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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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Reforma laboral y cuentas que no cierran: la mala racha de recaudación borró el debate de fondo

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Nadie, ni el Gobierno, ni las provincias ni los legisladores, discute en estas horas los temas gravitantes de la reforma laboral. El proyecto llegaría al recinto del Senado en apenas cinco días, el miércoles, según la cita impulsada por oficialistas, socios y dialoguistas. Eso mismo supone un acuerdo sobre buena parte del texto -con cambios poco difundidos- y la advertencia, al mismo tiempo, sobre la tensión final en torno del artículo tributario, es decir, el que proyecta una caída de fondos para las provincias. Resultado: una mezcla de confianza por la sanción en general e incertidumbre puntual, alimentada por la mala racha de la recaudación, que lleva seis meses y complica, bastante, los números nacionales y de cada distrito. De las cuestiones de fondo se habla poco y nada.

El cruce de especulaciones y suspicacias sobre la propuesta de rebaja en Ganancias para empresas es tal que van de la mano las alternativas -que las hay en conversaciones entre gobernadores y con operadores violetas- y la posibilidad de una caída de este tema. La ley es un objetivo de máxima para Olivos: la aprobación sería un mensaje fuerte por su sentido político antes que por los efectos prácticos, a medir en el tiempo. El interrogante es hasta qué punto podría llegar esa necesidad. ¿Soportaría Javier Milei un final que pueda ser interpretado como una cesión a los jefes provinciales?

El ejemplo más cercano es la sanción del Presupuesto 2026. El Gobierno celebró públicamente como un éxito el trámite de aprobación sobre el final de diciembre, en pleno vértigo de las Fiestas. Pero hacia adentro, lamentó dejar en el camino el capítulo que incluía el fin de las leyes de emergencia en el área de discapacidad y de financiamiento universitario. Ahora, hay quienes sostienen que Milei no aceptaría ceder con la baja de Ganancias para empresas incorporada al proyecto de reforma laboral.

Visto desde ese punto de vista, se trataría de una lectura sobre el mensaje político antes que tributario al mundo de las empresas. Entre los gobernadores, y en algunos contactos con Diego Santilli -dicen que también con Santiago Caputo-, se plantearon diversas salidas: postergar la aplicación de la baja de Ganancias, escalonarla o sujetarla a una mejora de ingresos que, según el Gobierno, provocaría la misma ley. Después, creció la sospecha de que tal vez Economía preferiría que directamente se caiga ese renglón del proyecto. Parece ilógico, pero para quienes siguen de cerca los números no lo sería.

La recaudación viene cayendo de manera significativa y sostenida desde hace seis meses, por diversos factores, entre ellos el retroceso o el freno del consumo, según el rubro y cada mes. El declive en términos reales arrancó en agosto, con un registro negativo de más de 2 puntos porcentuales, y superó en enero los 7 puntos. Eso impacta directamente en la relación con las provincias. Las transferencias generales disminuyeron sensiblemente en el primer mes de este año y medida sólo la coparticipación, osciló en los 8 puntos.
Los números, incuestionables hasta para la Oficina de Respuesta Oficial, exponen sobre qué tablero se mueve este aspecto de la reforma laboral. Y, según jefes provinciales de buen diálogo con el Gobierno, podría generar una especie de doble señal oficialista: por un lado, la necesidad de sostener el discurso de no admitir cambios sustanciales para coronar su iniciativa en el Senado; y por el otro, una realidad que deja márgenes reducidos para sacrificar recaudación.

A eso se añade un ingrediente político, sobre todo de manejo comunicacional. La decisión de avanzar con la iniciativa sin mucho debate dejó fuera de la agenda pública los puntos de la reforma que hacen a los cambios laborales. Y los avances con otros espacios en ese terreno terminaron de consagrar como tema fundamental el artículo tributario, es decir, los tironeos con las provincias. La resolución de este renglón podría opacar la lectura sobre los puntos centrales de la ley y, en caso de ceder, hasta dejaría un regusto amargo para Olivos.

El texto original incluyó algunos planteos polémicos o de previsible reclamo judicial de los jefes sindicales. Se verá en el recinto si los cambios acordados por el oficialismo en las tratativas con la oposición dialoguista -con Patricia Bullrich negociando aspectos no monetarios del dictamen de comisión- moderaron o no algunos de aspectos más cuestionables.

