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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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El proyecto del Ejecutivo para modificar la ley de Discapacidad encuentra resistencia en el Senado

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El Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación sin tener a ciencia cierta una idea del acompañamiento con el que cuenta. Se trata de la modificación de la Ley de Discapacidad que, al igual que lo que sucede con la de presupuestos universitarios, el Ejecutivo no cumple.

La iniciativa, que surgió de las entrañas de la Casa Rosada y que lleva consigo la marca de la interna en el “triángulo de hierro”, ya comenzó a enfrentar los primeros inconvenientes.

“Todavía no hablamos del tema”, reconocieron en el entorno de la titular del bloque de LLAPatricia Bullrich, lo que muestra que a pesar de que el Gobierno lo envió un fin de semana, en el bloque no se observa la misma vocación y apuro para su tratamiento.

Ese cambio de velocidad se debe a que Bullrich ya debe conocer de antemano que los socios que suelen acompañar al bloque libertario en las diferentes votaciones hoy miran el proyecto de reojo.

“No hay forma de que los gobernadores compren esto porque les tira un problema. ¿A cambio de qué?”, dijo un senador de uno de los bloques de las provincias respecto a un pedido de su jefe político de acompañamiento. “Si me preguntan, me parece que es cualquier cosa el proyecto de ley”, agregó.

Si el oficialismo quisiera avanzar en esta ley necesitará del apoyo del bloque de la UCR y del PRO. El problema con el que se enfrenta es que casi la totalidad de los senadores de estos bloques votaron en contra del veto presidencial y a favor de la ley de Emergencia en Discapacidad, que es la que deroga el proyecto enviado por el Ejecutivo.

Del bloque de la UCR, que está compuesto por 10 senadores, 9 votaron en contra del veto y solo una no votó porque asumió el pasado 10 de diciembre -la chaqueña Silvana Lorena Schneider. Lo mismo sucede con el bloque PRO: sus tres senadores votaron en línea con el radicalismo y con el peronismo. Pero no son solo los senadores, los partidos tampoco acompañan el proyecto. “Es invotable esto”, se le escuchó decir a un senador de la oposición dialoguista. “Totalmente inoportuno”, dijo otra legisladora que suele acompañar al oficialismo. “Hay una ley que no cumplen y que votamos”, agregó a Infobae la senadora.

Como si ese antecedente no fuese suficiente, buena parte de los senadores -inclusive la titular del bloque de LLAPatricia Bullrich– recibieron en los últimos días mensajes en sus celulares y correos electrónicos de diferentes referentes del colectivo de la discapacidad. Los mismos que durante el año pasado visitaron sus despachos para pedirles que mantengan su postura. A esto se le suma que a partir de mañana esos mismos referentes empezarán a pulular por los despachos de la Cámara alta para tener conversaciones con los senadores en busca de un compromiso personal.

En los pasillos del Senado de la Nación entienden que el proyecto de ley no tiene mucho futuro, pero dejan una puerta abierta. “Todo es posible, pero no parece haber un espíritu de acompañamiento”, señaló un senador de la oposición. “Todo parece apuntar a que salió esto en medio de la interna que tienen los libertarios porque es inentendible que quieran ir por los discapacitados y que hayan mandado esto sin haber sondeado a los bloques”, afirmó el legislador peronista.

La norma que ingresó a la Cámara alta aún no fue girado a ninguna de las comisiones y todo parece apuntar a que esa falta de ímpetu se mantendrá por unos días. “Todo es para indignar más que lo que indigna Adorni – Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito- pero no parece tener futuro un proyecto que retrotrae todo cuando todos salvo los libertarios votaron por la emergencia en discapacidad”, agregaron desde el peronismo.

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Kicillof encabezó una audiencia en la Corte Suprema para reclamar fondos que adeuda Anses

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El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes una reunión en la Corte Suprema de Justicia frente a representantes del Gobierno de Javier Milei en la que la Provincia volvió a reclamar la devolución de $2,2 billones que Anses debe al sistema jubilatorio bonaerense.

