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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos”, Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por el triunfo parcial en Brasil

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Aunque todo sucedió del otro lado de la frontera, las elecciones en Brasil mantuvieron la atención de los políticos en la Argentina, que siguieron de cerca el proceso para analizarlo de cara al 2027, cuando tocará decidir el futuro de la Casa Rosada. Una vez que se conocieron los resultados, los principales dirigentes locales se hicieron eco del sorpresivo triunfo en primera instancia de Flávio Bolsonaro, que ahora deberá someterse a la segunda vuelta.

“La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!”, escribió el presidente Javier Milei.

Asimismo, la jefa del oficialismo argentino en el Senado, Patricia Bullrich, sostuvo que, con este resultado, ” se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica”.

”Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo. Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países. Felicitaciones, Flávio Bolsonaro”, comentó la ex ministra de Seguridad.

Los primeros datos oficiales del escrutinio marcaban que, con apenas poco más del 3% de las mesas relevadas, el candidato de derecha estaba primero con más de 50 puntos y 10 de diferencia de su principal rival, el actual mandatario, Luiz Inácio “Lula“ da Silva.

Sin embargo, en ese momento los dirigentes argentinos seguían guardando silencio y unas horas más tarde la distancia entre los adversarios se achicó, confirmando que habrá un balotaje.

Fue recién en ese momento que comenzaron a aparecer en las redes sociales algunas opiniones al respecto, a favor y en contra del líder del Partido Liberal (PL) brasileño.

“Como hace cuatro años, volvemos a estar acá para acompañar a Lula en este nuevo desafío. Con la misma esperanza, con la convicción intacta y con el deseo de que Brasil siga avanzando por el camino de la transformación, la inclusión y la dignidad de su pueblo, una senda que debemos retomar en Argentina a partir de octubre del 2027“, escribió en su cuenta de X Victoria Tolosa Paz.

La diputada de Unión por la Patria, que viajó para estar en el búnker del Partido de los Trabajadores (PR), subió una foto con el mandatario del país vecino para acompañar el texto.

“Con la certeza de que los pueblos de nuestra América tienen mucho por construir juntos, siempre del lado de la democracia, la justicia social y la dignidad. ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Brasil!“, agregó.

Por su parte, el también diputado, pero socialista, Esteban Paulón, comentó: “Habrá segunda vuelta en Brasil a fines de octubre. Seguramente el resultado final será más ajustado aun y mañana comienza otra campaña, otra elección! Bora Lula para estas tres intensas semanas y ¡a ganar!”.

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El Senado se prepara para el último tramo de sesiones ordinarias: cuáles son los desafíos para el oficialismo

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El Senado pasó una semana de tranquilidad y sin actividad que sumaría movimientos mínimos en los próximos días, debido a viajes varios de legisladores y sumatoria de millas. No obstante, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se prepara para el último tramo de sesiones ordinarias, con iniciativas aún trabadas y otras que se esperan desde Diputados, como el Presupuesto 2027. Todo esto, en medio de una pre campaña electoral que regala curiosos capítulos, una oposición enojada tras lo ocurrido con la Corte Suprema y la ley de tierras -mega DNU 70/23-, y un Ejecutivo que no frena en su accionar pese al inevitable desgaste de la gestión vía motosierra, que acomodó un trozo importante de una macro que no devuelve gentilezas.

La semana estuvo atravesada por la muerte del riojano Juan Carlos Pagotto, un soldado de Martín y “Lule” Menem y, por ende, hombre de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. El ex legislador presidía nada menos que la estratégica comisión de Acuerdos, que analiza los pliegos judiciales -Corte Suprema incluida-, más ascensos diplomáticos y militares. Si bien no estaría confirmado hasta que la bancada realice una cumbre, las fichas apuntan hacia otra leal de la hermana del jefe de Estado, la neuquina Nadia Márquez.

