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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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El Gobierno rechazó la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y calificó el viaje como “una provocación”

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Luego de que la princesa Ana arribara a las Islas Malvinas y Georgias del Sur, el Gobierno nacional repudió las actividades oficiales de la hermana del rey Carlos III al sostener que se desarrollaron bajo la ocupación ilegal. Además, por medio de un comunicado, solicitaron que se vuelva a abrir el canal de diálogo por el reclamo soberano con el Reino Unido.

“Dicha visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas”, dijo la Cancillería, dependiente de Pablo Quirno.

Ante estas circunstancias, las autoridades argentinas remarcaron que solicitaron un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Al mismo tiempo, también pidieron medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

El comunicado de la Cancillería argentina donde se rechazaron las actividades oficiales de la princesa Ana del Reino Unido en las islas Malvinas y Georgias del Sur (X: @Cancilleria_Ar)

En su pronunciamiento, la Cancillería reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones por la soberanía de las islas. El pedido se apoyó en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de otros pronunciamientos del organismo y de su Comité Especial de Descolonización.

“Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial”, sostuvieron en el comunicado. Asimismo, el Gobierno argentino ratificó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante de la República Argentina.

La princesa Ana llegó a las Islas Malvinas el lunes 9 de noviembre, junto a su esposo, el vicealmirante Sir Tim Laurence, según confirmaron las autoridades británicas que encabezan la ocupación del archipiélago. Está previsto que los integrantes de la Casa Real Británica abandonen el territorio el próximo viernes 20.

Además de haber participado en la inauguración de obras, la hermana del rey Carlos III rindió homenaje a las tropas británicas. También recorrió los monumentos de guerra que yacen en la zona del Puerto Argentino.

No se trata de la primera vez que la integrante de la Familia Real británica se presenta en las Islas Malvinas, debido a que en noviembre de 2022 también viajó en compañía de su esposo para cumplir funciones oficiales en representación del monarca.

En esa oportunidad, el Palacio de Buckingham informó que visitó la base de Mount Pleasant de las Fuerzas Británicas y recorrió diversos lugares, donde depositó ofrendas florales para conmemorar el 40 aniversario de la guerra ocurrida en 1982.

La princesa Ana aterrizó en las Islas un día antes de que Argentina lleve formalmente el caso de Sea Lion ante el Tribunal Internacional del Derecho Marítimo (TIDM). Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, ante un tribunal integrado por 21 jueces. Fue la primera vez que la Argentina y el Reino Unido debatieron ante una instancia internacional por los recursos marítimos situados alrededor de las islas.

En esa instancia, la delegación argentina planteó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible antes de que quede conformado el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Por este motivo, presentaron cuatro medidas provisionales. La principal buscaría detener nuevas perforaciones, tareas de explotación e infraestructura vinculada con Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas.

También solicitó que el Reino Unido no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa, que no utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos y que cese las acciones que, según Buenos Aires, le impiden cumplir con sus obligaciones de protección ambiental.

La Argentina también llevó al tribunal el posible impacto de un derrame. El plan de contingencia de la empresa operadora contempla una probabilidad del 30% de que un eventual reventón alcance aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.

Por este motivo, argumentaron que, ante una emergencia ambiental, la respuesta operativa recaería principalmente en la Argentina por su cercanía geográfica con el área de explotación, mientras que el Reino Unido se encuentra a más de 12.700 kilómetros.

Frente a esto, la defensa británica objetó que el pedido argentino encubre una discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas y que, por lo tanto, el TIDM no tendría competencia para intervenir.

La representación argentina rechazó esa interpretación y afirmó que el expediente no pretende resolver la disputa territorial. Su argumento se apoya en las resoluciones 2065, de 1965, y 31/49, de 1976, de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de la controversia e instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras permanezca abierta.

Durante la audiencia, la fiscal general británica Ellie Reeves mencionó un discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para cuestionar el interés argentino en una salida negociada. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado por la Argentina, respondió que el mandatario también había ratificado la vía pacífica y el marco del derecho internacional.

La delegación argentina fue encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, e integrada, entre otros, por el embajador Mario Oyarzábal y los especialistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver.

Ahora, la Argentina espera para el 28 de noviembre la decisión del TIDM sobre el pedido contra el proyecto petrolero.

