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La UNS lanzó un spot en la previa a la marcha universitaria del miércoles

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El próximo miércoles 2 de octubre se realizará una nueva marcha federal que, al igual que la llevada a cabo el pasado 23 de abril, busca que el gobierno nacional tome conciencia de un reclamo transversal de toda la sociedad en favor del sostén de las universidades públicas.

Por eso, desde la UNS lanzaron un spot que explica los motivos de la manifestación. Allí señala que la columna vertebral de la Argentina es la educación pública, las soluciones a los problemas de un país siempre requieren de más y mejor educación, entre otras cosas.

En Bahía Blanca, la concentración será a las 17:30 en avenida Alem y 11 de Abril, para marchar hacia el playón de la UNS de avenida Alem 1253.

Según explicó la vicerrectora de esa Universidad, Andrea Castellano, los motivos de la marcha están relacionados con dos cuestiones: en primer lugar, la promulgación de la mencionada Ley; y luego la revisión de la Ley de Presupuesto 2025, que otorga a las universidades nacionales solo la mitad de lo que el Consejo Interuniversitario Nacional considero necesario para su funcionamiento.

“El Congreso de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario 2024 que propone para este año una actualización del presupuesto de acuerdo a la inflación.  “El impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario es del 0.14% del PBI y podría ser atendido con el superávit fiscal del primer semestre”, agregó. Sin embargo, el presidente ya anticipó su veto.

Puesta en números, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes llega en algunos casos al 50%, el 70% de los docentes universitarios está por debajo de la línea de pobreza y las becas estudiantiles nacionales no se actualizan desde principio de año. A eso se suma el encarecimiento general del costo de alquileres y transportes, dos factores claves para cientos de miles de alumnos.

Para los rectores, “la desconsideración y el hostigamiento no cesan y la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario”, y advirtieron en su último comunicado “Desde Sarmiento, la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres; y la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad”. En las universidades públicas argentinas estudian más de 2.5 millones de personas, y se produce la mayor parte de la investigación científica del país.

Recientemente el Consejo Interuniversitario Nacional fijó en 7.19 billones de pesos los fondos que necesita todo el sistema para la continuidad educativa y científica en el próximo año. La Ley de Presupuesto 2025 elaborada por el Poder Ejecutivo propone solo 3,8 billones, monto sustancialmente menor.

“Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Si eso no se modifica, les tocará a las universidades apenas un 54% de lo requerido para el funcionamiento deseado”, remarcó Castellano.

“Los universitarios queremos estar en las aulas, en los laboratorios y en los gabinetes, pero la situación es compleja. Hay un consenso de que la Universidad permite una movilidad social ascendente y una proyección de un futuro mejor para el país. En el derecho a estudiar de cientos de miles de chicos y chicas se está jugando nuestro derecho al futuro, y por eso nuevamente llamamos a toda la sociedad a que nos acompañe en la marcha del miércoles 2, concluyó la vicerrectora.

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La nafta sigue en aumento y le mete presión a la inflación de marzo

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Como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y la suba en el valor del petróleo, las compañías petroleras que operan en la Argentina extendieron un nuevo aumento a los surtidores, por lo que el litro de nafta Premium ya supera los $2.000 en casi todas las estaciones del país.

Según datos de EcoGo, ya que las empresas han dejado de informarlo hace tiempo, el incremento es en torno al 9% en lo que va de marzoy abarca a todas las petroleras. El impacto en los surtidores se refleja en el bolsillo de los consumidores y anticipa una mayor presión sobre la inflación de marzo.

Según la serie actualizada, el índice de precios promedio (un índice con base 100 en enero 2025) de las naftas y gasoil escaló de 136,3 el 26 de febrero a 148,2 el 16 de marzo, con base enero de 2025 igual a 100. Esto implica una suba del 8,67% desde que se profundizó el conflicto en Medio Oriente y el barril de Brent superó los 100 dólares.

Si se toman los valores de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, la nafta Súper promedia los $1.833, la premium $2.015 y el gasoil Infinia $02.033. En el caso de Shell, que siempre es más alta, la Súper ronda $1.890, la Premium $2.081 y el gasoil Power $2.129. En el interior bonaerense, el precio es un poco más alto.

En la nafta Súper de YPF, que subió $145 en solo siete días, el avance representa un salto del 8,3%. El gasoil premium de Shell tuvo un incremento de $131, equivalente al 6,6%.

