El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió el año político ante un grupo de intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con una reunión en el distrito costero de Villa Gesell. Allí, bajo el agobiante calor propio de mediados de enero, el mandatario provincial delimitó los desafíos de su espacio político para el corto y mediano plazo. Planteó la necesidad de modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes; auguró que quien comande el Partido Justicialista bonaerense —que el 15 de marzo debería renovar sus autoridades— debe respaldar al gobierno que conduce y enfatizó en que 2026 hay que ir hacia la construcción de una alternativa de oposición al gobierno de Javier Milei que trascienda a la provincia de Buenos Aires.
Sobre la reinstauración de las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares, el mandatario ratificó lo dicho por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, a fines del 2025: que en este año, el gobierno bonaerense insistiría por la modificación la norma que limita la reelección de intendentes a solo un período más y que luego de completado el segundo mandato queden imposibilitados para ir por un tercer mandato. Según reconstruyó Infobae, el gobernador argumentó que tal como está la ley le “facilita el camino a la fuerza de Milei y nos deja a nosotros con el mejor candidato afuera” en los distritos. Fue en referencia al intendente o intendenta en cuestión, que en 2027 no podrá presentarse por otro período si no se cambia la ley en la Legislatura bonaerense. Hoy, solo con los votos del peronismo no alcanza.
Son 82 jefes comunales que en las próximas elecciones cumplirán los dos mandatos consecutivos al frente de la intendencia y no podrán ser reelectos. La gran mayoría del peronismo; pero también los hay de la UCR, el PRO y hasta La Libertad Avanza, como es el caso de Diego Valenzuela —hoy en uso de licencia en la intendencia de Tres de Febrero—, pero que gobierna ese distrito desde 2015.
En la reunión que organizó el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, escuchaban algunos de sus pares de distritos grandes como Fernando Espinoza de La Matanza o Mariano Cascallares (hoy diputado provincial y en licencia como jefe comunal de Almirante Brown); la vicegobernadora Verónica Magario, intendentes de la Quinta sección electoral y parte del gabinete más leal políticamente al gobernador como Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Carlos Bianco (Gobierno), Estela Díaz (Mujeres y Diversidad) o Walter Correa (Trabajo). Además de funcionarios del riñón kicillofista: Cristian Girard (ARBA), Juan Cuattromo (Banco Provincia), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Augusto Costa (Producción). Todos los que un rato antes habían acompañado a Kicillof en la Conferencia de Verano. De hecho, antes de finalizar la reunión, Kicillof le cedió la palabra a Espinoza, que optó por no agregar nada. Interpretó que todo lo importante en materia política ya lo había dicho Kicillof.

Conforme, el matancero también había escuchado de parte de Kicillof y Magario que era relevante el proceso de renovación de autoridades que en semanas se llevará adelante el PJ bonaerense que hoy preside Máximo Kirchner. Hubo escasas referencias a la expresidenta, Cristina Kirchner; aunque el gobernador sí hizo hincapié en las diferencias con las que convive el peronismo en la provincia que gobierna. “Pensé que se iba a hablar de la reforma laboral. En la última reunión del Consejo, Máximo invitó a Cristian Gerónimo de la CGT y la reforma laboral estuvo como tema central. En la agenda del MDF brilló por su ausencia. Acá veo que hicieron un internismo bobo. Más casta no se consigue”, planteó un referente cristinista a este medio.
En otro tramo del encuentro, Magario fue quien detalló cómo viene la carrera por la renovación de autoridades del PJ bonaerense. Allí, Kicillof planteó que quien vaya a conducir el partido tiene que respaldar explícitamente las políticas del gobierno bonaerense. Es decir, el mandatario buscará intervenir en esa discusión. La opción que el MDF pone sobre la mesa es la vicegobernadora. Otro tema atendible es la situación de los PJ locales. En el encuentro en Villa Gesell se acordó que la posición del espacio es que donde haya intendentes peronistas, los mismos tengan injerencia, peso en la definición para que no haya internas. Sucede que la renovación de autoridades del PJ que preside Máximo también alcanzará a los peronismos locales. En 2021 hubo internas en algunos distritos en donde sí se llevaron adelante algunas compulsas por la conducción del peronismo.
Como viene relatando este medio, la vicegobernadora trabaja por presidir el PJ bonaerense a partir del 15 de marzo. En los últimos días, recepcionó en el Senado afiliaciones físicas de distintos distritos que, esperan, se sumen al padrón que se exhibirá el próximo 22 de enero. Sin embargo, la junta electoral del partido —que la propia vicegobernadora integra— explicitó que las afiliaciones válidas serán las que fueron cargadas hasta el 30 de diciembre del 2025 y que cuentan con soporte papel; con lo cual el traslado de afiliaciones que distintos referentes territoriales realizaron esta semana puede haber sido inocuo a los efectos buscados.

