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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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Se extendió hasta el viernes 17 de julio la inscripción para el Concejo Deliberante Joven

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El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca informa que se extendió hasta el viernes 17 de julio el plazo de inscripción para participar del programa Concejo Deliberante Joven, una iniciativa destinada a promover la participación ciudadana de estudiantes y jóvenes de la ciudad.

Los establecimientos educativos interesados en formar parte de esta propuesta podrán inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace:
https://forms.gle/87jWNwGknScCet9w6

El Concejo Deliberante Joven acerca a las nuevas generaciones al funcionamiento del Poder Legislativo local, brindándoles la posibilidad de conocer de primera mano cómo se elaboran y debaten los proyectos que impactan en la comunidad.

Durante el desarrollo del programa, las y los participantes trabajan en comisiones, intercambian ideas sobre las principales problemáticas de Bahía Blanca, reciben acompañamiento para la elaboración de iniciativas y viven la experiencia del proceso legislativo, fortaleciendo valores como el diálogo, el consenso y el compromiso ciudadano.

La propuesta busca generar un espacio donde las voces jóvenes sean escuchadas y puedan transformarse en proyectos concretos para la ciudad, promoviendo una ciudadanía activa, informada y comprometida con el presente y el futuro de Bahía Blanca.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se invita a todas las instituciones educativas a aprovechar esta extensión del plazo de inscripción y sumarse a una experiencia que fomenta la participación democrática y el protagonismo de las juventudes.

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Propiedad privada: se vuelve a tensionar la ley en el Senado, pero el Gobierno confía en que la aprobará mañana

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La ley de propiedad privada, que el oficialismo confía aprobar mañana en el Senado -quorum y números ajustados, hasta anoche- se convirtió desde hace largas semanas en un embrollo difícil de resolver y sumó un nuevo ruido en las últimas horas, con legisladores dialoguistas que dudan sobre el aval o no del “silencio administrativo” incluido en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

Este tema se encuentra detallado en el artículo 10 de la norma 19.549 de procedimiento administrativo. Allí, se expresa: “El silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.

Ahora, vayamos a la iniciativa que intenta destrabar -a los ponchazos- la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En el ya delirante borrador 13 post dictamen se enuncia que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Seguido a ello aparece lo más jugoso. “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”, se plantea.

En tanto, sobre el final, se manifiesta: “La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley.

Misma situación se repite en la “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros“, que se regirá por las disposiciones, excepciones y procedimientos establecidos en el Decreto-Ley N° 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias”, y la cual “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”. En un momento se pensó en incorporar un guiño del Congreso, ahora descartado.

Mientras se definen detalles y La Libertad Avanza peina la cantidad de soldados dispuestos a ayudar mañana, en la Cámara alta cayó pésimo el mensaje que partió desde un sector minoritario del oficialismo -aunque de peso- para desdramatizar el reboleo de borradores antes de una sesión. Modificar un dictamen en el recinto no sólo abre ventanas para que ingrese el diablo -sobre todo, si el número estuviese apretado-, sino que implica un eterno ida y vuelta con asesores de los senadores que estudiaron el tema, intercambiaron ideas y llevaron a sus jefes a firmar un despacho de mayoría ya muy manoseado. Casi como despreciar una labor trascendental -de muchos agentes- en el Congreso. Penoso.

De cara al jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar-, más la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que aliados ya se la desplumaron a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

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Cautela y preocupación en el Gobierno por la lenta negociación para suspender las PASO

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La suspensión o eliminación de la PASO se transformó en una obsesión para Karina Milei, que está convencida de que las primarias podrían transformarse en el principal obstáculo para la reelección de Javier Milei. Sin embargo, en la más reciente “mesa política”, ayer, a diferencia de los encuentros de los últimos meses, el tema ni siquiera se conversó, o al menos eso es lo que dejaron trascender en la Casa Rosada.

“No fue por nada en especial, no surgió. Ya se había hablado la semana pasada”, dijo un funcionario nacional.

Desde el poroteo de hace siete días al de ayer hubo un sinfín de conversaciones y reuniones políticas vinculadas con el tema. Y el eje PASO estaba prácticamente fijo en el temario de la mesa política desde la era Adorni. Pero ayer, en el segundo encuentro sub-liderado por Diego Santilli junto a Karina Milei, ni siquiera se mencionó. Y si bien en el oficialismo no se muestran preocupados, sí se muestran cautos.

Esperan llevar la reforma política al recinto en agosto, después del Mundial. Y los más optimistas se basan en las declaraciones on the récord de los referentes de las provincias brindando distintos grados de apoyo. Citan, primero, al aliado catamarqueño del PJ, Raúl Jalil, como uno de los que se mostraron a favor del proyecto con mayor ímpetu.

Jalil fue el más explícito al calificarlas de “una encuesta muy cara” que “no fortalece a los partidos políticos”, aunque marcó distancia del esquema de colectoras. En la misma línea se ubicaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que remarcó el ahorro fiscal que implicaría; y Claudio Poggi (San Luis), que ratificó su respaldo tras una reunión con Diego Santilli. Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que ya anticiparon su acompañamiento. A ellos se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Marcelo Orrego (San Juan), favorables a la reforma tal como la plantea Casa Rosada, y Martín Llaryora (Córdoba), que no objeta el cambio porque el peronismo local siempre rechazó ese sistema.

Pero en el oficialismo admiten que aún no alcanza. “Le falta al tema, le falta…”, dijeron en el Gobierno. Por ahora no están los números, reconocen, a pesar de las fotos con los gobernadores en Tucumán por el 9 de Julio y la importante asistencia de los mandatarios “amigables” con el poder central a la jura de Santilli como jefe de Gabinete.

Por lo pronto, aseguran que no se rinden. Puertas afuera, Santilli seguirá con la convocatoria a gobernadores. Anteayer recibió a Claudio Poggi de San Luis. Ayer, a Claudio Vidal, de Santa Cruz. Y el viernes será el turno del pampeano Sergio Ziliotto, ferviente opositor a quien, de todos modos, no creen que podrán convencer.

Después de cada encuentro, en Balcarce 50 deslizan que hubo manifestaciones de apoyo. Pero después, en el Congreso, las buenas señales de los mandatarios no se traducen siquiera en promesas.

A priori, reina la prudencia: “Nadie promete nada. El espíritu es que hay que trabajar mucho”, dijo un importante armador legislativo de La Libertad Avanza. En el bloque confesaron: “Es difícil ir narrando una negociación a varias bandas. No es fácil medir el grado de avance”, en referencia a la cantidad cada vez mayor de de referentes, gobernadores y operadores con los que hablan los delegados del Gobierno. Principalmente, Santilli y los Menem, que introdujeron el tema de las colectoras hace dos semanas con la esperanza de que sirviera para sumar adhesiones.

Hoy ese capítulo es un misterio, y en las provincias siguen analizándolo. Está en marcha como posibilidad en el oficialismo, que deja todas las puertas abiertas con tal de que se suspendan las Primarias y Milei pueda evitar que una gran encuesta negativa dos meses antes de la elección general condicione sus posibilidades de reelegir.

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