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La investigación que genera desconfianza dentro del Gobierno y el nuevo dilema que tiene La Libertad Avanza para 2027

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Javier Milei habló el pasado martes en el Congreso del IAEF ante cientos de empresarios y buscó hacerles una descripción de los pasos que tomó el Gobierno en materia de política económica. Tal y como suele hacer, en la parte final de su alocución dio sus perspectivas de cara a los desafíos que se vienen. “Ahora viene el crecimiento de largo plazo y Argentina tiene vectores concretos. Estamos frente al último trade electoral. Si sale bien, no nos para nadie”, cerró.

Si bien Milei es favorito para ganar los comicios del año próximo, no hay un panorama certero. Los actores económicos tienen motivos para pensar que hay incertidumbres de cara al año próximo producto de las experiencias previas en años electorales. Pese a todo, el Gobierno busca comunicar que los meses que se vienen estarán acompañados por una robustez más importante en los fundamentals de la macroeconomía como el panorama fiscal o el de reservas.

Por ejemplo, esta semana se conoció que el Banco Central alcanzó la meta anual de compra tras sumar más de USD 10.000 millones en menos de medio año, excediendo cualquier expectativa de los analistas financieros. La meta es llegar a USD 17.000 millones. La incertidumbre es lo que sucederá de acá hacia adelante, ya que es altamente probable que crezca la demanda del billete. En un informe reciente, la consultora MAP estimó que entre el déficit de cuenta corriente, amortizaciones y dolarización de carteras se precisará cubrir cerca de USD 65.700 millones.

Es por eso que una fuente inobjetable de la Casa Rosada afirmaba la importancia de que la política acompañe a los esfuerzos del programa económico. “La tensión va a ser mayor si es que las expectativas sobre la reelección de Javier comienzan a relativizarse. Lo económico es lo central, pero la política tiene que acompañar”, afirma una fuente de la Mesa Política, mientras que otra indica: “La situación del oficialismo hasta hace algunas semanas no era ventajosa y no lo sigue siendo hoy, aunque está algo mejor. Todos estamos esperando datos importantes para saber cómo está la situación y cuál es nuestra fortaleza”, marca.

El Mundial de Fútbol será una especie de período en el que la política entrará en una suerte de limbo. Es por eso que muchos dirigentes miran hacia lo que podría suceder después y las conversaciones que se deberán a empezar a diagramar hacia futuro. Ahí es donde surge una cuestión clave: la cúpula del Gobierno sabe que más temprano que tarde deben definir cuáles serán los acuerdos que cerrarán con ciertos gobernadores y espacios dialoguistas, los cuales incidirán en las colaboraciones que puedan tener en el Congreso y, además, en las elecciones del año próximo.

Sigue habiendo matices sobre esos puntos. No está definido -en su totalidad- con quiénes pactar, con qué profundidad hacerlo y cuándo cerrarlo.

“Considero que deberíamos sentar a varios gobernadores cuanto antes y plantearles un acuerdo político. Desplazar la discusión hacia adelante solo va a generar más desconfianza. Si vos coqueteás con las provincias pero les decís que planeas discutir las condiciones más adelante, lo único que les estás diciendo es ‘voy a esperar lo máximo posible para estar en una posición de fortaleza y poder maximizarte todo lo que pueda’. Eso genera desconfianza”, opina una fuente del Gobierno.

Esta persona mira un episodio puntual. Le llama “La Negociación Valdés”. Esto hace referencia a lo que sucedió el año pasado cuando la cúpula del partido nacional decidió no acordar con el gobernador Gustavo Valdés para las elecciones provinciales de Corrientes. La Libertad Avanza perdió por amplio margen en las provinciales y en las nacionales sacó un diputado (al igual que el oficialismo provincial). “Pero eso no es lo más importante. Fue una declaración de principios hacia muchos gobernadores sobre cómo ibas a actuar con ellos. Ahí es cuando empezamos a perder votaciones en el Congreso”, considera. El nuevo gobernador, Juan Pablo Valdés, recibió el jueves a su par bonaerense Axel Kicillof, lo que dejó entrever una nueva posible alianza.