También volvió a plantear que hay que trabajar en la construcción de una alternativa nacional para llegar con un programa propio a la elección del 2027. En el encuentro, el concejal de Mar del Plata, Gustavo Pulti, le pidió que empiece a nacionalizar su discurso.

El Poder Ejecutivo Nacional publicó este viernes a la madrugada un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual autorizan al presidente Javier Milei a ausentarse del país para cumplir con actividades oficiales relevantes, aun sin la ley específica del Congreso para 2026 que exige la Constitución Nacional.
La decisión, adoptada “en acuerdo general de ministros”, aparece pocos días antes de dos compromisos internacionales centrales para el mandatario: la esperada firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, que se celebrará el 17 de enero en Asunción, Paraguay, y su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, entre el 19 y el 23 de este mes.
La medida se encuadra en el artículo 99, inciso 18 de la Constitución Nacional, que establece que el Presidente solo puede abandonar el territorio nacional con autorización del Congreso, salvo en casos justificados de servicio público y cuando el Parlamento no se halle en sesiones. Según lo expuesto en los considerandos del decreto, “los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación han finalizado el 30 de noviembre de 2025 y el 30 de diciembre de 2025, respectivamente”. No existe a la fecha una norma que habilite el permiso correspondiente para que el titular del Ejecutivo se ausente del país, una situación que ya motivó medidas similares en años previos (decretos 162/2023, 50/2024 y 17/2025).
De esta manera, en el considerando de la norma, remarcaron la “imperiosa necesidad de representar al Estado nacional en el ámbito internacional”, lo que, afirman, “resulta impostergable e imprescindible para el mejor posicionamiento de nuestro país dentro del concierto de las naciones”. El decreto enfatiza la centralidad de los compromisos que debe asumir el presidente en su carácter de jefe de Estado.

El decreto lleva las firmas de Milei y de todos sus ministros Manuel Adorni, Diego César Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Alberto Presti, Luis Andrés Caputo, Alejandra Susana Monteoliva, Mario Iván Lugones y Sandra Pettovello, establece en su artículo 1: “Autorízase al titular del Poder Ejecutivo Nacional a ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026”. La autorización entró en vigencia desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial.
El decreto aclara que se comunicará a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación, de acuerdo con la Ley N.° 26.122, que regula la intervención legislativa respecto de los decretos de necesidad y urgencia sancionados por el Ejecutivo.
Mercosur y UE: las claves del acuerdo de libre comercio
La próxima firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur marca el desenlace de uno de los procesos diplomáticos más extensos entre bloques regionales. Este acuerdo, calificado por Pablo Quirno como el “más ambicioso” en la historia de ambos bloques, abrirá un acceso privilegiado de los países suramericanos a la UE, que es la tercera economía mundial y abarca un mercado superior a los 450 millones de personas, lo que implica cerca del 15 % del producto bruto global.
El respaldo definitivo llegó cuando el Consejo de la Unión Europea, entidad donde participan los Gobiernos de los 27 países miembros, adoptó por mayoría la decisión de autorizar la firma. En este contexto, Quirno subrayó el impacto inmediato para los países fundadores del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, ya que el acuerdo contempla la eliminación de aranceles para el 92 % de las exportaciones del Mercosur a Europa y la concesión de acceso preferente para otro 7,5 % de los envíos. De este modo, el 99 % de las exportaciones agrícolas del bloque obtendrán ventajas directas.

El proceso hacia este consenso se originó con la firma de un acuerdo marco de cooperación en 1995, que entró en vigor en 1999. Sin embargo, las negociaciones técnicas para un tratado de libre comercio se inauguraron formalmente en Buenos Aires en abril del año 2000. Durante más de 30 años, el diálogo atravesó etapas marcadas por desacuerdos notables, especialmente en torno a los sectores agrícolas e industriales, así como a cuestiones ambientales y las denominaciones de origen, que postergaron consecutivamente el cierre definitivo.

A través de la red social X, Quirno describió el pacto como “histórico” y enfatizó que “los miembros del Mercosur accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global”.

