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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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Pinamar: la Justicia ordenó admitir la renovación del permiso de un vendedor ambulante que no tiene domicilio en el distrito

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Un fallo del Tribunal Criminal N° 1 de Dolores ordenó admitir la renovación del permiso de Alejandro Cellilli, que lleva más de catorce años vendiendo en la costa, sin exigirle residencia local. La resolución apunta a la “doctrina de los actos propios” y al derecho constitucional al trabajo, cita El Mensajero de La Costa.

La Justicia hizo lugar a un amparo y ordenó a la Municipalidad otorgarle un permiso provisional al vendedor, sin exigirle la residencia local que impone la Ordenanza N° 7336/2026. La medida cautelar innovativa y de no innovar recayó en la causa “Cellilli, Alejandro Marcos c/Municipalidad de Pinamar s/ Amparo” y llevó las firmas de los jueces Christian Rabaia y María Claudia Castro, según pudo saber Diario Compromiso.

El conflicto tiene un detalle que resultó clave: Alejandro Cellilli no es un recién llegado. Es permisionario de venta ambulante no alimenticia en las playas de Pinamar desde hace más de catorce años, en los rubros “Pareos, pañuelos y túnicas” y “Bijouterie”, y está domiciliado en Dolores. Cuando inició la renovación para la próxima temporada, la Dirección de Habilitaciones calificó expresamente el trámite como “Renovación”, constatando el cumplimiento de los requisitos vigentes.

El 5 de enero de 2026, la Secretaría de Hacienda Municipal le informó que la solicitud estaba “en proceso de resolución” y le pidió el pago del canon fiscal. Cellilli pagó $ 1.330.473,60 mediante el Recibo de Recaudación N° 10-5610848, correspondiente a la “Tasa Venta Ambulante No Alimenticio” y Tasas de Salud y Seguridad. El comprobante emitido por el propio municipio consignaba su domicilio en Dolores y lo identificaba como “Notificado Permisionario”.

El problema llegó el 14 de agosto de este año, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 7336/2026, que introdujo la exigencia de residencia efectiva y continua en el Partido como condición excluyente para conceder o renovar habilitaciones. Al intentar continuar con su trámite, la Comuna le negó el certificado de libre deuda y la continuidad del proceso por no registrar residencia en Pinamar o General Madariaga.

Según cita El Mensajero, los magistrados analizaron la secuencia cronológica de las actuaciones administrativas y fueron contundentes: el trámite no solo ya estaba iniciado, sino que la propia Administración Municipal requirió y cobró el canon conociendo perfectamente que el solicitante residía en Dolores.

El fallo citó expresamente la doctrina de los actos propios, un principio general del derecho basado en la buena fe que impide a un sujeto contradecir sus propios actos anteriores: “La actitud asumida por la Comuna al negar el permiso requerido sobre la base de requisitos impuestos por una nueva Ordenanza, luego de haber dado inicio a lo peticionado y percibir el canon al efecto, trasunta una conducta que va contra sus propios actos anteriores, trasluciendo una actitud distanciada de la confianza legítima y la buena fe”.

Uno de los argumentos más fuertes del fallo fue la naturaleza estacional de la actividad. Los jueces advirtieron que, tratándose de venta ambulante durante la temporada estival, la falta de una tutela oportuna tornaría ilusoria cualquier sentencia definitiva dictada después del verano, privando al trabajador de su sustento económico. El pronunciamiento mencionó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa “Camacho Acosta”) sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten perjuicios de difícil o imposible reparación, y encuadró la tutela en garantías constitucionales.

El Tribunal aclaró que la medida no desconoce la potestad municipal de ordenar el espacio público ni concede un derecho absoluto, sino que busca equilibrar los derechos del trabajador con las atribuciones de fiscalización del Estado local.

En consecuencia, la Justicia ordenó hacer lugar a la medida cautelar promovida por Cellilli e instó a la Municipalidad a que, en el plazo perentorio de 24 horas de notificada, reciba, admita y dé curso a la solicitud de renovación del permiso de venta ambulante para la temporada 2026/2027.

Fuente: Agencia DIB

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ARCA reglamentó el plan de reducción de multas para pymes

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Las multas por infracciones a los deberes formales cometidas antes del 9 de octubre de 2026 se reducen en un 50% para los contribuyentes que cumplan, hasta el 18 de diciembre de 2026, con la obligación omitida, comunicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El régimen está previsto en el artículo 17 de la Ley 27826 y fue reglamentado por el artículo 4 del Decreto 1253/2026 del 22 de octubre de 2026 y por la Resolución General 5927/2026https://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/pdf-del-dia/primera.pdf de ARCA, publicada en el Boletín Oficial este jueves 12 de noviembre.

