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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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Se presenta un nuevo esquema de derecha que buscará converger con el PJ en una alternativa a Milei en el 2027

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Este miércoles 10 de junio, a las 17:30, en el hotel Brizo de La Plata, se presentará en sociedad el esquema opositor de centro derecha que tiene como vocación central ser un aglutinador de dirigentes de esa identidad, para converger el año que viene en un gran armado electoral que tenga como columna vertebral al peronismo.

Las caras visibles de ese proyecto son Miguel Ángel PichettoEmilio Monzó (está de viaje y no será de la partida), Carlos Kikuchi (armador de La Libertad Avanza en sus comienzos) y Sergio Vargas. Dos ex Juntos por el Cambio y dos ex libertarios. En diagonal, pero con diálogo abierto, también trabajan cerca de ese armado Nicolás Massot y Diego Bossio. Ninguno de ellos estará presente en el acto.

Todos son figuras de pasado peronista que se está reacomodando en el mapa político actual y que trabajan en la búsqueda de consensos para entrelazar voluntades opositoras. Todos tienen la intención manifiesta de armar una alternativa al proyecto que lidera Javier Milei y de construir una coalición que contenga a las diversas terminales que sobreviven en Unión por la Patria.

El encuentro, que tiene formato de conferencia pero que en los hechos es un lanzamiento de cara a la sociedad, será moderado por Vargas, que es un senador provincial que tiene el sello de “libertario blue” en la rosca política. Expondrán Pichetto, Kikuchi y Eduardo Setti, el ex secretario de Finanzas del gobierno del Frente de Todos. Un economista ligado a Sergio Massa. La presentación llevará en el frente el slogan “Argentina productiva”.

Los integrantes de la nueva iniciativa política destacan el orden macroeconómico logrado por la presidencia de Milei, pero advierten que el Gobierno ha descuidado completamente el impacto de sus políticas en la economía real. Situación que se ve con claridad en las miles de pymes que cerraron y en la enorme cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el último año.

“Nosotros estamos en la derecha y tenemos voluntad de corrernos hacia el centro. Podemos converger en un armado con el peronismo, si los que están en la izquierda se corren hacia el centro, que es el lugar donde todos nos deberíamos encontrar”, se sinceró uno de los principales armadores del espacio político.

Equilibrio y orden fiscal, inflación controlada, diálogo abierto con el sector empresario y una mirada con base en la producción y la industria. Esa es la idea que empujan los dirigentes de la centro derecha. Idea que creen que es compatible con una gran parte del peronismo. Tal es así que los dirigentes del PJ Federal, como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz o Guillermo Michel, o el precandidato sanjuanino Sergio Uñac tienen coincidencias públicas con esas miradas. Hablan de los mismo, pero cada uno por su lado.

El armado dio su primera señal de participación en la escena política el 18 de marzo, cuando hicieron pública una reunión que mantuvieron en La Plata Pichetto y Monzó con los integrantes del bloque Unión y Libertad en la Legislatura bonaerense. Después hubo otro encuentro el 17 de abril, en Malvinas Argentinas, donde los mismos protagonistas, más Kikuchi, se reunieron con el intendente local Leonardo Nardini, que es parte del sector más afín a Cristina Kirchner.

En todas esas oportunidades la intención fue marcar que estaban dispuestos a entablar relaciones con el peronismo para ser parte de un gran armado. En el PJ saben que nadie sobra de cara a una elección que se avecina compleja, más allá del momento actual que vive el gobierno nacional, plagado de internas y rodeado de la realidad que explicita la economía doméstica. Reuniones cruzadas en las que se tratan de buscar coincidencias sobre el escenario político, económico y social.

En esa dirección fue también la reunión que mantuvieron en la gobernación Axel Kicillof, Emilio Monzó y Nicolás Massot. Para buscar coincidencias hay que alejarse de los extremos. Y eso quedó claro en esa conversación que tuvo lugar en La Plata. La obsesión es el centro, porque un encuentro a mitad de camino permitirá abrazar a más sectores y tejer una convivencia amplia.