El gobierno de Milei apuesta a sancionar la reforma laboral en el Congreso durante el mes de febrero y para preparar el terreno el ministro del Interior Diego Santilli ya se encuentra de gira por las provincias buscando el apoyo de los gobernadores. Este viernes la mesa política libertaria se reunirá para terminar de definir la estrategia parlamentaria y también habrá encuentros técnicos para recibir los planteos de la CGT y las cámaras empresarias.
El peronismo rechaza de plano el proyecto de modernización de La Libertad Avanza porque asegura que no generará más empleo sino que busca flexibilizar y precarizar el mercado de trabajo para aumentar las ganancias de las empresas. “El proyecto del Gobierno busca desarticular al sindicato como sujeto colectivo, quebrar la organización colectiva de los trabajadores y reinstalar un modelo laboral fundado en el miedo, la falsa negociación individual y la inestabilidad absoluta. No es modernización: es una forma de esclavitud moderna”, planteba un borrador que circuló por las bancadas de Unión por la Patria en la previa del debate en comisión del Senado. Sin embargo, los diputados y senadores peronistas trabajan en diferentes proyectos alternativos de modernización laboral para no limitarse a rechazar las propuestas del Gobierno.
“A nosotros nos dicen que nunca propusimos una reforma laboral, pero es mentira. Tenemos que demostrar que hubo muchas propuestas durante los últimos dos años, pero nunca pudimos pasar el filtro de la comisión de Trabajo que presidía Martín Tetaz”, explicó un diputado que está trabajando en propuestas alternativas.
En la Cámara de Diputados hay varios integrantes de la bancada peronista que provienen del mundo gremial o son especialistas en la materia, como la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos; el titular de La Bancaria Sergio Palazzo; Carlos Cisneros, también dirigente de La Bancaria, el secretario de Smata Mario “Paco” Manrique, Hugo Antonio Moyano, hijo del dirigente Camionero y el secretario general de la CTA Hugo Yasky. En el Senado, la coordinación quedó a cargo de Mariano Recalde, abogado especializado en Derecho laboral e hijo del histórico abogado de la CGT, Héctor Recalde.
En las filas de la oposición saben que sus proyectos no podrán ser tratados durante las sesiones extraordinarias porque el Poder Ejecutivo no los incluirá en el temario oficial. Por eso apuestan a aprovechar el debate para instalar otras propuestas “que atacan los problemas que la reforma laboral de Milei no va a resolver”. Y respecto al proyecto impulsado por la Casa Rosada, aseguran que hay dos caminos: la de máxima será lograr el rechazo total de la reforma, y la de mínima apuntarán “contra los artículos más regresivos, como las restricciones al derecho a huelga”.
Ante la consulta de Infobae, la diputada Olmos aseguró que todavía están “redondeando” la propuesta, pero varios de los puntos que el peronismo buscará poner en debate ya se conocen en términos generales.

En primer lugar, plantearán como regla general el fortalecimiento de la negociación colectiva para recomponer los haberes, con paritarias libres sin techo. Sobre este punto, critican la práctica de la Secretaría de Trabajo, que en varias oportunidades decidió no homologar acuerdos entre gremios y empresas porque superaban la pauta inflacionaria establecida por el programa económico. En esa misma línea, proponen darle mayor centralidad al Consejo del Salario, que establece el salario mínimo, vital y móvil. Además, establecerán que el salario debe ser pagado íntegramente en dinero, en clara confrontación con la posibilidad de pago en especie que defiende el oficialismo.

Por otro lado, buscarán incluir a los trabajadores de plataformas en un régimen donde se reconozca la relación laboral, específicamente reglamentando el principio de “presunción de relación laboral”. También apuntarán a la apertura de los algoritmos para determinar la forma en la que se asignan los clientes, las penalizaciones y los bloqueos.
Entre otros derechos que buscarán incorporar a la discusión para los trabajadores de plataforma también se destacan las vacaciones pagas, la provisión de elementos de seguridad y la cobertura por accidentes, y el derecho a conectarse y desconectarse libremente sin penalidades.

El peronismo también pretende volver a dar una discusión que no prosperó durante el gobierno de Alberto Fernández: la ampliación de las licencias por paternidad. Sobre ese punto aclaran que no tendrá costo para las empresas ya que estará cubierto por la ANSES, al igual que las licencias por maternidad.

Otra conocida discusión que el peronismo intentará actualizar es la reducción de la jornada laboral, que ya tuvo algunas experiencias piloto en Latinoamérica (Chile, Colombia, México) y varias en Europa (Francia, Alemania, Bélgica). Esta política, aclaran, deberá ser gradual y progresiva, por lo que el primer paso sería bajar a 7 horas diarias o 42 semanales. Así, apuestan a aumentar la productividad, generar más oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Para los trabajadores que realizan sus tareas desde sus casas o en modalidades “híbridas”, el peronismo quiere profundizar sobre el “derecho a la desconexión”, es decir, garantizar las horas de descanso sin tener que contestar comunicaciones o realizar tareas fuera del horario laboral estipulado.

Finalmente, la contrapropuesta a la modernización laboral de Milei incluirá la instauración de un bono anual de participación en las ganancias de las empresas. Se trata de un derecho incluido en el artículo 14 bis de la Constitución que nunca se aplicó de forma generalizada. “Eso ayudará a que los trabajadores tengan más interés en que a las empresas les vaya bien y ayudará a que los salarios sean verdaderamente dinámicos hacia arriba, no hacia abajo”, explicó el Recalde durante el debate en comisión en el Senado.

Durante las próximas dos semanas el peronismo seguirá trabajando en unificar criterios para llegar a un texto común, a tiempo para la primera semana de febrero, cuando el Gobierno prevé comenzar el tratamiento formal del proyecto en el Senado.