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Política Nacional

La Oficina Anticorrupción deberá investigar si Milei incumplió con la Ley de Ética Pública tras el escándalo cripto

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Tras el escándalo provocado por la promoción que el presidente Javier Milei hizo de la moneda digital $Libra, la Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Poder Ejecutivo, deberá investigar si el mandatario incumplió la Ley de Ética (N° 25.188), y en caso de detectar irregularidades, efectuará una denuncia penal ante la Justicia.

Las alertas se encendieron cuando el mandatario, todavía en horas del Día de los Enamorados, el pasado 14 de febrero, utilizó sus redes para alentar la participación ciudadana en el “Viva la Libertad Project”, de la empresa KIP Protocol. Esto generó que la nueva moneda que costaba US$ 0,000001 llegara a valer US$ 5,20, y se desplomara luego de que sus desarrolladores abandonaran el proyecto, retirando además los fondos de los inversores.

Con más de 24 horas de demora, y luego de realizar el correspondiente control de daños con la primera disculpa pública del libertario, la Oficina del Presidente (OPRA) anunció que intervendría la Oficina Anticorrupción, a cargo del abogado Alejandro Melik, para que “determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”.

Vamos a ser los primeros en denunciar cuando veamos hechos de corrupción”, supo declarar Melik en enero de 2024, luego de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunciara que la OA y la Unidad de Información Financiera (UIF) dejarían de ser querellantes en las causas de corrupción y de lavado de dinero.

Para dar lugar al pedido del Ejecutivo, el organismo cumplirá con el artículo 36 de la Constitución Nacional, incluido en reforma de 1994, que establece la supervisión de la ética pública para continuar en ejercicio del cargo al que se accedió. 

A través de la investigación que iniciará determinará si el Presidente o cualquier funcionario involucrado violó la Ley de Ética Pública, que enumera “un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado” (art. 1).

En especial si hubo incumplimiento del artículo 2, inciso G, en el que se establece que el Presidente de la Nación debe “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.

En Casa Rosada muestran tranquilidad por la investigación impulsada, y descartan la posibilidad de que el pedido de juicio político impulsado por Unión por la Patria en el Congreso avance. “Se debe investigar todo y ahí veremos. No tenemos problema porque no hay ningún funcionario implicado en una maniobra ilícita ni hubo dolo”, aseguraron a la agencia Noticias Argentinas.

“La Constitución Nacional, art. 53 determina que las causales de juicio político son solo tres: 1) el mal desempeño, y es relativa a la administración del Gobierno. 2 y 3) la comisión de delitos, que requieren sentencia judicial previa. Por lo tanto, no existe casual”, sentenciaron.

El paso a paso de la investigación

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la Oficina Anticorrupción explorará el perfil de cada uno de los involucrados que hayan participado directa o indirectamente de la operatoria y su relación con el mandatario.

De esta forma, avanzará con el perfil del empresario Hayden Mark Davis, quién estaría detrás del lanzamiento de $LIBRA, pero también del CEO de KIP Protocol, Julián Peh, y del trader Mauricio Novelli. Los tres son conocidos del libertario, incluso mantuvieron más de un encuentro en común.

Los pormenores conversados y los acuerdos establecidos serán materia de especial interés para el equipo de investigación del organismo que depende del Ejecutivo.

En este punto accionará también la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas.

Tanto Davis como su firma “Kelsen Ventures” serán investigados, luego de que el 30 de enero visitara Casa Rosada y en las últimas horas se presentara como asesor del mandatario en materia de tecnología blockchain e inteligencia artificial.

También pedirán todas las pruebas que involucren a Peh y KIP Protocol, quien se entrevistó con Milei el 19 de octubre, a las 18.30 horas, en un salón del hotel Sheraton Libertador. Del encuentro participaron también el vocero presidencial, Manuel Adorni, y Novelli, asiduo frecuente de los registros de ingresos a la Quinta de Olivos.

Desde la oficina evaluarán además si el mensaje publicitado por Milei en su red social X encaja con alguna de las figuras penales de las que se lo acusa. De reconocer irregularidades o la malversación de fondos públicos, podrían elevar una denuncia penal a la Justicia.

“Procuramos detectar dinero y bienes producto de la corrupción y solicitamos a los jueces medidas para lograr su recuperación”, detallan desde el organismo en su página web como uno de los objetivos a cumplir tras evaluar el impacto en el funcionamiento y credibilidad de las instituciones; la cantidad de ciudadanos afectados por el acto; el monto del perjuicio causado por el acto y la antigüedad de los hechos.

