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La oposición logró fijar dos audiencias públicas y retrasa el debate de la Ley de Glaciares

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El debate sobre la ley de glaciares en la Cámara de Diputados avanza hacia la celebración de dos audiencias públicas previstas para finales de marzo.

El oficialismo intentó avanzar en una audiencia pública para sortear el requisito constitucional, pero los bloques de la oposición presentaron contrapropuestas. Finalmente, hubo un consenso y se estableció una hoja de ruta que asegura que la Casa Rosada no va a contar la norma por lo menos hasta mediados de abril.

En el debate del plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales los legisladores de distintos sectores políticos consideran imprescindible adoptar un mecanismo que garantice la participación federal de las provincias involucradas en la gestión de cuencas hídricas afectadas.

El reloj institucional marca el 25 de marzo como la primera fecha de audiencia, con la posibilidad de extender el proceso el día siguiente a través de una modalidad virtual, en lo que se configura como un paso clave para asegurar el cumplimiento de la ley general de ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional.

La diputada Beatriz Estévez de Unión por la Patria cuestionó la ausencia de representantes del Poder Ejecutivo durante el tratamiento del proyecto. “Nunca vino ningún representante del Ejecutivo a explicar este proyecto. Le pedimos que en el cronograma se ponga qué día va a venir un funcionario del Ejecutivo”, expresó en una de las intervenciones centrales del encuentro, según consta en las actas consultadas.

La propuesta del oficialismo llegó en boca del diputado de LLA Nicolás Mayoraz que anticipó los detalles del plan de trabajo respecto a la modalidad y los plazos propuestos. “Vamos a hacer una audiencia pública el 25 de marzo para dar plazo suficiente para la difusión. De 10 a 19 horas. Puede ser presencial o por zoom, cumplimos con el requisito federal sin la necesidad que se traslade las personas ni las comisiones”, explicó.

Sin embargo, luego de que se fueran sumando voces de los bloques opositores que pedían audiencias en las provincias con cuencas hídricas que estaban comprometidas por ley, los libertarios cedieron y Mayoraz confirmó que “a la redacción le vamos a hacer cambios. Pensamos desdoblar y hacer dos jornadas: una el 25 y otra el 26, una presencial y la otra por zoom”.

El mecanismo está diseñado para favorecer la “amplia participación”, permitiendo presentaciones por escrito y estableciendo cinco minutos de exposición por persona, con una eventual reducción si la inscripción supera las previsiones. Para anotarse, se habilitó el correo electrónico de la comisión de recursos naturales. El encuentro requerirá la presencia de al menos cuatro diputados por cada comisión convocada, lo que eleva el estándar de legitimidad institucional.

En la previa a las modificaciones del cronograma de trabajo, el diputado del bloque CC, Maximiliano Ferraro remarcó la necesidad de federalizar el proceso: “Tiene que realizarse en distintos días, con criterio federal de participación de las provincias donde hay comprometidas las cuencas hídricas. No puede ser un día acá en la Cámara de Diputados, tenemos que armar un sistema. Vamos a exigir una audiencia pública con carácter federal no solo de las provincias con desarrollo minero sino de aquellas que no, porque vamos a tener un debate interjurisdiccional constitucional”.

La diputada Sabrina Selva de UP señaló la existencia de consenso en torno a la realización de la audiencia, pero advirtió sobre diferencias en su implementación: “Ahora hay diferencia en cómo se va a llevar. La audiencia tiene que ser pública y tiene que ser federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas”, afirmó. Consideró pertinente establecer límites de días y horarios, en línea con el antecedente de las audiencias federales organizadas en el debate de la ley de medios.

Quien intentó defender la idea inicial de una sola jornada de audiencia pública fue la diputada Silvana Giudici de LLA quien recordó: “Agradezco muchísimo que el bloque del kirchnerismo que antes no quería audiencia pública hoy lo pida. Hubo un sistema que fue de la misma manera que se propone hoy. Lo que corresponde es considerar la propuesta de las presidencias de la comisión”, sostuvo. Finalmente, su posición no tuvo acompañamiento.

