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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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Reforma laboral: los gobernadores piden que intervenga Luis Caputo para frenar la baja impositiva

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Patricia Bullrich sigue con su gira costera y sube videos hablando con empresarios sobre la reforma laboral. El eje está en el trabajo no registrado, una constante en los negocios de verano, por lo que no es difícil encontrar hombres y mujeres de negocio que hagan referencia a este tipo de situaciones.
Pero mientras Bullrich recorre la costa bonaerense, los gobernadores mantienen encuentros y conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli. El funcionario nacional tiene que recolectar los votos de los diputados y senadores que responden a los jefes de los estados provinciales y, hasta ahora, el resultado no es del todo el esperado.
El “Colorado” tiene como función la negociación, pero se está encontrando con un pedido que no sabe si puede saldar. Y llegó de parte de los gobernadores que suponían más simple la conversación. “La baja de impuestos de la reforma laboral nos mata”, aseguran que le dijo un gobernador dialoguista del norte. La misma frase la escuchó de parte de otros mandatarios con diferentes variantes, pero el reclamo es el mismo.
La preocupación se concentra en la caída de Ganancias para las empresas que propone la norma. Este es un impuesto coparticipable y, con una Casa Rosada poco adepta a abrir la billetera y casi sin obra pública, la preocupación es cómo van a transitar este año.
“Hay una idea de parte de varios de los jefes de los estados provinciales, pero para eso hace falta que se sume a la negociación Caputo“, explicó una fuente provincial. La idea que le llevaron a Santilli es que la baja impositiva quede supeditada al crecimiento de la actividad económica. Es decir, que las provincias tengan la posibilidad de recaudar por actividad lo que caiga de la coparticipación nacional.
El pedido incluye la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en las conversaciones ya que la rebaja de impuestos no entrará en vigencia de manera automática si el proyecto se aprueba en el Congreso. En el dictamen que se firmó en el Senado -y que el oficialismo espera llevar al recinto en diciembre- se incorporó un artículo que establece una condición clave que posterga su aplicación y traslada la decisión final al Ministerio de Economía.

El artículo 212 establece que varias disposiciones no comenzarán a regir por el solo hecho de la sanción de la ley, sino cuando así lo disponga el Ministerio de Economía, en función de las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal. En particular, se refiere a que todos los cambios que incluyan el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), las modificaciones a leyes impositivas y la reducción de la carga tributaria, sólo entrarán en vigencia cuando lo determine el Ministerio de Economía y no cuando los apruebe el Congreso de la Nación y se reglamente.

Este punto es muy relevante porque los distritos enfrentan un año en el que 18 gobernadores tienen pensado empezar a trabajar de cara a su reelección. Las elecciones de medio término los puso en alerta.

“Los libertarios donde cerraron acuerdos para las elecciones de medio término se quedaron con las listas y donde no cerraron, pusieron gente a competir. No tienen gobernadores, es obvio que van a pelear en el 2027, y si los actuales no tienen fondos van a terminar gestionando la escasez frente a una fuerza política que crece”, señaló un asesor de una provincia del centro del país.

En este esquema, los gobernadores buscan un seguro que les permita llevar adelante una gestión que se pueda mostrar. Para eso necesitan fondos y los avales para tomar deuda en el exterior, como ofrece Santilli a cambio de los votos, no parecen ser la mejor solución para todos. “Si existe el Compromiso real de Caputo tienen una chance, pero ya nos pasó con Francos, que prometía cosas que después Caputo no habilitaba. No hay margen para que vuelva a suceder”.

Por ahora no hay un llamado a sesiones extraordinarias ni las mesas de trabajo que adelantó Bullrich que iba a citar. Por ahora los gobernadores mantienen bajo su manga la decisión de acompañar o no, y así se lo están haciendo saber a la jefa del bloque de LLA en el Senado y al ex diputado del PRO en sus recorridas provincias.

