El optimismo volvió a instalarse entre las autoridades de la Iglesia católica y del Gobierno argentino que organizan la visita del papa León XIV. El aval médico, la continuidad de los preparativos vaticanos y una nueva avanzada de la Santa Sede a Buenos Aires alimentaron la expectativa de que el viaje se concrete entre el 8 y el 11 de noviembre.

Todavía no existe una confirmación formal de que el Papa mantendrá la gira por Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre. Tampoco hubo una comunicación oficial sobre una suspensión o reprogramación. Sin embargo, según pudo saber Infobae, los responsables del operativo interpretaron esos tres hechos como señales relevantes y mantuvieron las tareas de coordinación durante los días en que la salud del pontífice abrió interrogantes.

El dato principal llegó el sábado desde Roma. Stefano Margaritora, el cirujano que encabezó la intervención a la que fue sometido León XIV el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli, afirmó que el Papa podría afrontar el viaje a Sudamérica y que no hay impedimentos clínicos para realizarlo.

“En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, sostuvo el especialista en una entrevista con Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, difundida por Vatican News.

La declaración tuvo impacto inmediato en Buenos Aires, donde las autoridades nacionales y eclesiásticas seguían la evolución del pontífice. En el entorno del presidente Javier Milei consideraron “muy importante” el pronunciamiento del médico, aunque en la Casa Rosada remarcaron la necesidad de actuar con “prudencia” hasta que la Santa Sede comunique una decisión definitiva.

El cirujano prevé una recuperación completa en los próximos días

Margaritora, catedrático de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón, también dio precisiones sobre los plazos de recuperación del pontífice, de 71 años, a quien le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma.

“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, explicó. Y agregó: “Creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”.

La evaluación médica coincidió con otro dato que reforzó las expectativas: León XIV recibió el alta el sábado 17 de octubre y regresó al Vaticano, luego de cuatro días de internación. Salió del hospital caminando, saludó a los fieles que lo esperaban y, según los médicos, colaboró con el proceso de recuperación. El viernes ya había celebrado misa en la capilla del establecimiento.

También está previsto que este domingo pronuncie el tradicional Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Será su primera aparición pública desde el Vaticano tras la operación.

El cirujano informó que los análisis de sangre del pontífice se encontraban dentro de los parámetros normales, que su función cardíaca era satisfactoria y que el pulmón intervenido evolucionaba dentro de los plazos habituales. La ausencia de complicaciones quirúrgicas permitió autorizar el regreso a la residencia pontificia.

La segunda señal provino de las decisiones administrativas del Vaticano, que mantuvo los preparativos del viaje mientras el Papa permanecía internado. El viernes 16 de octubre, la Santa Sede sostuvo el programa de actividades para los tres países y distribuyó precisiones sobre ceremonias, acreditaciones y condiciones de cobertura de la gira.

Entre otros trámites, quedó confirmada la nómina de periodistas que acompañarán al pontífice en el avión papal. La definición llamó la atención de los organizadores argentinos porque se produjo durante una semana marcada por las dudas sobre la realización del viaje.

La documentación vaticana conservó las actividades previstas para la Argentina, con horarios, sedes y disposiciones para los participantes. Aunque esos procedimientos pueden sufrir modificaciones, el cronograma continúa como referencia para los equipos que coordinan las actividades religiosas, protocolares y de seguridad.

El domingo 8 de noviembre, León XIV tiene previsto arribar al Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30, procedente de Uruguay. La primera jornada incluirá un homenaje al general José de San Martín, una ceremonia oficial en la Casa Rosada, una audiencia con Milei y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, la agenda contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa multitudinaria junto al Monumento de los Españoles, un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y la celebración de las vísperas con el Episcopado en la Catedral Metropolitana.

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde están previstas una misa en la Escuela de Aviación Militar y una reunión con integrantes de la Iglesia local. Esa noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes. El miércoles 11 visitará un establecimiento penitenciario federal y celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir hacia Perú.

