La Justicia federal habilitó el trámite de un amparo colectivo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires, financiados con fondos del fideicomiso creado por el decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT. El fallo, firmado por el juez federal Ernesto Kreplak del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata, ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes urgentes a tres organismos del Estado.

La causa, identificada bajo el número 35671/2026, fue promovida por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía de la Nación, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Banco de la Nación Argentina. La acción busca que esos organismos adopten “de manera inmediata y coordinada todas las medidas necesarias” para cumplir con las obligaciones contractuales ya asumidas en materia de infraestructura vial dentro del territorio bonaerense.

El amparo no apunta a un tramo específico de ruta ni a una obra puntual, sino al conjunto de la red vial nacional en la provincia. El colectivo de afectados que la presentación pretende proteger abarca a los usuarios efectivos y potenciales de esas vías, lo que le otorga al caso una dimensión que trasciende a cualquier damnificado individual y lo encuadra como un proceso de alcance general.

Kreplak dispuso, como primer paso procesal, la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo exige la Acordada 12/2016. La consulta previa a ese registro arrojó resultado negativo, lo que habilitó al magistrado a avanzar con el trámite sin que exista superposición con otro expediente de igual naturaleza.

En paralelo, el juez requirió a la DNV y al Ministerio de Economía que presenten, en el plazo de tres días, el informe previsto en el artículo 4, inciso 1, de la ley 26.854, que regula las medidas cautelares en causas en las que el Estado es parte. Por igual término, extendió ese requerimiento al Banco Nación, en atención a las particularidades del expediente. A los tres organismos también les fijó un plazo de diez días para responder el informe del artículo 8 de la ley 16.986, que rige el procedimiento de amparo.

El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos. Tolosa Paz sostuvo públicamente que tres de cada cuatro pesos del fondo habrían sido derivados a instrumentos financieros —bonos, títulos y acciones— en lugar de aplicarse a obras viales. La legisladora cifró en $1,5 billones el monto que, según su presentación, debería haberse destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia.

“El Gobierno cobra un impuesto a los combustibles para mantener nuestras rutas y, en lugar de destinarlos a obras, tres de cada cuatro pesos del SISVIAL fueron a la timba financiera”, explicó la legisladora peronista en sus redes sociales.

La diputada acompañó la acción judicial con una denuncia contra los funcionarios responsables de esa administración. En su comunicación pública al respecto, afirmó: “Para este Gobierno, la plata de los argentinos es negocio financiero”, al tiempo que reclamó que esos fondos se orienten hacia “trabajo, producción y un Estado que cuide”.

El expediente quedó radicado en la Secretaría N° 5 del Juzgado Federal de La Plata. Kreplak instruyó a la parte actora para que acompañe los proyectos de oficio dirigidos a cada uno de los organismos demandados, a fin de que Secretaría los confronte antes de su libramiento formal. La causa aguarda ahora las respuestas de Economía, Vialidad y el Banco Nación dentro de los plazos fijados por el magistrado.

La derogación de la ley que limita los mandatos de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires no asoma. Pese a la voluntad del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de modificar esa legislación y permitir que intendentes vuelvan a tener la posibilidad de ser candidatos todas las veces que deseen, no hay señales de un acuerdo por fuera de la Legislatura bonaerense que luego se materialice en los votos necesarios para su sanción. Ante este escenario, varios intendentes —en su mayoría del peronismo— ya trabajan en una precandidatura a la gobernación para suceder a Kicillof.

En principio, hay más de una decena de intendentes y dirigentes del peronismo que muestran credenciales para ser posibles candidatos —o precandidatos si hay PASO— para la elección a la gobernación bonaerense. De ese total, hay ocho nombres que no podrán ir por un nuevo mandato como intendentes y se anotan en la lista de eventuales sucesores o sucesoras de Kicillof: Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mayra Mendoza (en uso de licencia en Quilmes), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar), Jorge Ferraresi (en uso de licencia en Avellaneda), Juan Andreotti (San Fernando) y Fernando Espinoza (La Matanza).

A tales jefes comunales se les suman Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Julio Alak (La Plata), que también lanzaron un operativo de recorridas por distintos puntos de la provincia, aunque ellos sí podrán ir por una reelección ya que fueron electos en 2023 y transitan su primer mandato. Además de intendentes, en el peronismo también “caminan” la Provincia, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el de Gobierno, Carlos Bianco. El primero ya tuvo adhesión explícita de algunos intendentes que hoy están en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), al igual que Ferraresi, que también juntó el respaldo de algunos de sus pares en sus primeros pasos como eventual precandidato.

