En el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados de la Nación, se llevó a cabo esta semana un encuentro que reunió a legisladores nacionales, organizaciones civiles e instituciones religiosas en el marco del Día del Niño por Nacer que se conmemora todos los 25 de marzo.

Este sábado, desde las 14 horas se desarrolla una marcha en Plaza Italia. Es la 11ª Marcha por la Vida. Y los organizadores aclararon que no se suspendería por lluvia.

La actividad de la semana pasada en la Cámara de Diputados, que fue impulsada por el legislador Santiago Pauli, y tuvo como principal oradora y anfitriona a Evelyn Rodríguez, presidenta de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, fue pensada como un espacio de intercambio y reflexión en torno a la defensa de la vida desde la concepción.

Como corolario de esta actividad, al cierre del encuentro, diputados nacionales firmaron un acta compromiso para derogar el aborto y trabajar activamente en la defensa de la vida, promoviendo doiversas iniciativas en esa línea. El documento lleva las firmas de: Santiago Santurio, Rubén Torres, Gladys Humenuk, Mónica Becerra, Santiago Pauli, Andrea Fernanda Vera, Bárbara Andreussi, Miguel Rodríguez, Carlos Zapata, María Luisa González Estevarena, Jairo Guzmán y Gabriela Muñoz.

Durante la jornada se proyectaron testimonios de mujeres en situación de vulnerabilidad que recibieron acompañamiento a lo largo de sus embarazos, destacando la importancia de las redes de contención y la asistencia.

A su turno, el pastor Christian Hooft, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), expresó su preocupación por la fuerte caída de la natalidad en el país y señaló la necesidad de fortalecer las políticas de cuidado y acompañamiento. “Vivimos en una tragedia”, afirmó, al tiempo que compartió datos recientes sobre natalidad y aborto en Argentina.

La tasa de natalidad se derrumbó literalmente en el país. Cayó un 40% desde 2014, año que marca el punto de inflexión y coincide con la aplicación del llamado Protocolo de Aborto no punible de la Corte Suprema de Justicia y la liberalización de la distribución y consumo de drogas abortivas como el misoprostol.

Actualmente la tasa de fecundidad en la Argentina está por debajo de la tasa de reemplazo, que es la que mantiene la población en un número estable.

Lo más llamativo de estos datos es, tal vez, la indiferencia casi generalizada con que son recibidos por los representantes en el Congreso y por las sucesivas administraciones. Algo inexplicable considerando que se trata de un tema estratégico que por lo tanto debería ser de máximo interés público.

En ese sentido, Gabriel Ballerini destacó: “Volver a poner la vida en el centro del debate no es solo una consigna, sino una responsabilidad ética y política que interpela a toda la sociedad”. Asimismo, convocó a participar de la 11ª Marcha por la Vida, este sábado 28 de marzo desde 14 h en Plaza Italia, en conmemoración del Día del Niño por Nacer.

La jornada en Diputados contó también con la participación de referentes provida como Gabriel Ballerini, Fátima Silva, Patricia Soprano, Lorena Aguilar, de La Merced Vida, Ayelén Alancay y Raúl Magnasco de +Vida, Vicente Teruggi de Participar en Libertad. También acompañaron directivos de otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa y el acompañamiento de la vida, entre ellas Casa de la Mujer, Proyecto Vidas, Fundación Argentina, Coalición de Mujeres Argentinas, Mujeres de Fe Argentina, AMEV, y Abrazo de Vida, quienes trabajan activamente en la contención y asistencia de mujeres en situación de vulnerabilidad durante el embarazo.

Luego de una semana agitada por las polémicas en torno a Manuel Adorni, el Gobierno busca pasar rápidamente de página y se prepara para comenzar el debate en el Congreso de las primeras reformas, varias de las cuales sufrieron cambios de último minuto, mientras avanza en las negociaciones con las provincias para conseguir los votos necesarios para aprobarlas.

Hace algunas semanas, el propio jefe de Gabinete anticipó, a través de un mensaje que publicó en las redes sociales, la lista de proyectos que enviaría el Poder Ejecutivo en esta etapa inicial, aunque en estos días algunos se modificaron, otros se quitaron y hibo también agregados.

Una de las iniciativas que estaba previsto que se tratara ahora y finalmente se va a demorar -una vez más- es el nuevo Código Penal, el cual se viene trabajando incluso desde administraciones anteriores.

Si bien el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había dejado un texto listo con más de 900 artículos, su sucesor, Juan Bautista Mahiques, decidió revisarlo antes de avanzar.

El funcionario entrante les pidió recomendaciones a los principales actores del mundo judicial y, durante una reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei, se decidió volver a redactarlo para que quede más corto, entre otras mejoras que se harían.