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Por la reforma laboral, el Gobierno estudia postergar los cambios en el Código Penal para las sesiones ordinarias

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Sobre el final de la primera quincena de enero, el Gobierno Nacional reactiva incipientemente la actividad, con foco en la agenda legislativa, y estudia la posibilidad de postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal para concentrar los esfuerzos en lograr la aprobación de la Reforma Laboral durante el mes de febrero, según revelaron al menos tres fuentes a Infobae. Si bien la última palabra la tiene el presidente Javier Milei, en las filas libertarias se inclinan a debatir las modificaciones de la ley penal durante el período de sesiones ordinarias del Congreso que iniciará a partir del 1° de marzo.
“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, expresó ante este medio un importante funcionario en referencia a la determinación del Ejecutivo de posponer el tratamiento del proyecto que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en diciembre, para unificar negociaciones que posibilitaran la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, algo que finalmente ocurrió.
De esta forma, la mesa política, que se reunirá por primera vez este 2026 el próximo viernes a la mañana, trazará una estrategia unificada con el objetivo de este verano: conquistar las voluntades que permitan obtener la aprobación de la Reforma Laboral, uno de los pilares fundamentales de la segunda etapa de la gestión del libertario.
Se trata de un proyecto que contempla profundas revisiones tendientes a endurecer las penas para delitos que revisten gravedad, por lo que en el Gobierno consideran que debería enviarse a ordinarias “para que se trabaje bien”. Además, consideran que el temario enviado para la prórroga de las sesiones en el Congreso es extenso de por sí, por lo que analizan evitar sumar un nuevo objetivo. “Es difícil tratar todo junto al mismo tiempo”, se sinceraron ante este medio.
Si bien, en una primera instancia, había intenciones de discutir durante las extraordinarias el proyecto que redactó la mesa judicial, con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, a la cabeza, la opción de postergar el debate toma forma día a día. Hasta ahora sigue sin enviarse al Congreso para que los legisladores puedan acceder al detalle.
Como contó este medio, el nuevo proyecto estará compuesto por más de 900 artículos y persigue la idea de intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que la hace las paga”, sintetizó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, involucrada en el diseño.

Según revelaron fuentes al tanto, el proyecto transita la fase final, próximo a concluir su redacción de la que participaron además la mano derecha del asesor, la abogada Macarela Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la flamante senadora Patricia Bullrich, y el abogado penalista Fernando Soto, del equipo de la ex funcionaria.

Sin embargo, la determinación parecía ser la de instruir al equipo abocado a la negociación legislativa a trabajar en la búsqueda de los consensos necesarios que le permita al Poder Ejecutivo anotarse un nuevo triunfo con la Reforma Laboral. El próximo viernes a la mañana, pasado el receso vacacional, los alfiles políticos terminarán de definir los detalles y la estrategia en la que se encolumnarán para el despliegue legislativo.
De esta forma la mesa compuesta por Santiago Caputo; Patricia Bullrich y Martín Menem en el diálogo con ambas cámaras; el armardor Eduardo “Lule” Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la articulación con las provincias, bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como nexo con Javier y Karina Milei, se prepara para volver a la carga con los contactos con los aliados que posibiliten computar apoyos a la voluntad expresa del libertario. Para eso, utilizarán todos los mecanismos a disposición.

De concretarse la posibilidad que figura en carpeta, el proyecto no estaría incluido en el temario que deberá hacerse público cuando el mandatario firme el decreto que oficialice la continuidad de las extraordinarias que iniciaron el 10 de diciembre y culminaron el 30 del mes, y que podría reactivarse a partir del próximo 2 de febrero.

Lo cierto es que en Balcarce 50 defienden la ya anunciada reforma como una de las claves en las que trabajaron en coordinación los Ministerios de Justicia y de Seguridad. Incluso, la propia Bullrich se mostró escoltada por el Presidente durante la presentación del proyecto a principios de octubre en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, y que defendió tiempo más tarde en conferencia de prensa.

