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La respuesta de Agüero al proyecto de Gonard: “Hay mucho de insensibilidad”

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Tras aclarar que se involucró en la polémica suscitada la semana pasada por el hecho de que algunas de las propuestas de la actual presidente Concejo Deliberante, Marité Gonard, impactan en los trabajadores municipales que representa, Miguel Agüero cuestionó una idea puntual por falta de sensibilidad social.

“Además de haber bastante improvisación entre lo propuesto, porque casi la totalidad de las cosas ya están legisladas y sólo hace falta tener la decisión de aplicarlas, creo que el poder y la falta de conocimiento te lleva a ser insensible ante cuestiones puntuales. Por eso me parece que la propuesta de Gonard hay mucho de insensibilidad”, disparó el secretario general del STMBB.

Y agregó: “Ese desconocimiento impacta justamente sobre el convenio colectivo de trabajo, que no es un convenio colectivo de trabajo considerado mamarracho, sino que está reconocido internacionalmente; reconocido justamente por preservar un montón de situaciones que tienen que ver más con lo social y con lo familiar que con lo estrictamente laboral”.

Puntualmente, Agüero hizo referencia a la intención manifiesta de la concejal libertaria de eliminar la herencia de cargos municipales (“le decimos NO a los privilegios de la casta y SÍ al mérito”).

El artículo 9 del CCT dice textualmente: “En caso de fallecimiento de un agente municipal en actividad, se otorgará prioridad de admisión a su cónyuge o en su defecto a su hijo/a. Dicha prioridad será evaluada por la autoridad de aplicación que corresponda, quien decidirá sobre la pertinencia de la misma y siempre que revistan las condiciones necesarias de idoneidad y competencia necesarias para el cargo. Dicho ingreso se solicitará dentro del término de noventa (90) días corridos de ocurrido el deceso del agente”.

“Queda claro que ni siquiera es una herencia. El familiar tiene que cumplir con todos los requisitos e ingresa como un personal más, temporario. Porque el primer paso es un período de prueba que dura 11 meses y 30 días, en los que debe demostrar su idoneidad para el trabajo que se le designó”, explicó Agüero.

Y amplió: “Esto está apuntado a no romper el vínculo familiar por la pérdida, del sostén familiar, de darle una mano a la familia que perdió a un ser querido”.

Agüero fue más allá y acusó a Gonard de no cumplir con lo marcado por el convenio en un caso reciente, por el que el STMBB hará una presentación formal en las próximas horas.

“En el mes de junio falleció una compañera de 18 años de trabajo en el Concejo Deliberante. Su hija pidió por el artículo 9 y al día de hoy todavía ni siquiera la citó. Entonces digo, ¿es tan difícil tener sensibilidad o ser proactivo o ponerse en el lugar del otro. Estamos hablando una persona que perdió a un familiar, que quedó sola, que es sostén de familia y ni siquiera obtuvo una respuesta. Que puede ser afirmativa o negativa, porque tampoco está obligada a contratarla”.

El artículo 2 dice claramente que los únicos dos que pueden nombrar personal en la municipalidad es el presidenta o presidente del Concejo Deliberante y el intendente.

“Es una decisión que debe tomar ella. Por eso digo que propone una cosa que ya está establecida. Pero no sólo eso, sino que ni siquiera lo cumple”.

Según manifestó Agüero, hay un promedio anual de 10 fallecidos en actividad en la municipalidad, pero menos del 50% de los familiares pide la aplicación del artículo 9.

“De esos 10, en el último año entraron 4 nada más. Y como dije: no heredan el cargo, ni el sueldo, ni la antigüedad, sino que solamente se le da prioridad para iniciar su carrera laboral en el municipio. Solamente se le da una mano en un momento difícil de su vida”.

Otra las propuestas de Gonard que contrarrestó Agüero fue la del ingreso de empleados municipales únicamente por concurso (“basta de meter gente a dedo sin demostrar aptitudes”).

“Ya dejé en claro que los únicos que pueden contratar gente son el intendente o el presidente/a del HCD, según el ámbito que corresponda. En este punto, Gonard debe remitirse al artículo 7 del CCT. O sea que también está escrito”.

Precisamente, el artículo 7 reza: “El ingreso al empleo público municipal se formalizará mediante acto administrativo emanado de la autoridad competente, previo concurso público abierto o procedimiento especial de selección debiendo ingresar por la categoría correspondiente al grado inferior de la clase de cada agrupamiento. Excepcionalmente se podrá ingresar por otra categoría, cuando el trabajador acredite capacidad manifiesta o formación suficiente para la cobertura de la misma, mediante acto administrativo de designación debidamente fundado”.

