El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que dialogó con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le solicitó que Santa Fe ingresara de inmediato los USD 800 millones correspondientes a un crédito internacional obtenido por la provincia. La administración provincial rechazó el pedido y argumentó que, bajo las condiciones actuales, no puede asumir un riesgo financiero que implique pérdidas para las arcas santafesinas.

Los fondos provienen de un bono emitido en los mercados internacionales a principios de este mes, por un monto de USD 800 millones, con un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,10%. La colocación fue ampliamente demandada tanto por inversores internacionales como locales, lo que desde la gobernación se interpretó como una señal de confianza en la calidad crediticia de la provincia.

“El crédito es para obra pública, no para gastos corrientes”, señaló el gobernador durante una entrevista con Cadena 3 de Rosario. “Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, expresó Pullaro al describir el intercambio con Caputo.

Precisó que la evolución del tipo de cambio entre el momento de la adquisición y las cotizaciones actuales podría implicar una pérdida para Santa Fe si los fondos ingresan sin cobertura adecuada.

Pullaro sostuvo que, si existiera “algún instrumento financiero que asegure que si el dólar aumenta Santa Fe estaría cubierta, desde luego que los traemos”. Dejó así abierta la posibilidad de coordinar con Nación la llegada de los fondos si se logra un mecanismo de cobertura cambiaria satisfactorio para la provincia.

El diálogo entre Pullaro y Caputo ocurre mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta un próximo vencimiento de deuda del orden de los USD 4.300 millones. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha detallado públicamente de dónde provendrán los dólares para ese pago, lo que mantiene la discusión sobre las reservas y la disponibilidad de divisas.

Pullaro remarcó que la decisión de Santa Fe responde a criterios técnicos enfocados en la preservación del valor de los recursos y su destino exclusivo a las obras para las cuales fueron obtenidos. “Queremos que al país le vaya bien y, si podemos colaborar con el Gobierno nacional, lo vamos a hacer. Siempre lo hicimos”, afirmó Pullaro, aunque aclaró que la provincia no puede asumir un riesgo de pérdida al ingresar los fondos sin un mecanismo que proteja su valor.

Desde la gobernación santafesina enfatizaron en diálogo con Infobae que la postura provincial no constituye un desafío político al Gobierno nacional. Fuentes del Ejecutivo provincial, en diálogo confidencial con Infobae, afirmaron: “No hay ningún desafío al Gobierno ni se puede tomar la conversación con Caputo como una presión para que Santa Fe traiga los dólares”. Destacaron que la relación institucional con la Casa Rosada continúa “buena, más allá de que tenemos reclamos que todavía no encontraron una respuesta satisfactoria”.

Entre los reclamos planteados, desde la provincia subrayó dos cuestiones prioritarias: la reparación y mantenimiento de rutas nacionales, considerada urgente, y la restitución del flujo por parte de la Caja de Jubilaciones interrumpido en enero de 2024, situación que afecta las cuentas provinciales y que, según Santa Fe, sigue sin resolverse.

La emisión de deuda de Santa Fe, concretada en diciembre pasado, representó uno de los hitos financieros de la provincia. Según el comunicado oficial, la salida al mercado internacional fue exitosa: se recibieron ofertas por 1.800 millones de dólares, más del doble del monto emitido, con la participación de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas, incluidos ochocientos inversores locales argentinos. La gobernación interpretó esto como un respaldo a la gestión fiscal y a la capacidad de financiamiento internacional de la provincia.

El destino de los recursos fue definido por Santa Fe como la financiación de obras estratégicas: proyectos energéticos, mejoras en infraestructura vial —especialmente rutas clave para la circulación de bienes—, inversiones en seguridad pública y obras sociales. La provincia sostiene que los ingresos de divisas deben acompañar la ejecución efectiva de certificados de obra, principio que motiva su rechazo a anticipar el ingreso total de los fondos.

La discusión entre Nación y Santa Fe expone una tensión técnica, no política. El Gobierno nacional busca ordenar el flujo de dólares para afrontar compromisos de deuda sin afectar su estrategia financiera. Por su parte, la provincia administra recursos obtenidos en condiciones de mercado internacional, con compromisos contractuales para infraestructura, y aplica una interpretación estricta que prioriza la ejecución de obras y la preservación del valor de los fondos.