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Arrancan las privatizaciones de la Ley Bases: el Gobierno ultima los detalles para vender sus acciones de AySA

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El Gobierno presidido por Javier Milei tiene la intención de que a lo largo de este año se concrete el proceso de privatización de algunas empresas públicas, en particular aquellas que ya tienen la habilitación legal para pasar por este procedimiento, como las comprendidas en la Ley Bases.
Hay una de ellas que tendrá novedades muy pronto. Una altísima fuente del Poder Ejecutivo indicó a Infobae que en el cortísimo plazo se iniciará la compulsa formal para que los privados puedan competir por el paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos, más conocido como AySA, que tiene como presidente al ingeniero Alejo Maxit.
“Está muy cerca de lanzarse el pliego de la privatización”, afirmaron en Presidencia. Aunque no hay una fecha estimada, aseguran que para las próximas semanas será publicado en el Boletín Oficial. Aunque dicen que es seguro que estará antes de fin del primer trimestre, un funcionario marcó que podría llegar a salir en febrero.
Estos mismos plazos son los que se manejan al respecto de Belgrano Cargas y Logística, otra de las compañías que también fueron sujetas a privatización bajo la denominada Ley Bases. En esa legislación también fueron incluidas Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El último movimiento oficial del Gobierno sobre la privatización de Aysa se concretó en julio del año pasado con la publicación del Decreto 494/2025. Esta normativa habilitó la venta de la totalidad de las acciones en manos del Estado Nacional, que actualmente posee el 90% del capital social. En tanto, al igual que hoy, el 10% queda dentro de lo que es el programa de propiedad participada que le pertenece a los trabajadores de la compañía.
“Esta licitación sería para la venta del paquete mayoritario a un operador estratégico, es decir, quien tomaría las principales decisiones operativas. Y el remanente, iría a los mercados”, explicaron voceros oficiales a Infobae.

La venta debe ser, como mínimo, del 51% de las acciones para que alguien tenga la responsabilidad como agente mayoritario. El 90% funciona como un máximo posible. Todo lo que no se adquiera en el medio, será puesto a disponibilidad para que se pueda adquirir en el mercado mediante un esquema de free float.

Las autoridades de cerciorarse de que se cumplan las condiciones son el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), la cual preside actualmente el abogado Diego Chaher. Estas áreas se encuentran haciendo las últimas evaluaciones legales junto al equipo de María Ibarzábal, la responsable de la Secretaría de Legal y Técnica que depende de la Presidencia de la Nación.

Para aplicar no hará falta que sean compañías específicas del sector de distribución y saneamiento de aguas. Podrán participar compañías que tengan experiencia acreditada en el ámbito de los servicios públicos en general. Una de las empresas que sonó como interesada en el último año y medio es SABESP, que es la sigla de Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo; la cual tiene una base aproximada de 27 millones de clientes.
Las entidades que controlarán el buen desempeño de la futura compañía será el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). La primera lo hará en el ámbito del control tarifario, la calidad del servicio y la atención de reclamos; mientras que la segunda se encargará de la planificación estratégica, las inversiones y los planes de expansión.

Para disponerla para la privatización, el Gobierno había aprobado un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026 a los fines de dejar la compañía en condiciones para la futura gestión privada y, a partir de eso, mejorar las posibilidades de que haya ofertas. Las inversiones contempladas por parte del Estado para ese período son de un total de $ 753.900 millones. Como parte de este proceso también se habilitó un aumento tarifario mayor que el que se hizo en bajo la administración anterior.

El Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas que realiza la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que desde abril a noviembre hubo transferencias de montos de capital (es decir, para la mejora de la infraestructura) de un total de $ 36.600 millones. La variación de transferencias en términos interanuales fue de -91%, debido a que el grueso de los primeros envíos de fondos superaron marcadamente a las que se hicieron en el 2025.

Otro de los pasos previos hechos por el Gobierno para adecuar las condiciones de la privatización fue la publicación del Decreto 805/2025 firmado por Javier Milei y todos sus ministros. Este puso en vigencia un nuevo marco regulatorio para AySA y, entre sus modificaciones legales, habilita a la futura compañía a realizar cortes de suministro por falta de pago.

AySA presta servicio para más de 11 millones de personas. Su alcance territorial y su competencia incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

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