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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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Ley de Defensa al Consumidor: el Ministerio de Economía actualizó el listado de cláusulas abusivas en contratos

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El Ministerio de Economía de Argentina actualizó el listado oficial de cláusulas abusivas prohibidas en los contratos de consumo. Según el Boletín Oficial, esta nueva medida entrará en vigor desde el 11 de marzo de 2026 y obliga a adecuar todos los contratos a las nuevas disposiciones.

Esta acción surge tras un proceso de revisión normativa que responde tanto a la experiencia acumulada como a los cambios introducidos en el marco legal durante los últimos años.

La medida contempla la sustitución del anexo de la Resolución 53/03, la cual establecía el listado de apartados considerados abusivos en los contratos de consumo. Ahora, el Anexo IF-2025-100956608-APN-SSDCYLC#MEC pasa a constituir el nuevo marco de referencia.

Esta actualización fue determinada a partir del análisis jurídico correspondiente y es consecuencia directa de la ampliación de facultades otorgadas a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.

El anexo actualizado reemplaza la versión anterior implementada en 2003 y sus sucesivas revisiones, adaptándose así a los lineamientos de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y la jurisprudencia nacional e internacional. La normativa prohíbe expresamente la inclusión de cualquier cláusula que, conforme al artículo 37 de la Ley 24.240, resulte desfavorable, ineficaz o abusiva para los consumidores.

El subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial Fernando, Martín Blanco Mulño, firmó la disposición que establece la actualización. Según el texto, el objetivo central reside en optimizar la detección y remoción de cláusulas ineficaces, dificultando que se vulneren derechos básicos de los consumidores

Se aclara que todos los contratos vigentes y futuros deberán ajustarse al nuevo listado. Según el comunicado, la medida se adoptó en función de las facultades conferidas por el artículo 43 de la Ley 24.240 y sus modificatorias, el Decreto 50/19 y la Resolución 227/23.

El Boletín Oficial publicó: “Se considera necesario llevar a cabo la actualización, modificación y especificación de ciertos supuestos que constituyen cláusulas abusivas y, por ende, que no podrán ser incluidas en los contratos de consumo, para lo cual deviene pertinente proceder a la sustitución del Anexo de la Resolución Nº 53/03″.

En el anexo se detalla que se consideran abusivas las cláusulas que: “Confieran al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el significado, alcance y cumplimiento de las cláusulas contractuales y de las prestaciones respectivas”, “otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, excepto en aquellos casos que la autoridad de aplicación determine conforme pautas y criterios objetivos”, y “autoricen al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que medie incumplimiento del consumidor”, entre otros puntos que rigen en el Boletín Oficial. Así, esta publicación marca el inicio formal de la obligación de revisión contractual para todas las empresas y proveedores que ofrezcan bienes o servicios en el país.

Qué establece la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor en su artículo 37

El artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor prohíbe que los contratos tengan cláusulas que sean injustas para quienes compran productos o servicios. Si un contrato incluye reglas que quitan derechos al consumidor, que limitan la responsabilidad de la empresa o que hacen más difícil reclamar, esas reglas no tienen validez.

La nueva norma publicada en el Boletín Oficial no modifica el fondo del artículo 37, sino que detalla y amplía el listado de cláusulas que se consideran abusivas y, por lo tanto, prohibidas en los contratos de consumo. Esta actualización entra en vigor a partir del 11 de marzo de 2026 y obliga a que todas las empresas revisen sus contratos y eliminen cualquier cláusula que esté en ese nuevo listado que lo restrinja.

De esta manera, la ley mantiene su marco protector para los consumidores, mientras que la actualización normativa fortalece los mecanismos de control sobre los contratos. Esto significa que si una empresa incluye una cláusula abusiva, el Ministerio de Economía puede obligarla a quitarla o cambiar el contrato. Así, se busca que los derechos de los consumidores estén siempre protegidos y que los contratos sean más justos.

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El Gobierno nombró a Gustavo Coria como director ejecutivo de la Comisión de Ex Combatientes de Malvinas

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El Ministerio del Interior oficializó la designación de Gustavo Javier Coria, actual secretario de Interior, como representante de la cartera ante la Comisión Nacional de Ex-Combatientes de Malvinas y le otorgó también la función de director ejecutivo del organismo.

El organismo fue creado en 1994 bajo la cartera que ahora conduce Diego Santilli, según lo dispuesto por el Decreto N° 1741/94 y sus modificaciones, para articular políticas públicas en torno a los derechos y necesidades de los veteranos de la guerra del Atlántico Sur y sus familias. A su vez, está integrada por representantes seleccionados mediante el voto de los propios ex combatientes de distintas regiones del país.

“Cabe destacar la inconmensurable labor educativa y social que cumplen desde hace más de cuatro décadas las asociaciones de primer grado reivindicando en toda oportunidad, la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes; al tiempo que brindan apoyo y acompañamiento diario a cada veterano de guerra y familiar de los héroes caídos en combate”, explica el texto en uno de sus párrafos.

La normativa vigente establece que el organismo debe contar entre sus integrantes con “un o una representante” del Gobierno, función que ahora asumirá Coria. La medida quedó establecida en Boletín Oficial bajo la Resolución 25/2026, firmada por el ministro del Interior.

La designación se adoptó luego de la intervención del servicio jurídico del Ministerio, que actuó en el marco de sus competencias para validar el nombramiento. En el artículo segundo del texto oficial, se determinó que el licenciado en Ciencia Política “también ejercerá la Dirección Ejecutiva de la aludida Comisión”.

