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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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El 46% de los adultos mayores recibe ingresos insuficientes, según un estudio de la UCA

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El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió en su último informe que el 46% de los hogares integrados por personas de sesenta años o más atravesó problemas de ingresos insuficientes entre 2024 y 2025.

El trabajo, titulado señala que este registro marca el nivel más alto de la serie relevada desde 2017 y representa una suba de cinco puntos porcentuales en comparación con el bienio 2022-2023.“Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)”,

Según el estudio, la falta de recursos golpea con mayor crudeza a los sectores de menores ingresos. Dentro del estrato socioeconómico muy bajo, el porcentaje de hogares con entradas insuficientes trepa al setenta y uno coma uno por ciento, mientras que en el sector bajo llega al cincuenta y cinco coma dos por ciento.

La inseguridad alimentaria en esta franja etaria pasó del doce coma tres por ciento registrado entre 2017 y 2019 al dieciocho coma cuatro por ciento en el período 2024-2025. El contraste entre clases sociales es profundo, ya que la afectación en el nivel medio alto se ubica en el uno coma uno por ciento frente al treinta y nueve coma uno por ciento del sector muy bajo, lo que implica que el riesgo alimentario en este último grupo multiplica por treinta y cinco al de los sectores más acomodados.

Los problemas económicos también se tradujeron en la imposibilidad de afrontar gastos cotidianos como las tarifas de los servicios públicos. Un 21,3% de los hogares con adultos mayores debió interrumpir el pago de algún servicio básico por falta de dinero, una cifra que asciende al 39,4% en los sectores de menor poder adquisitivo.

Pese a este panorama de vulnerabilidad, las estadísticas del relevamiento indican que la cobertura estatal mediante programas de transferencia o asistencia alimentaria descendió del 30% durante la pandemia al 26,8% en la actualidad, abarcando solo al 42,4% de los hogares del estrato más castigado.

Las carencias habitacionales completan el mapa de la situación social de los mayores. El 11,8 habita inmuebles con deficiencias estructurales, un porcentaje que escala al 27,5% en los sectores vulnerables.En paralelo, el 25,2% de la población mayor sufre privaciones vinculadas al acceso a agua corriente, gas o saneamiento, una falencia que afecta a cerca de la mitad de los hogares del estrato muy bajo.

El acceso a la salud pública y privada experimentó un retroceso evidente. El 35,2% de estos hogares postergó o directamente suspendió consultas médicas y la compra de fármacos por motivos presupuestarios, marcando el pico histórico de la serie con un incremento de casi diez puntos respecto al período previo.

Esta situación afecta al 55% de las familias del sector muy bajo. En cuanto al uso de PAMI durante 2025, el 74% de los afiliados lo empleó para la atención médica y el 70% para adquirir medicamentos, aunque las opiniones sobre las prestaciones mostraron divisiones: 61,7% aprobó la atención médica, en tanto que la cobertura de remedios cosechó una valoración positiva inferior al 50%, con valoraciones aún más reticentes entre los sectores de menores recursos.

Fuente: Agencia DIB.

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Municipales bonaerenses iniciaron plan de lucha con cortes en rutas

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La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo)comenzó este lunes con su plan de lucha provincial que incluyócortes en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas, dos vías estratégicas para el traslado de la producción dentro del territorio.

La primera medida de este lunes fue impulsada por sindicatos pertenecientes a una de las regionales Centro y a la Regional Conurbano Oeste de la organización. La movilización forma parte del programa de acciones anunciado por el secretario general de Fesimubo, Hernán Doval, durante las reuniones regionales desarrolladas en distintos distritos.

Si bien el sector negocia con los intendentes los salarios, que parten desde los $150.000 por mes en algunos municipios, la protesta involucra a la administración de Axel Kicillof, a quien le piden que convoque al Consejo del Empleo Municipal para discutir sus pedidos en un marco “institucional”. Este organismo existe hace una década pero nunca se lo convocó.

A ese reclamo se suma la denuncia por el crecimiento de modalidades que, según el gremio, profundizan la precarización dentro de los municipios, principalmente mediante contrataciones bajo monotributo y becas.

La Federación plantea que el problema excede las negociaciones salariales de cada municipio y reclama una discusión a nivel provincial que permita abordar las condiciones laborales del sector.

Fuente: Agencia DIB

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Senado provincial y Municipio aportarán los fondos para asistir a la totalidad de los inscriptos

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Esta mañana en conferencia de prensa el intendente Federico Susbielles confirmó que la totalidad de los comerciantes bahienses que se inscribió  al Fondo de Asistencia Económica recibirá la ayuda.

Ese fondo en principio se conformaba de los $300 millones aportados por la Cámara de Diputados bonaerense. Ahora se sumarán $150 millones que garantizó la Cámara de Senadores y lo que reste para cubrir toda la demanda será aportado por la Municipalidad.

El programa otorgará una ayuda económica de $1.000.000, no reintegrable, a comercios, pequeñas y medianas empresas del partido de Bahía Blanca que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad fiscal.

Durante el anuncio estuvieron presentes además del jefe comunal, el senador provincial Marcelo Feliú; el Jefe de Gabinete, Luis Calderaro; el secretario de Economía, Carlos De Vadillo; y representantes de la Cámara de Comercio y de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios.

El pasado viernes cerró la inscripción al fondo: hubo 668 comercios inscriptos, 460 con documentación completa y 208 que deben cargar información.

“Teníamos en claro que teníamos que estar al lado de nuestros vecinos y también de los comerciantes que son quienes generan mano de obra y empleo en la ciudad”, enfatizó Susbielles.

Además, aseguró que en el marco de “una situación compleja para todos” desde la comuna seguirán acompañando y gestionando para el comercio bahiense.

Feliú, por su parte, expuso que la cantidad de comerciantes que solicitaron el subsidio de $1.000.000 “no es más que un síntoma de algo que es mucho más importante como es la causa: una enorme retracción de la demanda porque no hay poder de compra; se ha perdido el poder adquisitivo“.

Fuente: Frente al cano.

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