Para concretar el enroque y, debido a que la senadora ya integra la comisión, el lugar de Pagotto sería ocupado por el rionegrino Enzo Fullone, quien se encuentra bien referenciado dentro del bloque y por la propia Casa Rosada. Luego habrá que proponer a Márquez como líder de Acuerdos, cuyo vice es el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires).

Como Márquez es, en la actualidad, quien maneja la comisión -también importante- de Legislación General, dicho lugar sería cedido al oficialista Juan Cruz Godoy (Chaco). Acuerdos es, por ahora, la única con trabajo confirmado para el martes próximo, cuando se realice una nueva audiencia para analizar propuestas judiciales.

De nuevo en la agenda de la Cámara alta, una de las iniciativas que quedó en stand by es la ley de Sociedades que fomenta el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En agosto fue la propia Bullrich quien anunció, durante un plenario de comisiones, modificaciones para que quedara explícita la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.

Cuando disertó en el Senado, Sturzenegger se refirió a ello y a la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. En ese sentido, señaló que “tanto en el caso de las DAO, donde incluso se pone que solamente están permitidas las DAO donde los beneficiarios oficiales están dispuestos a manifestarse, o en las automatizadas, que están sujetas a todos los regímenes de responsabilidad de las sociedades anónimas”, no habría “ningún problema”.

En tanto, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez, aseguró: “Se incorporan personas humanas como representantes de estas DAO, en el artículo 260. Hoy las DAO existen, están operando sin ningún tipo de regulación concreta. Podemos mirar para otro lado y no regularlas, pero, justamente, lo que estamos haciendo es regularlas”. La porteña fue clara y habrá modificaciones que propuso ella y otras que acercaron aliados. Todo esto, si se llegara a convencer a su bancada: según confiaron desde dos despachos mileístas a Infobae, hay legisladores para nada contentos con el proyecto en cuestión.

Por otra parte, desde comienzos del mes pasado que se dejó de hablar de los textos sobre Súper RIGI -inversiones a partir de USD 1.000 millones- y otro de radicales, para planes desde USD 12 millones. Un puñado de aliados exige ampliar el término “precio/calidad”, para no favorecer siempre la importación de insumos, algo que activó las alarmas en varios despachos a la hora de ver el desarrollo del sistema RIGI.

Para evitar el efecto contrario, piden que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones. El Gobierno no descarta quedarse sólo con el RIGI vigente, aunque hará un intento para saldar el asunto. “Por ahora no aparece una diagonal que facilite su llegada al recinto”, reconoció un experimentado senador a este medio.

Con más esperanza ven algunos la viabilidad de darle luz verde a una nueva ley de salud mental. Y ya hay un dictamen para ir al recinto sobre huella de carbono, aunque -cuándo no- los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut -sobre todo, la segunda-, empiojaron el articulado consensuado y el mismo está en revisión.

A todo esto debe añadirse la tensión en Diputados por lo ocurrido con la Corte Suprema y la ley de tierras del mega DNU 70/23, aunque también miran de rejo las eventuales discusiones en el recinto de la Cámara baja por morosidad y endeudamiento. La prioridad es que venga de allá el Presupuesto 2027 y que, en el Senado, tenga un guiño la suspensión de las PASO de la amplia reforma electoral. Volvieron a llover fotos y anuncios de asunto blindado para lo electoral. Sin embargo, en el Congreso nadie lo valida ni se llama a comisión.

En tanto, para la ley de gastos ya se vislumbran extraordinarias para sancionarla, aunque se hará el intento antes que finalice noviembre. La Cámara alta aguarda el trámite con cuentas ordenadas, ahorro generado y, más allá de números desactualizados desde el Ejecutivo, con una planta que empezó en 4885 agentes el 10 de diciembre de 2023 y hoy se encuentra en 3641, según averiguó Infobae.

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En la antesala de la discusión electoral, el peronismo buscará un gesto de unidad en la Legislatura bonaerense

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Mientras los distintos referentes del peronismo con peso en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, transitan de manera autónoma un camino hacia la negociación electoral de 2027, las segundas y terceras líneas intervienen en distintas negociaciones políticas, con la Legislatura bonaerense como teatro de operaciones.

