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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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La provincia de Buenos Aires fue elegida Capital Mundial de la Salud Mental hasta 2029

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La provincia de Buenos Aires fue designada Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029 por la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), en reconocimiento a las políticas implementadas para transformar el sistema público de atención, ampliar el acceso a los tratamientos y fortalecer los dispositivos comunitarios destinados a personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos.

La distinción internacional surgió de la evaluación de la postulación y del Plan de Acción presentado por el Gobierno bonaerense, que puso el foco en los avances alcanzados durante los últimos años, especialmente en la incorporación de servicios de salud mental a los hospitales generales, la reducción de las internaciones prolongadas y el desarrollo de estrategias de prevención.

La Federación Mundial de Salud Mental es una organización fundada en 1948 que mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuenta con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

Referencia internacional

Desde el Ministerio de Salud provincial destacaron que el reconocimiento ubica a Buenos Aires como una experiencia de referencia internacional en la transformación de los sistemas públicos de atención, mediante un modelo que busca reemplazar progresivamente el aislamiento y las internaciones prolongadas por cuidados integrales dentro de las comunidades.

Uno de los principales avances señalados por la Provincia es la ampliación de la capacidad de atención en hospitales generales. Al comienzo de la actual gestión, solamente 11 establecimientos provinciales estaban preparados para atender urgencias e internaciones vinculadas con la salud mental y los consumos problemáticos. Actualmente, esa capacidad se extendió a los 100 hospitales generales de la red bonaerense.

Para alcanzar ese objetivo, se incrementó un 69,8% la cantidad de camas destinadas a internaciones por motivos de salud mental y se incorporaron más de 1.000 trabajadores especializados en esos establecimientos. Además, se impulsó la conformación de mesas de salud mental en los 135 municipios bonaerenses.

“La salud mental tiene que estar integrada al sistema de salud y no separada de él”, sostuvo el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, al destacar los resultados de las políticas desarrolladas.

Del encierro a la atención comunitaria

Otro de los ejes centrales de la transformación fue el proceso de desinstitucionalización, orientado a garantizar que las personas con padecimientos mentales puedan recibir atención y desarrollar sus proyectos de vida dentro de sus comunidades.

En ese marco, la Provincia pasó de contar con 74 viviendas con apoyo en 2020 a disponer de 227 en 2026. Actualmente, 743 personas reciben acompañamiento en casas integradas a la comunidad, como alternativa a las internaciones prolongadas en instituciones especializadas.

Según los datos oficiales, por primera vez la cantidad de personas externadas e integradas a la comunidad supera a quienes permanecen internadas en sectores crónicos de los hospitales neuropsiquiátricos provinciales.

El proceso permitió reducir un 70% las internaciones en sectores de larga estadía y avanzar en el cierre definitivo de 28 de los 35 pabellones destinados a ese tipo de atención. Parte de esos espacios fueron reconvertidos en polos educativos y culturales abiertos a la comunidad.

La transformación también estuvo acompañada por un incremento del 37,5% en los recursos humanos destinados a tareas de atención, prevención, cuidado y acompañamiento.

En paralelo, se desarrolló una red territorial que actualmente cuenta con más de 200 dispositivos de salud mental y consumos problemáticos, a los que se suman 33 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

La expansión de estos servicios implicó la incorporación de más de 2.000 trabajadores a la red, con el propósito de acercar la atención a los lugares donde viven las personas y evitar que los tratamientos dependan exclusivamente de instituciones especializadas.

Prevención y acompañamiento de los jóvenes

Las políticas de promoción y prevención también ocuparon un lugar destacado en la evaluación internacional, particularmente aquellas destinadas a las infancias y juventudes.

A través del programa “La Salud Mental es entre todas y todos”, el Gobierno bonaerense desarrolló actividades en 3.580 escuelas de los 135 municipios, que alcanzaron a 635.000 estudiantes.

La iniciativa incluyó más de 79.000 encuentros con 26.000 grupos y, según los relevamientos provinciales, el 94% de los estudiantes encuestados manifestó que recomendaría los talleres.

Las actividades buscan generar espacios de escucha, fortalecer los vínculos entre pares, prevenir situaciones de sufrimiento y promover el acompañamiento temprano, evitando la estigmatización de los problemas de salud mental.

En esa misma línea, durante 2026 se creó el Consejo Joven de Participación e Incidencia en Políticas Públicas de Salud Mental, integrado por representantes de centros de estudiantes, organizaciones juveniles, universidades, escuelas secundarias y programas como Envión.

El objetivo es incorporar las experiencias y propuestas de los propios jóvenes al diseño de las políticas públicas destinadas a ese sector de la población.

La prevención del suicidio, entre las prioridades

Frente al crecimiento de la demanda de atención, la Provincia también fortaleció las estrategias de prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Más de 4.500 trabajadores del sector público participaron de instancias de formación sobre prevención y abordaje de esta problemática, mientras que se elaboraron herramientas destinadas a equipos de salud y gobiernos municipales.

Entre las medidas se encuentran una nueva guía clínica para servicios de urgencias, hospitales generales y centros de atención primaria, además de recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación para promover un tratamiento responsable de la problemática.