Además, aclaran que de no haber delitos de corrupción, pero sí irregularidades administrativas, darán intervención al Ministerio de Justicia, a la Procuración General del Tesoro y al funcionario responsable del organismo “para que se labren las actuaciones administrativas y se apliquen las sanciones que correspondan”.

“Todo lo que se pueda investigar vamos a hacerlo”, sostuvo ante esta agencia un funcionario con acceso al despacho presidencial.

El reclamo de los constitucionalistas

La agencia Noticias Argentinas consultó al abogado constitucionalista Felix Lonigro, quien definió como una medida “para la tribuna” el anuncio del Ejecutivo sobre la investigación de la OA a raíz del escándalo.

Será de relativa importancia la investigación porque la Oficina Anticorrupción no tiene autonomía. No me imagino que el abogado designado por el Presidente tenga libertad para investigar”, fustigó sobre Alejandro Melik.

Asimismo, reclamó la participación de la Justicia y se mostró a favor de que el Congreso impulse una comisión para determinar si el Presidente incurrió en una conducta que justifique una sanción. “Lo que hizo el Presidente es muy grave”, especificó.

A su turno, el doctor en Derecho Andrés Gil Domínguez también cuestionó la autonomía de la Oficina Anticorrupción tras argumentar que su titular no podrá impulsar una investigación transparente debido a la tendencia libertaria de “castigar” a todos los que oponen al Presidente, y pidió la intervención del Congreso.

Aunque descartó la posibilidad de Juicio Político, promovió la creación de una comisión que detecte si el mandatario violó la Ley de Ética Profesional. Además, precisó que el Código Penal debiera “castiga al funcionario público que directamente o por acto simulado se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo (art. 265)”.

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Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. suspendió todas las demandas contra Argentina

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La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF concretada en el año 2012, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional, informó Noticias Argentinas.

Esta medida durará hasta que se resuelva la apelación de fondo, que es el fallo en contra por el que la Argentina debería pagar US$16.100 millones.

Una buena noticia para YPF

El planteo argentino había sido presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York,que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el planteo y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio.

Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.

Fuente: Agencia DIB

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Kicillof lanzó su centro de estudios y apuntó a Milei: “Nos tocó el presidente más ignorante que nos podía tocar”

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF); su propia usina de ideas desde la que buscará confrontar con la gestión de Javier Milei, con una perspectiva hacia 2027. Fue este martes en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Al cierre de su exposición, los presentes corearon “Axel presidente…”. Solo estuvieron presentes los representantes del Movimiento Derecho al Futuro, pero el mandatario provincial planteó que “lo que se nos pide es que podamos pensar un proyecto para un desarrollo federal y con justicia social para la Argentina” y que “ese proyecto, del que no declamamos exclusividad, tiene un nuevo instrumento para construir el futuro de la Argentina entre todos”.

Para su presentación, el CEDAF —que estará a cargo de la exministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec; el exministro de Infraestructura, Agustín Simone y el gerente general de Aubasa, Pablo Ceriani— elaboró un documento en el que rebaten “Las diez mentiras de Milei y una zoncera”. Los referentes del CEDAF son parte del equipo de colaboradores de Kicillof desde hace tiempo. Hasta el tradicional teatro platense llegaron intendentes y legisladores enrolados en el MDF, además de los ministros que también tienen base política en este esquema que buscará empezar a proyectarse por fuera del territorio bonaerense. Los funcionarios provinciales que reconocen a Cristina Kirchner como su conducción no estuvieron presentes en el lanzamiento.

El programa que Milei está aplicando es absolutamente anacrónico. Yo dije el otro día y me parece que a algunos les gustó: es un corso a contramano”, dijo Kicillof durante su alocución, que se extendió por más de una hora. Antes habían hablado Ruiz Malec y el intendente de La Plata, Julio Alak, quien volvió a promover al gobernador bonaerense como el candidato presidencial del peronismo: “Dejemos de tener un gobierno que recite lenguas extrañas y que venga un candidato a presidente para que lleve lenguas criollas a toda la Argentina y ese candidato a presidente se llama Axel Kicillof”. El recinto aplaudió, pero gestualmente, el gobernador pidió serenidad.