En cambio, el oficialismo mandará a la Cámara de Diputados un paquete de medidas orientadas a endurecer las penas para determinados delitos y crear nuevas tipificaciones para cuestiones cotidianas y que el mandatario nacional entiende que son más urgentes.

Entre las novedades hay sanciones para ilícitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas, casos de incumplimiento de deberes alimentarios, trapitos, grooming y abuso sexual infantil.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, logró sumar al temario de estas sesiones ordinarias la demorada “Ley de Hojarasca”, que también se venía anunciando desde hace tiempo.

Con este proyecto, el Gobierno buscará derogar cerca de 70 normas que considera obsoletas, ya sea porque fueron superadas por otras más modernas; porque remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; porque eliminarlas implica un avance en el proceso de desburocratización; porque afectan libertades individuales, o porque quedaron sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo.

Entre las leyes que dejarían de regir si se sanciona esta iniciativa está, por ejemplo, una de 1864 que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona u otra de 1965 que obligaba al Poder Ejecutivo a comprar solamente autos nacionales para la flota oficial.

El miércoles, luego de la conferencia de prensa que brindó para intentar acallar las críticas en su contra, Adorni recibió a Sturzenegger para terminar de definir los detalles del texto que un día después fue firmado por el Presidente.

Entre las medidas que estaban en la lista original y que permanecerán sin cambios -al menos por ahora- está la de propiedad privada, que incluye asuntos como expropiaciones, venta de tierras, incendios forestales y la regularización dominial para la integración socio urbana.

Esta iniciativa entrará por el Senado y es por eso que el jefe de Gabinete también se reunió en la Casa Rosada con Patricia Bullrich, que encabeza el bloque de La Libertad Avanza en ese recinto.

Además, el Ejecutivo pretende sancionar las modificaciones a las leyes de glaciares (que ya tiene media sanción), de discapacidad y de financiamiento universitario.

Para avanzar con todas estas medidas, las autoridades nacionales saben que necesitan el respaldo de las provincias y es por esta razón que el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó sus recorridas por el país.

Hace dos semanas se reunió con los mandatarios de San Juan, Claudio Poggi, y Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y el viernes último viajó a Mendoza para encontrarse con Alfredo Cornejo.

Si bien comenzó por los dirigentes aliados o más cercanos a la Casa Rosada, el objetivo del funcionario es visitar a casi todos los gobernadores, con excepción de aquellos opositores duros, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) o Ricardo Quintela (La Rioja).

En este sentido, en el oficialismo quieren acelerar las negociaciones para evitar que toda conversación comience a ser opacada por la campaña electoral de cara al 2027, que calculan que empezará a fines de este mismo año.

“Muchos gobernadores van a desdoblar y eso está bien, están cuidando su territorio, es lógico que lo hagan. Nosotros no vamos a adelantar los comicios”, advirtió un integrante de la mesa política libertaria.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre el caso YPF es trascendental para la Argentina, no sólo porque libera al país de un pago de US$ 16.000 millones -que podrían haber trepado a 18.000 millones-, sino además por lo que representa en términos de soberanía. El oficialismo dijo celebrarlo como un hecho “histórico” pero lo utilizó políticamente con una mirada de vuelo bajo: buscó reanimar la disputa con el kirchnerismo y, sobre todo, correr del escenario el caso de Manuel Adorni, que suma complicaciones.

El apuro por darle sentido de cabotaje a una decisión judicial cuyo impacto supera la frontera local fue evidente apenas el círculo de Olivos tuvo el anticipo del tema. Fue evidente al punto de postergar unos minutos el acto oficial armado para exhibir el apoyo de Javier Milei al jefe de Gabinete, coronación de un par de días marcados por el alineado respaldo al jefe de ministros. El Presidente abrió el encuentro con una fuerte carga sobre Axel Kicillof y CFK: trató de “imbécil” al gobernador y mencionó como “corrupta presidiaria” a la ex presidente. Después agregó la cadena nacional, algo más medida en descalificaciones, pero igualmente básica y hasta contradictoria con el fondo de la cuestión. De hecho, la justicia de Estados Unidos finalmente tomó en cuenta criterios sobre la legalidad de la expropiación del 2012.

Resultó llamativa la reacción del Gobierno y no por la obviedad de la utilización política atada a la coyuntura -áspera para el Gobierno por el caso de Adorni y también por $LIBRA-, sino además porque se limitó al intento de mostrar el fallo como una desacreditación de lo hecho por el kirchnerismo, cuando, en rigor, también la ex presidente y Kicillof pueden celebrar esta decisión judicial. Nadie en la primera línea del oficialismo fue sobre la cuestión de fondo, que no es este juicio sino lo costoso y opaco -hasta oscuro- de aquella decisión de Cristina Fernández de Kirchner.