Desde la cartera sanitaria señalaron que estas iniciativas forman parte de una estrategia destinada a detectar tempranamente situaciones de riesgo y fortalecer las redes de acompañamiento comunitario.

Un reconocimiento y nuevos desafíos

La designación como Capital Mundial de la Salud Mental permitirá a Buenos Aires ampliar los intercambios internacionales, desarrollar instancias de formación y cooperación y compartir experiencias de gestión con otros gobiernos e instituciones.

Sin embargo, las autoridades provinciales remarcaron que el reconocimiento no implica que la transformación del sistema haya concluido, sino que representa un respaldo al camino recorrido y un compromiso para sostener los cambios.

“Este reconocimiento es una validación a un camino que venimos construyendo y, sobre todo, una responsabilidad para profundizarlo”, afirmó Kreplak.

En ese sentido, la Provincia buscará consolidar los avances mediante el segundo Plan Provincial Integral de Salud Mental 2026-2031, que establece como prioridades continuar con la desinstitucionalización, fortalecer la red pública de cuidados y ampliar las respuestas frente al suicidio y los consumos problemáticos.

El programa también contempla una mayor participación de usuarios, familiares y organizaciones sociales en la construcción de políticas sanitarias.

Fuente: Agencia DIB

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El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de un parque eólico en Olavarría

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El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Parque Eólico La Rinconada, que se desarrollará a unos 40 kilómetros de Olavarría. La iniciativa, a cargo de la empresa Vientos La Rinconada S.A.U., contempla una inversión total de US$ 230,7 millones y una potencia instalada de 94,5 megavatios (MW).

Según establece la resolución, el parque tendrá como objetivo principal abastecer el proceso productivo de la siderúrgica Siderca S.A.I.C., ubicada en Campana. Para ello, se conectará al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI) a través de la nueva Estación Transformadora La China, de Transba, situada en un predio lindero al Parque Eólico Viento de Olavarría.

Del monto total declarado, US$ 218,2 millones corresponden a inversiones en activos computables, cifra que supera el mínimo exigido por el RIGI para los proyectos del sector energético. La empresa también informó que destinará US$ 110,6 millones a esas inversiones durante el primer año y otros US$ 1,4 millones en el segundo.

La iniciativa cuenta con una prioridad de despacho de 91,5 MW adjudicada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Además, el organismo elaboró un informe sobre el impacto que tendrá el proyecto en la sustitución de importaciones de energía y combustibles para el Mercado Eléctrico Mayorista.

La resolución también establece que la firma deberá acreditar, durante el primer y segundo año desde la notificación de la medida, inversiones en activos computables equivalentes al menos al 40% del monto mínimo requerido para el sector energético. En tanto, fijó el 31 de marzo de 2027 como fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión comprometido.

La empresa, por otra parte, no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de las divisas provenientes de cobros de exportaciones, dado que el proyecto está destinado al abastecimiento energético de Siderca y no prevé exportaciones.

Fuente: Agencia DIB

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Cae la proporción de alcoholemias positivas en las rutas bonaerenses

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La proporción de alcoholemias positivas en los controles viales de la provincia de Buenos Aires bajó del 5% al 1,24%, según el balance difundido por el Ministerio de Transporte. Entre el inicio de 2025 y el 31 de octubre de 2026 se realizaron 622.834 testeos en 5.075 operativos, que permitieron detectar 7.745 conductores con alcohol en sangre.

Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Transporte bonaerense en el marco del Día Mundial sin Alcohol, como parte del balance de las políticas de prevención y seguridad vial implementadas en rutas, autopistas, accesos y centros urbanos de la provincia.

De acuerdo con el informe oficial, uno de los principales indicadores de la gestión de Martín Marinucci fue la reducción de la positividad en los controles de alcoholemia. El porcentaje pasó de aproximadamente el 5% a ubicarse en torno al 1,2%, desde que asumió ese funcionario a principios de 2025 hasta fines de octubre de este año.

Cabe recordar que desde principios de 2023 rige en la provincia de Buenos Aires la ley N° 15.402 de Alcohol Cero, que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de todo tipo de vehículos que circulen en todo el distrito. En la actualizad, la multa por conducir alcoholizado puede costar entre $702.000 y $2.340.000.

El despliegue del Ministerio de Transporte

Como parte del despliegue territorial, el Ministerio entregó alcoholímetros a 120 municipios bonaerenses para ampliar la capacidad de fiscalización local y fortalecer los controles en coordinación con los gobiernos comunales.

También incorporó cámaras digitales y puestos de monitoreo vial en corredores estratégicos, destinados a detectar infracciones y conductas de riesgo, como el uso del teléfono celular durante la conducción y la falta de utilización del cinturón de seguridad.

El esquema se complementa con operativos dinámicos en distintos puntos del territorio, jornadas de concientización en establecimientos educativos y capacitaciones para agentes municipales.

En ese contexto, Marinucci sostuvo que la política de Alcohol Cerobusca modificar los hábitos de conducción y destacó la importancia de mantener los controles en las rutas bonaerenses. Según señaló, la prevención no depende únicamente de las fiscalizaciones, sino también de la educación vial y de la articulación con los gobiernos locales.

Fuente: Agencia DIB

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