El mandatario bonaerense ya despliega un discurso federal. “Estamos pensando en la Argentina que viene”, dijo uno de sus ministros al ingresar al acto. Este martes no fue la excepción. La confrontación con Milei será constante. “No hay país del mundo, del planeta, más allá del grado de desarrollo y la geografía; que no esté pensando en cómo crear trabajo nacional, trabajo propio, cómo sostener la industria propia, la producción nacional, cómo ubicarse estratégicamente dentro de un mundo que cambia, dónde ir, con quién asociarse. Todo el mundo lo está discutiendo, pero a nosotros nos tocó el presidente más ignorante que nos podía tocar y el más sometido”, dijo en uno de los puntos más altos de la confrontación con Milei.

“Esta batería de políticas ya las conocemos. El único matiz novedoso que tiene este modelo es que, además del daño que provoca, responsabiliza a las víctimas: la culpa no es del trabajador que perdió el empleo, ni de la pyme que tuvo que cerrar, el único responsable se llama Javier Milei”, consideró.

También se refirió a la situación política y judicial de Cristina Kirchner que este martes volvió a ganar la centralidad de la agenda al prestar declaración indagatoria de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py en la causa Cuadernos. Kicillof, que mantiene distancia política con la expresidenta y no habla con ella desde el cierre de listas del año pasado, dijo este martes que el gobierno “con mentiras y estafas persigue a Cristina”.

“Hoy han ido a montar otro show judicial para distraer de estas cosas que están pasando, que son evidentes, que están a cielo abierto —en referencia a las decisiones que toma Milei con su política económica-. Entonces, no puedo dejar de decirlo porque la palabra mentira en este marco alude al comportamiento general de este gobierno y del Presidente de la Nación”, se explayó.

“Los que piensan que Milei vino con ideas nuevas, de pronto, se encuentran con las mismas explicaciones y latiguillos cuando la economia no arranca. Igual que en el gobierno de Mauricio Macri, cuando empezaban con la luz al final del túnel, el segundo semestre y los brotes verdes”, planteó en otro tramo de su discurso.

El acto contó con la presencia de algunos referentes sindicales como Héctor DaerRoberto BaradelHugo Yasky, Hugo “Cachorro” GodoyFabiola Mosquera, Oscar De Isasi, entre otros. También los intendentes axelistas repartidos entre los que gobiernan algunos distritos del conurbano y los del interior bonaerense. Jorge Ferraresi (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Mauro Poletti (Ramallo), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), David Angueira (Punta Indio), Gustavo Cocconi (Tapalqué), entre otros.

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Qué paritarias peligran por la amenaza oficial de no homologar aumentos salariales por encima de la inflación

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El Gobierno advirtió que no homologará los aumentos salariales que superen la inflación y los sindicatos reaccionan de manera dispar: algunos renegocian las cifras para adaptarlas a la pauta establecida por el Ministerio de Economía y otros resistirán la decisión oficial tratando de que las empresas paguen igual las mejoras pactadas aun sin convalidación oficial.

Como anticipó Infobae, la Casa Rosada busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.

El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada este viernes por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.

Pero finalmente firmó con las cámaras empresariales un acuerdo que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación.

El convenio incluye un aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto, que se pagará así: incrementos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.

Además, se fijó un premio mensual por presentismo y puntualidad de $60 mil sólo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, a abonarse a partir de abril, absorbiendo lo que paguen las empresas, y una mejora de la contribución empresarial para la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador.

De esta forma, la paritaria de Camioneros se convirtió en el modelo ideal de aumentos salariales que el Gobierno intentará replicar en otras actividades que en en estos días están negociando los incrementos para 2026.

La pauta oficial ya dejó al borde de la no homologación por parte de la Secretaría de Trabajo a la paritaria de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour: consiste en un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres cuotas de 3%, 3% y 3,5%. Es decir, cifras por encima de la inflación actual y la prevista.

En la última paritaria de los estatales, el Gobierno accedió a otorgar unos puntos por encima de la inflación, aunque los funcionarios aclararon que se trata de una excepción porque el sector estaba rezagado frente a la inflación: consiste en un 9,9% para el período enero-mayo 2026, que se pagará de esta forma: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, más un bono no remunerativo de $40 mil en mayo.

Como viene sucediendo ante cada aumento, la mejora fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, que señaló que el total acumulativo de la paritaria entre junio 2025 y mayo 2026 alcanza el 20,97%, sumado a un acumulado de bonos por un valor de $225.000 en ese período. El incremento fue rechazado nuevamente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dirigida por Rodolfo Aguiar, de postura ultraopositora contra el Gobierno.

Otro aumento que sería objetado por Economía es el que pactó la semana pasada el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que fue del 9,67% desde abril sobre los sueldos de diciembre de 2025, más una suma fija no remunerativa de $100 mil para la categoría inicial, por única vez, que ascenderá a $150 mil en las categorías más altas.