En el nuevo esquema de derecha no ven a la izquierda de Miryam Bregman y Nicolás Del Caño trabajando en conjunto con el peronismo. “No es su negocio. No pueden funcionar en un armado tan diverso”, reflexionó uno de los legisladores que está a cargo del nuevo esquema político. Análisis de coyuntura que hoy se hacen en las mesas de café de la oposición. La historia de la construcción opositora aún tiene muchos capítulos por delante.

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La sesión en el Senado desnudó el desorden del Gobierno y la interna sumó un nuevo capítulo

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Después de barrer bajo la alfombra el enojo con Patricia Bullrich, el Gobierno eligió fingir demencia, también, frente al traspié que supuso la aprobación del pliego de la jueza María Verónica MichelliEn la Casa Rosada hicieron caso omiso a la derrota y usaron toda la artillería de comunicación para enfocarse en el lado positivo: la aprobación de 74 pliegos de jueces.

Por lo bajo, en el Ejecutivo masticaban bronca contra la jefa del bloque de Senadores de La Libertad Avanza y admitían el desorden en las directivas producto de las diferencias internas que empantanó la sesión. Pero en público, el Gobierno no hizo una sola mención al tema de Bullrich y Michelli. Tanto durante como después del debate.

“Es una disputa interna de poder constante”, admitió una voz del ecosistema libertario una vez terminada la jornada.

Pese a que, en la reunión de labor parlamentaria del miércoles, se fijaron criterios para encausar la votación, el desenlace fue completamente diferente al acordado. Incluso, incluyó el tratamiento del pliego de Michelli que había quedado postergado para la semana siguente. “Era completamente discrecional que hayan sido 50 y no los 74. Se le ocurrió solo a Patricia (Bullrich)“, justificaron desde el karinismo.

La sesión lo tuvo todo. Desde la disidencia de la jefa del bloque oficialista, que en un abierto desacato a la orden de la Casa Rosada se abstuvo durante la votación, a contramano de su propia bancada, hasta la repentina incorporación de otros 23 pliegos judiciales. Entre ellos, el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el de Yamile Susana Bernan, esposa de Diego Guerendiain, estrecho colaborador del exministro Mariano Cúneo Libarona.

Para distintos sectores del oficialismo, esos movimientos fueron una muestra más de las diferencias que atraviesan al espacio. En las tribus karinistas acusaron al sector que comanda el asesor presidencial Santiago Caputo de haber intentado dejar afuera ambos nombres y de instalar un clima de derrota que buscaron relativizar. “Un sapo entre 74 no está mal. El triunfo por la reconstrucción de la justicia es histórico y es todo de Karina”, minimizaron cerca de la secretaria general, luego de que la oposición lograra aprobar, sobre tablas y por mayoría, el pliego que el Gobierno buscaba frenar.

Ensalzaron, así, a los dos principales alfiles la Secretaria General en el Ministerio de Justicia, número uno y dos de la cartera, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola.

Es un tribunal no creado. Aún si se la designa no va a ser juez porque tiene que habilitarlo la Corte”, sumaron argumentos en el karinismo, respecto del Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata.

Sólo de manera solapada dispararon contra Bullrich, que a pesar de su rol de liderazgo en el oficialismo de la Cámara Alta, desobedeció las órdenes del Ejecutivo durante la votación. “Patricia sabía que tenía margen para hacer lo que hizo. Que nadie la iba a echar, porque la necesitan. El error estuvo en no chequear el nombre. Es algo que tenés que saber”, admitió un funcionario ajeno a la puja entre el Triángulo de Hierro.

Horas antes, Karina Milei se había retratado con la senadora, en un intento por amenguar las internas. “Nadie va a romper. La confianza no se pierde. Puede haber diferencias. Es normal, pero el rumbo es claro y común”, intentó calmar las aguas una fuente cercana a la funcionaria.

