En tiempos donde la política argentina se volvió un concurso de consignas, hay gestos que marcan la diferencia entre gobernar y comentar la realidad. La decisión del intendente Federico Susbielles de avanzar para que el Municipio y el Puerto arreglen la traza del Paso Urbano en la zona de El Cholo es uno de esos gestos.

Porque lo que está sobre la mesa no es sólo una obra vial. Es una definición de modelo. Un modelo que involucra la mejor participacion PUBLICA PRIVADA que es el puerto de Bahía con Santiago Mandolesi Burgos hoy a la cabeza.

La obra, iniciada hace años y abandonada desde entonces, hoy se encuentra en un estado crítico que afecta la seguridad, la logística y la calidad de vida de miles de vecinos, además del movimiento del transporte pesado hacia el puerto. Frente a la parálisis nacional, la ciudad decidió no esperar más y propuso algo tan simple como disruptivo: si Nación no la hace, que permita hacerla con inversión local y privada.

Eso, en la práctica, es un esquema de participación público-privada. Es decir, exactamente lo que el discurso liberal reclama desde hace décadas.

Susbielles, peronista, terminó proponiendo una solución más libertaria que los propios libertarios.

Mientras algunos dirigentes locales se concentran en denunciar problemas o explicar por qué las cosas no pueden hacerse, el intendente puso sobre la mesa una alternativa concreta: gestionar capital privado, coordinar con el Puerto y resolver un cuello de botella histórico de la ciudad. No es ideología. Es gestión.

Y no es una obra menor.

El Paso Urbano y la conexión hacia Cerri constituyen uno de los accesos más importantes de Bahía Blanca, clave para el tránsito de camiones, la actividad portuaria y la circulación cotidiana de miles de personas. Su deterioro no sólo genera riesgos viales, sino también sobrecostos logísticos que impactan directamente en la competitividad regional.

En otras palabras: estamos hablando del sistema circulatorio de la economía local.

Si esta iniciativa prospera, el impacto puede ser estructural. No se trata de tapar baches; se trata de redefinir cómo entra y sale la producción, cómo se articula la ciudad con su puerto y cómo se proyecta el crecimiento urbano. Son decisiones con horizonte de décadas, no de mandato.

De hecho, el propio Municipio planteó que, si Nación no reactiva la obra, debería ceder su concesión para permitir que el Puerto y la ciudad consigan financiamiento privado y la finalicen.

Eso es pragmatismo puro.

No hay épica partidaria, no hay relato. Hay una pregunta sencilla: ¿cómo resolvemos esto ahora?

La política argentina suele quedar atrapada entre dos extremos igualmente improductivos: el Estado que promete todo y no cumple, y el anti-Estado que se limita a explicar por qué nada debe hacerse. En el medio queda la gestión real, la que combina recursos públicos, privados y decisión política.

Eso es exactamente lo que está intentando Bahía Blanca.

Por eso, más allá de simpatías o diferencias, la iniciativa merece ser reconocida. Porque rompe con la lógica de la excusa permanente y apuesta a una solución concreta para un problema concreto.

Si se concreta, podría convertirse en el mayor cambio logístico y de transporte de la ciudad en los próximos 20 años. Y también en un precedente: demostrar que, incluso en un contexto nacional adverso, una ciudad puede tomar la iniciativa y empujar su propio desarrollo.

En definitiva, la diferencia entre administrar y liderar suele reducirse a una sola cosa: quién se anima a hacerse cargo.

Esta vez, Bahía Blanca parece haber encontrado a alguien dispuesto a hacerlo.

“A no bajar los brazos, quedan dos años de esto nada más”. Así cerró Axel Kicillof su último acto veraniego del miércoles, en la localidad de Quequen, donde estuvo acompañado por un puñado de ministros e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Presente y futuro. De eso habla el gobernador bonaerense en sus discursos recientes. Todos apuntados a cuestionar las políticas libertarias, comparar la gestión de Milei con el peor momento de la etapa de Mauricio Macri en el poder y consolidar su perfil ultra opositor, embanderado en la defensa del Estado presente.

Kicillof empezó a coquetear, discursivamente, con su candidatura presidencial. En ese sentido, la construcción de un perfil extremadamente opositor se sostiene en el tiempo y es el principal eje de su apuesta electoral. Ser exactamente todo lo contrario a lo que representa el presidente de la Nación.

