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La pelea judicial para la que se prepara la Casa Rosada y la nueva estrategia que diseña LLA de cara al 2027

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En cuestión de semanas, el Gobierno confía en que conseguirá la sanción del proyecto de Modernización Laboral. Todo eso sin saber cuál será el texto final que migrará desde el Senado a la Cámara de Diputados: hay sugerencias de la oposición en materia de convenios o artículos minoritarios que podrían aplicarse al mismo momento de la votación. Pero no está claro si aquello también sucederá con el capítulo que tiene la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas. Si atenúa la forma de su aplicación, tendrá los votos. Si no lo hace, será rechazado.

Los incentivos que el Gobierno propone son algo difusos. Por un lado, tratan de convencer a los gobernadores de que voten ese apartado argumentando que con la reforma laboral habrá un revulsivo en la registración del empleo y, con ello, una mayor recaudación. Perder para ganar más adelante. Pero más de un integrante de la mesa política de la Casa Rosada coquetea con la posibilidad de que se caiga para que la recaudación no disminuya.

Como trasfondo, los datos de enero de ARCA revelaron que la recaudación volvió a caer en términos reales por sexto mes consecutivo. “Los gobernadores no saben lo cortos que estamos con los números y que con una baja de Ganancias también nos la estamos jugando”, afirmó al respecto una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo.

“Si Ganancias no sale y la reforma laboral igualmente termina dinamizando la economía, el beneficio para nosotros va a ser doble”, razona un gobernador. Con eso sobre la mesa, ninguno de ellos se va a jugar si el oficialismo no cambia su postura.

Como trasfondo de esta cuestión está la lucha por las diferentes gobernaciones en las elecciones de 2027. Los mandatarios provinciales consideran que ya fueron ajustados lo suficiente por parte de Nación y que los pedidos de contribución a la causa libertaria ahora están enmarcados en un juego de suma cero.

Pese a todo, existen ciertos gestos de camaradería con el Gobierno. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, dos dirigentes que no se caracterizan por su condescendencia con Milei, no recibieron a la CGT en su gira federal para tratar de frenar la reforma laboral. Al igual que la gran mayoría de los gobernadores, tampoco fueron al fallido encuentro en el CFI que pretendía debatir la posición de las provincias ante el proyecto libertario.

Sean como sean votados los capítulos, en el círculo rojo libertario aseguran que la votación en general será afirmativa en ambas cámaras. Ante esta cuasi-certeza, los responsables de la rosca judicial en la Casa Rosada ya están visualizando la próxima pelea que se viene: la de la judicialización de la reforma.

“Todas las reformas que hemos sacado nos las judicializan. Sabemos que van a venir por el proyecto. En todos los casos no consiguieron ganar, salvo en los temas más laborales”, afirma una fuente inobjetable. Cerca del Presidente marcan que se trata de un caso espinoso. Afirman que hay una simbiosis entre jueces y estudios laborales que junto al sindicalismo van a trabajar para suspender los efectos de la reforma. Culpabilizan a la Justicia laboral por haber afectado con sus medidas “en cinco puntos del PBI” a la Argentina.

Creen que después de las etapas de apelaciones va a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente presidida por Horacio Rosatti y con Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti como los otros dos integrantes del cuerpo.

Las líneas que el Poder Ejecutivo construyó con la Justicia han tenido como revisor último al asesor presidencial Santiago Caputo. A Javier Milei no le interesa este tipo de rosca. Al igual que el submundo de la Inteligencia, prefiere mantenerse lejos. Lo único que le pide a los suyos es no opinar ni tener injerencia sobre fallos judiciales más allá de los recursos legales. “Eso nos permitió sostener las reformas que queríamos”, afirman. En la Corte reconocen esta política marcando que en los últimos dos años han trabajado con libertad sin presiones.

“Hay uno o dos de los ministros de la Corte que últimamente están teniendo un criterio más moderno y dinámico. Una forma de pensar que entiende que se puede proteger a los trabajadores y permitir que los empresarios puedan contratar gente más fácilmente. Sería ideal no llegar a la instancia de tener que hablar con la Corte, porque en cualquier parte del mundo te presentan una cautelar de este estilo y debería rechazarse inmediatamente”, argumenta un funcionario.