Durante la sesión, la participación de actores sociales también ocupó el centro del debate. Juan Grabois exigió asegurar el acceso de comunidades indígenas: “Todas las comunidades indígenas que estén registradas y que estén en las cuencas afectadas tienen que tener asegurada su participación. Propongo que se garantice la participación de esas comunidades”.

El debate abierto expone interrogantes sobre el alcance real del mecanismo participativo. La legisladora María Zigarán de Provincias Unidas interpeló a la comisión sobre los objetivos de la convocatoria: “¿Quieren garantizar la participación pública o quieren enmascarar con una ritualidad la participación? Si la verdadera vocación es lo primero hay que regionalizar las audiencias públicas en cada una de las cinco zonas”, planteó.

El diputado Diego Guliano cuestionó la manera en que se desarrolló la discusión en comparación con el tratamiento previo en el Senado: “Es muy raro, nos convocan a una reunión conjunta y no hay que hablar del proyecto. Nos sorprenden bastante, cuando sus referentes trataron esto en el Senado votaron a libro cerrado. Ahora nos están planteando la audiencia pública y a nosotros nos parece muy bien”.

Las comisiones acordaron que la reunión inicial comenzará solo si participan al menos cuatro diputados por comisión, asegurando pluralidad y control parlamentario dentro del proceso.

Hasta ahora, el cronograma establece el 25 y 26 de marzo como las fechas pautadas para el debate abierto, con el objetivo de lograr una “amplia participación” de las partes interesadas, incluidas provincias, sectores productivos y comunidades indígenas directamente vinculadas a los glaciares y sus cuencas.

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Nuevos operativos de documentación

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El Registro Provincial de las Personas realizará esta semana nuevos operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad.

Será desde hoy martes 13 al viernes 16 de octubre. El horario de atención de 10 a 15 horas.

 ¿Qué trámites se pueden realizar?

  • DNI (Documento Nacional de Identidad)
  • Solicitud de partidas
  • Certificados de domicilio y extravío
  • Certificado de Pre Identificación (CPI)
  • Empadronamiento de extranjeros
  • Cambio de género
  • Inicio de expediente de inscripción tardía

Fuente: Frente al cano.

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Se oficializó la salida de Bahía Blanca del régimen de Zona Fría

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El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la modificación del Régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios de distintas regiones del país. La medida quedó formalizada con la publicación de la Ley 27.828 y del Decreto 1161/2026 en el Boletín Oficial.

La reforma, sancionada por el Congreso el 24 de septiembre y promulgada por el Presidente el 9 de octubre, establece nuevas condiciones para acceder al beneficio y una bonificación adicional para los hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos y geográficos.

La nueva legislación modifica el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga distintos artículos de la Ley 27.637, que había ampliado el alcance territorial del régimen.

El principal cambio es que residir en una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento. Los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir las condiciones establecidas por la nueva normativa.

Además, la bonificación adicional se aplicará sobre los denominados Consumos Base, por lo que no necesariamente alcanzará a la totalidad del gas utilizado por cada hogar.

La reforma mantiene un tratamiento diferenciado para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región conocida como Puna, donde continuarán los beneficios previstos en el régimen.

Quiénes podrán mantener el subsidio de Zona Fría con la nueva ley

La Ley 27.828 establece una bonificación adicional por Zona Fría para determinados usuarios residenciales de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes.

El beneficio estará destinado a hogares ubicados en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, contempladas en la normativa utilizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Para acceder, los usuarios deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados, encontrarse dentro de las áreas geográficas previstas y cumplir alguno de los criterios socioeconómicos establecidos por la ley.

Los requisitos contemplados son:

  • Ingresos familiares: hogares cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el INDEC.
  • Certificado de Vivienda Familiar: hogares con al menos un integrante que posea este documento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
  • Veteranos de Malvinas: hogares con un integrante que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
  • Personas con discapacidad: hogares con al menos un integrante que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera esa condición implica una necesidad de asistencia económica para pagar los servicios energéticos.

La ley no establece un límite de ingresos fijo en pesos, sino que lo vincula al valor de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con las mediciones del INDEC.

La legislación también determina que la bonificación adicional estará limitada a los consumos base reconocidos por el régimen de subsidios.