Cada día más duro y más crítico respecto a la gestión del gobierno nacional, el gobernador hace pie en su gestión para marcar las diferencias con el modelo político teñido de violeta. Es la voz más resonante de los gobernadores de Unión por la Patria (UP), que hablan poco y nada en público. El martes, por ejemplo, fue el único de la pequeña liga de gobernadores opositores que estuvo presente en las puertas del Congreso donde se trataba la reforma.

Este año, y sobre todo en las últimas semanas, Kicillof ha redoblado su avanzada discursiva contra el presidente Milei. El discurso de ayer fue un ejemplo bien concreto. “Lo que está pasando no es producto de la casualidad. No es un error de cálculo. Son las consecuencias de determinadas políticas económicas”, precisó.

El discurso del mandatario bonaerense se basó en la pérdida de puestos de trabajo y en la cantidad de empresas que se cerraron durante la gestión nacional. “Se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos. Se cerraron 30 empresas por día desde que llegó Milei. Son números excepcionales. Hay pocas etapas de la historia argentina en la que haya pasado esto”, aseguró.

Kicillof comparó la gestión de Milei con la Macri, tomando como ejemplo un título periodístico que hablaba de la espera del Gobierno para que haya un mejor segundo trimeste. “Cuántos años nos tuvo Macri con el verso del segundo semestre, la luz al final del túnel o lo peor ya pas. Son muletillas crueles que intentan generar esperanzas cuando se destruyen las promesas”. Así fue la sentencia.

El gobernador planteó que Milei “no recorre la Argentina” porque no está pasando lo que dicen que está pasando en política económica. Los misiles van todos directo al Presidente. En forma sistemática y cada vez con críticas más feroces. Y van de la mano de un contraste permanente con la política del Estado presente, que sostiene en Buenos Aires desde que asumió en el 2019.

La avanzada del mandatario bonaerense se da en el medio de una seguidilla de derrotas del peronismo en el Congreso, donde los bloques legislativos no pudieron frenar la reforma laboral y la ley que modifica el nuevo régimen penal juvenil. Si bien los proyectos solo tienen media sanción, el oficialismo parece tener allanado el camino para poder convertir a ambas iniciativas en ley.

La doble derrota pone al peronismo en un lugar de absoluta debilidad. No hubo unidad que pudiera evitar que quedara expuesta la pérdida de poder y de fuerzas que ha sufrido el partido opositor tras la última elección de medio término. Por eso, en ese contexto de limitaciones y noticias pálidas, la figura del gobernador sobresale como principal espada de resistencia y de combate ante las ideas que pregona el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

Javier Milei cree que las reformas de peso deben tener una secuencialidad definida para que estas impacten progresivamente en su programa económico. Una vez que la laboral sea sancionada a fin de febrero, el oficialismo acelerará con su proyecto impositivo para que ambas generen las condiciones para que hacia finales de 2027, o más adelante, se pueda hablar de una reforma previsional. O eso es lo que el Presidente le dice a los suyos.

Para que esto suceda, La Libertad Avanza debe ganar las elecciones presidenciales que se celebrarán el año próximo. Es por eso que el oficialismo conversa en sus reuniones más íntimas sobre aspectos que trascienden lo económico y que se refieren a asuntos estrictamente políticos.

En una reunión reciente en Casa Rosada, varios integrantes de la Mesa Política dialogaron preliminarmente sobre la posibilidad de diseñar una reforma política con vistas al año próximo. “No está decidido, pero seguramente haya algo vinculado a lo electoral”, confirmó a Infobae una fuente inobjetable.

El Gobierno tiene una extensa lista de proyectos por tramitar en el Congreso. Solo por decir algunos, queda que se produzca la sanción del proyecto de Reforma Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. También deben comenzarse a tratar en comisiones los aspectos finos del tratado comercial con Estados Unidos, la adhesión de Argentina a las condiciones que impone el Consejo de Paz de Donald Trump, la reforma impositiva (de la cual no se conocen amplios detalles) y que se genere el envío de pliegos de jueces federales.

Ante la pregunta de Infobae, una figura del estrechísimo entorno presidencial indicó que vería con buenos ojos que al comienzo de las sesiones ordinarias se inicie una senda para hablar de una reforma política. “No la pidió Javier. Es prioridad para todos”, afirmó esta persona.

