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La Justicia suspendió la aplicación de la reforma laboral en el sector docente: qué implica la medida

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La justicia del trabajo suspendió la aplicación del artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y, por lo tanto, los sindicatos del sector están obligados a mantener un 75% de prestación normal de la actividad si disponen una huelga.

El planteo judicial contra la aplicación de la ley lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, quien anunció la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, y afirmó a Infobae: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”.

“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, dijo el sindicalista, que además es secretario de Políticas Educativas de la CGT.

En un comunicado de prensa, el gremio informó que “la Justicia Nacional del Trabajo resolvió que la acción promovida por la UDA continúe su trámite dentro del proceso colectivo que se encuentra radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, donde ya se había dictado una medida cautelar de alcance general”.

“La resolución judicial dejó expresamente establecido que dicha medida cautelar resulta plenamente aplicable al caso del sector docente, manteniéndose suspendida, en esta etapa del proceso, la aplicación de la Ley 27.802 en cuanto califica a la educación como servicio esencial y exige la cobertura obligatoria del 75% del plantel durante medidas de acción sindical”, sostuvo la UDA.

De este modo -agregó-, y hasta tanto exista una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión, continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva”.

“Desde UDA destacamos la importancia institucional de esta decisión judicial, que preserva el equilibrio del sistema de relaciones laborales y evita que se consoliden restricciones que podrían afectar el núcleo esencial de los derechos colectivos de los trabajadores de la educación”, concluye el comunicado.

El artículo 101 de la Ley de Modernización Laboral reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (75% y 50%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, para evitar la paralización total de los servicios. Ya figuraba en el DNU 70 dictado por Milei apenas asumió su gobierno y luego en el decreto 340, y en ambos casos fueron suspendidos por la Justicia.

En concreto, el primer inciso del artículo, al detallar las actividades que deberán mantener el 75% de la actividad normal en caso de huelga, dice: “El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

En la última versión del proyecto se incorporó la recolección de residuos entre las actividades esenciales que deberán garantizar un 75% de servicios mínimos en caso de huelga, y se incluyó que las fuerzas de seguridad no podrán brindar una cobertura menor al 100% de la prestación normal de su servicio.

En rigor, el artículo que reglamenta el derecho de huelga en los servicios esenciales ya estaba comprendido en el fallo que dictó el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que este lunes suspendió de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización laboral, a partir de una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.

El viernes pasado, como anticipó Infobae, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó la suspensión provisional de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios, luego de una acción presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín.

La medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, además de otros convenios suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), como el CCT 781/20 y el CCT 547/08. En consecuencia, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas hasta que exista una sentencia definitiva.

El sindicato había solicitado la declaración de inconstitucionalidad —o, en su defecto, la inaplicabilidad— de esas normas, argumentando que introducen modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios y establecen límites a las cuotas solidarias de los sindicatos.

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El Gobierno repite que sostiene a Adorni, pero baja su exposición: tensión por la Justica y también por el Congreso

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Los malos días de Manuel Adorni -con impacto en continuado sobre el Gobierno- ya suman más de tres semanas. Desde Olivos repiten que Javier Milei y su hermana, Karina, sostienen al jefe de Gabinete, pero hay un cambio en la desbordada línea para tratar de contener el daño: la exposición del funcionario pasó a ser más medida, en tiempo y forma. Fue descartada una nueva conferencia de prensa, después de la realizada hace una semana con frustrado sentido de relanzamiento. Tampoco fueron difundidas fotos significativas, aunque eso en parte podría ser revisado este jueves, en la ceremonia por el 2 de Abril. Y el mensaje resulta paradójico porque son necesarios gestos de apoyo día a día, mientras se pretende escenificar normalidad y trabajo a largo plazo.