El Vaticano enviará otra delegación para continuar la coordinación en Buenos Aires

La tercera señal, confirmada por fuentes oficiales argentinas, es la llegada de una nueva avanzada del Vaticano en las próximas horas. Según pudo saber Infobae, funcionarios de la Santa Sede viajarán a Buenos Aires para continuar las gestiones vinculadas con la visita.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que conoce el viaje de esa delegación, aunque no precisó quiénes la integrarán. Tampoco estaba confirmada oficialmente una posible reunión con el canciller Pablo Quirno.

En la Iglesia argentina también tienen información sobre otros desplazamientos de funcionarios vaticanos antes de la llegada del Papa. Esos movimientos forman parte del despliegue diplomático, ceremonial y operativo necesario para coordinar las actividades con las autoridades nacionales, provinciales, municipales y eclesiásticas.

Los preparativos nacionales tampoco se interrumpieron. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, mantiene la coordinación política del operativo con las autoridades eclesiásticas, mientras que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, trabaja sobre los dispositivos de protección y los traslados. Además, continúa activa una unidad especial en la órbita de la Jefatura de Gabinete para articular las tareas de los ministerios y organismos involucrados.

Durante la última semana hubo contactos entre las áreas de comunicación del Gobierno, Vatican Media y Eurovision para avanzar con la organización de las transmisiones oficiales. Los responsables de los operativos provinciales mantuvieron reuniones con representantes del Episcopado y, según confirmaron fuentes gubernamentales a Infobae, la planificación siguió sin cambios de fondo.

De todos modos, la evaluación médica favorable no equivale a una autorización definitiva del viaje. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, había advertido durante la internación que la gira dependía de la evolución clínica del pontífice. Se trata de un recorrido exigente, con numerosos traslados aéreos, cambios de clima, actos multitudinarios y escalas en lugares de gran altura, como Cusco, en Perú.

En la Iglesia argentina prevalece el mismo criterio. El arzobispo Jorge Lozano, uno de los últimos religiosos argentinos que se reunió con León XIV antes de la operación, había señalado en una entrevista con Infobae que debía priorizarse la salud del Papa y que el viaje podría reprogramarse si las condiciones médicas lo exigieran.

La visita tiene una dimensión histórica, religiosa y política para la Argentina. Si se concreta, será la primera de un pontífice al país desde la realizada por Juan Pablo II en 1987. Además de las celebraciones multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, incluirá una audiencia con Milei y encuentros con representantes de distintos sectores de la sociedad.

A menos de tres semanas del inicio previsto de la gira, la Iglesia y el Gobierno mantienen los preparativos sobre el cronograma original. La decisión definitiva sigue en manos de la Santa Sede, que deberá definir si León XIV está en condiciones de cumplir la visita a la Argentina en las fechas programadas.

Un día después de haber participado en las negociaciones para evitar que la oposición sesione para voltear el DNU 70/2023, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió a decir que los gobernadores deberían inquietarse ante una eventual victoria de Axel Kicillof y el regreso del kirchnerismo al poder.

Las declaraciones se producen en la etapa final de las tratativas entre los operadores políticos de la Casa Rosada y los gobernadores para que se suspendan las PASO y se cierren acuerdos electorales con vistas al año próximo. Hay casi una decena de los jefes provinciales que están dispuestos a acordar un apoyo político rotundo al Gobierno en el Congreso a cambio de que La Libertad Avanza compita con una “baja intensidad” en sus distritos.

Aun así, los acuerdos todavía no se están cerrando. En el Gobierno afirman que la gran mayoría de ellos ya dio su palabra para votar la Reforma Política, pero que falta acordar una estrategia para competir el año próximo, tanto a nivel nacional como en el plano de las provincias. “Las negociaciones se están haciendo más largas de lo que esperábamos”, afirmaron esta mañana a Infobae desde una de las provincias más cercanas a la Casa Rosada.

Ante el aletargamiento de las negociaciones, Santilli dijo esta mañana en Radio Mitre: “Los que deberían estar preocupados son los gobernadores. Imaginemos que el kirchnerismo vuelva y gane Kicillof”. En ese sentido, enumeró: “Te sacan la coparticipación a la Ciudad. En el sur avanza otra vez la toma de tierras. ¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro, ese Abu Dabi y Dubái? ¿Qué va a pensar Córdoba si le vuelven a poner la 125, el gobernador de Santa Fe que lo dejan solo de nuevo contra el narcotráfico, qué va a pensar San Juan que se está poniendo de punta en el proceso minero argentino, o Salta?”. La selección de los ejemplos da pistas de las provincias con las que le gustaría acordar.