En el Gobierno no revelan a qué integrantes del máximo tribunal se refieren. Hay antecedentes que permiten construir qué afinidades hay con cada juez de la Corte.

Lo cierto es que hay que estar muy atentos a los movimientos que podrían ocurrir en los próximos meses. Un sector de la mesa chica libertaria cree que puede articular una nueva alianza estratégica con otro de los ministros de la Corte Suprema. Un pacto que busca cambiar el eje copernicano actual.

Mientras tanto, en Casa Rosada creen que la paralización de la reforma laboral no va a ser exitosa y que la Justicia, más temprano que tarde, la dejará habilitada. “En general en la Justicia saben que la sociedad los está mirando, porque ganan millonadas y de lo único que hablan es de sus privilegios”, marcan.

La frase, igualmente, tiene sus matices: por decir un caso, el Poder Ejecutivo convalidó un incremento anual para los fondos del Consejo de la Magistratura de un 280%. Cuentan que hubo un integrante de este órgano que se enteró del incremento que iban a tener y le dijo con regocijo a un funcionario del Gobierno: “Este año que se viene vamos a tener plata”.

Son movimientos que miran con recelo en un sector de la Administración Pública Nacional: el de los Directores Nacionales, Directores Generales y Coordinadores. Varios de ellos se enteraron que el incremento de Ministros, Secretarios y Subsecretarios no llegó a sus categorías, por lo que siguen con el mismo salario que diciembre de 2023. “Nos tienen para el congelamiento pero no para el aumento”, se queja, en extrema reserva, uno de ellos.

Volviendo a la reforma, el área que tiene la competencia para defender el proyecto libertario es la Procuración del Tesoro, la cual depende del Ministerio de Justicia. El ministro Mariano Cúneo Libarona volvió a finales de enero y por el momento sigue en su cargo. Los hermanos Milei no volvieron a hablar con el funcionario sobre su continuidad, aunque está tallado en piedra que en algún momento abandonará su cargo para poder priorizar sus afectos.

Quienes volvieron a hablar para mostrarse juntos fueron el ministro del Interior, Diego Santilli, con el presidente bonaerense del PRO, Cristian Ritondo. La postal solo fue publicada por este último, que detalló que el encuentro tuvo como objetivo hablar sobre la reforma laboral y la edad de imputabilidad, “una de las principales preocupaciones de los vecinos de la provincia de Buenos Aires”.

¿Qué sentido tuvo la foto? En el entorno del funcionario mileísta marcan que Ritondo no deja de ser un actor clave en el Congreso con el que debe articular estrategias para la Cámara de Diputados. En el PRO dieron a entender que la foto ratifica a Santilli “como un amarillo en el Gobierno”.

“Es socio y amigo de Cristian y se pretende llevarlo de candidato dentro de una alianza con La Libertad Avanza”, afirman en el macrismo, donde afirman que no hay margen como para no armar una coalición electoral que compita con el peronismo kirchnerista en la Provincia. Al no haber balotaje, gana el espacio que tiene más votos.

No es la primera vez en el año que Ritondo se muestra con una persona fuerte del Gobierno. En enero fue fotografiado junto a Santiago Caputo, con quien mantiene una amistad de años. No es la misma relación que tiene con el sector de los Menem, que lo acusa de haber querido quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, algo que se vio abortado luego de la victoria libertaria en octubre.

En el karinismo indican que no tienen “porqué autorizar o no una foto” con Ritondo. “No hay tanto misterio. El Colo es alguien que tiene una cuota del electorado al que sin dudas hay que aspirar y es un potencial candidato a la Gobernación”, indica una fuente inobjetable del entorno de la hermanísima, desde donde no desmienten que el año próximo se active una carrera por los nombres para la boleta provincial, pero que “no se va a limar” la figura del ministro.