El arbitraje ante el TIDM forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno frente a la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas. Ese esquema contempla iniciativas legislativas y causas penales contra los directivos de las compañías vinculadas a Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

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Argentina y Chile buscan bajar la tensión por el carguero que unirá Punta Arenas con Malvinas en diciembre

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Mientras el carguero Danstar ya se alista en los astilleros de ASMAR Magallanes en Punta Arenas para transportar el próximo 17 de diciembre frutas, verduras, alimentos perecederos, vinos, gas licuado y materiales de construcción hacia las Malvinas, Argentina y Chile buscaron en las últimas horas bajar la tensión en torno a la reapertura de esa ruta comercial. Desde Buenos Aires, y según supo Infobae, instaron a “no generar una controversia donde no existe”, sobre todo a raíz de la especulación sobre una eventual asistencia del buque a las empresas que desarrollan el proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de la Isla.

Desde la Cancillería, que conduce Pablo Quirno, destacaron que los dos países “mantienen una excelente relación bilateral” y que “cuentan con normativas que contemplan este tipo de situaciones”. Por su lado, el vocero oficial del gobierno chileno, Gonzalo Arenas, confirmó que ambas cancillerías mantienen comunicación fluida y coinciden en tratar el asunto “con la mayor normalidad posible”. “No estamos por exacerbar dificultades u odiosidades o supuestos encuentros que pudiesen dañar la relación bilateral”, planteó en conferencia de prensa. Y remarcó la necesidad de bajar el “tono belicoso que por momentos uno ve en ambos países”.

El funcionario de José Antonio Kast se refirió, además, al núcleo de la discusión jurídica y política en ambos costados de la Cordillera de los Andes: el pedido de autorización para que buque pueda transitar rumbo a Malvinas a través de aguas argentinas. Según Arenas, la obligación de solicitar autorización no corresponde al Estado sino a la embarcación. “Los barcos que van hacia Malvinas son los que tienen que pedir permiso para atracar en Malvinas, no el Estado de Chile y, por lo tanto, se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado”, sostuvo.

Infobae se comunicó con las autoridades de la naviera Easter Island Logistics, a cargo de la operatoria comercial de un negocio estimado en 20 millones de dólares anuales, para saber si efectivamente iban a cumplir con ese pedido de autorización. Se excusaron de responder.

Este punto fue epicentro de la discusión la semana pasada, cuando los cancilleres de ambos países tuvieron declaraciones cruzadas. Quirno exigió -en declaraciones televisivas- que el Danstar solicite autorización para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas, en virtud de un decreto vigente desde 2010 que impone esa condición a toda embarcación con destino a las islas. Su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, rechazó esa exigencia e invocó el derecho de paso inocente reconocido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). “Los países no piden permiso”, sentenció.

El Danstar en preparación

El carguero de 72 metros de eslora llegó este lunes a la capital de la Región de Magallanes, donde permanecerá unas tres semanas en los astilleros de ASMAR Magallanes —con trabajos presupuestados entre USD 300.000 y USD 400.000, según estimaciones privadas— antes de zarpar hacia Puerto Argentino.

La iniciativa es promovida por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) del gobierno ilegal de las Islas y es respaldada por el municipio de Punta Arenas. Hasta ahora, el único servicio regular de abastecimiento al archipiélago operaba mensualmente desde Montevideo, con productos provenientes en su mayoría de Europa y Asia. La ruta desde Punta Arenas reduciría esa distancia marítima en unos 1.100 kilómetros.

La preocupación de fondo de Buenos Aires va más allá del permiso de navegación. El gobierno de Javier Milei teme que la nueva ruta sirva de soporte logístico al proyecto petrolero offshore Sea Lion, habilitado por el Reino Unido en la cuenca norte de Malvinas sin participación ni aval argentino, operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%). El proyecto contempla la perforación de 23 pozos, con inicio para marzo de 2027, y una producción estimada de 35 años.

Quirno recordó públicamente el compromiso del gobierno chileno de que la operación “no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales” en el archipiélago. Pablo Pacheco, gerente general de Easter Island Logistics, rechazó en La Prensa Austral cualquier vínculo con las petroleras: “Nosotros nos hemos desmarcado completa y absolutamente de lo que es la explotación de hidrocarburos. Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular”.

De todas formas, fuentes políticas y diplomáticas argentinas consultadas por este medio sospechan que el negocio de la reapertura comercial incluye indefectiblemente el abastecimiento a Sea Lion, y que no alcanza con la explicación de un “acuerdo entre privados”.

