A partir de este lunes 16 de marzo, la vuelta a clase en universidades públicas de todo el país se verá truncada por coincidir con el inicio de una semana de protestas del Frente Sindical, que nuclea a las federaciones de docentes y no docentes. En algunas casas de estudio y colegios preuniversitarios habrá paro toda la semana, mientras que en otras habrá movilizaciones, acciones de visibilización y otras medidas de fuerza.

Se trata de un nuevo capítulo del conflicto universitario que comenzó en 2024 y que afecta a más de 2 millones de estudiantes de las universidades estatales. Los gremios denuncian una pérdida salarial del 40% en los dos años del gobierno del presidente Javier Milei, cuestionan que el Poder Ejecutivo siga sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y reclaman la convocatoria a paritarias.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el presupuesto nacional para la educación superior cayó 28,9% en términos reales, según datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. Los salarios representan alrededor del 90% del presupuesto del sector.

La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) obliga al Estado a recomponer salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles en función de la inflación registrada desde diciembre de 2023, exige actualizaciones en gastos de funcionamiento y partidas para hospitales, ciencia y técnica, y ordena la convocatoria periódica de paritarias con mecanismos de ajuste automático. Su impacto fiscal equivale al 0,23% del PBI, según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Aquella ley se aprobó en octubre de 2025 luego de seis votaciones legislativas, tres marchas federales y dos vetos presidenciales –el primero exitoso, el segundo no–. El Gobierno suspendió su aplicación en el mismo decreto con que la promulgó, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una cautelar. En diciembre, la Justicia avaló el planteo y exigió la aplicación “inmediata” de la ley.

En febrero el Gobierno apeló e intentó recusar al juez Martín Cormick, que interviene en la causa, pero ese intento fue rechazado la semana pasada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En diciembre el Gobierno también había intentado derogar la ley por medio de un artículo del Presupuesto 2026, pero no tuvo los votos suficientes en el Congreso.

“La acción judicial que presentó el CIN sigue su curso y tiene un primer fallo favorable en relación con los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Hoy necesitamos que el Gobierno se siente en paritarias para empezar a actualizar estos valores”, dijo Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), a Infobae.

En paralelo a los intentos por neutralizar su aplicación, a fines de febrero, el Gobierno nacional anunció un proyecto alternativo que no deroga la ley aprobada, pero sí modifica varios de sus puntos centrales. El anuncio ocurrió luego de una reunión entre las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación –el secretario Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez–.

Las mayores diferencias entre la ley aprobada y la reforma que impulsa el Ejecutivo se refieren a la cuestión salarial: mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes –para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023–, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre. La última actualización del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimó una inflación del 26,1% para este año.

El proyecto del Gobierno mantiene la convocatoria periódica de paritarias –con un plazo máximo de tres meses–, pero elimina la cláusula que garantiza la actualización mensual por inflación. Desde 2024, todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por “insuficientes”.

La iniciativa del Ejecutivo contempla la actualización de los gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,5% –según la cifra prevista en el Presupuesto 2026–, pero no reconoce la pérdida de 2024. También prevé una partida de $80.000 millones para los hospitales universitarios, pero desestima los aumentos de partidas para becas, ciencia y extensión. Aunque en febrero se especuló con que la ley se tratara en las sesiones extraordinarias, aún no hay fecha para el debate.

Un reclamo que persiste

Las federaciones de docentes y no docentes que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales expresaron un rechazo rotundo al proyecto del Gobierno: reclaman el cumplimiento de la Ley N° 27.795. En ese marco, anunciaron las medidas de fuerza para esta semana y advirtieron que “comienza un ciclo lectivo que no va a poder desarrollarse con normalidad”.

Conadu y Fagdut anunciaron paros durante toda la semana del 16 al 22 de marzo; Conadu también hará huelgas de cinco días las últimas semanas de marzo y abril. Fatun, la federación que nuclea a los no docentes de 55 universidades públicas, ya confirmó un paro nacional por semana, empezando el lunes 16 de marzo y terminando el jueves 23 de abril. Fedun adhirió al paro el lunes 16 y luego impulsará otras medidas de protesta.

Entre los rectores hay malestar con el proyecto oficialista de reforma, pero algunos reconocen –en off– que puede ser un “mal menor” frente a la posibilidad de que el Gobierno impulse de nuevo la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un escenario en que la composición del Congreso es favorable a las necesidades del Ejecutivo.