Más allá del impacto en el bolsillo del usuario, la suba de los combustibles trasciende los surtidores y alcanza a la inflación general. Según los modelos de GMA Capital, un ajuste del 10% en el precio de los combustibles se traduce en 0,37 puntos porcentuales adicionales de inflación. Pero el traslado de los mayores costos al consumidor dependerá de la estrategia comercial de las petroleras y de la evolución del conflicto internacional.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó días atrás que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero de 2026 una variación mensual de 2,9%. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre del año alcanzó el 5,9%, mientras que la comparación interanual se ubicó en 33,1 %.

Fuente: Agencia DIB

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La Provincia dio otro paso clave para hacer la revisión tarifaria de la luz

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La medida formaliza el Anexo III del acuerdo celebrado con el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), dependiente de esa Facultad, que brinda servicios de consultoría para el desarrollo técnico y económico de la revisión tarifaria que comenzó en 2024. En este caso, el anexo establece en detalle las fases, contenidos, hitos y porcentajes de pago correspondientes a la Etapa 2 del proceso.

El proceso de RTI había sido iniciado por la Provincia mediante la Resolución N° 1133/2024 y contempla distintas instancias de análisis técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema de distribución eléctrica provincial. El objetico es conocer en detalle los costos de la distribución de energía de las cuatro compañías de energía: Edelap, EDES, EDEA y EDEN.

En concreto, con este proceso se busca definir un plan de inversiones que garantice un servicio eléctrico de calidad, actualice la infraestructura según la demanda actual, y reafirme el rol activo del Estado provincial en el control de las empresas.

Según informaron desde la Provincia, otra de las metas que persigue la RTI es mejorar los parámetros de calidad del servicio y al mismo tiempo garantizar a los usuarios tarifas asequibles y geográficamente homogéneas.

El análisis de los costos de la energía elécrtrica

De acuerdo con lo previsto en el acuerdo, la Etapa 1 está vinculada a la valuación física de los activos de las distribuidoras y a la recopilación de información técnica para garantizar la prestación del servicio en condiciones adecuadas. En tanto, la Etapa 2 comprende el análisis económico y regulatorio, incluyendo la valorización de la base de capital, la determinación del requerimiento de ingresos de cada distribuidora, la definición del plan de inversiones obligatorio y la propuesta de estructura tarifaria.

Según la documentación oficial, esta etapa es fundamental para todo el proceso porque va a culminar en un informe final en el cual el Ceare va a sugerir un nuevo cuadro tarifario a aplicar. El cronograma contiene numerosas tareas específicas subdivididas en distintas fases y un plazo total de 15 meses para llegar hasta las conclusiones.

La resolución también establece que los pagos vinculados a la consultoría serán gestionados por la Subsecretaría de Energía, una vez verificado el cumplimiento de los hitos establecidos para esta segunda etapa del proceso.

La decisión se adoptó con intervención de los organismos de control provinciales y en el marco de las facultades previstas en la Ley de Ministerios, el marco regulatorio eléctrico provincial y la normativa administrativa vigente.

Fuente: Agencia DIB

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Taxistas reclamaron en el Municipio por una flexibilización a la norma que regula a Uber

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Un grupo de taxistas se manifestó esta mañana en la Municipalidad para reclamar por una flexibilización de último momento en la reglamentación de la ordenanza de Uber que había sido aprobada semanas atrás en el Concejo Deliberante.

En las últimas horas y a través de un decreto, el intendente Federico Susbielles le otorgó a los choferes de aplicación un año de prórroga para registrarse en la comuna y eso desató la ira de los taxistas.

“Hay una necesidad laboral de estos choferes de apps que nosotros no podemos desconocer y por eso se decidió flexibilizar la reglamentación anterior”, explicaron fuentes del Municipio.

Según los manifestantes, esa flexibilización los deja en desventaja respecto de los conductores de Uber.

Luego de media hora de gritos y pedidos de una reunión con el intendente, se hicieron presentes el jefe de Gabinete y la secretaria de Gobierno, Luis Calderaro y Florencia Molini, quienes dialogaron con los taxistas y los invitaron a una conversación en privado. También apareció el representante regional del Ministerio de Seguridad provincial, Federico Montero.

“Nos mandaron al muere a 1.400 familias, a ustedes no les importa porque cobran igual su sueldo”, les dijo el dirigente del Centro de Propietarios de Taxis, Roberto de Barrenechea, antes de pasar a la reunión.

El mes pasado se aprobó una ordenanza que establece, entre otras cosas, que los choferes de apps deben contar con carnet profesional y autos que no superen los 13 años de antigüedad, para asimilar los requisitos con los taxistas.

Asimismo, tienen que enviar una nota dirigida al intendente y certificada con firma ante Escribano o Notario Público, solicitando la autorización para la prestación del Servicio de Transporte Privado con la intermediación de Plataformas Independientes (STPPI).

Fuente: La Nueva.

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