Cada espacio político está con sus respectivos planes. Ritondo está en proceso de renovar su presidencia partidaria en la Provincia. Quiere a Soledad Martínez como su vicepresidenta primera y plasmar la estructura de Santilli, Guillermo Montenegro y de otros dirigentes, como el actual senador provincial Pablo Petrecca, uno de los principales alfiles PRO que se dio de baja de la alianza con LLA el año pasado para competir con su propio espacio, Somos.

Es por ese mismo antecedente que en el partido libertario, comandado en la Provincia por Sebastián Pareja, están ejecutando una política de construcción diferente desde las elecciones de octubre. Aunque no descartan una coalición electoral, marcan que estarán mirando de cerca cómo se comportan los aliados del Gobierno en la votación que habrá en la Legislatura bonaerense sobre la reelección de los intendentes. “Ese va a ser el punto de inflexión. Si la votan, habremos arrancado mal”, afirma un operador de LLA.

En la plana mayor de La Libertad Avanza creen que el diálogo con Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Abad (UCR) debe complementarse con tratativas directas con la mayoría de los intendentes para evitar fugas en una eventual coalición. Además de con Petrecca, el PRO tuvo otros casos de escisiones como con los hermanos Passaglia (San Nicolás de los Arroyos) y Javier Martínez (Pergamino); así como otros radicales y vecinalistas.

“Lo sucedido en el 2025 nos dice que los pactos por partido no aseguran fisuras y que debemos hablar mano a mano con cada uno de los actores. No vamos a permitir que se nos siente una persona, arregle para sus amigos y después otros arreglen individualmente en su territorio”, ratifican en La Libertad Avanza.

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Diputados retomó el debate sobre Malvinas: la oposición pide tratar algunos puntos por separado para apoyar

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La Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional con la exposición de más de una decena de especialistas y representantes de organizaciones civiles. La semana pasada, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores había terminado en escándalo por un enfrentamiento entre el diputado Juan Grabois y algunos legisladores libertarios.

El oficialismo apuntaba a firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites para que extranjeros compren tierras y la convocatoria de la oposición a una sesión especial para derogar el mega DNU 70/23 demoraron sus planes.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque LLA aseguraron que de todas maneras apunta a incluir el proyecto en el temario de la sesión que pedirán para el miércoles 21, por lo que deberán firmar el dictamen la semana que viene. Pero el debate continuará este miércoles con la participación de la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en lo que se anticipa como una reunión de alto voltaje político.

Los expositores, en su mayoría convocados a instancias de la oposición, coincidieron en criticar algunos puntos centrales del proyecto, como la conformación del Consejo de Seguridad Nacional y algunas definiciones clave que, según su visión, dejan la puerta abierta para un accionar discrecional del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) planteó que el Gobierno “ya cuenta con las herramientas para frenar el saqueo de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, solo debe aplicarlas. “El verdadero objetivo que persiguen es generar dispositivos de control social. La verdadera finalidad de este gobierno es perseguir a las disidencias y a la oposición política. Por eso pedimos que se rechace este proyecto de ley porque malversa la cuestión Malvinas”, continuó.

A su turno, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, aseguró que el proyecto tiene “serios problemas de constitucionalidad” porque propone darle “un amplio poder al Ejecutivo y a las áreas de Inteligencia” sin controles institucionales.

“Pretende abandonar la definición rigurosa de qué es una amenaza. No se pueden hacer definiciones vagas o nebulosas porque deja abierta la puerta a la discrecionalidad estatal. Por ejemplo, se amplían las hipótesis de riesgo, por ejemplo, por desinformar o intervenir en los procesos decisorios de las autoridades”, argumentó.

El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló que el Título 1, que reúne los artículos del 1 al 40, podría lograr un amplio nivel de consenso. “Si ponemos allí el foco, podría haber diferencias, pero es factible llegar a un acuerdo. Le estaríamos haciendo un gran favor al reclamo de Malvinas”, explicó.

Entre otros puntos, el Título 1 propone la ampliación de las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales. En ese sentido, extiende el alcance de la Ley 26.659: ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos naturales, renovables o no renovables, en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina, sin habilitación de una autoridad argentina.

