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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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Cómo será el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, luego de haber obtenido la media sanción en Diputados

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El Gobierno nacional anotó una nueva victoria legislativa, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a la reforma laboral durante la madrugada del viernes. Con un total de 135 votos afirmativos, el oficialismo logró que el proyecto de ley continúe en pie. La oposición se reflejó en 115 negativos, mientras que no hubo abstenciones.

La semana pasada, la Ley de Modernización Laboral había sido aprobada por el Senado, pero su camino legislativo no está terminado. A raíz de las modificaciones que se realizaron, para evitar que la iniciativa perdiera el apoyo de los bloques aliados, la norma deberá regresar a la cámara de origen.

Luego de que los cambios que pensaban aplicarse en el régimen de licencias médicas laborales fueran criticados por los espacios afines a La Libertad Avanza (LLA), el Gobierno accedió a eliminar el artículo 44 y el 208 del proyecto de ley.

Según trascendió, desde Balcarce 50 consideraron que era vital priorizar que se aprobara el paquete de modificaciones en general, aunque esto implicara desistir de negociar por mantener el articulado. Sobre todo, desde que expresaron que la meta era iniciar el nuevo año legislativo con las reformas tratadas durante el período de sesiones extraordinarias aprobadas.

De esta forma, la eliminación del artículo 44 del texto de la reforma laboral dejó sin efecto la modificación propuesta para el régimen de licencias por enfermedad. Con esta decisión, quedó restaurado el esquema tradicional que garantiza el pago íntegro del salario durante el período de licencia por enfermedad.

De acuerdo con el artículo 208 del texto original, la iniciativa suprimida contemplaba una reducción salarial según el origen de la afección. En el caso de enfermedades o accidentes por conductas voluntarias de riesgo, estaba previsto que el trabajador recibiera solo el 50% de su sueldo habitual, mientras que si se tratara de una situación ajena a la voluntad del empleado, el pago alcanzaría el 75%.

En línea con esto, se proponían límites temporales de tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y seis meses para quienes sí las tuvieran, junto a una cláusula que exigía un plazo mínimo de dos años entre episodios de enfermedades crónicas para habilitar un nuevo derecho a cobro.

Por otro lado, la propuesta protegía estos pagos ante eventuales suspensiones laborales, de modo que las decisiones patronales por motivos económicos o disciplinarios no iban a alterar el cobro de los porcentajes estipulados. Al quedar fuera del paquete general, ninguno de estos recortes ni restricciones será aplicado.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, está previsto que la iniciativa vuelva a ser tratada por la Cámara Alta el viernes de la semana siguiente, cuando podría convertirse formalmente en ley.

Tras haber asegurado que el proyecto de ley siguiera en pie, el oficialismo esperaría otro resultado victorioso. Sobre todo, porque el Senado había expresado 42 votos a favor contra 30 negativos, cuando todavía estaban incluidos los recortes en los pagos para los trabajadores que pidieran una licencia médica.

A pesar de esto, los senadores aún tendrían la posibilidad de mantener el texto original o aceptar las modificaciones realizadas en la Cámara Baja. No obstante, para el Gobierno sería una prioridad cerrar el período de sesiones legislativas con la Ley de Modernización Laboral, la reforma en el Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea aprobadas.

Además, entró en la agenda un nuevo marco legal propuesto por el Poder Ejecutivo para realizar cambios en la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue evaluada, luego de que un fallo judicial obligara al Gobierno a aplicar la norma que fue aprobada a mediados de 2024. Sin embargo, el objetivo será evitar que su aplicación afectara a la meta de mantener el equilibrio fiscal.

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El Gobierno prepara la hoja de ruta de las reformas para el 2026 y podría anunciar algunas en la Apertura de Sesiones del Congreso

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La reforma laboral es el primero de varios peldaños legislativos que el Gobierno quiere subir en su aspiración de hacer del 2026 un año propositivo en el Congreso. En el entorno del presidente Javier Milei marcan que la coordinación de la mesa política ha proporcionado un mejor diálogo con los aliados circunstanciales, que a su vez están más definidos. “Se forjó un ida y vuelta de mayor confianza con ellos y eso ayuda a conseguir los votos cuando precisamos”.

En la Casa Rosada consideran que el proyecto de Modernización Laboral era de los más controvertidos que se podían tratar a lo largo de todo el año.

Su temprano tratamiento tuvo que ver con las prioridades estructurales del Gobierno -Milei cree que el mercado laboral debe reorganizarse para que luego posibilite otros proyectos transformadores-, pero buscó seguir aprovechando la colaboración que están dispuestos a dar ciertos aliados circunstanciales: es probable que a fin de año algunos de ellos no estén más, ya que La Libertad Avanza apuntará a quitarle la gobernación a algunos de ellos.

El Poder Ejecutivo envió diferentes iniciativas al Congreso a lo largo de las sesiones extraordinarias. Es muy probable que priorice terminar de tratarlas todas antes de impulsar otras agendas. Pero en el entorno de operadores políticos del Presidente ya están pensando en una hoja de ruta para establecer nuevos proyectos en los próximos meses.