“Todos queremos que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Pero ya no podemos recurrir al Congreso; el Ejecutivo ahora tiene los números para sostener un veto. Entonces algunos preferimos que se apruebe la modificación que propone el oficialismo, para poder al menos recuperar lo perdido en 2025, abrir paritarias y asegurar la actualización de los gastos de funcionamiento y las partidas para los hospitales”, dijo a Infobae una alta autoridad universitaria.

“Tenemos que elegir entre la nada y una opción que es injusta, pero que al menos da algo de certidumbre hacia adelante. Si no podemos garantizar el comienzo de clases, muchos estudiantes van a empezar a buscar otras opciones. Y muchos profesores también”, agregó.

Esta lectura no es compartida por los sindicatos. “Frente al aumento del 51% que debería darnos el Gobierno, un 12,3% en tres cuotas no es un mal menor: es una cifra que volverá a perder con la inflación de este año. No representa ningún atenuante para el enorme malestar que tienen los trabajadores de las universidades y que surge en todas las asambleas”, aseguró Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, a Infobae.

Con respecto a las becas estudiantiles, un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN) relevó que entre 2023 y 2025 se redujo un 62,4% la cantidad de beneficiarios de las becas Progresar, mientras que el poder adquisitivo cayó 46,5%. Para volver a los niveles de diciembre de 2023, la inversión en este rubro debería crecer 63%.

El miércoles pasado, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires volvió a pedir a los ministerios de Capital Humano y de Economía que apliquen la ley y ratificó la emergencia presupuestaria y salarial. También advirtió que el presupuesto nacional 2026 no solo desconoce la Ley de Financiamiento Universitario: tampoco prevé la actualización de los gastos de funcionamiento.

“La aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”, señaló la resolución del Consejo Superior. Desde la UBA también resaltaron la situación crítica de los seis hospitales e institutos universitarios que no solo atienden a la población sino que tienen un rol clave en la formación de profesionales de la salud.

El desgaste por el conflicto y por el impacto de los recortes se siente en las universidades. Desde la UBA señalan que, si bien la situación no afectó la inscripción al CBC –con unos 50.000 ingresantes, cifra similar a la de 2025–, hay facultades como Agronomía que perdieron el 10% de los profesores con dedicación exclusiva. A la vez, reconocen que es difícil cuantificar el impacto del deterioro salarial, porque muchos profesores no renuncian sino que se toman licencia o reducen la dedicación para sumar otros trabajos.

Pese a las diferencias en torno a algunas cuestiones, desde el Frente Sindical –que representa a los docentes y no docentes–, el CIN –que nuclea a los rectores– y la Federación Universitaria Argentina –que reúne a los centros de estudiantes– aseguraron que mantienen el diálogo y la coordinación de medidas ante la situación presupuestaria. Desde la FUA y el Frente Sindical no descartan convocar a una cuarta marcha federal; la fecha podría ser el 23 de abril, a dos años de la primera movilización.

“Hasta ahora hemos logrado mantener un bloque unido de todos los actores del sistema universitario. Creo que todos tenemos la voluntad de seguir construyendo en ese marco”, afirmó Joaquín Carvalho, presidente de la FUA y estudiante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “El Gobierno no da respuesta a la necesidad de invertir en educación, y está empujando la situación hacia un escenario de gran conflictividad”, consideró Carvalho.

Varias universidades se preparan para elecciones estudiantiles en el primer cuatrimestre, entre ellas la UBA, la UNR, la UNC y la Universidad Nacional de Cuyo. También el CIN renovará sus autoridades el próximo 27 de marzo, cuando se reúna el plenario en la ciudad de Santa Rosa. Se espera que asuma la presidencia Franco Bartolacci, actual vicepresidente y rector de la UNR; lo secundará un rector del bloque peronista del CIN.

Después de dos años, todo indica que el conflicto por el presupuesto volverá a dominar la agenda de las universidades en 2026. En un escenario que, además de los recortes, estuvo signado por acusaciones de adoctrinamiento y falta de transparencia, varios rectores lamentaron que el diálogo con las autoridades nacionales aún no haya podido enfocarse en políticas constructivas para el futuro del sistema. Las bajas tasas de graduación, la escasa articulación con la escuela secundaria, la irrupción de la inteligencia artificial, la actualización de las carreras, la evaluación de la calidad educativa, la necesidad de fortalecer la conexión con las demandas productivas y de profundizar la internacionalización aparecen como algunos de los desafíos pendientes.