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Las medidas económicas de Caputo originaron apoyos en el PRO y repudios en la oposición

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Los anuncios económicos hechos por el ministro Luis Caputo, que incluyen el aumento del tipo de cambio a 800 pesos por dólar, el fin de las inversiones en obra pública y la reducción de subsidios a la energía y el transporte, tuvieron este miércoles el respaldo del PRO, fuerza aliada de la gobernante La Libertad Avanza (LLA), y las críticas de Unión por la Patria (UxP) y dirigentes sociales y gremiales, que se expresaron en “alerta” ante las consecuencias que las medidas podrían tener en la población.

Manuel Adorni, el portavoz del presidente Javier Milei, declaró esta mañana en una conferencia de prensa que las medidas anunciadas por Caputo “son necesarias e inevitables para evitar la catástrofe”económica del país “y la hiperinflación”, además de buscar “generar previsibilidad y que todos entiendan que estamos dispuestos a no gastar más”, sostuvo.

Adorni adelantó que en las próximas semanas se va a conocer el “plan de reformas estructurales pensado, diagramado y trazado para los próximos años y que van a cambiar el rumbo de la Argentina”.

Milei encabezó esta miércoles a la mañana la tercera reunión del Gabinete nacional en la Casa Rosada, la primera formal luego de los anuncios del ministro de Economía, que fue uno de los asistentes al encuentro.

Apoyos desde el PRO

El paquete de “medidas urgentes” anunciadas por Caputo tuvo esta mañana el respaldo político de los principales dirigentes del PRO, convocados a una reunión en la localidad bonaerense de Olivos por el expresidente Mauricio Macri.

“Creemos que las medidas son necesarias. Hay que pensar qué fue lo que pasó en el país. Este es resultado de años de gobiernos kirchneristas. Hay que tomar medidas de shock extremas para no ir a una hiperinflación”, afirmó el diputado nacional Cristian Ritondo, uno de los dirigentes que participó de la reunión.

El legislador confirmó que el PRO va a “acompañar” en el Congreso Nacional las decisiones que vaya tomando el gobierno de Javier Milei, aunque lo hará, aclaró, mientras que “sean buenas para la Argentina”.

La exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, advirtió, por su parte, que el anuncio hecho por Caputo busca desactivar “una bomba que construyó (el expresidente Alberto) Fernández, (la exvicepresidenta) Cristina Kirchner y (el exministro de Economía) Sergio Massa” y que llevaron al país “a este nivel de pobreza”.

Criticas desde UxP y organizaciones sociales

Desde la oposición, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó este miércoles que Milei había dicho en la campaña electoral “que el ajuste no iba a recaer sobre la gente”, sino en la dirigencia política, pero evaluó que las medidas anunciadas el martes “afectan a los laburantes, los jubilados, los pibes, las empresas y los pequeños productores”.

Al hablar durante la ceremonia de jura de sus ministros, que se llevó a cabo este mediodía en el Teatro Argentino de ciudad de La Plata, Kicillof dijo: “Algunos pensaban que en esto de la motosierra estaban del lado del mango, pero en realidad están del lado del filo”, en referencia a la herramienta que Milei utilizó en la campaña electoral para advertir que, si llegaba al Gobierno, iba aponer en práctica un ajuste.

Uno de ellos, el tucumano Osvaldo Jaldo, le pidió claridad al Gobierno acerca de cómo afectarán las medidas tomadas, por ejemplo, en las áreas de “salud y educación” de la provincia.

Por su parte, Nicolás Massot, diputado nacional del bloque Cambio Federal, evaluó que para un sector de la sociedad será “difícil poder transitar” esta etapa de nuevas medidas “con inflación, recesión y falta de empleo”, por lo que pidió que el Gobierno contemple “un incremento de salarios e ingresos”.

Las medidas económicas planteadas este martes por Caputo “nos generan una gran preocupación” porque “evidentemente este ajuste lo pagarán los pobres y los trabajadores y no la casta”, consideró el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro ‘Peluca’ Gramajo, en declaraciones a Télam.

Gramajo indicó que los anuncios hechos por el ministro de Economía “pegan directamente en los bolsillos de los trabajadores, jubilados y los humildes”, porque “van a generar más aumentos de precios de los alimentos, el transporte público y la energía”, a la vez que provocarán “más recesión, menos empleo y peor trabajo en los barrios”, señaló.

Las primeras decisiones económicas del Gobierno son “una masacre social” porque “empujan a la clase media a la pobreza”, analizó el titular del partido Patria Grande y excandidato presidencial de (UxP), Juan Grabois.