Los estrategas de La Libertad Avanza defienden a muerte todas las posiciones adoptadas el año pasado, pero creen que habrá una posición más aperturista para el año próximo, la cual comprenderá más reglas de juego consensuadas con más gobernadores. “El año pasado vos te jugabas los lugares del Congreso para mantener las reformas. En el 2027 se pone en juego el futuro del país”, resalta uno de ellos, dando a entender la relevancia de lo que se viene.

No son menores las tareas que está realizando el ministro del Interior, Diego Santilli, en el diálogo con jefes provinciales. Autorizado por el karinismo, se reunió con Alberto Weretilneck (Río Negro), con el tándem Hugo Passalacqua-Carlos Rovira (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Con este último también estuvo Lule Menem, el principal hombre de Karina Milei en el partido nacional. El oficialismo ahora quiere mantener conversaciones más fluidas en materia electoral y ahora busca meter en esa ecuación varios de los pliegos judiciales sobre los cuales tiene poder el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El nuevo capítulo de desconfianza en el Gobierno

Vale detenerse en la política judicial. Este segmento es, probablemente, el que mayor divergencia genera entre diferentes sectores del Gobierno. El antecedente que más pesa es el desplazamiento del caputismo del Ministerio de Justicia impulsado por el karinismo en marzo de este año. Los operadores judiciales de la hermana presidencial ahora manejan los tiempos de los envíos de los pliegos de jueces, fiscales y defensores. Esto último generó amplias controversias que fueron cubiertas a lo largo de toda la última semana.

Pero ayer terminó por proliferar un malestar que Santiago Caputo había manifestado en privado días atrás, cuando la Inspección General de la Justicia (IGJ), el organismo judicial que depende en última instancia de Mahiques, le pidió a la Fundación Faro, el think tank fundado por los laderos del asesor presidencial, presentar en un plazo de diez días el listado de donantes, los montos y fechas de las donaciones, además de aclarar sus movimientos financieros.

Caputo reposteó ayer a la noche una nota de La Nación que publicó esa información. “Debe ser una total casualidad”, afirmó. En su entorno atribuyen esa ofensiva al entorno de la hermana presidencial, particularmente a aquellos que constituyen su mesa judicial. Esto se correlaciona con lo que surge desde la otra campana, en la que acusan a los santiaguistas de haber advertido a Milei del nexo familiar que tenía la candidata a jueza María Verónica Michelli y que llevó a que pida dar de baja el pliego varias semanas atrás.

Horas después de publicada la nota que dio lugar a la nueva controversia, fuentes oficiales comentaron a Infobae que ese episodio ya había sido cerrado. “La IGJ solicitó únicamente el cumplimiento de un requisito documental. No implica la detección de irregularidades ni la apertura de una investigación. Informaron donaciones pero se olvidaron de adjuntar un anexo que es pedido por ley. Hay quienes tienen ganas de inventar entramados políticos de algo ordinario que encima es de carácter público”, indicó una fuente oficial al tanto de la controversia.

Habrían existido conversaciones entre altos mandos de Justicia con los de la Fundación Faro que buscarón relativizar esa versión más persecutoria. Cualquiera sea el caso, es una gota de agua más en los mares de desconfianza donde nadan dos de los grupos más influyentes de todo el Gobierno, porque quienes fueron afectados por este episodio acusaron que se les están usando las palancas de la cartera judicial para apretarlos.

No faltó quien cerca de la hermana presidencial comenzó a esbozar que “no se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo”. En el caputismo indican que durante su tiempo al mando de Justicia, el fiscal Eduardo Taiano tuvo poca voluntad para revisar asuntos ligados a la causa de ANDIS; pero los recelos de parte de los primos Menem siguen latentes porque creen que les han jugado mal sobre todo antes del inicio de la campaña electoral del año pasado.

