Asimismo, la norma suspende la ejecución de sentencia de desalojos y los cortes de servicios públicos, a la vez que otorga asistencia económicas y facilidades financieras para las empresas recuperadas afectadas por las crisis económicas.
Del mismo modo, deja suspendidos durante la vigencia de la emergencia los cortes en el suministro de los servicios públicos provinciales de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales.
En tanto, una de las discusiones pasa en las últimas horas entre los bloques por el respaldo o no al proyecto de ley que busca mejorar las indemnizaciones laborales en la Provincia.
Se trata de una iniciativa que presentaron el año pasado la camporista Maite Alvado y la sindicalista Soledad Alonso, que sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva, que actualmente se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio, por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
En concreto, el objetivo de esta iniciativa es subsanar el perjuicio que representa para los trabajadores de la provincia que, en un contexto inflacionario y con juicios que demoran en promedio cinco años, se aplique una tasa que licúa la indemnización que recibe la persona al momento de su pago efectivo.
Según Alvado, “la tasa de interés debe estar, como mínimo, a la altura del porcentaje inflacionario”; y la ambigüedad de la actual redacción, que deja librado a la interpretación del juzgado la tasa de interés aplicable; algo que la actual modificación viene a clarificar.
Además, por unanimidad obtuvo el visto bueno la iniciativa de la diputada Natalia Sánchez Jáuregui de crear un sistema de identificación y georreferenciación de tranqueras, con el fin de garantizar que los servicios de emergencia puedan ubicar rápidamente los establecimientos, entre otros beneficios. Este proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y fue aprobado con modificaciones en el Senado, por lo que volvió al cuerpo para su tratamiento definitivo.
Fuente: Infocielo.