El frente judicial también está activo. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, fallará el 28 de noviembre sobre el pedido argentino de suspender la explotación petrolera mediante medidas provisionales. El Danstar estará aún en mantenimiento en Punta Arenas cuando se conozca esa resolución.

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, rechazó este lunes que Chile deba someterse a cualquier exigencia de autorización. “Para transitar en una u otra dirección por el Estrecho de Magallanes, no debiera haber ningún impedimento. Y si se debe pedir autorización, quiere decir que existe la opción de que se pueda negar, y eso es totalmente improcedente”, sostuvo en declaraciones recogidas por BioBío Chile.

Squella fue más allá del caso puntual del Danstar y advirtió sobre las consecuencias de ceder terreno en materia de navegación: “La aceptación, sea expresa o tácita, de cambios en la relación entre ambos países son los que al final del día pueden ser aprovechados en el futuro con un propósito totalmente distinto a lo que estamos viendo hoy”.

Sus palabras coinciden con las de ocho excomandantes en jefe de la Armada chilena, quienes en una carta conjunta sostuvieron que la ruta del Danstar es una actividad legítima entre privados y que aceptar una autorización argentina sentaría un precedente perjudicial para Chile.

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El Gobierno busca aprobar en Diputados la ley de Defensa de la Soberanía y la reforma del Banco Central

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El oficialismo buscará esta tarde en la Cámara de Diputados la media sanción para la ley de la Defensa de la Soberanía Nacional y la aprobación definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había sido modificada en el Senado.

El temario también incluirá la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo, el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA) y el Mercosur, y otros dos convenios suscriptos entre el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires destinados a profundizar la transferencia de competencias judiciales al ámbito porteño. Estiman que la sesión durará alrededor de 12 horas.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas, propone endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales renovables o no renovables en el Atlántico Sur sin autorización argentina.

El texto contempla multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos involucrados en actividades irregulares. Tras las negociaciones con bloques aliados y las presiones del gobierno de Estados Unidos, el oficialismo aceptó excluir a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión indirectos.

La iniciativa también prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente y contará con la participación permanente de la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, además de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.

El nuevo organismo tendrá atribuciones para coordinar políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior. Además, podrá analizar inversiones de Estados extranjeros o compañías de capital extranjero en sectores considerados sensibles, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales. Este punto (artículo 111) genera preocupación entre los aliados porque entienden que el gobierno nacional podría sabotear inversiones negociadas por las provincias.

A partir de los reclamos de legisladores aliados, el proyecto incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar las decisiones del Consejo. El Poder Ejecutivo deberá informar a ese cuerpo parlamentario, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte.

La propuesta también incluye penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes actúen por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero con el fin de alterar procesos electorales, manipular la opinión pública o condicionar decisiones de autoridades.

Si bien el dictamen excluye de esa figura a la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses, desde la oposición advierten que la redacción no es lo suficientemente clara y podrían afectar la libertad de expresión y el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales.

De hecho, adelantaron que si no hay cambios, el Título VII podría salir rechazado en el recinto ya que necesita una mayoría especial de 129 votos positivos porque modifica el Código Penal y el régimen de Partidos Políticos.

Durante el debate en comisión, la funcionaria de la Secretaría de Legal y Técnica Paula Taddei se comprometió a volver a redactar algunos artículos, pero los aliados señalaron a Infobae que sólo se hicieron cambios en algunas palabras que no modifican el sentido general.

El segundo eje de la sesión será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que volvió a Diputados luego de que el Senado introdujera modificaciones al proyecto aprobado inicialmente por la Cámara baja.

La iniciativa establece que la entidad tendrá como objetivo principal preservar el valor de la moneda. Además, prohíbe el financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario.

El Senado modificó el mecanismo para designar y apartar a las autoridades del directorio. El texto original requería el aval de los dos tercios de ambas cámaras, mientras que la versión aprobada por la Cámara alta dispone que esas decisiones queden a cargo exclusivo del Senado, con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes.

El proyecto también impide transferir al Tesoro ganancias contables o generadas por diferencias de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse primero a cubrir pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio de la entidad o cancelar deuda pública.

Diputados tiene dos opciones: aceptar las modificaciones del Senado y convertir el proyecto en ley, o insistir con el texto que había aprobado previamente. Desde el oficialismo adelantaron que se ratificará el texto que llega del Senado.

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