El jefe de Gabinete estará este viernes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires para asistir a la Cumbre Federal de Logística que organiza el Consejo Federal de Inversiones (CFI), por el que pasaron gobernadores de distinto espectro político. Esta mañana participaron en un panel conjunto Axel Kicillof (Buenos Aires), Elías Suárez (Santiago del Estero), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

La alocución de los primeros mandatarios tuvo partes con críticas a la administración nacional, algo esperable dado que no son cercanos al Gobierno. “Se está discutiendo dónde nos vamos a ubicar en la cadena alimenticia: si la Argentina va a ser presa o si va a participar de los lugares donde se acumula”, dijo Kicillof durante su alocución.

“Me parece que es central darse una perspectiva nacional de planificación. No podemos pensar que el interés nacional va a tener su mejor evolución si se somete a intereses que no son propios [en referencia a los vínculos del Gobierno con Estados Unidos]. Es fundamental que tengamos un plan que permita una Argentina más integrada y una Argentina más federal. Y hoy estamos sufriendo todos la interrupción de toda la obra pública desde el nivel nacional”, concluyó.

Por su parte, Llaryora criticó la visión del Gobierno respecto a las políticas de infraestructura: “La Nación no construye ni un bicicletero, sino se meten en un programa nacional de infraestructura, cada provincia puede hacer cosas, pero necesitamos un programa nacional”. Y agregó: “Sin infraestructura no existe la posibilidad de la llegada de inversión. Sin infraestructura no podés construir un parque industrial. El octavo país más grande del mundo no se puede mover en camión, no puede no tener salidas. El desarrollo de toda esta potencia argentina necesita un acuerdo básico”.

Santilli estará esta tarde junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en un panel con funcionarios del Ejecutivo Nacional. También se prevé la asistencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Una vez finalizado, el ministro coordinador tiene agendada una reunión bilateral con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, que busca acercar posiciones para un acuerdo político para las elecciones nacionales.

Ayer se dilucidaron cuáles son los gobernadores que están dispuestos a colaborar con la Casa Rosada, incluso en situaciones de altísimo voltaje.

El gobierno nacional logró evitar la sesión impulsada por la oposición gracias al aporte de varios gobernadores aliados, que ordenaron a sus diputados ausentarse del recinto. Los casos más determinantes fueron los de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Carlos Sadir (Jujuy): ninguno de los legisladores que responden a ellos —Gisela Scaglia, José Núñez, los tres diputados de Jaldo, además de María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti— bajó al recinto. También colaboró el chubutense Ignacio Torres, que restó el voto de Jorge Ávila.

En el bloque de Gustavo Sáenz (Salta) hubo divisiones: Pablo Outes y Bernardo Biella asistieron, pero Yolanda Vega se ausentó alegando enfermedad, mientras que otros diputados cercanos al salteño, como Gustavo González (Formosa) y Claudio Álvarez (San Luis), tampoco se presentaron. Finalmente, la oposición quedó a ocho votos de alcanzar el quórum necesario de 129 legisladores.

En el peronismo también hubo fisuras favorables al oficialismo: pese a que Martín Llaryora mantiene una relación “oscilante” con Javier Milei, uno de sus diputados, Ignacio García Aresca, contribuyó a bloquear la sesión con su ausencia, al igual que Alejandra Torres, mientras que el resto del bloque cordobés —Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge— sí asistió para respaldar a la oposición.

También resultaron sorpresivas las ausencias de Agustín Tita y Estela Neder, vinculados a los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero), respectivamente. En contraste, el catamarqueño Raúl Jalil, pese a ser uno de los mandatarios más cercanos a la Casa Rosada, mantuvo a sus tres diputados del bloque Elijo Catamarca en la sesión, en defensa de la Ley 26.737.

Santilli se mostró optimista sobre las chances del Gobierno de avanzar con la reforma política. “Nosotros vamos camino a lograr un proceso que los ciudadanos desean”, destacó Santilli. “Decían que no íbamos a tener el número para sacar las reformas estructurales y salieron. Yo estoy convencido. ¿Qué diputado o senador va a estar en frente de la sociedad que no quiere votar seis veces o que le cueste USD 200 millones una elección para dirimir la interna de los partidos políticos? Creo que vamos a estar bien y vamos a tener reforma electoral”, cerró.

La senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), por las actuaciones del organismo ante el traslado de detenidos desde Devoto al nuevo complejo federal de Marcos Paz. La iniciativa le atribuye una conducta que, según la legisladora, obstaculiza el vaciamiento y cierre de la cárcel porteña.

El proyecto, ingresado por la Mesa de Entradas del Senado el miércoles 14 de octubre, reúne nueve pedidos de información sobre las gestiones de la Procuración, los criterios para asignar plazas, las condiciones de alojamiento y los controles de seguridad. Bullrich solicitó que el funcionario entregue un informe “pormenorizado, documentado y por escrito” dentro de los 15 días hábiles posteriores a una eventual aprobación de la iniciativa.

Por ahora, se trata de una presentación parlamentaria. Para que el requerimiento sea formal, deberá contar con el aval de la Cámara. La senadora busca que Cejas Meliare responda, entre otros puntos, por las intervenciones judiciales de la PPN durante la reorganización de la población carcelaria.

El cuestionamiento central figura en el tercer punto del proyecto. Bullrich le reclama que explique la “flagrante contradicción institucional” entre los reclamos históricos por mejores condiciones de habitabilidad y la oposición judicial al cierre de la cárcel. “Explique la flagrante contradicción institucional de exigir durante años la mejora de las condiciones de habitabilidad, para luego oponerse judicialmente al cierre definitivo y traslado inminente de los internos del Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Cárcel de Devoto)”, plantea el texto.

La iniciativa define al penal, inaugurado en 1927, como un establecimiento “manifiestamente obsoleto”. Además, cuestiona las mesas de trabajo promovidas por la Procuración, que —según la interpretación de la senadora— demoran la relocalización de los internos e interfieren con el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la clausura.

La Justicia rechazó el hábeas corpus colectivo, pero exigió notificaciones

La ofensiva de Bullrich se produjo mientras la controversia ya registraba decisiones judiciales en dos instancias. El jueves 15 de octubre, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo y correctivo que había promovido la PPN por el traslado de internos a Marcos Paz.

La resolución fue firmada por los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López. Los jueces mantuvieron el criterio de primera instancia, aunque ordenaron precisiones sobre la comunicación de los traslados a las defensas y los tribunales, además del acceso de los inspectores penitenciarios a los establecimientos.

La presentación de la Procuración alcanzó a 326 detenidos. El organismo cuestionó que algunos movimientos se realizaran sin informar con anticipación los destinos a las defensas y a los juzgados intervinientes. También advirtió sobre el impacto para quienes estudiaban en el Centro Universitario Devoto, dentro del programa UBA XXII, y para los internos con salidas transitorias.

El juez Santiago Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, rechazó la acción colectiva, de acuerdo con el dictamen del fiscal Pablo Recchini. Entendió que no se acreditó una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Añadió que los reclamos por derechos individuales debían ser tratados por los magistrados competentes en cada caso.

La Cámara sostuvo esa decisión. Aunque señaló que las notificaciones no se ajustaron por completo al protocolo, concluyó que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular los traslados ya efectuados. Los jueces también consideraron que el regreso de internos a sectores de Devoto inhabilitados por razones de seguridad podía agravar sus condiciones de alojamiento.

Sin embargo, la resolución dispuso garantías para los próximos movimientos. La Cámara encomendó al juez Bignone exigir al Servicio Penitenciario Federal (SPF) el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad, que prevén comunicaciones a los órganos judiciales y las defensas con al menos 72 horas de anticipación. También ordenó garantizar de inmediato el ingreso del personal de la Procuración para inspeccionar y monitorear las cárceles.

Tras la sentencia, la PPN afirmó en un comunicado que no se opone al cierre de Devoto ni a la reorganización de plazas carcelarias. Sostuvo que su intervención apunta a asegurar planificación, transparencia y respeto de la ley y de los derechos de las personas detenidas. Bullrich, en cambio, considera que las actuaciones del organismo afectan una decisión del Poder Ejecutivo para desocupar el penal.