Tras la audiencia, la segunda que reúne a ambas jurisdicciones, Kicillof confirmó un nuevo encuentro para el próximo 10 de junio donde, dijo, el Gobierno nacional “hará una propuesta concreta de cuáles serían los montos concretos a transferir”.

“Hoy estamos discutiendo la Caja de los Jubilados que Nación le tiene que transferir a la Provincia. De las 13 provincias que tienen cajas propias, a 10 ya les llegó una transferencia de Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando”, remarcó en la puerta del máximo tribunal.

En ese sentido, el mandatario contó que en esta oportunidad hubo un compromiso para una tercera audiencia en donde tiene que haber una propuesta concreta de la gestión libertaria sobre cuáles serían los montos concretos a transferir. Habrá que esperar entonces hasta el 10 de junio para ver qué solución encuentra esta problemática.

En esta audiencia, también estuvieron presentes Pablo López, ministro de Economía bonaerense; Marina Moretti, presidenta del IPS, y Santiago Pérez Teruel, asesor General de la provincia de Buenos Aires. Por el Nación participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton, y asesores de Anses.

Los reclamos de Axel Kicillof por más fondos

El Gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que la administración nacional afirma que no está finalizada.

En concreto, la Provincia presentó la demanda en abril de 2024 para reclamar que Nación restableciera “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias reconocida en la ley 27.701. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a unos 2,2 billones de pesos.

Esta avanzada de parte de la Provincia se enmarca en un contexto en el que el Gobierno tiene que resolver diferentes reclamos sectoriales por elevadas cantidades de fondos. Pero puntualmente con la administración provincial, hay otros siete reclamos judicializados por más de $15 billones de pesos. Entre ellos están el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

“El Gobierno nacional tiene una deuda con nosotros de más de $15 billones”, dijo Kicillof tras la audiencia y ejemplificó con el Presupuesto actual de provincia de Buenos Aires para que se tome dimensión del reclamo. “Tenemos $44 billones, la deuda es casi un tercio de nuestro presupuesto“, cerró.

Fuente: Agencia DIB

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Plantean reconstituir el Consorcio Intermunicipal Bahía Blanca-Rosales

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Por medio de un proyecto de resolución el concejal Daniel Medina propuso, desde Coronel Rosales, reactivar el Consorcio Intermunicipal para tratar temáticas de Transporte, Ambientales y de desarrollo económico, que fuera creado en el año 1995, en los gobiernos de Osvaldo Rigoni y Jaime Linares.

“Han pasado 30 años desde la celebración de dicho pacto, que hoy no se encuentra formalmente operativo. En el presente, la necesidad de recomponerlo es aún mayor. Tenemos en común un sistema de transporte cuyo control depende de decisiones provinciales cuando la realidad es regional. Lo mismo sucede en materia ambiental y de desarrollo. Ambos distritos han crecido exponencialmente y muchos de los reclamos comunitarios son compartidos. En materia de legislación creo que sería prudente comenzar a tener una mirada más regional que nos permita compatibilizar la situación de ambos distritos de cara al futuro”, afirmó Medina.

El concejal de Bien Común remarcó que los recientes aumentos en la 319 y la conectividad entre ambas ciudades, con miles de personas que se trasladan entre ambas urbes, deben ser un punto de encuentro para gestiones comunes compartidas desde el plano ejecutivo y legislativo y lograr una mayor fluidez en tal sentido.

“Hay aspectos ambientales como los controles de calidad del agua y el aire, y la situación del tratamiento de los residuos. Son tópicos que nos deben unir en estudios comunes y agendas conjuntas. Lo mismo sucede con la gestión del desarrollo y unificar esfuerzos en el impulso de la búsqueda de inversiones para la región. El crecimiento urbanístico es el principal fundamento para reactivar este consorcio y potenciar la vinculación comercial, industrial, la recuperación de la conectividad ferroviaria para pasajeros desde Bahía Blanca a Buenos Aires, entre otros muchos puntos de interés estratégico”, sostuvo.

También dijo que la iniciativa será tratada en la próxima sesión del Concejo Deliberante, en el marco de diferentes presentaciones sobre la situación del transporte que une las cabeceras de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Fuente: La Nueva.

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