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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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La pelea judicial para la que se prepara la Casa Rosada y la nueva estrategia que diseña LLA de cara al 2027

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En cuestión de semanas, el Gobierno confía en que conseguirá la sanción del proyecto de Modernización Laboral. Todo eso sin saber cuál será el texto final que migrará desde el Senado a la Cámara de Diputados: hay sugerencias de la oposición en materia de convenios o artículos minoritarios que podrían aplicarse al mismo momento de la votación. Pero no está claro si aquello también sucederá con el capítulo que tiene la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas. Si atenúa la forma de su aplicación, tendrá los votos. Si no lo hace, será rechazado.

Los incentivos que el Gobierno propone son algo difusos. Por un lado, tratan de convencer a los gobernadores de que voten ese apartado argumentando que con la reforma laboral habrá un revulsivo en la registración del empleo y, con ello, una mayor recaudación. Perder para ganar más adelante. Pero más de un integrante de la mesa política de la Casa Rosada coquetea con la posibilidad de que se caiga para que la recaudación no disminuya.

Como trasfondo, los datos de enero de ARCA revelaron que la recaudación volvió a caer en términos reales por sexto mes consecutivo. “Los gobernadores no saben lo cortos que estamos con los números y que con una baja de Ganancias también nos la estamos jugando”, afirmó al respecto una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo.

“Si Ganancias no sale y la reforma laboral igualmente termina dinamizando la economía, el beneficio para nosotros va a ser doble”, razona un gobernador. Con eso sobre la mesa, ninguno de ellos se va a jugar si el oficialismo no cambia su postura.

Como trasfondo de esta cuestión está la lucha por las diferentes gobernaciones en las elecciones de 2027. Los mandatarios provinciales consideran que ya fueron ajustados lo suficiente por parte de Nación y que los pedidos de contribución a la causa libertaria ahora están enmarcados en un juego de suma cero.

Pese a todo, existen ciertos gestos de camaradería con el Gobierno. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, dos dirigentes que no se caracterizan por su condescendencia con Milei, no recibieron a la CGT en su gira federal para tratar de frenar la reforma laboral. Al igual que la gran mayoría de los gobernadores, tampoco fueron al fallido encuentro en el CFI que pretendía debatir la posición de las provincias ante el proyecto libertario.

Sean como sean votados los capítulos, en el círculo rojo libertario aseguran que la votación en general será afirmativa en ambas cámaras. Ante esta cuasi-certeza, los responsables de la rosca judicial en la Casa Rosada ya están visualizando la próxima pelea que se viene: la de la judicialización de la reforma.

“Todas las reformas que hemos sacado nos las judicializan. Sabemos que van a venir por el proyecto. En todos los casos no consiguieron ganar, salvo en los temas más laborales”, afirma una fuente inobjetable. Cerca del Presidente marcan que se trata de un caso espinoso. Afirman que hay una simbiosis entre jueces y estudios laborales que junto al sindicalismo van a trabajar para suspender los efectos de la reforma. Culpabilizan a la Justicia laboral por haber afectado con sus medidas “en cinco puntos del PBI” a la Argentina.

Creen que después de las etapas de apelaciones va a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente presidida por Horacio Rosatti y con Carlos Rosenkrantz Ricardo Lorenzetti como los otros dos integrantes del cuerpo.

Las líneas que el Poder Ejecutivo construyó con la Justicia han tenido como revisor último al asesor presidencial Santiago Caputo. A Javier Milei no le interesa este tipo de rosca. Al igual que el submundo de la Inteligencia, prefiere mantenerse lejos. Lo único que le pide a los suyos es no opinar ni tener injerencia sobre fallos judiciales más allá de los recursos legales. “Eso nos permitió sostener las reformas que queríamos”, afirman. En la Corte reconocen esta política marcando que en los últimos dos años han trabajado con libertad sin presiones.

Hay uno o dos de los ministros de la Corte que últimamente están teniendo un criterio más moderno y dinámico. Una forma de pensar que entiende que se puede proteger a los trabajadores y permitir que los empresarios puedan contratar gente más fácilmente. Sería ideal no llegar a la instancia de tener que hablar con la Corte, porque en cualquier parte del mundo te presentan una cautelar de este estilo y debería rechazarse inmediatamente”, argumenta un funcionario.

En el Gobierno no revelan a qué integrantes del máximo tribunal se refieren. Hay antecedentes que permiten construir qué afinidades hay con cada juez de la Corte.