En el Gobierno miran estas confrontaciones como una debilidad manifiesta. Es decir, miran que todas las discusiones están traspasadas por el matiz de la interna y que cada cosa que haga algún integrante del oficialismo será interpretada como una amenaza o posicionamiento para alguna de las huestes libertarias.

Es por eso que el ministro de EconomíaLuis Caputo, tomó una postura más cerrada y ya no emite posiciones tan abiertas en las reuniones de mesa política. En un encuentro que se hizo meses atrás propuso una suerte de acuerdo amplio de nivel político y económico con gobernadores para poder garantizar una buena base de gobernabilidad. Esto fue visto como una amenaza de parte de Karina Milei porque interpretó que se estaba inmiscuyendo en asuntos que no eran de su competencia. “Ahora se retrotrajo y habla mucho menos”, convalida una fuente que habla con “Toto”.

La pregunta que se abre para 2027

Las peripecias de la interna no son una novedad. Sí lo es, por ejemplo, la autonomía que adquirió en las semanas recientes la senadora nacional Patricia Bullrich. Al interior del Gobierno hay quienes hablan de que creó el “mileismo crítico”, el cual se caracteriza por contener el voto duro y “diferenciarse en las cosas que ni los más fanáticos pueden explicar” como el apoyo político del Presidente a Manuel Adorni o el rechazo al pliego de Michelli.

“Son gestos que podrían servir para expandir apoyo entre sectores republicanos, por ejemplo. Pero eso funciona cuando las acciones son coordinadas. Y acá no pasa eso, ella logra capitalizarlo y desgasta a los Milei”, afirma una importante fuente libertaria en extrema reserva. La lectura entre varios funcionarios es que Bullrich sabe que si se pusiera en una postura de sumisión, Karina no dudaría en comerle capital político y que por eso actúa como en las últimas semanas: para condicionar cualquier tipo de avance contra ella.

El interrogante que surge hacia adelante es el siguiente. Si Bullrich mantiene su adhesión y su influencia al interior del Gobierno, ¿eso le será correspondido con mayor poder en la toma de decisiones? Así como tomó una postura clara alrededor de distintas controversias recientes, no se podría descartar que esas consideraciones las pueda llevar al plano electoral y más particularmente al armado de las listas. Todas las huestes libertarias contactadas por este medio son conscientes de este punto.

Así, puede presentarse el dilema de que los estrategas políticos tengan que decidir un acuerdo electoral tanto con los gobernadores y espacios dialoguistas en distintas provincias, pero que, a diferencia del año pasado, quienes tengan poder interno busquen generar resistencia ante el verticalismo del armado de listas. Por su parte, el karinismo ya advierte que si las cuentas digitales siguen burlándose de su sector el margen para incluir a Las Fuerzas del Cielo en listas nacionales y provinciales será más escueto.

“Para mí es muy prematuro pensar en algo así. La mesa política debería ser fundamental para definir un rumbo y, en todo caso, que Karina sea la última decisora. Esto no quita que piense que Patricia va a tensionar para poder avanzar con lo que ella considere”, afirma una persona de muchísima confianza de la secretaria general de la Presidencia.

El bullrichismo opina que tanto Karina como los Menem han tenido una cerrazón en su estrategia electoral del año pasado y que La Libertad Avanza no puede ir a la reelección con varios actores en contra esta vez. Sin un cargo en mente, los armadores de la ex ministra quieren poner en discusión algunos nombres como el de Mariano Campero en Tucumán o el de Martín Arjol en Misiones. También creen que el diálogo es complejo porque los gobernadores no tienen un incentivo claro para decidir eliminar o modificar el esquema de las PASO con un panorama tan incierto. “Nadie va a entregar un mecanismo de resolución electoral en este tiempo”, afirman.