El cuidado para evitar al menos esta semana una presentación ante los medios no tiene que ver exclusivamente con lo ocurrido el miércoles anterior, sino además con el registro en redes sociales. El mensaje de Adorni sobre los números de la pobreza en el 2025 generó una reacción que desdibujó por completo el tema y mostró rechazo extendido al funcionario. Las redes sociales exhiben un dato parcialagrietado en extremo, aunque muy atendido en el circuito violeta. Las encuestas tradicionales dicen cosas parecidas. Y la reacción de Olivos deja a la vista la magnitud del problema.

El tema del jefe de Gabinete –viajes y patrimonio-, con el agregado del caso $LIBRA y la reactivación de la causa del área de discapacidad, atrapa la atención en el frente judicial. Es un foco que crece, con el añadido de especulaciones de otra naturaleza. Y la preocupación se extiende al Congreso. Allí, resulta incierto el plan de LLA para “recuperar la iniciativa”. Lo único firme es el trámite ahora otra vez acelerado para reformar la ley de glaciares. En la otra vereda, se ven movimientos fuertes pero por ahora desacoplados frente al caso de Adorni. De todos modos, el desafío tiene una fecha que suena lejana ante el desgaste de estos días, pero está agendada: el informe de gestión del jefe de Gabinete ante Diputados, el 29 de este mes. Son dos carriles diferentes.

El informe de gestión llegaría precedido por varias señales llamativas. El lunes quedó cerrado el capítulo de la presentación de preguntas para el funcionario, cuyo número superaría por mucho las marcas anteriores y treparía por encima de las cuatro mil. Resulta un dato nada menor que haya quedado por delante casi un mes hasta el miércoles 29: una mala apuesta inicial a que el paso del tiempo diluya el tema, cuando en cualquier caso lo potenciaría. El camino, por lo demás, es de mínima árido y demasiado largo. Para completar, se agregó un componente de suspicacias internas, según circula en el Congreso.

En principio, se suponía que Adorni iba a tener que presentarse ante el Senado. La explicación: el último informe había sido ante Diputados, pero entonces en boca de Guillermo Francos. El oficialismo prefirió interpretar que el próximo no sería una continuidad, sino el primer informe de una nueva gestión en la jefatura de Gabinete y optó por la Cámara baja. Circularon entonces versiones sobre el arrastre de desconfianzas domésticas en el oficialismo. Otra vez, con referencias directas a Karina Milei. Se habría privilegiado así la Cámara que preside Martín Menem por sobre el manejo de Patricia Bullrich en la otra ala del Congreso.

Como sea, falta mucho, tal vez demasiado, frente al desarrollo de los acontecimientos. Diferentes espacios de la oposición plantearon en Diputados la alternativa de impulsar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar diferentes iniciativas, que arrancan desde el piso de una interpelación. Esa comisión está a cargo de un violeta disciplinado, Nicolás Mayoraz. No parece un camino sencillo. Y el peronismo/kirchnerismo -con pasado propio y denso en materia de corrupción– buscaría motorizar una sesión en el recinto, aunque de momento asoma complicado reunir 129 diputados detrás de ese objetivo.

Se verá cómo sigue, es decir, cómo va impactando el tema en espacios dialoguistas y cómo se mueve la oposición No K. Desde esa heterogénea franja partieron las principales denuncias contra el funcionario, que ya tienen recorrido judicial: desde la exLLA Marcela Pagano a Maximiano Ferraro, Pablo Juliano y Esteban Paulón. Por lo pronto, el oficialismo acaricia la posibilidad de coronar la reforma de la ley de glaciares. A mediados de la semana próxima, lograría dictamen de comisión y de inmediato buscaría sancionar el proyecto, con respaldo activo de los “gobernadores mineros”.

En cambio, más complicado resulta para el Gobierno asegurar proyectos que le permitan recuperar, en escala menor, el manejo de la actividad legislativa. Por supuesto, no se trata ya de sesiones extraordinarias, con agenda determinada sólo por el Ejecutivo. Pero el problema mayor es el clima alimentado por el caso Adorni, también por $LIBRA.