Por otra parte, la Región Patagónica, Malargüe y la Puna conservarán un régimen específico. Para esas zonas continuarán los beneficios destinados a usuarios residenciales de gas natural y gas propano por redes, así como a determinados usuarios del Servicio General P.

El Poder Ejecutivo, por sí o mediante la autoridad de aplicación, tendrá la facultad de determinar las modalidades de esos beneficios.

Qué cambia en las facturas de gas y hasta cuándo estará vigente el régimen

La modificación introduce un cambio en las condiciones de acceso a los descuentos para los usuarios de las zonas comprendidas en la ampliación anterior.

La bonificación adicional dejará de depender únicamente de la ubicación geográfica y quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos del régimen focalizado.

Esto significa que los hogares que no reúnan las nuevas condiciones podrían dejar de recibir el descuento territorial anterior, aunque su situación frente a otros subsidios energéticos deberá evaluarse por separado.

Además, el nuevo beneficio se aplicará sobre los consumos base establecidos por el régimen, por lo que no necesariamente cubrirá la totalidad del gas utilizado en una casa.

Sin embargo, la Ley 27.828 no establece un porcentaje específico para la nueva bonificación adicional ni determina cuánto aumentarán las facturas de los usuarios que dejen de recibir el descuento anterior.

Tampoco precisa cuántos hogares podrán conservar el beneficio ni cuántos quedarán excluidos.

En cuanto al financiamiento, la normativa establece que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se constituirá con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones previstas en la ley.

El Poder Ejecutivo podrá aumentar o disminuir el nivel de ese recargo hasta en un 50%, de acuerdo con las modalidades que considere pertinentes.

La reforma también incorpora disposiciones sobre el mercado eléctrico, las condiciones de contratación de gas, las fuentes renovables de energía y la actividad hidrocarburífera.

El Régimen de Zona Fría tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, según establece la Ley 27.828, que entró en vigor este martes con su publicación en el Boletín Oficial.

Fuente: TN

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Se profundiza la crisis en PAMI: arrancó el paro de médicos de cabecera y odontólogos

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Comenzó hoy el paro por 96 horas de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI en todo el país. La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que denuncia un fuerte deterioro de los honorarios y dificultades para afrontar los costos de funcionamiento de los consultorios.

“Los médicos de cabecera, la única forma que tienen de expresar su descontento, es parando su actividad, como cualquier otro asalariado. Y la gente es la que se perjudica, pero no tienen otra arma para hacer escuchar su reclamo”, expresó esta mañana en diálogo con Radio Altos el Dr. Esteban Costazos, quien aclaró que los médicos auditores no se suman a la huelga.

Indicó que el médico de cabecera cobra por cápita por paciente $2.100 mensuales, mientras que en el caso del odontólogo esa suma se ubica cerca de los $400.

“Eso es lo que para PAMI vale la cápita de un afiliado. O sea, un médico que tiene 500 pacientes anotados cobra un millón de pesos por mes. Es una locura. Y de los odontólogos ni hablemos”, aseveró sobre los bajos salarios.

En el caso de los auditores, aclaró que están analizando posibles medidas de fuerza y remarcó que desde que expuso la grave situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en todo el país, no hubo ningún cambio.

Si bien afirmó que el diálogo con las autoridades locales del PAMI es muy bueno, no tienen poder de decisión. “Soluciones no hubo ninguna porque tienen que venir de Capital”, remarcó.

Costazos advirtió que la situación actual de PAMI es “muy mala” y que la preocupación va en aumento porque “no hay vistas de que vaya a mejorar”.

Frente a las dificultades que encuentran las y los jubilados para obtener turno, una receta u orden médica y acceder a las prestaciones, describió que es muy frustrante para el médico, en su caso en el rol de auditor, no poder dar respuestas.

“Es muy frustrante no poder ayudar de la manera que uno sabe que se puede porque el instituto ya ha tenido la capacidad de tratar mejor a sus beneficiarios. Vuelvo a mi casa muy cansado, no por un cansancio físico sino mental. Es mucha la presión y mucha la frustración. Sería mejor que las condiciones laborales fueran mucho más agradables”, enfatizó.

Fuente: Frente al cano.

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