El intendente en uso de licencia de Avellaneda y actual Jefe de Asesoramiento Institucional, es uno de los intendentes que dan a entender que los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas no saldrán, al menos desde la Legislatura. No es el único. Mariel Fernández planteó que hay que trabajar en la renovación de los equipos de trabajo. En el mismo sentido se pronunció Otermín. Achával, por su parte, aseguró que es un problema que debe resolver la política.

Bianco dijo días atrás que los votos no están porque la oposición se muestra distante en el terreno legislativo, más allá de que los intendentes no peronistas, contó, le han manifestado su rechazo al limitante de las reelecciones. “Yo hablo con los intendentes de todos los sectores políticos. Todos están a favor de la re-reelección”, aseguró la mano derecha del gobernador, en un mensaje tácito a los intendentes de la UCR. Por el radicalismo son 17 los intendentes que no pueden ser reelectos. Por eso Bianco planteó: “Ahora hay muchos a los que le decís: ‘Bueno, entonces, los legisladores que te representan, que lo voten’. ‘Ah, no, nosotros estamos de acuerdo, pero no podemos votarlo’. Y, bueno, así medio difícil, amigo”, graficó. Los intendentes del radicalismo tienen baja influencia en el devenir de diputados y senadores.

Mapa de votos

En la Legislatura, quienes deberían votar esperan señales. El kicillofismo tiene un proyecto presentado el año pasado por la senadora Ayelén Durán. En Gobernación dicen que esa es la iniciativa que representa el espíritu del Poder Ejecutivo. En su momento, el kirchnerismo le ha pedido a Kicillof que presente una iniciativa propia. Por ahora eso no sucede. Igualmente, el kirchnerismo acompaña una derogación de la iniciativa sancionada en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa. Sin embargo, desde el espacio de Máximo Kirchner, piden discutir todo el paquete político/electoral en conjunto: una hoja de ruta en la que el Ejecutivo no quiere adentrarse.

La semana pasada hubo una reunión de la comisión de Legislación General en el Senado bonaerense. En ese ámbito se encuentra el proyecto de Durán. La comisión es presidida por Germán Lago, un legislador que se encuadra en el MDF y responde políticamente a la vicegobernadora, Verónica Magario. El texto no se incluyó en el orden del día y no hubo ningún pronunciamiento al respecto. Lago esperará directrices para avanzar con el tratamiento. A la par, el Frente Renovador busca poner en estudio el proyecto en la comisión de Reforma Política, cuya presidenta es la senadora Malena Galmarini. Si hay acompañamiento pleno de los legisladores del bloque de Fuerza Patria en Legislación General, la iniciativa podría tener dictamen de mayoría para ser llevada al recinto. Hay 11 integrantes, 6 del bloque que preside Sergio Berni. De los senadores peronistas que hay en esa comisión, ninguno es del massismo.

En la Cámara alta, el peronismo tiene quórum propio. Cuenta con 24 legisladores de un total de 46. Pero hay tres del massismo —Malena Galmarini, Valeria Arata y Marcos Pisano— que, por pertenencia partidaria, no acompañan los cambios. Eso no quiere decir que trabarán el debate. “Nuestra posición es clara, pero si están los votos, no seremos un obstáculo”, dejan correr desde el Frente Renovador.

El peronismo apuesta a conseguir el quórum en el Senado con la presencia de los tres integrantes del bloque Unión y Libertad —Carlos Kikuchi, Silvana Ventura y Sergio Vargas. Sin embargo, lejos está de los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas si los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y Hechos se abroquelaran y bajasen al recinto. Queda suelta la senadora, Nerina Neuman de la UCR. Hoy, la posición del radicalismo legislativo es no modificar la ley vigente. En ese caso —con el radicalismo también rechazando— el oficialismo requeriría de 26 legisladores: es decir, tres más de lo que en principio cuenta para sí. Siempre y cuando estén todos los legisladores presentes.