Su paso como funcionario de la Ciudad de Buenos Aires

En diciembre pasado, el decreto 895/2025 publicado en Boletín Oficial lo había nombrado al frente de la Secretaría de Interior. Siendo un hombre de confianza de Santilli y un colaborador todoterreno, Coria ocupó roles clave en la administración del Gobierno de la Ciudad. A los pocos días de la asunción de Santilli como ministro, realizaron juntos una visita oficial a Entre Ríos para reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio. El encuentro fue uno mas de los tantos que había emprendido el funcionario electo en el interior del país, durante esas semanas. También estuvieron con los mandatarios de Salta, Chubut, Catamarca, San Juan y Córdoba.

Entre 2019 y 2021, Coria se desempeñó como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad porteño durante la gestión de Marcelo D’Alessandro.

De 2016 a 2018, el hombre oriundo de General Lavalle, Córdoba, presidió la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), donde entabló relaciones de trabajo con intendentes de distintos signos políticos del Conurbano bonaerense. En las elecciones bonaerenses del 7b de septiembre fue electo diputado provincial, en el quinto puesto de la lista de la Sexta Sección Electoral. Sin embargo, su banca fue ocupada finalmente por María Fernanda Coitinho, titular de ANSES, tras su incorporación al Ministerio del Interior.

En 2023, fue designado ministro de Seguridad y Justicia porteño por el entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, luego de la salida de Eugenio Burzaco en medio de la crisis que desencadenó el crimen del ingeniero civil, Mariano Barbieri, ocurrido en el barrio de Palermo en 2023.

Coria obtuvo la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba en 1991. Completó estudios de Defensa Nacional en la respectiva escuela y fue investigador en el Instituto de Teoría del Estado y Política Económica entre 1990 y 1991. En el sector privado, ejerció como secretario del Directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y como jefe de Relaciones Institucionales de la misma empresa entre 2002 y 2008.

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Adorni gana poder en el Gobierno: podrá autorizar transferencias de fondos a provincias y otras erogaciones

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Manuel Adorni

En una nueva acción orientada a intensificar el control del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Gobierno Nacional habilitó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a autorizar la habilitación de distintas erogaciones del Estado, según confirmó una inobjetable fuente a Infobae.

Hasta entonces, la gran mayoría de los desembolsos, como por ejemplo las transferencias de fondos a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), no alcanzaban al Jefe de Gabinete. Si bien intervenía previamente en los expedientes, el mencionado aporte era instrumentado por el Ministerio del Interior que, desde finales de noviembre, lidera Diego Santilli, y el Ministerio de Economía cuyo titular, Luis Caputo, se encarga de evaluar las solicitudes en función de la situación fiscal, las cifras de coparticipación recibidas, el impacto político y la disponibilidad del fondo.

En la acción, el Poder Ejecutivo intensificó el control de las acciones que implican giro de dinero o la habilitación de recursos a través de la ampliación del esquema de firmas y dotó de “mayor poder de gestión” al ministro coordinador al que definen como el “más mimado” del Gabinete.

De esta forma, se instrumentó la implementación de los cambios internos que rigen desde la semana pasada en la previa al viaje del Presidente y funcionarios a Estados Unidos.

Como algunas otras erogaciones, los ATN son de administración discrecional, por lo que, a diferencia del resto de los fondos coparticipables, no se otorgan de forma automática. Es la propia administración libertaria la que determina en qué plazos y a quién asignarlos, lo que despierta tensiones con varios de los gobernadores que reclaman fondos para sus provincias.

En Balcarce 50, descartan de raíz que se trate de una limitación a los dos ministros involucrados sino -aclaran- que la decisión responde a la necesidad de sumar una tercera instancia de validación para intensificar el control. “La idea es poner un embudo para aumento de control. Nada más”, sintetizó una fuente en tema.

Lo cierto es que Luis Caputo es de los funcionarios más respaldados por el mandatario, quien lo califica como “el mejor ministro de Economía de la historia”, y Santilli, que integra la mesa política, logró ganarse la confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y trabaja en tándem con el propio Manuel Adorni en el diálogo con las provincias.

“Trabajamos todos juntos. La mesa política funciona con todos sus integrantes y estaban todos al corriente y de acuerdo con los cambios”, destacaron a Infobae desde las filas libertarias.

Si bien la idea no es realizar una supervisión del paso a paso de las carteras, con la incorporación de la firma del ministro coordinador, el Gobierno suma una nueva instancia de control y una validación en términos políticos más allá de los aspectos técnicos para instrumentar las transferencias. “La idea es ordenar el procedimiento, que consigne el aval de la mesa política. La validación debe contemplar también la estrategia parlamentaria”, sintetizó a Infobae un integrante de la mesa política.

En los últimos meses, Manuel Adorni se transformó en los ojos y la voz de Javier y Karina Milei, por lo que su presencia en las instancias de debate y decisión, como lo son las reuniones de la mesa política, se tornó obligatoria.

Luego de haber desembarcado en el cargo, y de barrer con los vestigios de su antecesor Guillermo Francos, Adorni oficia de principal espada de la secretaria general de la Presidencia y divide sus días entre la gestión y la coordinación política del equipo reducido equipo que designó el libertario para la sanción de proyectos que darán forma al segundo tramo de la gestión.

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