Metimos 74 pliegos y acuerdo con los Holdouts. No es ni de cerca una derrota”, insistió un integrante de la mesa política de la que, por cierto, también participa la senadora ex PRO, que se pintó de violeta pero tiene juego propio.

En la cúpula del Gobierno deslizaron que el Presidente, muy probablemente, no firmará el pliego para hacer efectivo su nombramiento. “Es un tema menor. Ya está. Fue un buen día para el Gobierno, hace años que no se meten jueces”, dijeron en Balcarce 50. Mientras tanto, Milei tuiteaba lo propio: ”El inicio de la reconstrucción de la justicia: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”. Poco más de 24 horas antes, el jefe de Estado había defendido la decisión de retirar el pliego, amparándose en la Constitución Nacional.

Si bien Javier y Karina Milei desconocieron el nuevo traspié del espacio, las miradas en la Casa Rosada no eran unánimes, y el sector de Santiago Caputo insistía en que el problema que se generó con Bullrich por la jueza Michelli se podría haber evitado. “Fue mala praxis”, sostuvieron en referencia a la tarea de los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.

A ello se sumaron los fuertes cuestionamientos de Victoria Villarruel, el tratamiento del pliego de Michelli —hasta entonces postergado— y la celebración de la sesión en redes sociales.

Además, entre acusaciones cruzadas, el oficialismo, en la voz de senador de La Libertad Avanza Agustín Coto solicitó que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzeneggervolviera a comisión. “Lo tratamos la semana próxima”, prometían desde el oficialismo.

Aunque hubo intentos por presentar la jornada como un éxito, puertas adentro la aprobación del pliego de Michelli volvió a exhibir las dificultades para ordenar a un oficialismo atravesado por disputas de poder. En Balcarce 50 eligieron relativizar el episodio, pero la sesión dejó nuevamente al descubierto las fisuras de una interna que está lejos de resolverse.

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Malestar de Kicillof porque la Legislatura bajó el proyecto de libre disponibilidad de fondos a los intendentes

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Los intendentes de la provincia de Buenos Aires deberán limitar el uso de un fondo proveniente del endeudamiento a conseguir por el gobernador Axel Kicillof y destinar el 30% de esos recursos a obras, programas del Ministerio de Transporte o del Instituto Cultural. Es que finalmente, el plan para que tengan la potestad de usar el 100% de dichos fondos de la manera que consideren más apropiada naugrafó.

Este jueves, y luego de varias idas y vueltas, la Cámara de Diputados prácticamente dio por cerrado el tema cuando volvió a posponer por segundo día consecutivo la reunión de comisión de Presupuesto en la que se iba a abordar el pedido de los jefes comunales.

En el Ejecutivo leen que con estos movimientos se encubre una estrategia de un sector del peronismo en acuerdo con la oposición para intervenir sobre los fondos en cuestión, dado que los proyectos que se imponían le daban a una comisión bicameral la facultad de autorizar los pagos; mientras que desde la UCR y el PRO le achacan al gobierno de Kicillof que nuevamente “no cumple los acuerdos en los que se embarca” y, a la par, se preparan para acorralar al titular de IOMA, Homero Giles con una sesión especial que será el próximo lunes, ante las reiteradas críticas por el funcionamiento de la obra social del Estado provincial.

Finalmente, la comisión de Presupuesto que se iba a reunir este jueves volvió a suspender su encuentro, tal como sucedió el miércoles. Allí había un solo tema a tratar en el orden del día: un proyecto de ley del diputado del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, que modificaba la ley de endeudamiento aprobada a fin de año en ambas cámaras y le daba a la comisión bicameral, creada en el marco del seguimiento de la deuda, la potestad de intervenir sobre el pago de los fondos a los distritosademás de -lo más crucial para los intendentes- la libre disponibilidad de los mismos. Es decir, que los intendentes puedan usarla para lo que necesiten. Es que la actual normativa establece que el 70% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal -el creado en el marco de la autorización de deuda- se distribuya de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante sea a través de programas provinciales de los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos y Transporte y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Modificar este punto es lo que, desde hace algunos meses, los intendentes vienen pidiendo cambiar.

