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Política Provincial

La Provincia de Buenos Aires también extiende el plazo para el canje de deuda hasta el 5 de junio

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El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que extendió el período para presentar órdenes a fin de canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el 5 de junio.

“Esta nueva extensión responde a la continuidad de las conversaciones de buena fe con los tenedores de títulos elegibles de la Provincia que todavía no han aceptado la propuesta y a la voluntad del gobierno provincial de avanzar hacia una solución superadora que permita maximizar la aceptación y preserve al mismo tiempo los objetivos de sostenibilidad ya exteriorizados”, explicó la administración de Axel Kicillof en un comunicado.

El mismo escrito destaca “el compromiso y la responsabilidad” provincial con el establecimiento de “medidas tendientes a contener la propagación del Covid-19”, sobre todo en las áreas que mayor riesgo presentan. Este esfuerzo necesario en pos de la salud pública, “ha llevado a la Provincia a una situación de mayor fragilidad en términos fiscales de lo que se preveía al inicio de este proceso. Esta situación ha limitado aún más el margen para volcar recursos al pago de servicios de deuda durante los primeros años”.

“En este contexto, resulta fundamental que la solución a la que conjuntamente arribemos preserve el espacio suficiente para implementar políticas tendientes a reactivar la economía y generar capacidad de pago en los próximos años”, culmina el comunicado.

El pasado 14 de mayo la provincia incumplió un pago de dos bonos por más de US$110 millones que son parte de los 11 bonos elegibles para el canje de deuda. Técnicamente entró en default, algo que todavía no sucedió porque son los acreedores quienes tienen que realizar el pedido en la justicia que acelere los pagos.

Aunque los acreedores no lo pidieron y se mostraron dispuestos a continuar negociando, se mostraron molestos por el accionar de la provincia. El grupo Ad Hoc, entidad que representa al 42% de los acreedores bonaerenses, había señalado, mediante un comunicado, que “en ausencia de una reestructuración consensuada, su incumplimiento agravaría aún más la situación financiera de la provincia y la incertidumbre económica”.

Desde el gobierno bonaerense habían aseguraron a Infobae estar “decepcionados porque los bonistas y sus asesores están más preocupados por enviar comunicados de prensa que por presentar una contrapropuesta, en el marco de un diálogo de buena fe y que sea sustentable para la Provincia de Buenos Aires. El diálogo con los acreedores sigue abierto porque creemos en soluciones consensuadas”.

Fuente: Infobae

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La Provincia aprobó un protocolo único para el manejo de muestras de ADN en causas penales

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes la aprobación del “Protocolo Unificado de la provincia de Buenos Aires para la Recolección, Conservación y Remisión de Muestras para Análisis de ADN”, a través de la Resolución 2060, firmada por el ministro Javier Alonso.

El documento fue elaborado de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Provincia, con el objetivo de establecer los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad y la eficiencia de los métodos utilizados en el levantamiento, la recopilación y la preservación de evidencias genéticas.

En la elaboración del protocolo intervinieron, además, la Superintendencia de Policía Científica, la Dirección de Pericias y Estudios Forenses de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal y el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales, dependiente de la mencionada secretaría de la Procuración General. También tomaron intervención la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

El protocolo establece además una serie de requisitos destinados a reforzar la trazabilidad, preservación y valor probatorio de las evidencias genéticas. Entre otras disposiciones, fija criterios uniformes para la capacitación y protección del personal, la utilización de materiales adecuados, el embalaje y rotulado individual de las muestras y el mantenimiento de la cadena de custodia durante todo el proceso.

Como regla general, los laboratorios admitirán inicialmente hasta cinco evidencias dubitadas por remisión, seleccionadas según su posible utilidad para el esclarecimiento del hecho, y podrán rechazar aquellas que no cumplan con las condiciones de embalaje, identificación o documentación establecidas.

La guía también contempla procedimientos específicos para escenas del crimen, allanamientos, muestras de referencia y delitos contra la integridad sexual, con especial énfasis en la prevención de la contaminación de las muestras y, en estos últimos casos, en la protección física y psicológica de la víctima y su consentimiento para la toma de evidencias.