“Ahora, la pregunta del millón es: ¿ahora se dio cuenta? Porque los últimos que ingresaron no entraron al Concejo Deliberante por concurso. Para el nombramiento de un jefe dentro de la municipalidad se hace una elección interna y allí sí tomamos parte porque son afiliados, pero si hay un concurso abierto o especial para un ingresante nosotros no somos jurados ni tomamos decisiones”, disparó Agüero.

El secretario general del STMBB también se refirió a la intención de reducir el 50% del sueldo a los concejales, propuesto por Gonard.

“Partiendo de la base legal que nadie puede renunciar a un derecho propio, sí es posible que los concejales donen la totalidad o parte de su sueldo. De hecho, hoy hay concejales que lo donan sin decir absolutamente nada. Lo que quiero decir es que para bajar los sueldos no hay que hacer nada, no hace falta una ordenanza, se lo baja y listo. En este caso particular, cualquier concejal puede decir que no quiere cobrar y estar ad honorem; no necesita una legislación porque lo permite la ley”.

Agüero rememoró el discurso que dio el día que decidió pedir licencia como edil.

“Dije claramente que el bahiense no nos quiere; que el bahiense no nos cree; que los concejales debíamos trabajar para el bahiense. La realidad es que el bahiense se cansó de que los políticos le digan lo que hay que hacer y después hacen todo lo contrario”.

“Gonard habla de reducir el gasto público, pero sin embargo solicitó formalmente ante la comuna que se le reconozca en sus haberes un agregado por antigüedad de 8 años y 9 meses de trabajo en su propio colegio; que si le corresponde está perfecto, pero me da la sensación que borra con el codo lo que escribe con la mano”.

Para cerrar, y sobre otro punto propuesto por Gonard de reducir la planta de trabajadores del municipio, Agüero hizo una aclaración importante.

“La municipalidad de Bahía Blanca es la que tiene menos cantidad de trabajadores por habitante. Salgo a responder porque se metió con algo que es muy sensible para nosotros, como es el convenio colectivo de trabajo”.

Fuente: La Nueva.

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Obra pública: la Provincia modificó el régimen para agilizar contrataciones

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires modificó la reglamentación de la Ley de Obra Pública con el objetivo de agilizar los procesos de contratación, establecer reglas más precisas para la ejecución de los proyectos y otorgar mayor previsibilidad a las empresas contratistas. La medida fue oficializada mediante el decreto 623/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La norma introduce cambios al decreto 5488/59, reglamentario de la Ley 6021 de Obras Públicas, y adapta el marco regulatorio a las modificaciones incorporadas recientemente por la Ley de Presupuesto 2026. El nuevo decreto modifica siete artículos de la ley para darle “mayor eficiencia” a las contrataciones.

Según se desprende de los fundamentos del decreto, la administración de Axel Kicillof considera que la obra públicaconstituye uno de los principales motores de la economía bonaerense y que resulta necesario modernizar los procedimientos administrativos para mejorar su eficiencia, calidad y eficacia.

Uno de los cambios centrales está vinculado al rol del Consejo de Obras Públicas. A partir de ahora, su intervención previa a las licitaciones quedará limitada a la emisión de un dictamen de carácter exclusivamente técnico denominado “Validación de Proyecto”. Ese análisis abarcará la revisión de planos, pliegos de bases y condiciones, presupuestos oficiales, memorias descriptivas y, en determinados casos, estudios técnico-económicos vinculados a la explotación de servicios públicos.

Contrataciones directas para la obra pública

El decreto también redefine aspectos relacionados con las contrataciones directas. Entre otras cuestiones, establece que podrán utilizarse cuando el presupuesto oficial de la obra no supere el equivalente a 400 unidades de medida, definidas como el valor del metro cuadrado de construcción. Ese valor será actualizado por la autoridad de aplicación en función de índices objetivos vinculados a la evolución de los costos del sector.

En materia de adjudicación, la nueva reglamentación dispone que el precio continuará siendo el criterio principal para determinar la oferta más conveniente. Sin embargo, de manera excepcional y siempre que esté previsto en los pliegos, podrán considerarse otros factores como la calidad de la propuesta, sus aspectos técnicos, la solvencia de la empresa, sus antecedentes, la integridad del oferente y criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.

La norma incorpora además nuevas pautas para las modificaciones contractuales durante la ejecución de las obras. En los casos en que se utilicen las reservas presupuestarias previstas por la legislación vigente, ya no será necesario suscribir un nuevo contrato, sino que bastará con un acto administrativo que apruebe los cambios y certifique que responden a necesidades concretas de la obra.