Entonces se fueron presentando proyectos de ley en esa dirección. Además del de Garciarena, el otro bloque del radicalismo también elevó una iniciativa y el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich otra. En tanto que en Fuerza Patria, según pudo saber Infobae, también trabajaban sobre un anteproyecto en caso de ser necesario.

La proliferación de iniciativas fue el argumento que caló para que el miércoles la comisión no se reúna. “Tenemos que acordar un proyecto unificado”, planteó un legislador oficialista. Este jueves, donde tampoco hubo reunión de comisión, el argumento que emanó desde autoridades de la comisión es que 113 distritos ya iniciaron el proceso administrativo para destinar ese 30% de fondos -que no son de libre disponibilidad- a la ejecución de obras, mientras que otros dos lo usarán para programas del Instituto Cultural.

La facultad de la comisión bicameral que se planteó en el proyecto de endeudamiento es el foco de conflicto. En la oposición recuerdan que el Ejecutivo “no contemplaba siquiera la creación de una bicameral para controlar la toma de deuda, ni cómo repartir los fondos que le iban a llegar a los municipios”, aportó un diputado PRO ante la consulta de este medio.

El Ejecutivo mira los movimientos legislativos y vuelve a poner la lupa sobre sus socios del peronismo, además de la esperable reacción de la oposición. “Nosotros no tenemos problemas con que los fondos sean de libre disponibilidad, pero lo van a tener que tratar porque los intendentes están a la espera”, plantean cerca de Kicillof ante la consulta de este medio. Este lunes, lo propio había dicho el ministro de Gobierno Carlos Bianco, asegurando que la distribución de los fondos en disputa debería ser toda por CUD.

Entonces, ante este posicionamiento, en la oposición remarcan que “Kicillof no cumple los acuerdos”, porque “esto que estamos debatiendo ahora se había planteado cuando definimos el endeudamiento”, aseguró un integrante de la comisión de Presupuesto por la oposición.

“Acordamos que sea así. En ese momento, por la interna que tiene adentro del peronismo, se definió que el 30% los fondos se usen a través de los ministerios, uno por cada sector. Entonces, si vamos a rediscutir los términos, pongamos a debatir todos los proyectos que hay”, aseguran en el PRO que tiene su propia propuesta, que es que sea de libre disponibilidad, mediante CUD, definiéndose además por los ingresos de los distritos y autorizados por la comisión bicameral. Un diputado de ese espacio remató: “Esto es por culpa del gobernador. Es para dilatar el pago”. Al 31 de agosto se debería ejecutar la segunda transferencia estipulada de hasta $50 mil millones de pesos.

IOMA, próxima parada

En tanto que el próximo lunes se convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados bonaerense pedida por la oposición. El objetivo es discutir los proyectos de ley referidos al funcionamiento de IOMA. Los bloques de La Libertad Avanza, los dos de la UCR, el PRO, Espacio Abierto-Hechos, Coalición Cívica y Unión y Libertad presentaron el 1 de junio un pedido de una sesión especial. Reúnen la cantidad necesaria de firmas y ahora deberán juntar el quórum de la mitad más uno (47 diputados sentados en sus bancas).

Hay un listado de proyectos alusivos al desempeño de la Obra Social del Estado bonaerense. Desde pedidos de informes por las deudas que acarrea con los municipios, un proyecto para crear una comisión bicameral para monitorear el funcionamiento del IOMA hasta el pedido de interpelación a su presidente, Homero Giles, entre varios otros. Incluso la autarquía del IOMA.

El encuentro, de concretarse, será el lunes a las 13 horas. Sin embargo, existe la posibilidad de que dicha sesión especial se caiga. Según supo este medio, hay conversaciones para que Giles asista a una reunión de carácter informativo y más reducida, es decir, con algunos representantes de los bloques, para así hacer caer una sesión donde la oposición juntaría el número para aprobar todos los proyectos de ley que impulsan.

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