Fuente: Agencia DIB

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Nación actualizó los aranceles de las prestaciones por discapacidad

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El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El incremento es del 2,1% para las prestaciones correspondientes a agosto, porcentaje calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SND), que modificó los valores establecidos previamente por la Resolución 2227/2026 para julio, cuando se había aplicado una actualización del 1,9%. Y produce en un contexto de reclamos vinculados con los pagos a prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad.

El aumento se aplica de manera uniforme a todas las modalidades incluidas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin diferencias según el tipo de servicio. Los nuevos valores rigen para las prestaciones brindadas durante agosto.

La normativa también mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones realizadas en la zona patagónica. El beneficio por zona desfavorable alcanza a las provincias del sur del país y contempla las características geográficas y las dificultades de acceso que pueden incrementar los costos vinculados con la atención y los servicios de apoyo.

Discapacidad: los aumentos para las prestaciones

Entre los nuevos valores establecidos, para la Categoría A, correspondiente a las prestaciones de mayor complejidad, el arancel de un Centro de Día con jornada doble pasó de $1.078.908,97 a $1.101.566,06.

En la Categoría B, el arancel para un Hogar con CET permanente quedó establecido en $2.824.518,71, mientras que la Residencia Permanente alcanzó los $1.133.384,56.

Para la Categoría C, que reúne prestaciones de menor complejidad relativa, el valor correspondiente al Hogar Permanente quedó fijado en $1.383.759,91 y el de la Residencia Permanente en $1.047.812,39.

Fuente: Agencia DIB

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Desde Provincia alertan que la morosidad familiar se quintuplicó en un año y medio

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La morosidad de las familias registró un fuerte incremento y alcanzó el 12,8% en mayo de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. El dato implica que la proporción de hogares con atrasos superiores a 90 días en sus compromisos financieros se multiplicó por más de cinco en menos de dos años.

El informe presentado por el Gobierno bonaerense también señala que, si se consideran los préstamos otorgados por entidades no bancarias -como fintech, cadenas comerciales y financieras-, el nivel de morosidad llega al 33%. En el caso de las tarjetas de consumo, pasó del 10,5% al 36,4%, mientras que en las fintech aumentó del 5,7% al 24,5% en el mismo período.

En su habitual conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, puso el foco en el crecimiento del endeudamiento de las familias y cuestionó que el fenómeno pueda atribuirse exclusivamente a decisiones individuales. “No es culpa de la gente, es de Milei”, sostuvo el funcionario al referirse al incremento de la morosidad.

Bianco planteó que el aumento registrado tiene características generales y señaló que la mora creció en

todas las provincias, franjas etarias y géneros. El informe utilizado como base de la presentación sostiene, en la misma línea, que el fenómeno no se explica por conductas individuales aisladas.

Casi 6 millones de personas en mora

De acuerdo con los datos expuestos, a mayo de 2026 había 20,9 millones de personas con algún tipo de deuda con bancos y/o billeteras virtuales. De ese total, 5,8 millones se encontraban en mora, es decir, con atrasos superiores a 90 días. El informe señala que casi tres de cada diez deudores presentan atrasos de ese nivel.

La distribución muestra que 2,9 millones de personas tenían deudas únicamente con billeteras virtuales, 1,6 millones solo con bancos y 1,3 millones mantenían compromisos con ambos tipos de entidades. La cantidad de personas morosas aumentó un 132% desde febrero de 2024 y el documento señala que el fenómeno alcanza a casi una de cada cinco personas adultas.

Bianco también comparó el nivel de morosidad registrado durante distintos períodos de gobierno. Según los números presentados, el indicador se ubicaba en 2,2% en diciembre de 2011, 2,3% en diciembre de 2015, 4,2% en diciembre de 2019 y 2,8% en diciembre de 2023, antes de llegar al 12,8% en mayo de 2026.

El ministro sostuvo que el incremento tampoco estaría relacionado con un mayor volumen de endeudamiento individual. Según los datos que presentó, alrededor de un millón de personas ingresaron en situación de mora mientras que la deuda promedio, medida en términos reales, bajó de $1,3 millones a $1 millón. Además, el 75% de los nuevos morosos ya tenía deudas que anteriormente podía mantener al día.

Fuente: Agencia DIB

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