Por supuesto, se agrega que las negociaciones con gobernadores de diferentes espacios estarán marcadas por la situación financiera de las provincias, más delicada incluso que la de fines del año pasado. Ese es un tema para Diego Santilli, atado a la vez a la lapicera de Luis Caputo. La recaudación nacional cayó en marzo por octavo mes consecutivo -con impacto directo en la coparticipación y además, en los fondos discrecionales- y también se deteriora la recaudación local en la mayoría de los distritos.

Antes, en la escala de preocupaciones, el foco de Olivos está puesto en la marcha de los casos que involucran a Adorni y en las novedades del criptogate. Eso mismo motorizó, en simultáneo, especulaciones de tensiones en el fuero federal a partir del desenlace en el Ministerio de Justicia, es decir, a partir de la designación de Juan Bautista Mahiques. Es un momento especial, marcado también por el envío de pliegos para ocupar más de sesenta vacantes en el Poder Judicial. Es el inicio de una movida para completar una lista aún mayor.

La mirada restringida a disputas de esa naturaleza tiene base real, aunque parcial. Algunos problemas que enfrenta el oficialismo podrían ser explicados por decisiones legislativas que permitían imaginar estribaciones ríspidas. Por ejemplo, la advertencia de Cámara para que el Gobierno aplique la ley de financiamiento universitario. También, los amparos otorgados sobre decenas de artículos de la reforma laboral.

Milei encabezará este jueves el acto central por el 2 de Abril. Las miradas apuntarán al lugar de Adorni en la ceremonia, después de la cita en Olivos que buscó vestirlo con tareas para proyectar “el período 2026/2027”. En lo inmediato, esta noche, el Gobierno debería prestar atención al mensaje de la Iglesia Católica sobre el deterioro presupuestario en el área de discapacidad. Llegará desde Mendoza, en la celebración de Jueves Santo, y estará a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo.

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Dirigentes cercanos a Bullrich y Larreta se quedaron con el PRO de Córdoba y Macri pierde poder en una provincia clave

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Durísima derrota judicial a mano de Servini”. Con inusual crudeza, un importante dirigente del PRO graficó, ante la consulta de Infobae, los últimos movimientos en Córdoba, provincia clave y estratégica para la elección presidencial de Mauricio Macri en 2015. En las últimas horas, la Justicia electoral declaró nula la intervención dispuesta desde la oficina nacional de la calle Balcarce, al tiempo que la Justicia provincial ratificó la validez de las elecciones internas que se realizaron el pasado fin de semana, donde se designó al nuevo presidente, que reemplazará al diputado Oscar Agost Carreño, y que encabezó una lista que acompañaron dirigentes cercanos a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Se trata de un conflicto que lleva años. “Es un desastre”, reconoció un colaborador cercano al expresidente. La jueza federal María Servini, especializada en materia electoral, declaró la nulidad de las intervenciones y remarcó la falta de fundamentos para una medida de esa magnitud. “La inexistencia de elementos o situaciones concretas que justifiquen la intervención, tornan arbitraria dicha medida”, señaló en el fallo.

Además, subrayó que la intervención “es un remedio para circunstancias graves, que debe aplicarse de forma restrictiva y conforme a la carta orgánica, con el fin de proteger la autonomía distrital frente a la intromisión del gobierno central”.

Tras el fallo, los dirigentes locales avanzaron en la normalización partidaria. “Todavía falta el escrutinio definitivo que se está haciendo hoy o se hace mañana. Con eso se hace el acta de proclamación, eso se publica, se eleva al juzgado y el juzgado tiene que revisar todo y aprobarlo. Es un tramite que lleva quince días, más o menos, y tengo que terminarlo. Pero el tema está cerrado”, sostuvo a Infobae el exdiputado nacional Oscar Agost Carreño, actual presidente del partido en Córdoba y enfrentado de manera directa con Macri y la dirigencia nacional.