Una altísima fuente oficial comentó a Infobae que están esperando a que Javier Milei vuelva de Washington este viernes para poder empezar a dialogar sobre esa cuestión.

En el Gobierno están diseñando un esquema distintos para definir qué secuencilidad de reformas presentar este año. “En el pasado lo que sucedía es que cada uno de los ministerios definía su hoja de ruta y después se comunicaba automáticamente”, marca un funcionario a este medio. La idea que piensan ahora es centralizar aún más las tareas políticas: “Ahora son las carteras las que tienen que decir qué hitos quieren realizar este año y es a través de la Jefatura de Gabinete que se diseña el esquema de cómo se hará”.

Es muy posible que en la próxima semana pueda darse una reunión que sirva para determinar algunos ejes que contribuyan al discurso de Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, el cual se dará el 1 de marzo a la noche.

Allegados al Presidente lo han escuchado decir que cada uno de los ministerios nacionales tiene más de 10 paquete de proyectos de ley. “Es claramente menos, pero quiso decir que hay una intención fuerte de pegarle fuerte y al medio con los proyectos. Es ahora o nunca”, marcan en su entorno.

El oficialismo reconoce internamente que el margen de maniobra para aprobar iniciativas relevantes se irá reduciendo en los próximos meses, a medida que se aproxime el ciclo electoral y disminuyan las posibilidades de acuerdos con sectores dialoguistas de la oposición.

Para la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza reconoció que consiguió apoyos de gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). “Vamos a tener que competir con algunos de los que hoy nos acompañan. Por eso lo más relevante hay que hacerlo lo antes posible”, apuntan desde el oficialismo. Un motivo más para la urgencia de las reformas.

Se espera que a lo largo de 2026 lleguen al Congreso diversas iniciativas. Hay algunas de importante peso como la reforma del Código Penal, la impositiva y electoral que tienen altísima prioridad y que serán enviadas con la mayor proximidad posible.

En Balcarce 50 buscan ampliar las condiciones para la llegada de inversiones y proyectos en el país. También para liberalizar el esquema comercial. Es en ese plano que buscarán terminar de sancionar el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, así como enviar los aspectos nodales del Tratado Comercial con Estados Unidos que precisan ratificación parlamentaria.

La reducción de impuestos y el alivio sobre empresas y personas son objetivos centrales de la administración libertaria. Se discuten alternativas como la reducción en el impuesto a las Ganancias y estímulos para mercados, junto a la eventual implementación de un “IVA dividido”, una idea dada a conocer por el ministro Caputo. La discusión gira en torno a cómo equilibrar esos incentivos con la preservación de la estabilidad fiscal.

Uno de los temas pendientes es la extensión del régimen de promoción para energías renovables, que propone prorrogar por veinte años la estabilidad tributaria del sector. Este proyecto, inicialmente previsto en el Capítulo XI del presupuesto, quedó en suspenso tras quedar fuera de la reforma laboral, y ahora su incorporación podría darse de manera individual o como parte de una reforma energética más abarcativa. También está en debate una reforma sobre el régimen de zona fría, aunque por ahora permaneció fuera del temario principal.

Aún sin precisiones técnicas, los funcionarios avanzan en el diseño de un proyecto legislativo que reúna casi todos los asuntos originalmente incorporados en el capítulo XI, con excepción de la Ley de Financiamiento Universitario, para cuyo tratamiento el Gobierno ya propuso un enfoque alternativo, aunque sin la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que el lunes publicó un comunicado rechazando tajantemente la alternativa oficial y pidiendo la apertura urgente de paritarias.

Dado que un sector de los equipos técnicos de la Presidencia consideran que es asimilable a un tratado internacional, la adhesión de Argentina al Consejo de Paz que lidera Donald Trump también tendrá será presentado en el Congreso este año. Queda como cuenta pendiente que el Senado tramite el placet de Fernando Iglesias como embajador en la Unión Europea y Bélgica.

Este último podría tratarse el 26 de febrero en el Senado junto con la Ley de Glaciares, el convenio Mercosur-UE y la baja de la edad de imputabilidad en menores hacia los 14 años.

 

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La CGT afirmó que el paro tuvo un acatamiento de más del 90% y advirtió: “Recién empieza el plan de acción”

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La CGT consideró que el paro general de 24 horas tuvo un “enorme acatamiento, de más del 90% de las actividades” en todo el país y afirmó que la reforma laboral “retrocede 100 años en derechos colectivos”, por lo cual advirtió: “Recién empieza el plan de acción”.

En una conferencia de prensa, realizada en la sede de Azopardo 802, el triunvirato cegetista aseguró que “la sociedad le dio un mensaje al Gobierno de que está cansada de esta política que le da pobreza al pueblo”.

En el encuentro sólo hablaron los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes agradecieron a los trabajadores que adhirieron a la huelga y fueron particularmente críticos no sólo del gobierno de Javier Milei sino también de los gobernadores y los legisladores que apoyaron la reforma laboral.