No hay una idea consensuada por ninguna de las partes. Todavía no está claro qué puede llegar a ser oportuno proponer en los próximos meses. Aún así, hay tres propuestas que les gustan a varios integrantes de la Mesa Política:

1. La suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 2027 o directamente su eliminación.
2. Modificar la Ley sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos.
3. Incorporar en el diseño de la Boleta Única Papel (BUP) el casillero que habilita a votar la lista completa con una sola marca.

Al menos por ahora, el calendario electoral del 2027 contempla la realización de las PASO porque lo que se aprobó a principios de 2025 no fue su eliminación, sino su suspensión circunstancial por ese año. El proyecto original que el Gobierno había enviado a finales del 2024 proponía la eliminación, pero no tuvo adhesión suficiente. Puede ser que la Casa Rosada, con una masa legislativa más amplia, pueda apostar de vuelta por esta última opción.

Que se hable de este asunto no es casual. El Gobierno tiene varios motivos para proponer lo mismo que impulsó años atrás. Por un lado, buscan argumentar que esa instancia eleccionaria implica un costo fiscal que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a financiar a los fines de cuidar la política de déficit cero.

La Libertad Avanza tampoco tiene necesidad de realizar internas, ya que se trata de un esquema altamente verticalista, donde el poder de la colocación de las candidaturas emana de la propia presidenta del partido nacional, Karina Milei. Solo se habla de eventuales internas a través de PASO en el caso de las provincias que tienen incorporado ese esquema para la disputa de cargos locales. ¿La Ciudad podría ser un ejemplo? Más de una persona no se lo ha descartado ante la consulta de este medio, aunque falta mucho para decidir quién puede ser una figura que pueda disputar la Jefatura de Gobierno porteño.

Que en 2027 no haya PASO implicaría que las opciones opositoras al Gobierno para la categoría Presidente deban ordenarse directamente para las elecciones generales. Es posible que el sector vinculado a Axel Kicillof piense en una coalición o ampliación a los fines de poder polarizar directamente con Milei.

Varios integrantes del Gobierno quieren que la BUP del año próximo tenga un casillero que permita votar lista completa. De mínima, todos los distritos del país elegirán Presidente y Vicepresidente, Parlamentarios del Mercosur y Diputados Nacionales. Hay ocho provincias a los que se les sumará la categoría Senadores Nacionales. Así, la boleta única será más extensa que la que hubo durante las legislativas del año pasado.

Tal y como lo propuso a finales del 2024, el Gobierno podría avanzar en una iniciativa que ya tuvo el visto bueno de Milei: la de reformar el financiamiento de los partidos políticos.

La propuesta dada a conocer por el oficialismo años atrás implicaba la eliminación del aporte extraordinario de los partidos políticos que el Estado Nacional hace para las campañas electorales bajo la excusa de que “la Constitución habla de mantener a los partidos, pero no sus campañas”. El texto preveía que se mantenga el Fondo Partidario Permanente, que garantiza un financiamiento para los partidos políticos. Pero apuntan a que los fondos a recibir por los espacios sean cada vez más mixto y con aportes privados.

En los despachos oficiales buscan que el número de espacios electorales disminuya de manera considerable. Consideraban que podían lograrlo con la modificación de los aportes de campaña y con una reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Con esta última, el Gobierno proponía facilitar la inscripción partidaria, pero endurecer las reglas de caducidad de los partidos políticos, obligando a una fuerza a tener 3% (en vez de 2%) en dos elecciones consecutivas. Además, el proyecto buscaba incrementar de 0,4% a 0,5% de los electores el requisito para que se pueda conformar un partido de distrito, pidiendo que para crear un partido nacional exista un reconocimiento distrital en 10 jurisdicciones diferentes y no en 5 como en la actualidad. Por último, se agrega como requisito que haya cerca de 35.000 afiliados para que un partido nacional pueda existir.

Esto es solamente la propuesta que se hizo en el 2024, donde advertían que aquello no iba a tener implicancias en las elecciones del 2025, sino en julio del 2026. Con esa lógica, una eventual propuesta de esa índole no debería tener incidencia para el 2027, sino para el 2029.