con abandono”.

“Vamos a promover leyes sin discutir cómo se financia la salud mental”, enfatizó desde el Frente Cívico el ex gobernador de Santiago del Estero y filo K Gerardo Zamora, quien lamentó que no se haya tenido “a la vista” un proyecto presentado tiempo atrás. “Error de enfoque”, añadió. Coincidió, por el cristinismo, la médica y ex mandataria catamarqueña, Lucía Corpacci.

El cierre estuvo a cargo de la líder libertaria, Patricia Bullrich: describió la “contradicción” que se generó entre “dos profesiones que atienden a la salud mental”, con una injusta acusación contra los psiquiatras “como violadores de los derechos humanos sin ningún sentido”.

“Son dos miradas o formas de encarar el problema -en la comparación con psicólogos-, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, indicó, y dejó en claro que “hoy no se puede actuar ante situaciones” que llevan a “muertes” o “violencia familiar”.

“Se dejó un tema sin resolver”, puntualizó la porteña, y subrayó la necesidad de “intervenir a tiempo” para “cuidar a las personas”. Y repitió un número contado semanas atrás por Infobae: 100.000 psicólogos versus casi 4.000 psiquiatras.

Detalles del proyecto

En las internaciones, se reemplaza la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia la mencionada especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también estaba escrita la palabra “preferentemente”, se negoció quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de dicha profesión.

La trifulca por esta cuestión fue una de las tantas entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Mismo caso para las quejas por fondos, por lo que el oficialismo hizo más taxativo el articulado, con el fin de despejar dudas restantes. Y se permitirá la ventana de tele consulta donde haya menor presencia de personal dedicado a la temática.

Por otra parte, se considera un concepto más amplio a la hora de hablar de adicciones -para incluir a la ludopatía, por caso-, se activa una delimitación de familiares en representación de pacientes, se imponen diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y queda prohibida la práctica de manicomios. También hay un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.

En cuanto a familiares, se limita la intervención a padres o hijos y se mantienen los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una eventual internación en unidades de adultos, la misma queda restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.

En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.

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La UBA lanzó una plataforma para rastrear los votos, proyectos e intervenciones de cada diputado y senador en el Congreso

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La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una nueva sección de Data CP que reúne y sistematiza información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación para que cualquier persona pueda conocer cómo votó cada legislador, qué proyectos impulsó y cuánto utilizó los pasajes oficiales, entre otros datos.

La plataforma organiza la información en cuatro grandes dimensiones: las votaciones de cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y la utilización de pasajes oficiales. La información abarca distintos períodos legislativos y puede explorarse a través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas que no requieren conocimientos técnicos especializados para su uso.

Detrás del lanzamiento hay una premisa concreta: si bien los datos del Congreso son públicos, históricamente se encontraron dispersos entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras, en formatos que dificultaban su consulta y comparación. El Monitor apunta, precisamente, a resolver esa dispersión.

Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, explicó el alcance de la iniciativa: “No alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable. Queremos que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron. El Monitor permite transformar información que antes estaba dispersa en una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”.

Entre las funciones disponibles, la plataforma permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bloque.

También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos, rankings de intervenciones en el recinto y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.

Una de las incorporaciones que distingue al Monitor de otras iniciativas similares es «Armá tu poroteo», un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos. La herramienta apunta tanto al público general como a periodistas e investigadores que necesitan procesar información legislativa de manera ágil.

En cuanto al acceso a los datos, el Monitor ofrece descargas en CSV, Excel y JSON, y dispone de una API documentada para desarrollar análisis y visualizaciones propias. El acceso es gratuito y no requiere registro, lo que amplía el espectro de usuarios potenciales más allá del ámbito académico o técnico.

Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, encuadró el lanzamiento dentro de una concepción más amplia del rol de la universidad pública: “Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público. Con Data CP buscamos que información relevante para comprender el funcionamiento de nuestras instituciones esté al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”.

Con esta nueva sección, Data CP amplía sus herramientas de consulta y análisis de información política argentina, sumando la actividad legislativa a su plataforma de datos electorales. El antecedente directo es la sección Elecciones Legislativas 2025, presentada el año anterior, que centraliza y visualiza información electoral y permite a ciudadanos, periodistas, docentes y estudiantes acceder a datos claros y descargables sobre los procesos electorales argentinos.

La plataforma está disponible en datacp.ar/congreso, mientras que el monitor de elecciones puede consultarse en datacp.ar/legislativas2025.

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