Pymes: a quién alcanza la quita

El beneficio alcanza las obligaciones vencidas del 2 de enero de este año en adelante, y cuyas infracciones a los deberes formales de la Ley N° 11.683 se cometieron antes del 9 de octubre, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 27.826.

La reglamentación define quiénes pueden acceder, qué multas quedan comprendidas y fija una fecha cierta, el 18 de diciembre de 2026, para cumplir las condiciones.

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El Senado de la Nación evaluará los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores

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El martes 17 y el miércoles 18 de noviembre, el Senado realizará dos audiencias públicas para evaluar los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores. La reunión la presidirá el vicepresidente de la comisión, el radical Maximiliano Abad, ya que todavía no se designó al nuevo titular luego de la muerte del senador libertario riojano Juan Carlos Pagotto.

Los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo a la Cámara Alta apuntan a cubrir vacantes en el fuero laboral y en tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país, informó NA.

La audiencia del martes 17

Uno de los candidatos que defenderá su pliego será Leonardo Marco Toia, secretario letrado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

También expondrán como postulantes a conjueces de los tribunales orales en lo Criminal y Correccional Martín José Adrogué, Sofía Chiambretto, Guido Damián Cresta, Lucía Inés Gallagher Campos, David Gabriel Mangiafico, Federico Martín Mercader, Horacio Alfredo Peix y Andrea Paola Santos.

En tanto, Federico José Iuspa, fiscal del juzgado de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, defenderá su postulación como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la CABA.

Para integrar distintos tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la CABA también se presentan Ariel Alejandro Vilar, Juan Carlos Bernial, Romina Monteleone y Sixto Mihura Gradín. Mientras para las Cámaras de Apelación del Trabajo fueron propuestos Rosalía Romero y Matías Sebastián Moreno Espeja.

Por su parte, para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la CABA se postula a Sofía Inés Hernández Saint Jean y Alejandro Jorge Nobili. Asimismo fue propuesto Camilo Jorge Almeida Pons como vocal de la Sala III de esa Cámara.

En tanto, Eduardo Aníbal Aguayo fue postulado como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de CABA Federal.

Durante la audiencia también defenderán sus pliegos Valeria Alicia Bertolini, propuesta como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 6 de la CABA, y María de los Ángeles Sapín, postulada para el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 8.

Además, expondrá Luciano Cruz Savignano, candidato a juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Savignano, quien está a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Pergamino, ganó el concurso en 2018 y recibió el respaldo del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el entonces presidente Alberto Fernández nunca envió su pliego al Senado, por lo que ahora será tratado después de ocho años.

Por último, también se presentarán las postulantes a defensoras públicas de CABA Carolina Morales Deganut, María Lucrecia Sammartino, Natalia Eda Bonino y Romina Soledad Paraboni, propuesta como defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación.

La audiencia del miércoles 18

Se presentarán candidatos a jueces, fiscales y defensores para distintos cargos en el interior del país.

Expondrán Mateo Dijou, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Resistencia; Mariano Javier Camblong, como juez penal federal del Juzgado Federal de Garantías con asiento en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe; y Juan Manuel Kees, como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén.

También defenderán sus pliegos Federico Miguel Baquioni, propuesto como fiscal general de la Unidad Fiscal de San Luis, y María Julieta Ibáñez Arrieta, postulada como defensora pública de Víctimas con asiento en la provincia de La Rioja.

Para distintos juzgados penales de Santa Fe fueron propuestos Emiliano Pedro Méndez Ortiz, Franco Mariano Carbone, Guido Yercovich y Vanesa Natalia Druetta.

Por otra parte, se tratarán postulaciones de conjueces de primera instancia del Trabajo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la CABA.

La nómina está integrada por Norma Alejandra Benítez, María Virginia Chedrese, María Victoria Consentino, Alejandro Esteban Danusi, Gabriela Andrea Donadio, María Ximena Fernández Barone, Mirna Lorena Martínez, Juan Martín Segura, Lucas Hernán Palla, María Roxana Henríques, Federico Pablo Agüero Urquiza, Fernando Guzmán, Silvia Rita García y Héctor David Rodríguez.

Fuente: Agencia DIB

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