Lo cierto es que hay que estar muy atentos a los movimientos que podrían ocurrir en los próximos meses. Un sector de la mesa chica libertaria cree que puede articular una nueva alianza estratégica con otro de los ministros de la Corte Suprema. Un pacto que busca cambiar el eje copernicano actual.

Mientras tanto, en Casa Rosada creen que la paralización de la reforma laboral no va a ser exitosa y que la Justicia, más temprano que tarde, la dejará habilitada. “En general en la Justicia saben que la sociedad los está mirando, porque ganan millonadas y de lo único que hablan es de sus privilegios”, marcan.

La frase, igualmente, tiene sus matices: por decir un caso, el Poder Ejecutivo convalidó un incremento anual para los fondos del Consejo de la Magistratura de un 280%. Cuentan que hubo un integrante de este órgano que se enteró del incremento que iban a tener y le dijo con regocijo a un funcionario del Gobierno: “Este año que se viene vamos a tener plata”.

Son movimientos que miran con recelo en un sector de la Administración Pública Nacional: el de los Directores Nacionales, Directores Generales y Coordinadores. Varios de ellos se enteraron que el incremento de Ministros, Secretarios y Subsecretarios no llegó a sus categorías, por lo que siguen con el mismo salario que diciembre de 2023. “Nos tienen para el congelamiento pero no para el aumento”, se queja, en extrema reserva, uno de ellos.

Volviendo a la reforma, el área que tiene la competencia para defender el proyecto libertario es la Procuración del Tesoro, la cual depende del Ministerio de Justicia. El ministro Mariano Cúneo Libarona volvió a finales de enero y por el momento sigue en su cargo. Los hermanos Milei no volvieron a hablar con el funcionario sobre su continuidad, aunque está tallado en piedra que en algún momento abandonará su cargo para poder priorizar sus afectos.

Quienes volvieron a hablar para mostrarse juntos fueron el ministro del Interior, Diego Santilli, con el presidente bonaerense del PRO, Cristian Ritondo. La postal solo fue publicada por este último, que detalló que el encuentro tuvo como objetivo hablar sobre la reforma laboral y la edad de imputabilidad, “una de las principales preocupaciones de los vecinos de la provincia de Buenos Aires”.

¿Qué sentido tuvo la foto? En el entorno del funcionario mileísta marcan que Ritondo no deja de ser un actor clave en el Congreso con el que debe articular estrategias para la Cámara de Diputados. En el PRO dieron a entender que la foto ratifica a Santilli “como un amarillo en el Gobierno”.

“Es socio y amigo de Cristian y se pretende llevarlo de candidato dentro de una alianza con La Libertad Avanza”, afirman en el macrismo, donde afirman que no hay margen como para no armar una coalición electoral que compita con el peronismo kirchnerista en la Provincia. Al no haber balotaje, gana el espacio que tiene más votos.

No es la primera vez en el año que Ritondo se muestra con una persona fuerte del Gobierno. En enero fue fotografiado junto a Santiago Caputo, con quien mantiene una amistad de años. No es la misma relación que tiene con el sector de los Menem, que lo acusa de haber querido quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, algo que se vio abortado luego de la victoria libertaria en octubre.

En el karinismo indican que no tienen “porqué autorizar o no una foto” con Ritondo. “No hay tanto misterio. El Colo es alguien que tiene una cuota del electorado al que sin dudas hay que aspirar y es un potencial candidato a la Gobernación”, indica una fuente inobjetable del entorno de la hermanísima, desde donde no desmienten que el año próximo se active una carrera por los nombres para la boleta provincial, pero que “no se va a limar” la figura del ministro.

Cada espacio político está con sus respectivos planes. Ritondo está en proceso de renovar su presidencia partidaria en la Provincia. Quiere a Soledad Martínez como su vicepresidenta primera y plasmar la estructura de Santilli, Guillermo Montenegro y de otros dirigentes, como el actual senador provincial Pablo Petrecca, uno de los principales alfiles PRO que se dio de baja de la alianza con LLA el año pasado para competir con su propio espacio, Somos.

Es por ese mismo antecedente que en el partido libertario, comandado en la Provincia por Sebastián Pareja, están ejecutando una política de construcción diferente desde las elecciones de octubre. Aunque no descartan una coalición electoral, marcan que estarán mirando de cerca cómo se comportan los aliados del Gobierno en la votación que habrá en la Legislatura bonaerense sobre la reelección de los intendentes. “Ese va a ser el punto de inflexión. Si la votan, habremos arrancado mal”, afirma un operador de LLA.