Otro aspecto es la incorporación de un nuevo artículo que regula las prórrogas de plazo. Las empresas contratistas podrán solicitar extensiones del tiempo de ejecución cuando existan causales previstas por la ley, siempre que presenten una justificación formal dentro de los 30 días de producido el hecho que generó la demora. La repartición encargada del control de la obra deberá evaluar la incidencia efectiva de esas circunstancias sobre el plan de trabajos.

Las nuevas disposiciones se aplicarán a las licitaciones en las que aún no se hayan abierto las ofertas y, en materia de ejecución de obras, alcanzarán a los contratos actualmente vigentes, siempre que no se afecte el principio de igualdad entre los participantes.

Fuente: Agencia DIB

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En la Corte: Kicillof espera de Nación una propuesta por fondos que adeuda Anses

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El gobernador Axel Kicillof espera que este miércoles, en una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno de Javier Milei le entregue una propuesta concreta en torno a cómo será la devolución de $2,2 billones que la Anses le debe al sistema jubilatorio bonaerense.

La audiencia, la tercera sobre este tema ante el máximo tribunal, será a las 11 de la mañana y buscará un principio de cierre al reclamo de la Provincia por el recorte de fondos a la caja jubilatoria bonaerense.

Se supone, al menos eso se desprendió del encuentro del 21 de abril, que el Gobierno nacional deberá presentar una propuesta concreta de cuáles serían los montos concretos a transferir. “De las 13 provincias que tienen cajas propias, a 10 ya les llegó una transferencia de Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando”, remarcó Kicillof en ese momento en la puerta de tribunales.

De hecho, en el acta que se firmó tras esa audiencia consta que “los representantes de la Anses y del Estado Nacional se comprometen a continuar con las auditorías respectivas y a realizar una propuesta de solución en la nueva audiencia que se convoca para el día 10 de junio del corriente año a las 11 horas”.

Los reclamos de Axel Kicillof por más fondos

El Gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que la administración nacional afirma que no está finalizada.

En concreto, la Provincia presentó la demanda en abril de 2024 para reclamar que Nación restableciera “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias reconocida en la ley 27.701. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a unos 2,2 billones de pesos.

Esta avanzada de parte de la Provincia se enmarca en un contexto en el que el Gobierno tiene que resolver diferentes reclamos sectoriales por elevadas cantidades de fondos. Pero puntualmente con la administración provincial, hay otros siete reclamos judicializados por más de $15 billones de pesos. Entre ellos están el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

Fuente: Agencia DIB

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Se empezó a colocar alimento con drogas anticonceptivas para disminuír la población de palomas

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Diego Palomo, responsable del área, puso de manifiesto esta mañana en nuestro programa de radio que se está profundizando el trabajo sobre los “seis ejes planteados desde un comienzo con el objetivo de planificar la disminución de la población de palomas en nuestra ciudad”.

El funcionario se mostró satisfecho con los niveles de ejecución de cada uno de esos ejes. “A modo de resumen, algunas de las líneas que se han trabajado, por ejemplo, una de ellas, es controlar el monitoreo de la población para tener datos precisos de puntos críticos y esto lo hacemos con el INBIOSUR, organismos que nos ha entregado recientemente su segundo informe. Ello guían la ejecución del programa, y tenemos un monitoreo permanente”, informó Palomo.

Agregó a continuación que “los puntos más importantes de desarrollo de la especie es el corredor cerealero, las playas de camiones, el sector conocido como El Triángulo, algunos lugares del centro como los edificios abandonados y el hospital Penna que, además, tiene sus pasticularidades”.

Ratificó Palomo que el segundo eje del programa es el que calificó como el más importante porque se trata de llevar adelante acciones coordinadas con entidades y empresas privadas para disminuir la cantidad de alimento disponible para la paloma en varios puntos de la ciudad y sus alrededores.

Respecto de los granos con anticonceptivos, puso de manifiesto que esa tarea ya empezó en dos lugares: los techos del Mercado Municipal y de la Terminal de Colectivos.

“Se trata de alimentos con nicarbizina que se coloca en esos lugares cada 48 horas. Es alimento suficiente para unas 100 palomas aproximadamente”, aclaró. Acto seguido dijo que “estamos pidiendo las autorizaciones correspondientes para colocar esos recipientes con el alimento sobre los techos de la Biblioteca Rivadavia y Universidad Nacional del Sur”.

También adelantó que “se colocaron palomares anticonceptivos en Ferrowhite y vamos a colocar otro en el Penna” . Paralelamente indicó que se “han realizado 10 intimaciones a empresas. Y también en algunos edificios del centro. Tienen orden de iniciar procesos de control, porque esta es una tarea en la que debemos comprometernos todos”.

Por último Palomo declaró que “hay 25 empresas de control de plagas que se han capacitado y habilitado. Y también hay un sistema de captura y eliminación en lugares muy críticos”.

Fuente: Frente al cano.

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