Según trascendió, habría algunas pinceladas para diferenciar el tratamiento entre pymes y grandes empresas. Un caso sería el del fondo para indemnizaciones que, de hecho, recortaría aportes patronales destinados al sistema previsional para derivarlos al FAL. Existen otros puntos que los jefes sindicales cuestionan y que, según advirtieron, podrían terminar con presentaciones judiciales. La señal política, medida en términos de nivel de consenso, también terminaría siendo un mensaje, en la perspectiva de demandas que podrían abrir el camino a la Corte Suprema.

El oficialismo apuntó, con sentido común, a las necesidades de asimilar en la ley los cambios producidos en el mundo del trabajo. También, manejó el discurso que pega sobre el desprestigio gremial -ganado con creces por buena parte de la dirigencia- aunque, en rigor, no se hable seriamente de una nueva ley sindical que es la que podría contribuir a modificar ese cuadro.

Como sea, en el recinto del Senado terminarán de conocerse los alcances de los artículos que exponen los trazos centrales de la reforma: convenios, banco de horas, vacaciones, servicios esenciales, entre otros títulos. Por el momento, está dicho, todo eclipsado por la pulseada de fondos con las provincias.

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Las delicadas negociaciones en el Congreso reavivaron luchas de poder que el Gobierno busca aplacar

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El gobierno nacional, ante la ausencia de adversarios externos, parece buscar conflictos puertas adentro. Las tensiones que atraviesan el ala sur y el ala norte de la Casa Rosada se replican en otros despachos oficiales, y el triángulo de hierro a menudo muestra fisuras.

En los últimos días resurgió una nueva etapa de desconfianza. Una interna palaciega vinculada tanto al futuro como al pasado, más que al presente.

Durante el reciente encuentro de la mesa política del Gobierno, realizado el miércoles pasado en la Casa Rosada, comenzó a evidenciarse una situación que se gestaba en el interior y ya había sido tema central en conversaciones privadas. La relación entre los principales referentes del oficialismo en el Congreso de la Nación, el diputado y presidente de la Cámara Baja Martín Menem y la senadora Patricia Bullrich, figura destacada de la Cámara Alta, atraviesa un momento tenso.

Menem mantiene un alineamiento con la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, mientras que Bullrich cuenta con un fuerte respaldo del Presidente Milei, aunque desarrolla su propio espacio. Esta última situación reaviva las tensiones.

“Cuando Patricia hablaba, Martín hacía gestos y no ocultaba su malestar”, señaló una fuente que participó del encuentro y que observó sorprendido esos movimientos. “El mundo de Karina no le tiene toda la confianza a Patricia porque tiene juego propio”, agregó en referencia a la hermana del Presidente. “Con la reforma, ella —por la ex ministra— se anota un gol importante y la idea es que vuele, pero no tan alto”, explicó la misma fuente.

Cercanos a la senadora reconocen la existencia de esos recelos, vinculados a su autonomía, aunque minimizan el conflicto asegurando que Bullrich mantiene un buen trato con la Secretaría General de la Presidencia. Sostienen que esa interna es alimentada por antiguos aliados del PRO.

“Con Karina te diría que hay menos problemas que con Santiago y él es más cercano a los amarillos, es el que tiene mejor diálogo ahí”, dijo a Infobae la misma fuente bullrichista.

Y agregó: “Hay muchos que quedaron dolidos porque Patricia no solo se fue del PRO y se afilió a La Libertad Avanza, sino que se llevó legisladores de los bloques amarillos a los violetas, entonces en el macrismo persiste el recelo”.

En un clima de desconfianza, ayer algunos diputados manifestaron su malestar por los cambios que Bullrich afirma que se introducirán en el proyecto y que permanecen “bajo cuatro llaves”. Algunos legisladores expresaron preocupación por no saber con qué se encontrarán ni si tendrán posibilidades en la Cámara Baja. “Ese secretismo complica todo”.

Desde el despacho del presidente de Diputados también relativizaron el conflicto y aseguraron que “no hay problemas, se trabaja muy bien”. Además, subrayaron que la directiva de la Casa Rosada es “evitar” cualquier tipo de internas palaciegas.

En los pasillos del poder sorprende la cantidad de disputas internas que enfrenta hoy el Gobierno, atribuidas a la falta de confrontación externa —la oposición— y a la propia dinámica de búsqueda de poder de cada sector. En público hay fotos conjuntas, sonrisas y abrazos, pero en la intimidad de los despachos esas muestras de cordialidad desaparecen.

