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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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Eliminan la exigencia de habilitación municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas

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El Registro Nacional de Armas suprimió la obligación de presentar la habilitación municipal como requisito previo en los principales trámites administrativos que gestiona a nivel nacional, una decisión que busca agilizar y simplificar la operatoria de múltiples sectores regulados. La resolución, publicada el 17 de abril de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina, ajusta la normativa nacional de cara a la desregulación promovida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 de 2023, que impulsa la libre circulación de bienes, servicios y trabajo en el país.

Según la disposición firmada por Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Registro Nacional de Armas, la supresión del requisito responde a la constatación de que la exigencia de habilitaciones municipales provocaba una duplicidad de requisitos y generaba una carga administrativa y burocrática tanto para el gobierno como para los ciudadanos. El organismo expone que los regímenes locales no solo difieren en sus exigencias, sino que dificultan la estandarización documental a nivel federal, complicando la gestión administrativa nacional. En consecuencia, la eliminación de este requerimiento busca facilitar el acceso y la tramitación de las gestiones ante el registro.

Nueva operativa para fábricas, depósitos y agencias de seguridad

La resolución derogó el requerimiento de presentar habilitación municipal para la inscripción y rehabilitación de depósitos de nitrato de amonio en soluciónfábricas y depósitos a cielo abierto de este compuesto regulado. Estos requisitos habían sido establecidos por la Disposición N° 220/08 y sus anexos, pero a partir de ahora, la documentación será ajustada según las competencias jurisdiccionales específicas, sin necesidad de presentación de certificaciones municipales ante la administración nacional.

Del mismo modo, la modificación de la Disposición N° 35/14 afecta directamente a usuarios colectivos inscriptos como agencias de seguridad, transportadoras de caudales y entidades financieras. Desde la entrada en vigencia de la nueva norma, la presentación de la constancia de habilitación municipal deja de ser obligatoria para inscripciones, reinscripciones, apertura de sucursales, solicitudes de prórroga o cambio de domicilio. El nuevo texto determina que solamente se requerirá la constancia otorgada por la autoridad jurisdiccional competente, sin especificaciones adicionales. Así lo establece el apartado J) del Anexo I modificado, que detalla: “constancia de la prórroga de la habilitación otorgada por la autoridad jurisdiccional competente. La misma será valorizada según lo estipulado en la normativa vigente”.

La resolución del Registro Nacional de Armas subraya que suprimir la exigencia documental ante el organismo no exime a los administrados de cumplir con la legislación vigente en sus jurisdicciones locales. Corresponde a cada autoridad local verificar el cumplimiento de las normas municipales, provinciales o nacionales aplicables en materia de seguridad, control de materiales y habilitación de actividades específicas.

A partir de la publicación, el nuevo régimen es aplicable de forma inmediata

La nueva disposición entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, esto es, el 17 de abril de 2026. Las autoridades aseguraron que la medida fue dictada con intervención previa del servicio jurídico competente y en virtud de las facultades previstas en las leyes nacionales vigentes.

El texto oficial precisa la derogación de los puntos específicos en los anexos de la Disposición N° 220/08 y la supresión del requisito en el apartado L) del Anexo II de la Disposición N° 35/14, lo que implica el fin de la obligación de presentar la certificación municipal acompañada de designación de director técnico o jefe de seguridad con categoría de usuario legítimo de armas.

De este modo, el Registro Nacional de Armas redefine sus exigencias documentales alineándose con la tendencia a la simplificación administrativa y el impulso a la desregulación a nivel nacional, con el objeto de optimizar simultáneamente la eficiencia estatal y la facilidad de acceso para los usuarios de los regímenes específicos bajo su alcance.

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El Gobierno relevó 9.400 personas en situación de calle en 19 provincias: no se contabilizó Buenos Aires

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El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, realizó el primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, un relevamiento hecho en conjunto con 19 provincias que dio como resultado una cifra total de 9.421 personas, de las cuales el 83% son varones y el 17% mujeres.