Durante la interna, la Junta Electoral resolvió 97 reclamos presentados por el sector alineado con el jefe del PRO y solo admitió uno de ellos, la oficialización de la lista porque la habían presentado veinte minutos fuera de hora.

Sin embargo, el acta de la Junta Electoral indica que la lista Somos PRO, identificada con el expresidente y encabezada por Hernán Cornejo, con aval de la exdiputada y actual concejal Soher El Sukaria, no presentó fiscales ni boletas en toda la provincia. “La ausencia de boletas en las mesas de votación y la falta de fiscales en los centros de sufragio de toda la provincia obedecen exclusivamente a una decisión voluntaria y deliberada de sus responsables, quienes decidieron no participar del proceso electoral”, se indicó.

Por otro lado, Oscar Tamis, exintendente de Oliva, encabezó la lista Córdoba Amarilla, respaldada por Agost Carreño y la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, muy cercana a Bullrich, y que acompañan dirigentes que en su momento apoyaron a Rodríguez Larreta, como el propio Tamis. De no mediar imprevistos, asumirá la conducción partidaria el próximo 19 de abril.

“Toda esta historia, las tres intervenciones, tuvieron un contenido político y no partidario, por eso no prosperan. El único motivo que hubo es manejar las listas o las alianzas. De hecho, no tenían ningún asidero porque la jueza en la última instancia, la Cámara Nacional Electoral, dijo que no son válida, que no había razones válidas. Es más, otras provincias, en las mismas circunstancias, no las intervinieron”, señaló a este medio Rodríguez Machado.

Otro dirigente de la lista opositora a la conducción nacional comparó la situación de Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, con Santa Fe y el rol de Gisela Scaglia como presidenta del partido pero, al mismo tiempo, titular de la bancada Provincias Unidas en Diputados. “Siguiendo el mismo criterio, ¿por qué a ella no la intervinieron?“, se preguntó.

Además de Córdoba, donde la conducción nacional apeló y espera una resolución de la Cámara Nacional Electoral, según supo Infobae, bajo la conducción de Macri se mantienen las intervenciones en Salta, Tucumán, Corrientes, La Rioja y Santa Cruz, todas por diversas irregularidades.

“Lo que a nosotros no nos gusta es que decidan por nosotros, porque inclusive Macri no dice que no hagamos nunca una alianza con LLA, es más, hay acuerdos en el Congreso, en CABA, en Buenos Aires. Estamos en contra de que nos pongan en una negociación nacional, como un paquete más, como moneda de cambio. Nosotros, los cordobeses, vamos a decidir qué miércoles hacemos en el 2027. Los cordobeses con nuestra asamblea”, sostuvo uno de los armadores de la lista opositora.

Y finalizó sobre la nueva conducción provincial del PRO: “Algunos son ‘patricistas’, aunque ella ahora esté afiliada a otro partido. Hay otros que son de Larreta o que lo apoyaron en la interna con Bullrich. Y hay algunos independientes que no son de ninguno de los dos espacios, pero que estaban ya muy cansados de que nos intervengan cada vez que se les ocurría”.

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Desde Tierra del Fuego y por la vigilia de Malvinas, el peronismo buscó componer su primera foto del frente anti Milei

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Desde la tarde de este miércoles, la atención del peronismo se trasladó a la provincia de Tierra del Fuego. Pasadas las 17 horas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue el último dirigente opositor al gobierno de Javier Milei en llegar al Aeropuerto Internacional de Ushuaia “Malvinas Argentinas”. El mandatario de Buenos Aires se sumó a la comitiva peronista que participó en la noche del miércoles de la vigilia en homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas, al cumplirse 44 años de aquel conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido. Una comitiva también integrada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el fueguino, Gustavo Melella, además de funcionarios de las tres provincias.