Quizás tenga razón un hombre de confianza de Patricia Bullrich quien, frente a esta nueva interna, señaló: “No entienden nada, vamos a meter un golazo ahora, en febrero, y todo pasa. En abril estamos todos durmiendo la siesta y no pasa nada en el Congreso”.

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Con miras a 2027, Karina Milei quiere ordenar la interna de LLA en San Luis: quién podría quedar al frente

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Luego de la fuerte interna del año pasado que generó un conflicto institucional y derivó en la intervención del partido, Karina Milei está tratando de ordenar a La Libertad Avanza en San Luis con el objetivo de convocar a elecciones y definir a las nuevas autoridades locales, con varios dirigentes de peso ya anotados.

Esta provincia fue la última en la que el oficialismo nacional consiguió el reconocimiento legal como fuerza política por parte de la Justicia, a principios de febrero del 2025, pero desde entonces sufrió varios percances.

Es que, en este primer momento, quien quedó a cargo del sello en el distrito fue el diputado Carlos D´Alessandro, quien todavía integraba el bloque violeta y se mostraba leal a la Casa Rosada.

Sin embargo, los roces comenzaron durante el armado para las elecciones legislativas puntanas del pasado 11 de mayo, cuando el dirigente no quiso aceptar a los candidatos que pedía el armador Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.

Al mismo tiempo, también buscó competir en los comicios Rodolfo Negri, un empresario de la salud con buena relación con el gobernador Claudio Poggi y que además es prosecretario de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado.

Ante los enfrentamientos públicos y sin haber podido llegar a un acuerdo, Negri se adelantó e inscribió un frente con el nombre del partido, pero esta decisión no contó nunca con el respaldo de Balcarce 50.

Por su parte, D´Alessandro intentó hacer una jugada similar y denominar a su boleta como “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación que tiene como principal referente al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Finalmente, el primero de ellos debió competir con una lista llamada “Viva La Libertad, Carajo”, mientras que el segundo lo hizo con la marca “Tercera Posición”, que ya existía.

Sin embargo, ningulo de los dos contó con el apoyo de la hermana del Presidente y terminaron quedando muy por detrás, consiguiendo menos del 10 por ciento de los votos en los municipios que se pusieron en juego.

La ruptura terminó de concretarse a mediados de agosto último, cuando el apoderado del espacio a nivel nacional, Santiago Viola, viajó a la provincia para intervenir el sello, que ya no respondía a las órdenes de Casa Rosada.

Casi en simultáneo, D´Alessandro anunciaba que se retiraba del bloque para crear uno nuevo junto a Marcela PaganoGerardo González y Lourdes Arrieta, odos enemistados con los Menem.

Frente a esta situación, y ahora con el escenario más claro, en su carácter de presidenta del partido, Karina Milei ordenó que se reinicie el proceso para recuperar el control de La Libertad Avanza en San Luis.

“Se abrió la afiliación, que es lo que se está haciendo en este momento para sumar afiliados, ordenar todo y, en un plazo lógico, llamar a elecciones y poner nuevas autoridades”, explicó a Infobae una fuente cercana a la funcionaria.

En este sentido, ya hay varios dirigentes con peso en Buenos Aires que aparecen como posíbles autoridades de la provincia: los principales son los senadores Bartolomé Abdala Ivanna Arrascaeta, esposa de Negri.

Los dos tienen intenciones de competir y ya disputaron poder a lo largo del 2025, cuando no pudieron consensuar una lista para presentarla ante la cúpula libertaria, aunque ahora podría haber bandera blanca.

“Entiendo que esta vez pueden ir juntos, sobran los motivos para que eso suceda. Quién irá primero o segundo lo decidirá Karina”, remarcó a este medio una persona cercana a los protagonistas.

En un plano más abajo aparece la flamante diputada Mónica Becerra, ex ministra de Desarrollo Humano de la administración de Poggi y que accedió a una banca en los comicios de octubre por LLA.

Tras haber ganado las legislativas de mayo, el mandatario local optó por no presentar una boleta propia para las nacionales y, en cambio, manifestó públicamente su apoyo a su ex funcionaria.

“No lo digo como gobernador ni como referente de un espacio provincial importante, lo digo como Claudio Poggi, como ciudadano y vecino de San Luis”, remarcó días antes de las elecciones.

De todas formas, en el entorno de la secretaria general de la Presidencia todavía no empoderaron a ninguno de ellos y optan por la competencia, al menos por el momento: “Seguramente se hará la votación interna y veremos quién gana. A menos que haya unidad y vayan con una sola lista”, señalan.

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