En la plana mayor de La Libertad Avanza creen que el diálogo con Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Abad (UCR) debe complementarse con tratativas directas con la mayoría de los intendentes para evitar fugas en una eventual coalición. Además de con Petrecca, el PRO tuvo otros casos de escisiones como con los hermanos Passaglia (San Nicolás de los Arroyos) y Javier Martínez (Pergamino); así como otros radicales y vecinalistas.

“Lo sucedido en el 2025 nos dice que los pactos por partido no aseguran fisuras y que debemos hablar mano a mano con cada uno de los actores. No vamos a permitir que se nos siente una persona, arregle para sus amigos y después otros arreglen individualmente en su territorio”, ratifican en La Libertad Avanza.

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Lula da Silva se sacó una foto con un cartel de “Cristina libre” en Brasil y le envió un mensaje a la expresidenta: “Que no afloje”

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se sacó este sábado un cartel con la leyenda “Cristina libre” y le envió a la expresidenta argentina, detenida con prisión domiciliaria en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires, un mensaje de aliento: “Que no afloje y a seguir luchando”.

Así lo difundió el equipo de comunicación de Cristina Kirchner, con un video que muestra el momento en que Lula abraza a Oscar Parrilli a la salida de un evento en San Salvador de Bahía.

El exsecretario General de la Presidencia argentino encabezó la delegación nacional que participó de un encuentro para conmemorar los 46 años de la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) donde estuvo Lula. Los otros dirigentes nacionales fueron el excanciller Felipe Solá y el parlamentario del Merosur y santacruceño Franco Metaza.

“El Presidente Lula da Silva, envió cariños a la ex mandataria de Argentina Cristina Kirchner, “Que no afloje y a seguir luchando” fueron sus deseos para la ex mandataria”, dice un comunicado enviado por el área de prensa de La Cámpora.

Oscar Parrilli, en tanto, agradeció a Lula la visita que realizó a la Argentina y especialmente Cristina Kirchner meses atrás. El presidente de Brasil estuvo en el departamento de San José 1111 en julio pasado.

En los mensajes que cada uno difundió tras aquel encuentro, que se extendió durante casi una hora, la expresidenta destacó el peso político de la visita, mientras Lula enfatizó su compromiso personal con ella y la instó a sostener “la lucha por la justicia” al compartir que Cristina Kirchner es una presa política.

“Hoy recibimos al compañero Lula en mi casa, donde estoy bajo detención domiciliaria por decisión de un Poder Judicial que hace tiempo dejó de disimular su subordinación política”, escribió CFK en un posteo en la red social X tras la visita de Lula.

La expresidenta comparó su caso con la causa judicial que enfrentó el mandatario brasileño en su país años antes. “Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto”, escribió Cristina y concluyó que la visita de Lula “fue mucho más que un gesto personal: fue un acto político de solidaridad”.

Lula, en tanto, también escribió en la ex Twitter y relató: “Hoy visité a mi colega y expresidenta Cristina Kirchner en su residencia de Buenos Aires. Me alegró mucho volver a verla y encontrarla tan bien, con fuerza y ​​espíritu de lucha”.

“Tengo una larga amistad con Cristina que va mucho más allá de una relación institucional. Es un cariño y afecto compartidos por amigos, colegas en el ámbito político y quienes comparten los ideales de justicia social y la lucha contra la desigualdad”, agregó el presidente de Brasil, quien destacó de CFK la “firmeza que ha caracterizado su vida y su carrera política”.

“Pude sentir el apoyo popular que ha recibido en las calles, y sé muy bien lo importante que es este reconocimiento en los momentos más difíciles. Espero que estés bien y que continúes tu lucha por la justicia”, cerró el pernambucano en referencia a una visita que no había estado en la agenda oficial.

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Reforma laboral y cuentas que no cierran: la mala racha de recaudación borró el debate de fondo

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Nadie, ni el Gobierno, ni las provincias ni los legisladores, discute en estas horas los temas gravitantes de la reforma laboral. El proyecto llegaría al recinto del Senado en apenas cinco días, el miércoles, según la cita impulsada por oficialistas, socios y dialoguistas. Eso mismo supone un acuerdo sobre buena parte del texto -con cambios poco difundidos- y la advertencia, al mismo tiempo, sobre la tensión final en torno del artículo tributario, es decir, el que proyecta una caída de fondos para las provincias. Resultado: una mezcla de confianza por la sanción en general e incertidumbre puntual, alimentada por la mala racha de la recaudación, que lleva seis meses y complica, bastante, los números nacionales y de cada distrito. De las cuestiones de fondo se habla poco y nada.