“Con estas medidas, le dieron una patada a la clase media para que sea pobre. Van a llevar a una catástrofe social”, opinó el dirigente en declaraciones a Radio Con Vos. Frente a esa situación, Grabois adelantó que en los próximos días “habrá movilizaciones y protestas” de los movimientos sociales en las calles.

En tanto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, Daniel Catalano, opinó que el Gobierno no “puede resolver la pobreza generando más pobreza”.

Catalano se reunió este miércoles en la Casa de Gobierno con el ministro del Interior, Guillermo Francos, a quien le expresó su “preocupación” por el cese de contratos en el sector público y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios del sector.

Fuente: Telam.

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Pinamar: la Justicia ordenó admitir la renovación del permiso de un vendedor ambulante que no tiene domicilio en el distrito

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Un fallo del Tribunal Criminal N° 1 de Dolores ordenó admitir la renovación del permiso de Alejandro Cellilli, que lleva más de catorce años vendiendo en la costa, sin exigirle residencia local. La resolución apunta a la “doctrina de los actos propios” y al derecho constitucional al trabajo, cita El Mensajero de La Costa.

La Justicia hizo lugar a un amparo y ordenó a la Municipalidad otorgarle un permiso provisional al vendedor, sin exigirle la residencia local que impone la Ordenanza N° 7336/2026. La medida cautelar innovativa y de no innovar recayó en la causa “Cellilli, Alejandro Marcos c/Municipalidad de Pinamar s/ Amparo” y llevó las firmas de los jueces Christian Rabaia y María Claudia Castro, según pudo saber Diario Compromiso.

El conflicto tiene un detalle que resultó clave: Alejandro Cellilli no es un recién llegado. Es permisionario de venta ambulante no alimenticia en las playas de Pinamar desde hace más de catorce años, en los rubros “Pareos, pañuelos y túnicas” y “Bijouterie”, y está domiciliado en Dolores. Cuando inició la renovación para la próxima temporada, la Dirección de Habilitaciones calificó expresamente el trámite como “Renovación”, constatando el cumplimiento de los requisitos vigentes.

El 5 de enero de 2026, la Secretaría de Hacienda Municipal le informó que la solicitud estaba “en proceso de resolución” y le pidió el pago del canon fiscal. Cellilli pagó $ 1.330.473,60 mediante el Recibo de Recaudación N° 10-5610848, correspondiente a la “Tasa Venta Ambulante No Alimenticio” y Tasas de Salud y Seguridad. El comprobante emitido por el propio municipio consignaba su domicilio en Dolores y lo identificaba como “Notificado Permisionario”.

El problema llegó el 14 de agosto de este año, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 7336/2026, que introdujo la exigencia de residencia efectiva y continua en el Partido como condición excluyente para conceder o renovar habilitaciones. Al intentar continuar con su trámite, la Comuna le negó el certificado de libre deuda y la continuidad del proceso por no registrar residencia en Pinamar o General Madariaga.

Según cita El Mensajero, los magistrados analizaron la secuencia cronológica de las actuaciones administrativas y fueron contundentes: el trámite no solo ya estaba iniciado, sino que la propia Administración Municipal requirió y cobró el canon conociendo perfectamente que el solicitante residía en Dolores.

El fallo citó expresamente la doctrina de los actos propios, un principio general del derecho basado en la buena fe que impide a un sujeto contradecir sus propios actos anteriores: “La actitud asumida por la Comuna al negar el permiso requerido sobre la base de requisitos impuestos por una nueva Ordenanza, luego de haber dado inicio a lo peticionado y percibir el canon al efecto, trasunta una conducta que va contra sus propios actos anteriores, trasluciendo una actitud distanciada de la confianza legítima y la buena fe”.

Uno de los argumentos más fuertes del fallo fue la naturaleza estacional de la actividad. Los jueces advirtieron que, tratándose de venta ambulante durante la temporada estival, la falta de una tutela oportuna tornaría ilusoria cualquier sentencia definitiva dictada después del verano, privando al trabajador de su sustento económico. El pronunciamiento mencionó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa “Camacho Acosta”) sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten perjuicios de difícil o imposible reparación, y encuadró la tutela en garantías constitucionales.

El Tribunal aclaró que la medida no desconoce la potestad municipal de ordenar el espacio público ni concede un derecho absoluto, sino que busca equilibrar los derechos del trabajador con las atribuciones de fiscalización del Estado local.

En consecuencia, la Justicia ordenó hacer lugar a la medida cautelar promovida por Cellilli e instó a la Municipalidad a que, en el plazo perentorio de 24 horas de notificada, reciba, admita y dé curso a la solicitud de renovación del permiso de venta ambulante para la temporada 2026/2027.