Si en el Senado el tema es ajustado, pero se explora alguna alternativa, la negociación en Diputados es aún más compleja. El bloque de Fuerza Patria tiene 39 integrantes de un total de 92 miembros. De esos 39 hay 10 que forman parte del massismo. El cálculo parte entonces desde 29. En principio, necesitaría ocho senadores para conseguir el quórum. El bloque de Nuevos Aires, que cuenta con tres integrantes, acompañaría. En ese caso, llega a 32.

Una alternativa es explorar el bloque Unión y Libertad que tiene cinco integrantes. Una vez llegado al quórum, el oficialismo debería alcanzar dos tercios si el tratamiento es sobre tablas. Ahí, la apuesta son las ausencias clave para bajar el número necesario para habilitar el tratamiento. Una estrategia arriesgada que siempre puede variar, pero que ha funcionado en anteriores votaciones.

En tanto que los bloques de La Libertad Avanza (20 integrantes), el PRO (11 miembros), Espacio Abierto Hechos (dos miembros), los unibloques Derecha Popular, Izquierda Socialista y PTS-FIT no acompañan. A priori, 36 votos en contra.

Ante esta complejidad en el terreno legislativo, que además está atravesado por la discusión interna del peronismo y por cómo tienen que ser los cambios que limitan las reelecciones indefinidas, intendentes ven que, al menos en la actualidad, son bajas las chances de modificar el escenario.

A pesar de la dificultad que tiene el oficialismo en el Senado, que comanda Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), para avanzar con iniciativas que desea el Ejecutivo, diversas comisiones continuarán hoy con los debates de los proyectos sobre Sociedades y Súper RIGI, aunque sin previsión de dictamen alguno, que empujaría una eventual dilación para sumar temas de peso y pensar en una sesión en el corto plazo.

Desde las 11.30, la comisión de Legislación General, que preside la mileísta Nadia Márquez (Neuquén), oirá a 14 expositores anotados. Varios de ellos, reclamados por la oposición. El texto en cuestión es promocionado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, blanco predilecto de las críticas en la Cámara alta y, al mismo tiempo, excusa fácil para mirar, tanto desde La Libertad Avanza como por bancadas dialoguistas, hacia otro lado.

Fue el propio Sturzenegger quien defendió la iniciativa en el Senado, en junio pasado. El funcionario hizo mención a la aplicación de la inteligencia artificial y el mundo de los algoritmos que se incorporan, de manera muy acelerada, en procesos productivos. Según el ministro, con la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain, se podría superar en condiciones a Estados Unidos y Europa.

Los aliados, por ahora, ni quieren hablar sobre este articulado. De hecho, se espera otro encuentro para la semana próxima, con el fin de oír más opiniones de expertos para un proyecto que prevé procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pagos para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.

Para la tarde, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General reanudará el análisis del Súper RIGI, cuyo objetivo es atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que el Gobierno considera “industrias del futuro”.

Ante un kirchnerismo que criticó la iniciativa y aliados que se mostraron dubitativos, La Libertad Avanza prometió la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Ayer, desde un despacho de peso -que no es peronista- sentenciaron ante Infobae: “Un par de oficialistas insinuó el apuro de un dictamen. No sé qué se les cruza por la cabeza. Yo no pienso firmar”.

Guiño

Mientras desde Balcarce 50 piensan cómo dar vuelta un escenario que se complejiza, las comisiones de Legislación General; Ambiente y Desarrollo Sustentable; y de Presupuesto y Hacienda se reunirán, desde las 10, para analizar una iniciativa cuya finalidad es “establecer el marco jurídico para el desarrollo, registro y comercialización de créditos de carbono”.

Presentó uno de los textos la -por ahora- dialoguista salteña Flavia Royón, aunque en la versión web se sumaron las firmas de la filo radical chubutense Edith Terenzi y del jefe del PRO, Martín Goerling Lara. Otro articulado parecido es el de la oscilante misionera Elizabeth Rojas Decut, quien junto a su comprovinciano Carlos Arce pasaron hace un tiempo al lote de legisladores no confiables.

En el de Royón se destaca que “el establecimiento de cupos de exportación de Unidades de Resultado de Mitigación Transferibles, definidos en función de la brecha entre las emisiones proyectadas y las metas comprometidas, permite equilibrar dos objetivos: promover la inserción internacional del mercado argentino de carbono y preservar la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos climáticos”.

Por otra parte, en los argumentos se habla de “promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de manera rentable, estableciendo un límite máximo legal de contaminación y creando un mercado donde las empresas compran y venden permisos de emisión”.