La semana que inicia, el peronismo podría mostrar una foto de cohesión en el Senado bonaerense. Al menos esa es la expectativa, con el antecedente reciente de que en Diputados legisladores de Kicillof acompañaron un proyecto del presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, después de mostrar sus disidencias al texto durante el debate en comisión.

La tensión sigue latente, pero podría haber un breve momento de convivencia interna. El próximo martes, el peronismo buscará aprobar en la Cámara alta dos proyectos de ley que el gobernador giró tiempo atrás y son la creación de una empresa de medicamentos y la unificación del sistema de salud.

Las iniciativas no son nuevas. De hecho, por la interna del peronismo, el año pasado perdieron el estado parlamentario. A fines del 2025, en repetidas oportunidades, los senadores que responden a Cristina Kirchner y a Sergio Massa le solicitaron por nota a la vicegobernadora, Verónica Magario, que convocase a una sesión para tratar los expedientes. El requerimiento llegaba en medio de lo que fue la negociación por las autoridades de la mesa. Entonces, aquellos pedidos nunca avanzaron porque no se sesionó y los proyectos -que ya habían sido aprobados en Diputados- perdieron estado parlamentario. Este año, el Ejecutivo volvió a presentarlos. “Se perdieron diez meses; si hubieran convocado a sesionar a fin de año, ya sería ley. Lo importante es que ahora parece que avanzan y nosotros vamos a acompañar, como acompañábamos también el año pasado”, aseguró un referente K ante este medio.

A fines de agosto, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, volvió a defender las iniciativas ante los integrantes de la comisión de Salud. El kirchnerismo había asegurado que respaldaría los proyectos, aunque —en principio— el senador Mario Ishii mostró su distancia. El último jueves, la comisión de Salud de la Cámara alta se reunió y sacó despacho de mayoría de los dos proyectos para que lleguen al recinto. Fuerza Patria acompañó, aunque con modificaciones. Mientras que los representantes de La Libertad Avanza –Diego Valenzuela y Betina Rivas-, el PRO –Alex Campbell– y el bloque Hechos de los hermanos Passaglia –Marina Subiza– rechazaron el dictamen y harán lo propio en el recinto. El argumento es que el Estado “no está en condiciones” de sumergirse en un proyecto que “genera un gasto de grandes magnitudes” y además busca “regular” el funcionamiento del sector privado de salud. Para la oposición, el espíritu de los proyectos va a contramano de la baja del déficit y el superávit que promueve la gestión nacional.

“Esto es un ir cerrando un círculo: que la salud es una sola en realidad, pero el Estado tiene que tener una injerencia importante y no como está haciendo hoy el Estado nacional, que se corre de todos lados y para él es todo privado”, consideró el senador Pedro Borgini, que es el presidente de la comisión de Salud y forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que comanda Kicillof. El proyecto pasará este lunes por la comisión de Legislación General —que preside el senador del MDF, Germán Lago— para así, con dos dictámenes, llegar a la sesión de este martes.

Para que el kirchnerismo acompañe las iniciativas, hubo que hacerle modificaciones al proyecto original. Detrás de esa jugada estuvo el intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii. En el proyecto de ley de creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), las modificaciones apuntan a delimitar con mayor precisión las atribuciones estatales y reforzar las garantías para los actores del sistema. Se eliminan las facultades del Poder Ejecutivo para definir la localización de establecimientos sanitarios y determinar previamente la necesidad de incorporar nuevas instituciones, servicios o tecnologías, manteniéndose únicamente las habilitaciones correspondientes. Asimismo, se restringe la posibilidad de exigir prestaciones extraordinarias al sector privado a situaciones excepcionales de emergencia sanitaria formalmente declarada, con carácter temporal y sin afectación permanente de bienes o personal. También se aclara que la adhesión de municipios y establecimientos privados a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud es voluntaria, y que la falta de incorporación no afectará su habilitación, funcionamiento ni acceso a programas generales. Además, se reorganizan disposiciones sobre gobernanza de datos, se limitan sanciones graves y se precisan las competencias de los órganos de coordinación del sistema.

