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Política Provincial

Desde provincia brindan diferentes medidas de apoyo al sector agropecuario afectado por la sequía

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa tomando medidas de acompañamiento a los productores bonaerenses que fueron afectados por la sequía.

Actualmente son 67 los municipios bonaerenses que están incluidos en la emergencia declarada por el Ejecutivo provincial en noviembre pasado, que establece que aquellos productores que hayan visto afectada su producción o capacidad de producción entre el 50% y el 79%, serán considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y recibirán una prórroga del pago del Impuesto Inmobiliario Rural.

Por su parte, quienes hayan visto afectada su producción o capacidad de producción entre el 80% y el 100% entrarán en la categoría de desastre agropecuario y serán eximidos del pago del Impuesto Rural. A su vez, la Ley también prevé la suspensión de ejecuciones fiscales hasta 180 días de finalizado el periodo de emergencia.

Además, ante la homologación de la emergencia a nivel nacional, los productores afectados por la sequía pueden acceder a beneficios como: deducción de ganancias por la venta forzosa de animales; diferimientos de vencimientos de obligaciones impositivas; reducciones para los monotributistas afectados; y la suspensión del inicio de ejecuciones fiscales.

Adicionalmente a lo establecido en la ley de Emergencia, desde el Banco Provincia también se implementaron líneas de financiamiento con el foco puesto en los pequeños y medianos productores, en el marco de las cuales ya se han otorgado más de 2.400 millones de pesos en créditos con tasas especiales a damnificados.

Las nuevas líneas de créditos abarcan a las explotaciones de hasta 500 hectáreas y tienen un monto máximo de 10 millones de pesos, cuentan con un plazo de hasta 36 meses y tasa fija del 47% anual con 6 meses de gracia.

La regional Junín del Bapro (de Junín y alrededores) fue la que más financiamiento demandó, con un total por 874 millones de pesos. La lista continúa con: la regional Chivilcoy (Chivilcoy.y distritos aledaños) con 479 millones y la regional Pehuajó (que incluye distritos de la zona) con 348 millones de pesos.

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario ofrece un Aporte no Reintegrable para la Agricultura Familiar ante eventos climáticos adversos que otorga montos de hasta $200.000, destinados a la recomposición de la infraestructura dañada, la adquisición de insumos productivos para reiniciar el ciclo de producción y la reposición de animales muertos o afectados.

Al momento, desde la cartera que dirige Javier Rodríguez se entregaron $158 millones a través del Fondo Agrario a productoras y productores agropecuarios afectados por la sequía.

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La Provincia aprobó un protocolo único para el manejo de muestras de ADN en causas penales

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes la aprobación del “Protocolo Unificado de la provincia de Buenos Aires para la Recolección, Conservación y Remisión de Muestras para Análisis de ADN”, a través de la Resolución 2060, firmada por el ministro Javier Alonso.

El documento fue elaborado de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Provincia, con el objetivo de establecer los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad y la eficiencia de los métodos utilizados en el levantamiento, la recopilación y la preservación de evidencias genéticas.

En la elaboración del protocolo intervinieron, además, la Superintendencia de Policía Científica, la Dirección de Pericias y Estudios Forenses de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal y el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales, dependiente de la mencionada secretaría de la Procuración General. También tomaron intervención la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

El protocolo establece además una serie de requisitos destinados a reforzar la trazabilidad, preservación y valor probatorio de las evidencias genéticas. Entre otras disposiciones, fija criterios uniformes para la capacitación y protección del personal, la utilización de materiales adecuados, el embalaje y rotulado individual de las muestras y el mantenimiento de la cadena de custodia durante todo el proceso.

Como regla general, los laboratorios admitirán inicialmente hasta cinco evidencias dubitadas por remisión, seleccionadas según su posible utilidad para el esclarecimiento del hecho, y podrán rechazar aquellas que no cumplan con las condiciones de embalaje, identificación o documentación establecidas.

La guía también contempla procedimientos específicos para escenas del crimen, allanamientos, muestras de referencia y delitos contra la integridad sexual, con especial énfasis en la prevención de la contaminación de las muestras y, en estos últimos casos, en la protección física y psicológica de la víctima y su consentimiento para la toma de evidencias.