La postura de Pullaro se inscribe en un contexto político más amplio: a diferencia de otros gobernadores no alineados con el kirchnerismo, el mandatario santafesino no participó en la ronda de reuniones que el Gobierno nacional mantuvo recientemente con mandatarios provinciales encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, ni con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este dato fue interpretado como una señal de una relación distante pero institucional entre la provincia y la Casa Rosada.

La posición de Santa Fe ante el pedido de Caputo se fundamenta en argumentos financieros y técnicos, con una visión de coordinación que no compromete la autonomía ni la administración de los recursos provinciales. Pullaro dejó en claro que la decisión responde a los objetivos de ejecución de obra pública para los que se tomaron los fondos, sin perjudicar el patrimonio provincial. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno nacional siempre que existan condiciones para proteger el valor de los recursos.

La definición sobre cómo y cuándo ingresarán los USD 800 millones al país será clave en las próximas negociaciones entre la provincia y la Nación, en un escenario donde cada flujo de divisas adquiere relevancia para la política económica nacional y provincial.

El período de sesiones extraordinarias del Congreso llegó a su fin y el gobierno de Javier Milei fue el último en cantar victoria con la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. El Palacio Legislativo mantendrá sus puertas cerradas hasta principios de febrero y los libertarios deberán aprovechar el receso para asegurarse los votos de varios proyectos clave. El más importante, sin dudas, será la reforma laboral, que busca “modernizar” la legislación para dinamizar el empleo privado. Aunque la agenda legislativa también incluirá la reforma del Código Penal, el compromiso de “estabilidad fiscal y monetaria” y una modificación de la Ley de Glaciares que favorezca los emprendimientos mineros en zonas hoy protegidas.

La intención original del Gobierno era avanzar en el Senado con la media sanción de la reforma laboral antes de que termine el año. Pero el traspié que significó que la oposición lograra rechazar en Diputados el capítulo del Presupuesto donde estaban incluidas las derogaciones de las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario obligó a Patricia Bullrich a replantear su estrategia.

La jefa del bloque de senadores de LLA no quiso correr riesgos al ver el comportamiento sinuoso de algunos gobernadores aliados y ordenó postergar el debate de la reforma laboral hasta el 10 de febrero. Ahora el ministro del Interior Diego Santilli será el principal responsable de asegurarse el respaldo de las provincias para la reforma que inaugurará la segunda mitad del gobierno de Milei.

Al mismo tiempo, el Gobierno continuará negociando con la CGT, que endureció su postura en los últimos dos meses y realizó un paro nacional el 18 de diciembre sin demasiado impacto político. Entre los puntos más sensibles para los sindicatos figura la limitación al cobro de cuotas solidarias a trabajadores no afiliados y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

Entre los principales cuestionamientos de la oposición también se destacaron las críticas a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplazaría al sistema de indemnización tradicional y utilizaría un 3% de los aportes, monto que dejaría de percibir la ANSeS.

Por su parte, en la Cámara de Diputados anticipan que la actividad se retomará recién a fines de febrero con el ingreso de la reforma del Código Penal, que incluye el endurecimiento de muchas penas.

A pesar del éxito del Presupuesto y de las buenas perspectivas que entusiasman al oficialismo respecto a las reformas pendientes, el saldo general del año legislativo fue muy negativo para el gobierno de Milei.

Entre marzo y noviembre se sancionaron apenas once leyes -el número más bajo de la última década- y solo dos fueron impulsadas por el oficialismo. Durante todo 2025 la oposición controló la agenda y logró aprobar aumentos para universidades, jubilaciones, para los hospitales pediátricos y para el área de discapacidad, también intentó modificar la forma de reparto de los Aportes del Tesono Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos.

Milei recurrió al veto presidencial en siete oportunidades para bloquear todos los proyectos que a su entender ponían en riesgo el equilibrio fiscal pero la oposición logró revertir tres vetos (discapacidad, universidades y Garrahan). Finalmente el Gobierno nunca ejecutó los aumentos, con el argumento de que el origen de los fondos no estaba estipulado.