Respecto del proyecto de creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense SAPEM, las modificaciones se orientan a asegurar la sostenibilidad financiera, preservar el control estatal y fortalecer la supervisión legislativa. Se establece que el endeudamiento y la emisión de títulos deberán estar vinculados al objeto social, contemplados en el presupuesto aprobado y sujetos a los límites previstos en el Estatuto y la Ley de Administración Financiera provincial. El Estatuto deberá incluir una política de financiamiento y endeudamiento con límites prudenciales. A su vez, se fija que la Provincia conservará el 99% del capital social mediante acciones clase A, mientras que cualquier transferencia de esas acciones requerirá autorización legislativa con mayoría de dos tercios. Finalmente, se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, integrada por cinco diputados y cinco senadores, con facultades para requerir informes, formular recomendaciones e intervenir previamente en operaciones de endeudamiento extraordinario. Este último punto fue el que destrabó la votación en Diputados cuando se votó la misma iniciativa que luego perdió estado parlamentario en el Senado.

En Diputados, el juego en línea

La Cámpora descuenta que los diputados de Fuerza Patria acompañarán el último proyecto de ley potente que presentó Tignanelli junto a la diputada Micaela Olivetto. El mismo propone un marco integral de prevención y regulación de apuestas on line. La misma es con verificación facial, límites de acceso, prohibición de bonos y publicidad dirigida a menores. La iniciativa también impide presentar la actividad como un “juego”, crea una fiscalía especializada para bloquear plataformas ilegales y establece que, si apuesta un menor, se podrá revocar la licencia del operador. “Llamarlas juego es una trampa, son lugares donde se realizan apuestas”, afirmó el autor que ostenta la jefatura política de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires.

La propuesta, además, obliga a las empresas a destinar a salud mental el equivalente a todo su gasto publicitario y a aportar el 3% de los premios para clubes, centros culturales, jubilados y becas deportivas. “Estas empresas todos los meses sustraen de la economía de la provincia una suma exorbitante”, sostuvo Tignanelli, quien planteó que los fondos permitirán fortalecer organizaciones comunitarias y financiar tratamientos por ludopatía. Hace un mes, el gobierno bonaerense definió aplicar un cobro del 2% sobre los premios de las apuestas online en las siete plataformas de juego que tienen concesión para operar en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había dicho que se recaudaría “entre 35.000 y 40.000 millones de pesos adicionales todos los meses”. Fue a través de una resolución del Instituto de Loterías y Casinos que preside Gonzalo Atanasof.

Jueces, a la espera

Mientras se aguardan definiciones de corte electoral que también dependen de la intervención de la Legislatura como posible eliminación de las PASO en Buenos Aires, la chance de ir hacia un sistema de Boleta Única en PBA como reclama la oposición, hay un tema más cercano y es la prestación de acuerdos para cargos judiciales, en el cual no solo deberá haber un acuerdo interno entre las distintas facciones del peronismo, sino también con la oposición.

El Ejecutivo tiene 280 pliegos en su poder, que ya “salieron” desde el Consejo de la Magistratura provincial en sus respectivas ternas y aún no se han girado al Senado para su aprobación definitiva luego de las entrevistas que debe hacer la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado. “Nosotros estamos relativamente al día”, cuenta un integrante del Consejo de la Magistratura. Es decir, se avanzó en el proceso de selección. Las miradas apuntan al Ejecutivo, que debe resolver nombres y elevar los pliegos. La demanda del Consejo de la Magistratura es compartida por el Poder Judicial sobre todo para suplir las subrogancias en distintos tribunales. Durante la gestión de Juan Martín Mena en el Ministerio de Justicia bonaerense se avanzó con 412 designaciones. Esta semana que inicia, dejan correr en distintas terminales; podría haber novedades al respecto y un gesto de avanzar en dicha agenda.

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