La disputa en tribunales de Nueva York estuvo originada y ceñida a la apuesta “buitre” de un grupo inversor. De hecho, el resonante fallo de estas horas desarma esas pretensiones y, en reducida cuenta, respalda que la expropiación se ajustó a la legislación argentina. La línea argumental de la Argentina -con sus más y sus menos según la época- se apoyó en ese punto y en dos más, que juegan asociados: el rechazo a la jurisdicción de Nueva York y la prevalencia de la ley sobre el estatuto de una empresa.

La reacción violeta -el mensaje presidencial y la actividad en las redes sociales- se ajusta al manual básico de campaña: reducir y forzar todo como consignas simples -ahora, cargadas de adjetivos insultantes- y utilizar el tema en función de su necesidad del momento, esta vez el oleaje del caso Adorni. Pero en esa simpleza, esta vez eligió un terreno no necesariamente adverso para el kirchenerismo, porque el fallo no va a contramano de este capítulo de su relato sobre la expropiación de YPF. Eso, claro, sólo en este punto: el rechazo a la demanda de Burford.

Curioso o fruto de una escasa visión de aquel momento de la gestión cristinista, la letra del mensaje violeta omitió los aspectos realmente cuestionables de aquella operación, una postal del doble discurso y de manejos cruzados por oscuridades. Por ejemplo, el costoso desenlace de la negociación con Repsol, que a pesar del discurso -se decía que era prácticamente gratis y hasta con algún resarcimiento por cuestiones ambientales- terminó generando una indemnización a US$ 5.000 millones en títulos públicos, que en la práctica habrían representado más de US$ 6.000 millones. Pero además, todo lo ocurrido fue cruzado por sospechas domésticas de arrastre, desconfianzas sobre el entramado que había dejado Néstor Kirchner -nunca desarmado- y conjeturas sobre la caja de YPF.

Milei prefirió forzar el análisis del fallo para presentarlo como un logro exclusivo de su gestión y un alivio frente a otra herencia K. En cadena nacional, felicito sólo a su equipo por el resultado judicial, algo que presentado así desconoce la serie completa en tribunales de Estado Unidos, que lleva más de diez años. Habló de una sentencia histórica fruto de “esta administración”. Y cargó sobre Kicillof y la ex presidente: “Nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”.

El mensaje no se apartó un centímetro de la línea repetida para confrontar con el kirchnerismo. Está claro que tiene como objetivo cerrar filas, frente a la fisura en el discurso anticasta. De hecho, pudo haberse diferenciado con una mirada superadora que lo colocara por encima de CFK, desde otra perspectiva: sin llegar a la desproporción de considerar que existió algo así como una política de Estado, valorar cierta continuidad -con algunos vaivenes- en la estrategia judicial. Y celebrarlo de ese modo, en lugar de presentarlo como un éxito personal, que algunos voceros completan adjudicándolo mecánicamente a su alineamiento acrítico con Donald Trump.

El oficialismo, está visto, eligió el camino señalado y lo hizo en un contexto complicado para Olivos. Voceros formales e informales del Gobierno vienen repitiendo desde hace al menos dos semanas que Milei busca “recuperar el manejo de la agenda” pública, para correr el caso de Adorni, que según los relevamientos que consume el propio oficialismo -encuestas y estudios sobre redes sociales- tiene alta repercusión y significativa evaluación negativa.

En apenas tres días, fue desplegada una amplia exposición de funcionarios en respaldo del jefe de Gabinete. El miércoles, cinco ministros lo acompañaron en su reaparición con una conferencia de prensa, casi en paralelo con mensajes del Presidente y de Karina Milei. El jueves, fueron encuentros por separado con otros tres ministros y con Patricia Bullrich. Y el viernes, el acto oficial que lo mostraría junto a Milei fue potenciado por la noticia llegada desde Nueva York.

La intención de dar vuelta la página con esas muestras de sostenimiento político -que sumaron de manera inesperada el aire temáticodel fallo por YPF– enfrenta al menos dos problemas. El primero es la secuencia de novedades vinculadas con el propio Adorni. A la primera ola por la inclusión de su esposa en el vuelo a Nueva York -hace ya casi tres semanas- y el viaje familiar a Punta del Este, se agregaron cuestiones de otra naturaleza: la propiedad en un country de Exaltación de la Cruz y la confirmación de su mudanza a un departamento del barrio porteño de Caballito.

Algunos de estos temas empiezan a generar movimientos en el terreno judicial. En el caso del viaje a Punta del Este, procedimientos y testimonios que complican al funcionario por posible dádiva. También está dando sus primeros pasos la investigación sobre su patrimonio.

Los tiempos y el cuadro general no responden al menos exclusivamente a decisiones del oficialismo. El caso YPF es celebrado como oxígeno. Y si es sólo eso, malgastado.