También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores. Prevé multas, suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina e inhabilitaciones. También incorpora responsabilidad para proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

Además, mantiene la responsabilidad administrativa y penal si una empresa intenta eludirla mediante fusiones, escisiones, transferencias de activos u otras reorganizaciones que encubran la continuidad de la actividad. Además, habilita juicios en ausencia para los delitos contemplados en la iniciativa.

Entre los puntos que cuestiona la oposición se destacan la creación del Sistema y del Consejo de Seguridad Nacional. Propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia. Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

Por otro lado, crea nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional. Considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones. Las sanciones pueden incluir multas, revocación de permisos y contratos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para operar en sectores vinculados con la seguridad nacional.

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Jornada solidaria de la Fundación Sí a beneficio de merenderos y comedores

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añana miércoles se desarrollará una jornada solidaria en distintas ciudades del país, entre ellas Bahía Blanca, a beneficio de merenderos y comedores organizada por la Fundación Sí.

Griselda Larsen informó en Radio Altos que mañana de 8 a 20 horas en San Martín 450 recepcionarán:

  • Alimentos no perecederos
  • Pañales para adultos y niños
  • Artículos de higiene personal y para el hogar
  • Ropa de blanco
  • Calzado limpio y en buen estado

Recordó que la presencia de Fundación Sí en Bahía Blanca comenzó tras la emergencia provocada por el temporal y la inundación de marzo de 2025.

“Desde entonces, el vínculo construido con vecinas/os y voluntarias/os locales se transformó en un trabajo comunitario que continúa más allá de aquella emergencia”, destacaron desde la organización.

Y remarcaron que la Misión Solidaria propone seguir fortaleciendo esos vínculos y acompañar a quienes todos los días sostienen espacios comunitarios fundamentales para muchas familias de nuestra ciudad.

Fuente: Frente al cano.

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El gobierno municipal suma una nueva agencia: Regulación, Control y Habilitaciones

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El gobierno municipal comunicó que creó una nueva Agencia de Regulación, Control y Habilitaciones. La medida se da, precisaron, en el marco de un proceso de reordenamiento normativo general que en la etapa actual comprende la revisión de las normas y los procedimientos vinculados con las habilitaciones y la fiscalización municipal.

La iniciativa comprende la actualización de los códigos de Habilitaciones y de Edificación y la integración de áreas municipales en la flamante agencia.

Según se adelantó, una de las tareas a cargo será la revisión integral de la normativa vigente y el envío al Concejo Deliberante un proyecto de nuevo Código de Habilitaciones, en reemplazo del actual, vigente desde 1993, y una propuesta de nuevo Código de Edificación, para actualizar un marco normativo que tiene 58 años de antigüedad.

“Estas modificaciones buscan adecuar las reglas a las necesidades actuales de la ciudad y acompañar el desarrollo de las actividades comerciales, industriales y de servicios con procedimientos más claros, modernos y previsibles”, explicaron.

Así las facultades municipales de habilitación y control se unificarán en la mencionada agencia que estará a cargo del abogado Javier Prenassi, quien viene desempeñándose como subsecretario de Prevención, Enlace y Comunicación.

Esta nueva estructura tendrá a su cargo la gestión de las habilitaciones comerciales e industriales y la actualización de los procedimientos, además de las tareas de verificación, inspección y fiscalización.

Aclararon que la integración permitirá coordinar áreas que en la actualidad dependen de distintas estructuras municipales, ordenar los circuitos administrativos y fortalecer la capacidad de respuesta. A su vez, favorecerá una planificación conjunta de los controles para garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y salubridad exigidas para cada actividad.

“Integración, profesionalización y ordenamiento son los ejes de esta transformación, parte de una mirada más amplia: recuperar la capacidad del Municipio para orientar el desarrollo de Bahía Blanca. Un proceso que requiere revisar reglas y prácticas heredadas, construir acuerdos y tomar decisiones que respondan al presente y permitan proyectar el futuro de la ciudad”, enfatizaron desde la comuna.

Fuente: Frente al cano.

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