La senadora bonaerense del Frente Renovador Malena Galmarini presentó este viernes un proyecto de ley para avanzar en la prohibición de celulares y la instalación de inhibidores de señal en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires e instalar inhibidores de señal para evitar estafas y extorsiones, una práctica que cobra habitualidad en las prisiones.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, argumentó la dirigente de Tigre tras la presentación de su segundo proyecto.
El proyecto contempla la instalación obligatoria de inhibidores de señal, en un plazo máximo de 180 días, en todas las cárceles, pero además la implementación de controles tecnológicos y requisas “permanentes” con el objetivo de evitar el ingreso de dispositivos móviles y las comunicaciones desde los pabellones penitenciarios.
Asimismo, remarca que las personas privadas de su libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos. De esta forma, buscan evitar comunicaciones no autorizadas y profundizar la supervisión de sistemas de comunicación para garantizar el contacto con familiares y abogados.
“El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, justificó además la legisladora.
Para la excandidata a intedente de Trigre, detrás de cada estafa o extorsión telefónica “hay víctimas que sufren angustia, miedo y pérdidas económicas, muchas veces bajo amenazas que simulan secuestros o situaciones de violencia contra sus familias”.
Al respecto, desde el equipo de la legisladora plantearon que la intencionalidad del proyecto no es aumentar el control penitenciario sino “trata de proteger” a las personas que reciben las llamadas extorsivas y que quedan atrapadas en situaciones de desesperación. “El Estado tiene que estar del lado de las víctimas”, sostuvieron.
“Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar. Hoy la tecnología existe y hay que usarla para proteger a la sociedad”, expresó Galmarini por su parte.
No es el primer proyecto sobre la temática que ingresa a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aries. Hace algunos días, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza Oscar Liberman presentó el propio con intención de prohibir la telefonía cecular en las cárceles del mismo distrito. La “Ley Rodrigo” fue elaborada con la colaboración de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, Carlos Pagliere (hijo).
La determinación de Galmarini tiene lugar tras el episodio que sufrió el soldado voluntario Rodrigo Andrés Gómez, quien se quitó la vida de un tiro de su propio fusil en la garita de vigilancia que ocupaba en la Quinta de Olivos a raíz de una estafa. Una banda liderada por dos presos del penal de Magdalena montó un historia que tuvo inicio con un match en una app de citas.
Tras contactarse con una falsa menor de edad, Gómez registró un posterior contacto con su falsa madre, quien anticipaba que lo denunciaría por pedofilia que podía olvidarse si abonaba una suma de dinero. Lo cierto es que detrás de la fingida postura contra la que intentaba negociar el soldado formoseño se escondía un ladrón matancero. Luego de pagar un millón y medio de dólares, se disparó en la cabeza a las 5AM del día siguiente.
Son variados los casos de estafas virtuales que surgen desde las cárceles del país a través de la telefonía cecular y que enciende las alarmas del Ministerio de Seguridad Nacional. Legisladores nacionales y provinciales hicieron eco del tema y esperan poder avanzar en modificar el accionar.
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