El discurso más duro estuvo a cargo de Jerónimo, que señaló: “No vamos a parar hasta que cambie el rumbo político y económico de nuestro país”. Y agregó: “No estamos dispuestos, porque así lo marca nuestra tradición y nuestra historia, a entregarnos ni a cerrar la puerta de las organizaciones sindicales”.

Tras destacar que “el plan de acción de la CGT se viene cumpliendo al pie de la letra y seguramente la política se va a poner nerviosa”, sostuvo: “Seguramente hay gobernadores inescrupulosos que quieren echarle (la culpa) de lo que hacen mal ellos a los trabajadores. Primero que miren cómo están sus provincias. Son cómplices de esta traición dándole el voto de este proyecto de reforma laboral regresivo que tanto daño le va a hacer a los trabajadores y al mundo del trabajo, y después le piden explicaciones a la CGT”.

“Llegó la hora, de una vez por todas, de exponer a todos aquellos que llegan a los distintos cargos de importancia, tanto en las provincias como en lugares legislativos, y a la hora de que tienen que tomar la decisión de defender los intereses del pueblo, le terminan dando la espalda –planteó-. No lo podemos permitir más”.

Jerónimo, además, opinó que “el peronismo va a construir una alternativa para volver a conducir los destinos de la Argentina” y que “el movimiento obrero va a ser protagonista de esa construcción”. “Vamos a volver a construir un país que le vuelva a dar oportunidad a los 47 millones de argentinos”, enfatizó.

En otro tramo de su intervención, el líder de los empleados del vidrio dijo: “Esperemos que este gobierno tenga la capacidad de poder escuchar el mensaje que le dio el pueblo argentino hoy, que no se pongan caprichosos ni en una encerrona, porque acá no existe ninguna extorsión. Nosotros queremos que le vaya bien a la Argentina y ser parte de ese proceso virtuoso. Queremos empresas abiertas, discutir paritarias, pero con empresas activas que puedan producir y vender. Hoy la economía está en una recesión profunda y es crítica la situación de los trabajadores de la Argentina”.

“Todos los días nos dicen que este proyecto es para generar previsibilidad para para que vengan las inversiones de afuera -indicó-. Lo único que estamos viendo todos los días es que las empresas extranjeras se van todos los días de la Argentina, hay cero inversiones y lo único que se beneficia es a la especulación”.

El primer orador fue Sola, quien resaltó que el paro general tuvo “un enorme acatamiento, de más del 90% de las actividades” en todo el país y dijo que los diputados que votarán la reforma laboral “merecen mirarse a sí mismos y a quienes representan”.

Detalló que la CGT llevó adelante “12 movilizaciones y 4 paros” en el gobierno de Milei, y destacó: “Hemos sido consecuentes y responsables, no solamente en mantener la paz social ante la protesta, ante la negación al diálogo, ante la negación al reclamo que hemos hecho, no solamente por la pérdida de puestos de trabajo, por la pérdida del poder adquisitivo, por la pérdida de las prestaciones de salud, sino por el rompimiento del tejido social y productivo que se está llevando adelante”.

Al criticar la reforma laboral, Sola dijo: “Me cuesta llamar modernización a lo que retrocede 100 años. Nunca es modernizar algo si volvemos para atrás en lo que hemos conseguido. Y este proyecto de ley retrocede 100 años. Cien años en derechos individuales, en derechos colectivos y en una búsqueda que tiene como corazón la transferencia de recursos económicos de los trabajadores hacia el sector empleador”.

Salió al cruce enseguida de los cálculos sobre cuánto pierde el país por un día de paro general y propuso “contrastar que en este proyecto de ley pretenden bajar los aportes y contribuciones patronales que implican 3000 millones de dólares y también sacar del sistema de previsión jubilatorio de la Argentina otros 3000 millones de dólares”, por lo cual puntualizó: “Seis mil millones anuales que van a pasar del salario diferido de los trabajadores hacia el sector financiero. Es ahí donde tendrían que detenerse, quizás, quienes hoy están mirando cuánto se pierde (por el paro)”.

Por su parte, Argüello, el último en hablar, hizo una fuerte advertencia a los diputados que “van a votar en un poco tiempo” la reforma laboral: “Fíjense lo que van a hacer. No traicionen más su pueblo. Llegaron por el voto de los trabajadores, por el voto del pueblo, no lo traicionen, porque el pueblo tiene memoria y nos vamos a acordar de cada una de las cosas que hacen”.

El dirigente de Camioneros manifestó que “este movimiento obrero no está dispuesto a abandonar ningún tipo de lucha y ningún tipo de pelea” y aseguró que el objetivo es “llevar la dignidad a nuestra patria y la defensa de nuestros valores y de nuestros recursos naturales”. “No vamos a permitir que se los vengan a robar, como este gobierno lo quiere entregar a los grandes poderes económicos y, sobre todo, a su mandante, que es Estados Unidos”, concluyó.

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