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Más intentos de tregua en el PJ: el gobernador de La Rioja prepara un acto e invitó a Kicillof y Máximo Kirchner

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En el peronismo están vivas las peleas, pero también subsisten los que intentan dar señales de paz frente a un escenario interno desordenado y agrietado. En esa lista se anotó la semana pasada la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que invitó a Axel Kicillof y Máximo Kirchner al acto que encabezará en su localidad al cumplirse 74 años del fallecimiento de la líder del movimiento justicialista. Será el próximo domingo.

Ninguno de los dos dirigentes aún confirmó su presencia. Parece, a esta altura del conflicto kirchnerista, impensado que ambos compartan un acto. La pelea se profundizó en las últimas semanas y las posturas, cada vez más extremas, se van convirtiendo en irreconciliables. Sin embargo, la posibilidad sigue en pie y el escenario de Moreno es una opción para la tregua.

A esa lista de nombres propios que intentan generar consensos se sumó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que está organizando un importante encuentro para conmemorar los 50 años del asesinato de monseñor Enrique Angelelli, que será el sábado 1 de agosto en la localidad de Punta de los Llanos.

El “Gitano”, como lo conocen al mandatario riojano, invitó a Máximo Kirchner al encuentro, en un nuevo gesto de acercamiento con el cristinismo. Antes visitó a Cristina Kirchner en San José 1111 e invitó a Eduardo “Wado” de Pedro a la provincia que gobierna desde el 2019. Fueron dos hechos que marcaron la reconciliación con ese sector después de la feroz disputa por la presidencia del PJ Nacional.

La convocatoria a Kirchner se enmarca en un plan de acción de Quintela para acercar posturas dentro del universo peronista. El gobernador riojano quiere jugar un rol de articulador nacional dentro de la fuerza política. Es de los que pide la unidad en forma permanente y evita lanzar dardos a las distintas tribus. Ese lugar lo mantiene teniendo diálogo abierto con todos los sectores, desde Kicillof a los Kirchner, pasando por sus pares gobernadores.

La invitación también fue cursada para Axel Kicillof. Es decir, el movimiento de Quintela fue similar al de Mariel Fernández. Invitar a los dos dirigentes que están enfrentados para poder lograr una foto de armonía. Ni Kirchner ni el gobernador bonaerense aún confirmaron asistencia. También fueron convocados algunos dirigentes del PJ Federal que integran Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos. Habrá representación de ese espacio en La Rioja.

Quintela convocó a diputados, senadores y referentes territoriales de todo el país. Busca amplitud y un llamado de paz justicialista con un acto ecuménico como punto de encuentro. El peronismo necesita una tregua sostenida durante el segundo semestre del año para poder negociar algún tipo de acuerdo electoral. Ya sea a través de las PASO, de internas o de un consenso. La frágil unidad de la coalición está en peligro.

La guerra en el kirchnerismo genera preocupación en el interior del país porque pone en peligro la unidad del espacio político a nivel nacional. Ya sea a través de unas elecciones primarias o de un acuerdo. Si no hay una base sólida en la provincia de Buenos Aires, va a ser muy difícil que la construcción pueda tener viabilidad electoral.

En los últimos diez días el silencio al que se vieron obligados los políticos por las instancias definitorias del Mundial generó una pausa en la guerrilla comunicacional de la provincia de Buenos Aires. Esa calma endeble y generada por un hecho mundial de mayor interés para la sociedad argentina, puede desvaneserse rápidamente si no hay voluntad de los dirigentes de frenar las acusaciones.

Quintela trata de mostrarse como un equilibrista en la vida interna del peronismo. Tiene la ambición de ser un protagonista nacional de la reconstrucción de la fuerza política. Tiene también aspiraciones presidenciales, aunque reconoce que, a esta altura del partido, el mejor posicionado es Kicillof. En el medio de ese sendero de espinas que es el justicialismo trata de jugar a ser un gran armador. Una tarea difícil frente a lo amplio, heterogéneo y conflictivo que es el mundo peronista de este tiempo.