Kicillof llegó a Tierra del Fuego al caer la tarde. Fue recibido por Quintela, Melella; quien además mantuvo reuniones con el propio Quintela; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madeira; la senadora nacional por La Rioja, Florencia López; el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Levandoski; las diputadas nacionales Victoria Tolosa PazGabriela PedraliGraciela Parola, Paula Penacca, Sabrina Selva, Cecilia Moreau, Natalia Zaracho; además de los diputados Luis Basterra, Juan Marino, Agustín TitaJuan Carlos MolinaHugo Moyano (h) y Hugo Yasky.

“El 2 de abril es una fecha para recordar, para hablar de soberanía. La industria radicada en Tierra del Fuego también es un tema de soberanía. Era una política soberana la de poblar la zona más austral de Argentina. Hoy la industria en la provincia está destruida por la política económica de Javier Milei”, planteó Kicillof desde Río Grande en declaraciones a C5N.

Además, desplegando ya un discurso federal y por fuera de lo que hace a su gestión en la provincia de Buenos Aires, el mandatario bonaerense consideró: “Tenemos 10 mil familias, 10 mil laburantes que se han quedado sin trabajo solo acá, en Río Grande. El 55% de la maquinaria en desuso por culpa e irresponsabilidad de un gobierno criminal”.

Cerca del mandatario bonaerense aseguraron a Infobae que el viaje de Kicillof se circunscribe solo a la cuestión Malvinas, que la defensa de la soberanía es un punto crítico del modelo anti Milei, pero que es difícil no dejarse atravesar por la coyuntura. En definitiva, las actividades en el sur del país son también un terreno para testear la posible conformación de un gran frente federal que permita ser oferta electoral contra el gobierno nacional en las elecciones del año que viene.

“Es un punto de encuentro para los argentinos y una oportunidad para reconstruir una unidad amplia y construir una alternativa política que devuelva esperanza, con más trabajo, industria y mejores salarios”, planteó la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; una de las encargadas de impulsar este armado federal peronista para confrontar con Milei.

Cómo todos los años, la vigilia central se desarrolló en la ciudad de Río Grande. También se llevó adelante una conmemoración en Ushuaia. No solo hubo representantes del peronismo. La Libertad Avanza también envió diputados y senadores nacionales. El presidente Javier Milei no viajó. Tampoco lo hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel, como sí había sucedido en años anteriores. El acto oficial es el jueves en la capital fueguina.

Kicillof también pasó por la localidad de Tolhuin. Allí firmó un convenio con el intendente de esa localidad, Daniel Harrington. Se trata del primer convenio federal del programa Puentes. Tras ese acto llegó a Río Grande y este jueves estará en el acto oficial que se desarrolla en Ushuaia. La capital fueguina es gobernada por el camporista Walter VuotoEl cristinismo bonaerense también dijo presente en las distintas actividades en la provincia más austral del país. La diputada provincial de Buenos Aires e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, llegó este miércoles a Ushuaia. Se reunió con Vuoto y estará en el acto central. Allí, es probable que se cruce con Kicillof.

Las diferencias del peronismo también se materializan en Tierra del Fuego. Con distintos argumentos, el intendente de Río Grande, Martín Pérez y el de Usuahia están distanciados políticamente del gobernador Melella. El jefe comunal de la capital fuegina viene cuestionando el recorte de fondos de parte del gobierno provincial a su administración. Todo un síntoma de época en las dinámicas entre las provincias y los municipios por un lado y las provincias y el gobierno nacional por el otro.

A las 00:00 de este jueves sonó la sirena en la carpa de la Dignidad y se dio inicio al acto oficial en Río Grande. “Esta noche la ciudad de Río Grande se dispone a recibir el 2 de abril con un profundo y arraigado sentimiento malvinero, haciendo efectiva la leyenda que reza en el monumento en el que hoy nos encontramos reunidos y dice: ‘un pueblo ajamás debe olvidar a quienes dieron su vida por la dignidad de todos’”, dijo la locutora oficial del acto en Río Grande.

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