Los libertarios apuestan a que el recambio legislativo, que convirtió a LLA en la primera minoría en Diputados y también lo dejó fortalecido en el Senado, más la dispersión de la oposición, marquen el inicio de una nueva etapa que les permita avanzar con su agenda de reformas.

El Congreso de la Nación cierra un 2025 muy marcado por la estrategia del oficialismo y la oposición. La Libertad Avanza buscó durante todo el año sostener alianzas que venían “golpeadas” por promesas incumplidas y, con eso, apostar a aguantar el embate de la oposición que luego del primer año libertario -en donde se mostró dialoguista- empezó a moverse en busca de alianzas “temáticas” para contener el avance de un Gobierno que -aún con minoría parlamentaria- mostró un modelo de hacer política desprejuiciado y poco común para los parámetros del Palacio Legislativo.

En este esquema, mientras el Poder Ejecutivo seguía con su política de “acelerar en las curvas”, el Congreso trabajó durante el 2025 con el “freno de mano”, lo que tuvo como consecuencia uno de los peores años en lo que se refiere a la sanción de leyes. En los números fríos de las estadísticas el Congreso 2025 cerró su período de sesiones con 11 leyes aprobadas, 7 vetos del Poder Ejecutivo y 5 DNU rechazados.

Según el relevamiento que realizó el sitio web especializado Directorio Legislativo, en el 2025 que tuvo 52 semanas se realizaron 22 sesiones. Pero lo que muestra que los libertarios fueron con el freno de mano y que a la oposición le costó encontrar puntos de encuentro fue que el 50 % de las veces que se abrió el recinto fue por sesiones especiales, es decir, a pedido de los legisladores y no por la propia agenda parlamentaria.

Esto fue consecuencia de la estrategia libertaria que decidió cerrar las comisiones, lo que obligó a la oposición a tener que realizar emplazamientos para poder ir a debatir los temas. Esto generó una dificultad mayor para el tratamiento parlamentario ya que la oposición necesitaba abrir el recinto para obligar a abrir las comisiones que comanda el oficialismo e hizo que el camino para la aprobación de una ley se hiciera mucho más largo.

A la hora de explicar el por qué de esta baja producción legislativa -la menor en los últimos 10 años- un diputado opositor hizo referencia a lo difícil que fue el proceso parlamentario. “Primero hay que juntar el número para abrir el recinto, después los votos para emplazar a la comisión. Ir a la comisión y obtener dictamen, volver a conseguir los 129 diputados para tener el quórum e ir al recinto, los votos para aprobarlo. Ir al Senado, pasar por el mismo proceso; para que el Ejecutivo lo vete y empezar todo de nuevo“.

Esta estrategia parlamentaria que impulsó La Libertad Avanza que significó un freno importante a la actividad parlamentaria y que incluyó el cierre de las comisiones -hubo 20 emplazamientos a las comisiones solo en Diputados en 2025, un récord histórico– también quedó reflejada en las autorías de las leyes que se trataron y aprobaron.

En 2025 el Congreso sancionó 11 leyes, de las que 3 son acuerdos internacionales que habían quedado pendientes de la presidencia de Alberto Fernández, y ocho iniciativas las cuales fueron todas presentadas por los bloques de la oposición y varias fueron vetadas por el Ejecutivo. En este esquema aparecen la declaración de emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad (votada 4 veces), la modificación a los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, el financiamiento de universidades nacionales (votada 4 veces), la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás.

Uno de los pocos movimientos que impulsó el oficialismo en el período de sesiones ordinarias fue la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia. En abril de este año el Senado rechazó los pliegos de los 2 candidatos del Ejecutivo para el Máximo Tribunal de Manuel García-Mansilla, que primero asumió en comisión vía un Decreto presidencial y luego renunció, y Ariel Lijo. Ninguno de los magistrados obtuvo el acuerdo del Senado y eso dejó sin efecto la única decisión parlamentaria que empujó la administración de La Libertad Avanza durante el período de sesiones ordinarias en el 2025.