Fuente: Agencia DIB

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Nación actualizó los aranceles de las prestaciones por discapacidad

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El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El incremento es del 2,1% para las prestaciones correspondientes a agosto, porcentaje calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SND), que modificó los valores establecidos previamente por la Resolución 2227/2026 para julio, cuando se había aplicado una actualización del 1,9%. Y produce en un contexto de reclamos vinculados con los pagos a prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad.

El aumento se aplica de manera uniforme a todas las modalidades incluidas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin diferencias según el tipo de servicio. Los nuevos valores rigen para las prestaciones brindadas durante agosto.

La normativa también mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones realizadas en la zona patagónica. El beneficio por zona desfavorable alcanza a las provincias del sur del país y contempla las características geográficas y las dificultades de acceso que pueden incrementar los costos vinculados con la atención y los servicios de apoyo.

Discapacidad: los aumentos para las prestaciones

Entre los nuevos valores establecidos, para la Categoría A, correspondiente a las prestaciones de mayor complejidad, el arancel de un Centro de Día con jornada doble pasó de $1.078.908,97 a $1.101.566,06.

En la Categoría B, el arancel para un Hogar con CET permanente quedó establecido en $2.824.518,71, mientras que la Residencia Permanente alcanzó los $1.133.384,56.

Para la Categoría C, que reúne prestaciones de menor complejidad relativa, el valor correspondiente al Hogar Permanente quedó fijado en $1.383.759,91 y el de la Residencia Permanente en $1.047.812,39.

Fuente: Agencia DIB

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Desde Provincia alertan que la morosidad familiar se quintuplicó en un año y medio

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La morosidad de las familias registró un fuerte incremento y alcanzó el 12,8% en mayo de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. El dato implica que la proporción de hogares con atrasos superiores a 90 días en sus compromisos financieros se multiplicó por más de cinco en menos de dos años.

El informe presentado por el Gobierno bonaerense también señala que, si se consideran los préstamos otorgados por entidades no bancarias -como fintech, cadenas comerciales y financieras-, el nivel de morosidad llega al 33%. En el caso de las tarjetas de consumo, pasó del 10,5% al 36,4%, mientras que en las fintech aumentó del 5,7% al 24,5% en el mismo período.

En su habitual conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, puso el foco en el crecimiento del endeudamiento de las familias y cuestionó que el fenómeno pueda atribuirse exclusivamente a decisiones individuales. “No es culpa de la gente, es de Milei”, sostuvo el funcionario al referirse al incremento de la morosidad.

Bianco planteó que el aumento registrado tiene características generales y señaló que la mora creció en

todas las provincias, franjas etarias y géneros. El informe utilizado como base de la presentación sostiene, en la misma línea, que el fenómeno no se explica por conductas individuales aisladas.

Casi 6 millones de personas en mora

De acuerdo con los datos expuestos, a mayo de 2026 había 20,9 millones de personas con algún tipo de deuda con bancos y/o billeteras virtuales. De ese total, 5,8 millones se encontraban en mora, es decir, con atrasos superiores a 90 días. El informe señala que casi tres de cada diez deudores presentan atrasos de ese nivel.

La distribución muestra que 2,9 millones de personas tenían deudas únicamente con billeteras virtuales, 1,6 millones solo con bancos y 1,3 millones mantenían compromisos con ambos tipos de entidades. La cantidad de personas morosas aumentó un 132% desde febrero de 2024 y el documento señala que el fenómeno alcanza a casi una de cada cinco personas adultas.

Bianco también comparó el nivel de morosidad registrado durante distintos períodos de gobierno. Según los números presentados, el indicador se ubicaba en 2,2% en diciembre de 2011, 2,3% en diciembre de 2015, 4,2% en diciembre de 2019 y 2,8% en diciembre de 2023, antes de llegar al 12,8% en mayo de 2026.

El ministro sostuvo que el incremento tampoco estaría relacionado con un mayor volumen de endeudamiento individual. Según los datos que presentó, alrededor de un millón de personas ingresaron en situación de mora mientras que la deuda promedio, medida en términos reales, bajó de $1,3 millones a $1 millón. Además, el 75% de los nuevos morosos ya tenía deudas que anteriormente podía mantener al día.

Fuente: Agencia DIB

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