El operativo, coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Subsecretaría de Promoción Humana, implicó la participación simultánea de equipos nacionales y provinciales que emplearon una plataforma digital especialmente diseñada, llamada DataCalle, integrada al Sistema Social (SiSoc), la cual fue utilizada por 17 de las 19 administraciones provinciales participantes.

“Convocamos a todas las provincias y diecinueve se adhirieron. Por primera vez, no solo se llevó adelante este relevamiento, sino que además fue digital”, afirmó Martín Lepera, subsecretario de Promoción Humana, durante una conversación con este medio. “Recorrimos la calle y también los dispositivos, y cargamos los datos en una aplicación que permite trabajar sin conexión. A las ocho de la mañana cada provincia ya tenía sus resultados en un tablero”, agregó.

Solo 5 provincias —Provincia de Buenos AiresLa RiojaSantiago del EsteroFormosa y Tierra del Fuego— no participaron del operativo. Sobre las razones de esta ausencia, Lepera explicó: “No nos dieron motivos, los citamos y convocamos formal e informalmente, pero no manifestaron objeciones metodológicas”.

El relevamiento se realizó durante una misma noche en todas las jurisdicciones, combinando una metodología observacional con entrevistas voluntarias. “El ochenta y cuatro por ciento de las personas accedió a responder el cuestionario”, detalló Lepera. De ese universo, el 91% tiene Documento Nacional de Identidad (DNI).

Del total de personas censadas, el 92% son mayores de 18 años y el 6% menores, mientras que el 2% restante no pudo ser observado con precisión. El relevamiento también arrojó información sobre la trayectoria en situación de calle: el 32% lleva más de dos años en esa condición, el 18% entre uno y dos años, y el 9% menos de un mes. Motivos como el consumo problemático, conflictos familiares, separación o exclusión del hogar emergen entre las causas principales.

En cuanto al nivel educativo, el 52% completó la educación primaria pero no terminó la secundaria, el 16% tiene la primaria incompleta o ninguna escolaridad, el 16% concluyó la secundaria y el 9% posee estudios superiores. “Estos datos nos permiten desmitificar ciertos prejuicios: la situación de calle no se resuelve solo con una cama, requiere un abordaje integral”, puntualizó Lepera.

La dimensión laboral, según el informe al que accedió Infobae, muestra que el 53% de las personas realiza alguna actividad laboral: el 43% en trabajo informal, el 27% en economía popular y el 25% en estrategias de supervivencia, como tareas callejeras. Además, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% ingresos previsionales y el 8% otros ingresos.

Sobre las condiciones de vida, el 44% asiste a comedores, el 46% duerme en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios) y el 40% en la vía pública. El 15% manifestó tener alguna discapacidad, aunque solo el 42% de ese grupo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El relevamiento fue posible a partir de un proceso de trabajo técnico y político conjunto entre la Nación y las provincias, con una estandarización metodológica que permitió la comparabilidad federal. “Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia”, describieron en Capital Humano.

El operativo cumple con lo dispuesto por la Ley 27.654, que exige la elaboración de un diagnóstico federal sobre las personas en situación de calle y aquellas en riesgo, con el fin de orientar políticas que garanticen su identidad e integridad física.

De cara al futuro, la secretaría anticipó que el relevamiento nacional se realizará una vez al año, tal como establece la normativa vigente. “Este primer relevamiento es un piso para seguir consolidando el plan de abordaje integral y fortalecer la red nacional de dispositivos. El año próximo vamos a trabajar para que las provincias que no participaron se sumen, y avanzar en la creación de un sistema federal de dispositivos de atención”, sostuvo el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez.

En relación al sistema de contenidos, el Ministerio de Capital Humano publicó este lunes la Resolución 295/2026 que crea el programa Formando Capital Humano, un portal virtual que reúne una oferta de cursos y programas armados desde la cartera ministerial para diferentes sectores etarios, pasando de la infancia hasta la tercera edad.

Además, destacó que la herramienta “agrupa todos los contenidos por ciclos de vida” y permite que cada usuario arme su propio trayecto de aprendizaje de acuerdo a sus intereses y características.