El pago, según se informó, se efectivizará antes del 24 de marzo y se incorporó una cláusula de revisión para monitorear la evolución del poder adquisitivo.

Como rige por cuatro meses, el aumento mensual será de 2,4%, pero ya se prendieron las luces de alerta en el sindicato ante la posibilidad cierta de que Trabajo cuestione el porcentaje mensual más el impacto que producirá en los sueldos la suma fija tan elevada.

El líder del STIA, Sergio Escalante, dijo: “La situación está muy dura y no hay plata que alcance con precios que suben sin parar, pero en un contexto de industricidio, cierre de fábricas, reforma laboral esclavista y ajuste, este acuerdo nos muestra que con decisión, coraje y organización los trabajadores podemos triunfar”.

La Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que conduce Héctor Daer, acaba de firmar la paritaria para el sector asistencial y lo hizo dentro de los parámetros aceptados por Economía: consiste en un incremento del 5,1% en los básicos para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, además de una asignación no remunerativa de $80 mil en febrero, $85 mil en marzo y $90 mil en abril.

Otro caso conflictivo es el de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que lidera Luis Barrionuevo: firmó un aumento consistente en una suma fija no remunerativa de $78 mil por mes para la rama de comedores de establecimientos fabriles, empresas y hospitales, pero fue objetado por la Secretaría de Trabajo porque su efecto en los sueldos superaría el tope impuesto por Economía.

Ahora, el gremio está renegociando el acuerdo para limitarlo al trimestre marzo-mayo y se prepara para comenzar este viernes las tratativas para las ramas más numerosas de restaurantes, confiterías y hoteles, aunque adaptándose a las cifras aceptadas por el Gobierno.

Dentro del sector público, otro sindicato que pudo firmar una paritaria que compensa la inflación es la Unión Ferroviaria, que conduce Sergio Sasia, que a fines de febrero acordó con las empresas ferroviarias del Estado un aumento sobre todas las grillas salariales del 8,25% a partir de marzo, aplicable a todos los conceptos, incluidos viáticos, bonificaciones y antigüedad.

Asimismo, se estableció una recomposición remunerativa por única vez del 13,2% sobre todos los conceptos y el pago de un bono extraordinario de $50 mil, todo a percibir en el mes de marzo, más un bono por el Día de los Trabajadores Ferroviarios de $217.962, que se abonará en dos tramos: el 50% con los haberes de abril y el 50% restante con los salarios de mayo.

Este acuerdo salarial, que también firmaron los otros gremios ferroviarios, incluso La Fraternidad, parece superar la pauta con ese 8,25%, más el 13,2% por única vez y el bono de $50 mil, pero en el Gobierno aclaran que rige por cuatro meses, entre diciembre y marzo de 2026, por lo que la mejora mensual apenas supera el 2%.

Ahora, la expectativa está puesta en el inminente inicio de las negociaciones salariales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri. Además de que se trata del sindicato más importante, con 1.200.000 afiliados, sus salarios se convirtieron en un punto de referencia para otras actividades.

El desafío para el gremio será cómo compensar la inflación sin superar los límites que fijó el Gobierno, ya que la homologación es clave en este sector que tiene una gran cantidad de pymes que, sin ese trámite, no tendrán obligación legal de pagar la mejora acordada.

El sindicato de Cavalieri viene de pactar en diciembre pasado una revisión salarial a través de una suma fija no remunerativa de $60 mil, a pagarse entre diciembre y marzo, que se incorporará al básico en abril, y la extensión hasta este mes de una suma fija no remunerativa de $40.000 que había sido acordada por empresarios y gremialistas el 26 de junio de 2025.

Aún resuenan en Comercio la traumática situación que se registró a mediados de 2025, cuando el sindicato firmó un aumento del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que se ubicó por encima de la pauta salarial que era del 1%, y por eso el Gobierno se negó a homologar el acuerdo.

La paritaria mercantil recién se pudo homologar en agosto pasado luego de que Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron un acuerdo para el segundo semestre de 2025 con una asignación remunerativa del 6% en forma escalonada: se aplicó un incremento del 1% mensual, entre julio y diciembre inclusive, más sumas no remunerativas mensuales de $40 mil.

En el entorno de Cavalieri aseguraron a Infobae que esta semana, cuando arranquen las tratativas salariales de 2026, tendrán en cuenta la experiencia del año pasado y buscarán una fórmula que combine la recuperación del salario con la aceptación de los topes del Gobierno.

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