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Pese al alivio logrado para la caja sindical, la CGT comienza un plan de lucha con movilizaciones y un paro general aún sin fecha

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A través de negociaciones reservadas con el Gobierno, la CGT logró que se corrigieran las restricciones a la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, pero el gesto libertario no dará lugar a una tregua: este miércoles, a las 15, comenzará el nuevo plan de lucha cegetista con una movilización al Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados.

Los sindicatos agrupados en la CGT organizaron la serie de protestas contra Javier Milei junto con las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sociales, pero, a pesar de que habían amagado con replicar el esquema que se utilizó contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, en 2023, basado en movilizaciones y paros sectoriales y rotativos que se prolongaron durante semanas, finalmente se aplicará una versión light de ese modelo.

La explicación del giro fue expuesta sin rodeos ante Infobae por un jefe gremial: “No hay clima. En las empresas la gente estaba con la cabeza en el Mundial y después tampoco tendremos muchas garantías de que acaten los paros que van a afectar su bolsillo o que puedan poner en riesgo su fuente de trabajo”.

Ese diagnóstico empujó una salida pragmática. La prioridad pasó a ser la calle, con acciones de menor riesgo para los trabajadores y con la mira puesta en sumar adhesión de otros sectores sociales, especialmente de la clase media, para crear las condiciones de un futuro paro general contra la administración de Javier Milei.

Según lo acordado por las 3 centrales obreras y las confederaciones sindicales, luego de la marcha de este miércoles se realizará el 7 de agosto una movilización por el Día de San Cayetano y se seguirá, en fechas por definir, con una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar, la participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria (el 2 de septiembre), una acción para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre próximo y otra marcha cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Esta agenda de medidas, según lo resuelto, será el “camino” que llevará a una gran protesta nacional, como un paro general de 24 o 36 horas, con la incorporación de otros sectores de la sociedad para darle más fuerza.

La jugada más audaz será la apuesta de “capitalizar” la visita del Papa al país en busca de alguna señal que se interprete como un respaldo a los reclamos del sindicalismo. Una de las ideas es tratar de que la recorrida de León XIV por la ciudad de Buenos Aires se acerque lo máximo posible al edificio de la CGT, donde lo esperarían las columnas de dirigentes y trabajadores.

Además de priorizarse la presencia en la calle, el plan de lucha incluye la realización de asambleas en los lugares de trabajo y “acciones disruptivas” como la entrega de folletos explicativos de los reclamos en estaciones de trenes y aeropuertos en todo el país.

A este esquema de protestas se sumará el paro nacional docente que se impulsa desde la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, conducida por Sergio Romero (UDA), que se concretaría en agosto y al que se sumarán CTERA y otros sindicatos del sector.

La CGT también resolvió abrir contactos con entidades empresariales del interior para consensuar acciones comunes, bajo la idea de que tanto empresarios como trabajadores son “víctimas del modelo Milei”. A la vez, se decidió que entre 15 y 20 dirigentes por gremio acompañen conflictos puntuales en empresas del AMBA y del interior, además de reforzar el trabajo con las delegaciones regionales cegetistas.

La CGT iniciará su nuevo plan de lucha, curiosamente, la misma semana en que salieron a la luz las negociaciones reservadas con el Gobierno que mantuvieron sus líderes dialoguistas, como anticipó Infobae, y que terminaron con el decreto para corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos puntos clave para su financiamiento.

Por un lado, se utilizaba el salario básico convencional como base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo, una fórmula que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Por otro lado, el tope del 2% de los salarios fijado en la reforma laboral para las cuotas solidarias había sido interpretado de manera tan amplia que también alcanzaba a los aportes empresariales que, vía convenio colectivo, son destinados a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio o mejoras en la obra social.