La plataforma fue desarrollada bajo el concepto mobile first, ya que el 95% de los potenciales beneficiarios accede a internet principalmente desde un teléfono celular, mientras que el acceso a computadoras no supera el 10%. El portal integra contenidos y recursos de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Entre las principales innovaciones, la plataforma ofrece test de autoconocimiento apoyados en inteligencia artificial, que perfilan a cada usuario y recomiendan cursos adecuados según sus habilidades y conocimientos. “La persona no se tiene que adaptar totalmente a la plataforma, sino que la plataforma se adapta a vos”, señaló Lepera. Además de cursos con certificación, se incluyen recursos descargables que pueden consultarse sin conexión, y un recetario que permite filtrar contenidos de nutrición según la ubicación, la estación y los ingredientes disponibles, lo que contribuye a mejorar la alimentación en todo el territorio.

El sistema también incorpora el “voucher Formando Capital Humano”, un mecanismo que reemplaza los subsidios directos del plan “Volver al Trabajo”. Los exbeneficiarios pueden acceder a un cupón que habilita la inscripción a cursos, con un seguimiento digital de su uso y estado. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 1.500 centros de formación profesional adheridos, 4.500 cursos y más de 6.800 comisiones.

Guido de Graaff, subsecretario de Políticas Sociales, reemarcó que la plataforma permite unificar datos y recomendar trayectos formativos en función de las tendencias del mercado de trabajo local, lo cual facilita la inserción laboral. “El vínculo con el sector privado y orientar las capacitaciones hacia lo que sea demandado es condición sine qua non de lo que vamos a ofrecer de formación”, aclaró.

Por su parte, Ordóñez definió al portal como “un acompañamiento de trayectoria profesional, de formación, de gente que no está en el sistema laboral o profesional de la manera habitual”. Ordóñez resaltó la integralidad del sistema y su alcance nacional, que permite a cualquier usuario, incluso en zonas rurales o comunidades alejadas. Desde su lanzamiento, la plataforma superó las 150.000 visitas, el 91% de ellas desde dispositivos móviles, y fue destacada por organismos internacionales como el PNUD, que solicitó documentar el proceso para presentarlo como una iniciativa regional en tecnología y política social.

 

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Se aceleró la inflación mayorista: 3,4% en marzo, contra 1,7% y 1% de los meses anteriores

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La inflación de los precios mayoristas fue del 3,4% en marzo. De acuerdo con el Indec, el incremento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) se explicó por una suba del 3,5% en los productos nacionales y del 1,1% en los importados. En enero de este año el indicador había sido de 1,7%, en tanto que en febrero había retrocedido al 1%

En la comparación interanual, el índice registró un aumento del 27,9%, mientras que en el acumulado del primer trimestre del año alcanzó el 6,1%, según el informe oficial difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, mostró un aumento del 3% en marzo. En este caso, la variación interanual fue del 27,1% y la acumulada en el año alcanzó el 5,3%. Por su parte, el índice de Precios Básicos del Productor (IPP)también registró una suba del 3% mensual. Este indicador presentó un incremento interanual del 28,1% y una variación acumulada del 5,3% en el primer trimestre.

Al interior del IPIM, los productos primarios encabezaron las subas del mes con un aumento del 7,8%. Dentro de este grupo se destacó el comportamiento del rubro “Petróleo crudo y gas” (27,3%), mientras que los productos agropecuarios mostraron una caída del 3,2%. En tanto, los productos manufacturados y la energía eléctrica registraron incrementos del 2,3% en marzo. Entre ellos, “Alimentos y bebidas” aumentaron 2,5%, junto con subas en “Productos refinados del petróleo” (6,6%) y “Sustancias y productos químicos” (1,4%).

Los productos importados registraron una suba del 1,1% en el mes, con una incidencia menor en el nivel general del índice.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en la suba del índice fueron “Petróleo crudo y gas”, que explicó 2,02 puntos porcentuales, seguido por “Productos refinados del petróleo” (0,77%) y “Alimentos y bebidas” (0,31%). En sentido contrario, los productos agropecuarios registraron una incidencia negativa de -0,40%.

Fuente: Agencia DIB

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