El proyecto reclama explicaciones por las plazas, las camas dobles y los controles de seguridad

El traslado de internos desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, luego de años de demoras en la puesta en marcha del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. En las primeras dos jornadas, el SPF llevó 609 personas, más del 40 % de la población del penal porteño, al nuevo establecimiento, que tiene capacidad para 2.232 plazas.

Bullrich respalda su planteo en el convenio interjurisdiccional acordado en 2018 y ratificado por la Legislatura porteña mediante la Resolución 100/LCABA/18. En los fundamentos, sostiene que la redistribución de los detenidos debe avanzar hacia establecimientos adecuados y cuestiona que la Procuración busque influir sobre el destino específico de las vacantes del nuevo complejo.

El cuarto requerimiento le pide a Cejas Meliare que detalle “los fundamentos legales por los cuales la PPN pretende arrogarse facultades de administración penitenciaria exclusivas del Poder Ejecutivo”. De acuerdo con el proyecto, el organismo pretende que el penal de Marcos Paz sea utilizado de manera prioritaria para alojar a detenidos que permanecen en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, un criterio que Bullrich dice que bloquea la reubicación planificada de la población de Devoto.

Los dos primeros puntos de la iniciativa se refieren a las camas dobles en dependencias del SPF. La senadora solicita que se informe si la Procuración pidió, promovió o avaló su incorporación en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza o en el CPF II de Marcos Paz. También requiere conocer los fundamentos técnicos y jurídicos de un eventual cambio de posición frente a advertencias anteriores sobre “la sobrepoblación, el hacinamiento y los estándares mínimos de habitabilidad”.

Otro de los pedidos se concentra en el vínculo de los detenidos con sus familias. Bullrich busca que el funcionario explique cómo compatibiliza los planteos de la PPN sobre los efectos de trasladar internos fuera de Buenos Aires con las gestiones para derivar de forma progresiva a personas alojadas en comisarías y alcaidías porteñas a cárceles federales de distintas jurisdicciones.

La senadora también reclama precisiones sobre la transferencia a la Ciudad de las competencias penitenciarias por delitos no federales y sobre la construcción de infraestructura modular con 400 plazas adicionales en terrenos del SPF. El proyecto consulta si la Procuración acompañó, objetó o rechazó esas alternativas y bajo qué argumentos. A la vez, solicita comparar las inspecciones y acciones judiciales impulsadas en dependencias de fuerzas federales con las desarrolladas en establecimientos de la Policía de la Ciudad.

Uno de los puntos aborda posibles relaciones institucionales. Bullrich pide identificar si exfuncionarios, exagentes o empleados de la Procuración con licencia cumplen funciones en áreas penitenciarias del Gobierno porteño. Si fuera así, solicita que se informen los mecanismos destinados a “preservar la independencia, imparcialidad y objetividad” del organismo. El texto aclara que el planteo es un pedido de información y no supone, por sí mismo, la existencia de un conflicto de intereses.

El capítulo final se enfoca en las restricciones al ingreso de teléfonos celulares particulares en sectores de máxima seguridad. La senadora reclama que Cejas Meliare explique “los verdaderos motivos por los cuales la Procuración se resiste activamente” a cumplir las disposiciones vigentes. Según el proyecto, el ingreso de dispositivos personales en zonas restringidas “atenta directamente contra las directivas orientadas a desarticular el accionar del crimen organizado desde el interior de las cárceles”.

Cejas Meliare ocupa el cargo de procurador penitenciario adjunto y conduce el organismo por la vacancia de la titularidad. La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso ratificó su continuidad el 20 de noviembre de 2024. La PPN, creada por la Ley 25.875, tiene autonomía funcional y facultades para inspeccionar cárceles, examinar las condiciones de detención y promover actuaciones de protección de derechos, mientras que el Poder Ejecutivo administra el sistema penitenciario federal.

La iniciativa de Bullrich todavía deberá atravesar el trámite parlamentario. Mientras tanto, el cierre de Devoto seguirá bajo las condiciones fijadas por la Justicia: el rechazo del hábeas corpus colectivo y la obligación de que el SPF cumpla con las notificaciones previas y facilite las inspecciones durante los traslados.