En ambos casos, la rectificación del Gobierno que, gracias a la negociación la CGT, puso a salvo esos dos ítems cruciales de la caja sindical llegó con el decreto 612 que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Aun así, la CGT ratificó su plan de lucha que comienza este miércoles, por más que se haya abierto un interrogante: ¿habrá una convocatoria libertaria al diálogo para evitar que se profundicen las protestas?

Hoy nadie lo cree posible, sobre todo porque también arrancó informalmente la campaña electoral, pero también parecía imposible que la Casa Rosada corrigiera la reglamentación de la reforma laboral en favor del poder sindical. Las próximas semanas serán decisivas para medir la temperatura del conflicto Gobierno-CGT.

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Villarruel y Bullrich se reunieron en el Senado para descomprimir tensiones que desordenaron al oficialismo

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La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruelrecibió este martes en su despacho a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), quien le solicitó una reunión para limar asperezas en pleno receso invernal. Esto ocurrió tras la caótica semana que sufrió el oficialismo, con una sesión que tuvo que pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto próximo y una denuncia entre empleados de ambas, que incluyó amenazas y mensajes de parte de uno de ellos.

Después de la cumbre, desde uno de los sectores deslizaron a Infobae que el mismo no fue en tan malos términos y que se buscó descomprimir una tensión ya en todo el interbloque que comanda la porteña, que cedió una porción importante del monopolio político que disfrutó desde diciembre pasado, cuando aterrizó en el Senado.

El pico del conflicto se alcanzó por la nueva derrota de Bullrich para aprobar la ley de propiedad privada que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y la venta de tierras a extranjeros. El último capítulo tuvo a Villarruel enfrentada al Gobierno -ya algo habitual en la vicepresidenta- y la titular de la Cámara alta taladró los teléfonos de legisladores para que el mismo no tuviera luz verde. De hecho, algunas bancadas manifestaron su enojo a este medio.

Tras un dictamen rubricado en mayo, el articulado fue modificado, al menos, unas 15 veces. Los borradores volaban por los despachos de mareados senadores que, en varias ocasiones, llegaron al recinto sin conocer al detalle la versión final. Hoy están alejadas del foco de atención, pero hay dos comisiones que llevaron el trámite de la discusión y nadie habla de ellas: la de Asuntos Constitucionales, que es cabecera; y de Legislación General. Las presiden dos libertarios: Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez, respectivamente.

Previo a firmar el despacho, Villarruel, kirchneristas y dialoguistas ya habían conseguido dinamitar el capítulo entero relacionado con los barrios populares, uno de los máximos objetivos de la Iglesia, que sentó postura y logró su cometido. Quedó como un detalle del pasado gracias a los 15 borradores extra que germinaron. “No se trabaja así”, planteó días atrás un ofuscado referente a Infobae.

Con la guerra abierta entre las dos mujeres fuertes de la Cámara alta, más chats filtrados a propósito -nunca se dudó de la procedencia- y otras amenazas, la relación quedó llena de toxicidad. Esto fue celebrado por la Casa Rosada, que disfrutó largas horas de una disputa doméstica que le daba a ambas todo a pérdida.

El segundo día del receso invernal tuvo esta tarde a Bullrich y al radical bonaerense Maximiliano Abad entre los pocos presentes que marcó el tablero de la Cámara alta. Son 72 en total. Villarruel también estuvo, aunque no suele respetar el sistema y sólo aparece, con luz encendida, los días de sesión.

Para lo que resta del año, al Senado le queda una abultada agenda que incluye, además de propiedad privada, ley de Sociedades -otra de Sturzenegger-, achicar las zonas frías que quiere el Gobierno -antes de enviar el Presupuesto 2027-, el súper RIGI, eliminar los octógonos en etiquetado frontal, ludopatía, salud mental. Los articulados son complejos en muchos casos y los aliados le dieron a entender a la Casa Rosada que, ahora, también pretenden que avancen sus iniciativas, lo que representará un desafío extra para un oficialismo que, en vez de cerrar grifos de conflicto, abre cada vez más.

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