El cruce de especulaciones y suspicacias sobre la propuesta de rebaja en Ganancias para empresas es tal que van de la mano las alternativas -que las hay en conversaciones entre gobernadores y con operadores violetas- y la posibilidad de una caída de este tema. La ley es un objetivo de máxima para Olivos: la aprobación sería un mensaje fuerte por su sentido político antes que por los efectos prácticos, a medir en el tiempo. El interrogante es hasta qué punto podría llegar esa necesidad. ¿Soportaría Javier Milei un final que pueda ser interpretado como una cesión a los jefes provinciales?

El ejemplo más cercano es la sanción del Presupuesto 2026. El Gobierno celebró públicamente como un éxito el trámite de aprobación sobre el final de diciembre, en pleno vértigo de las Fiestas. Pero hacia adentro, lamentó dejar en el camino el capítulo que incluía el fin de las leyes de emergencia en el área de discapacidad y de financiamiento universitario. Ahora, hay quienes sostienen que Milei no aceptaría ceder con la baja de Ganancias para empresas incorporada al proyecto de reforma laboral.

Visto desde ese punto de vista, se trataría de una lectura sobre el mensaje político antes que tributario al mundo de las empresas. Entre los gobernadores, y en algunos contactos con Diego Santilli -dicen que también con Santiago Caputo-, se plantearon diversas salidas: postergar la aplicación de la baja de Ganancias, escalonarla o sujetarla a una mejora de ingresos que, según el Gobierno, provocaría la misma ley. Después, creció la sospecha de que tal vez Economía preferiría que directamente se caiga ese renglón del proyecto. Parece ilógico, pero para quienes siguen de cerca los números no lo sería.

La recaudación viene cayendo de manera significativa y sostenida desde hace seis meses, por diversos factores, entre ellos el retroceso o el freno del consumo, según el rubro y cada mes. El declive en términos reales arrancó en agosto, con un registro negativo de más de 2 puntos porcentuales, y superó en enero los 7 puntos. Eso impacta directamente en la relación con las provincias. Las transferencias generales disminuyeron sensiblemente en el primer mes de este año y medida sólo la coparticipación, osciló en los 8 puntos.
Los números, incuestionables hasta para la Oficina de Respuesta Oficial, exponen sobre qué tablero se mueve este aspecto de la reforma laboral. Y, según jefes provinciales de buen diálogo con el Gobierno, podría generar una especie de doble señal oficialista: por un lado, la necesidad de sostener el discurso de no admitir cambios sustanciales para coronar su iniciativa en el Senado; y por el otro, una realidad que deja márgenes reducidos para sacrificar recaudación.

A eso se añade un ingrediente político, sobre todo de manejo comunicacional. La decisión de avanzar con la iniciativa sin mucho debate dejó fuera de la agenda pública los puntos de la reforma que hacen a los cambios laborales. Y los avances con otros espacios en ese terreno terminaron de consagrar como tema fundamental el artículo tributario, es decir, los tironeos con las provincias. La resolución de este renglón podría opacar la lectura sobre los puntos centrales de la ley y, en caso de ceder, hasta dejaría un regusto amargo para Olivos.

El texto original incluyó algunos planteos polémicos o de previsible reclamo judicial de los jefes sindicales. Se verá en el recinto si los cambios acordados por el oficialismo en las tratativas con la oposición dialoguista -con Patricia Bullrich negociando aspectos no monetarios del dictamen de comisión- moderaron o no algunos de aspectos más cuestionables.

Según trascendió, habría algunas pinceladas para diferenciar el tratamiento entre pymes y grandes empresas. Un caso sería el del fondo para indemnizaciones que, de hecho, recortaría aportes patronales destinados al sistema previsional para derivarlos al FAL. Existen otros puntos que los jefes sindicales cuestionan y que, según advirtieron, podrían terminar con presentaciones judiciales. La señal política, medida en términos de nivel de consenso, también terminaría siendo un mensaje, en la perspectiva de demandas que podrían abrir el camino a la Corte Suprema.

El oficialismo apuntó, con sentido común, a las necesidades de asimilar en la ley los cambios producidos en el mundo del trabajo. También, manejó el discurso que pega sobre el desprestigio gremial -ganado con creces por buena parte de la dirigencia- aunque, en rigor, no se hable seriamente de una nueva ley sindical que es la que podría contribuir a modificar ese cuadro.

Como sea, en el recinto del Senado terminarán de conocerse los alcances de los artículos que exponen los trazos centrales de la reforma: convenios, banco de horas, vacaciones, servicios esenciales, entre otros títulos. Por el momento, está dicho, todo eclipsado por la pulseada de fondos con las provincias.

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