Fuente: Agencia DIB

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ARCA reglamentó el plan de reducción de multas para pymes

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Las multas por infracciones a los deberes formales cometidas antes del 9 de octubre de 2026 se reducen en un 50% para los contribuyentes que cumplan, hasta el 18 de diciembre de 2026, con la obligación omitida, comunicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El régimen está previsto en el artículo 17 de la Ley 27826 y fue reglamentado por el artículo 4 del Decreto 1253/2026 del 22 de octubre de 2026 y por la Resolución General 5927/2026https://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/pdf-del-dia/primera.pdf de ARCA, publicada en el Boletín Oficial este jueves 12 de noviembre.

Pymes: a quién alcanza la quita

El beneficio alcanza las obligaciones vencidas del 2 de enero de este año en adelante, y cuyas infracciones a los deberes formales de la Ley N° 11.683 se cometieron antes del 9 de octubre, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 27.826.

La reglamentación define quiénes pueden acceder, qué multas quedan comprendidas y fija una fecha cierta, el 18 de diciembre de 2026, para cumplir las condiciones.

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El Senado de la Nación evaluará los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores

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El martes 17 y el miércoles 18 de noviembre, el Senado realizará dos audiencias públicas para evaluar los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores. La reunión la presidirá el vicepresidente de la comisión, el radical Maximiliano Abad, ya que todavía no se designó al nuevo titular luego de la muerte del senador libertario riojano Juan Carlos Pagotto.

Los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo a la Cámara Alta apuntan a cubrir vacantes en el fuero laboral y en tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país, informó NA.

La audiencia del martes 17

Uno de los candidatos que defenderá su pliego será Leonardo Marco Toia, secretario letrado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

También expondrán como postulantes a conjueces de los tribunales orales en lo Criminal y Correccional Martín José Adrogué, Sofía Chiambretto, Guido Damián Cresta, Lucía Inés Gallagher Campos, David Gabriel Mangiafico, Federico Martín Mercader, Horacio Alfredo Peix y Andrea Paola Santos.

En tanto, Federico José Iuspa, fiscal del juzgado de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, defenderá su postulación como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la CABA.

Para integrar distintos tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la CABA también se presentan Ariel Alejandro Vilar, Juan Carlos Bernial, Romina Monteleone y Sixto Mihura Gradín. Mientras para las Cámaras de Apelación del Trabajo fueron propuestos Rosalía Romero y Matías Sebastián Moreno Espeja.

Por su parte, para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la CABA se postula a Sofía Inés Hernández Saint Jean y Alejandro Jorge Nobili. Asimismo fue propuesto Camilo Jorge Almeida Pons como vocal de la Sala III de esa Cámara.

En tanto, Eduardo Aníbal Aguayo fue postulado como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de CABA Federal.

Durante la audiencia también defenderán sus pliegos Valeria Alicia Bertolini, propuesta como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 6 de la CABA, y María de los Ángeles Sapín, postulada para el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 8.

Además, expondrá Luciano Cruz Savignano, candidato a juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Savignano, quien está a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Pergamino, ganó el concurso en 2018 y recibió el respaldo del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el entonces presidente Alberto Fernández nunca envió su pliego al Senado, por lo que ahora será tratado después de ocho años.

Por último, también se presentarán las postulantes a defensoras públicas de CABA Carolina Morales Deganut, María Lucrecia Sammartino, Natalia Eda Bonino y Romina Soledad Paraboni, propuesta como defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación.

La audiencia del miércoles 18

Se presentarán candidatos a jueces, fiscales y defensores para distintos cargos en el interior del país.

Expondrán Mateo Dijou, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Resistencia; Mariano Javier Camblong, como juez penal federal del Juzgado Federal de Garantías con asiento en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe; y Juan Manuel Kees, como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén.

También defenderán sus pliegos Federico Miguel Baquioni, propuesto como fiscal general de la Unidad Fiscal de San Luis, y María Julieta Ibáñez Arrieta, postulada como defensora pública de Víctimas con asiento en la provincia de La Rioja.

Para distintos juzgados penales de Santa Fe fueron propuestos Emiliano Pedro Méndez Ortiz, Franco Mariano Carbone, Guido Yercovich y Vanesa Natalia Druetta.

Por otra parte, se tratarán postulaciones de conjueces de primera instancia del Trabajo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la CABA.

La nómina está integrada por Norma Alejandra Benítez, María Virginia Chedrese, María Victoria Consentino, Alejandro Esteban Danusi, Gabriela Andrea Donadio, María Ximena Fernández Barone, Mirna Lorena Martínez, Juan Martín Segura, Lucas Hernán Palla, María Roxana Henríques, Federico Pablo Agüero Urquiza, Fernando Guzmán, Silvia Rita García y Héctor David Rodríguez.

Fuente: Agencia DIB

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