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Lenguaje inclusivo: la el gobierno Porteño prohibió el uso de la “e”, la “x” y el “@” en las aulas

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La Ciudad de Buenos Aires había presentado la semana pasada los primeros datos del país sobre el impacto de la pandemia en la educación. Los resultados de pruebas estandarizadas a alumnos en 2021 mostraron una fuerte caída en Lengua y en comprensión lectora comparando con 2019.

Ahora, y como una medida que busca “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

La resolución fue firmada este jueves por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y entrará en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, entre este jueves y el viernes. En su artículo 1° establece que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La resolución también aprueba tres guías prácticas y de recomendaciones para el uso de la comunicación inclusiva (uno por cada nivel educativo), elaborados por los expertos del Ministerio. Allí exhiben a los docentes las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura y, obviamente, cuando empezamos a incorporar palabras distorsionadas, o formas distorsionadas del uso de la lengua, generan trabas. Por eso vamos a ordenar el uso del lenguaje dentro de las escuelas”, dijo Acuña.

¿Son muchos los docentes que usen formas inclusivo en las aulas? La ministra afirma que sí, que “pasa muy asiduamente en la Ciudad”, y que la medida no apunta a que los docentes dejen de usarlas en sus vidas cotidianas (“no nos metemos en las relaciones sociales”, dice), sino que cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela (incluso con la cartelería que habitualmente se usa como ambientes alfabetizadores, para afianzar la lectoescritura) los docentes estarán obligados a usar el “lenguaje aprobado por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Y a continuación hace una distinción. “Nosotros sabemos que el lenguaje va mutando y refleja los cambios de las sociedades. Y que cuando la RAE fija las normas, por más que busque el lenguaje neutral, no tiene neutralidad, porque el lenguaje con el genérico masculino en un contexto como el actual invisibiliza. Por eso lo que hacemos es regular y buscamos orientar el uso del lenguaje inclusivo con todas las opciones que la lengua española nos brinda sin necesidad de distorsionarlo”.

¿Cuáles son las opciones que nos brinda la lengua hoy para hablar en inclusivo sin distorsionar el lenguaje? En el Ministerio de Educación porteño explican que se podría usar la expresión “las y los” por ejemplo -siempre que no se repita mucho dentro de un texto por una cuestión de economía del lenguaje- o usar “las personas” en lugar de “los hombres” o “la sala verde puede ir al recreo” en lugar de “los chicos de la sala verde”, familias en lugar de padres, la adolescencia en lugar de los adolescentes, el equipo docente en lugar de los docentes, y así.

¿Habrá sanciones para los docentes que insistan con el uso de la “e”, la “x” o el “@” en un contexto escolar? Acuña dice que no es la idea perseguir ni generar una “caza de brujas”, pero que la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula. Y luego, como toda norma del sistema, quienes no la cumplan podrán ser sometidas a sumarios o las acciones administrativas que correspondan.

“Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas”, dice Acuña.

“La lengua tiene reglas, y lo que la escuela tiene que enseñar son esas reglas del uso del lenguaje para que todos podamos entendernos cuando nos comunicamos. Los docentes tienen la obligación de enseñar el lenguaje aprobado, que todos conocemos y respetamos”, agregó.

Hasta ahora los únicos dos antecedentes de intervención sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas se dieron en Francia y en Uruguay. En el caso de Francia, el Ministerio de Educación desaconsejó la escritura inclusiva, mientras que Uruguay, al igual que ahora lo hace la Ciudad, dispuso mediante una circular que el uso del lenguaje en ámbitos escolares debe ajustarse a las reglas del idioma español.

Dentro de los especialistas no hay acuerdo aún entre cómo debe actuarse con la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de las escuelas. Las sugerencias van desde la prohibición de distintas formas hasta las sugerencias o las guías de recomendaciones.

Tanto la Academia Argentina de Letras como la Nacional de la Educación se pronunciaron recientemente en contra de su uso. Esta última había señalado que “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

(Clarín)

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Paso Urbano: después de los reclamos de Susbielles, los libertarios “se acordaron” del Cholo

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Durante meses la obra del Paso Urbano de Bahía Blanca, en la zona de El Cholo, fue una postal del abandono. Pavimento destruido, desvíos peligrosos y una infraestructura clave para la logística portuaria paralizada. Nación miraba para otro lado. Hasta que el intendente Federico Susbielles decidió poner el tema arriba de la mesa.

La secuencia política es bastante clara.

Primero, a mediados de febrero, el Municipio y el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca salieron a pedir formalmente a Nación que les permitiera intervenir para arreglar el tramo más deteriorado de la ruta en la zona de El Cholo.

El mensaje era directo: si el gobierno nacional no iba a terminar la obra ni a mantenerla, al menos debía autorizar a la ciudad a hacerlo.

Ese movimiento no fue menor. Significaba que el gobierno local estaba dispuesto a buscar soluciones propias para una obra nacional paralizada, incluso explorando esquemas alternativos para garantizar la transitabilidad en uno de los accesos más importantes de la ciudad.

El reclamo fue creciendo. Desde el municipio se insistió en que el estado del paso urbano no solo afectaba la logística portuaria, sino también la seguridad vial de miles de vehículos que circulan todos los días por ese sector.

Y entonces pasó lo que suele pasar en política: cuando alguien empuja fuerte el tablero, los demás reaccionan.

Días después del planteo de Susbielles, desde el ámbito libertario comenzaron a aparecer anuncios y gestiones para realizar reparaciones en el tramo deteriorado del Paso Urbano. De golpe, la obra que llevaba meses congelada volvió a tener movimiento.

La explicación oficial habla de trabajos de mantenimiento y recuperación del pavimento. Pero en Bahía muchos leen otra cosa: el fuerte reclamo del intendente peronista apuró a los libertarios, que salieron a mostrar gestión sobre un problema que hasta ese momento parecía no estar en la agenda nacional.

En política las casualidades existen, pero no tantas.

La cronología muestra que primero vino el reclamo de Susbielles, después la presión pública del municipio y el Puerto, y recién entonces aparecieron las reparaciones.

Dicho de otra manera: cuando el intendente empezó a mover fichas para resolver el problema, algunos en Nación se acordaron de que el Paso Urbano existía.

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La tensión con la industria y las internas copan la agenda frente al descanso del Congreso

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El Congreso parece haberse tomado un respiro después de un mes a paso forzado, impuesto en febrero por el oficialismo para avanzar con sus principales proyectos en sesiones extraordinarias. Ese descanso legislativo coincide con una escalada en el frente industrial después de sucesivas cargas presidenciales y, también, potencia el efecto de la renovada interna violeta. La ofensiva de Javier Milei sobre empresas acaba de generar respuesta orgánica del sector, un dato político fuerte, hasta impensable no hace mucho. Y la pelea doméstica con Victoria Villarruel escribe un capítulo grave -con sospechas cruzadas-, mientras el recambio en el ministerio de Justicia expone un pico de tensión en la línea más próxima a Olivos.

El ruido político y mediático de estas horas no tiene los protagonistas centrales que seguramente imaginaba el Gobierno al elaborar el discurso y la actuación que marcaron la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso, hace apenas cuatro días. Los pasajes más resonantes de Milei ante la Asamblea Legislativa tuvieron como eje las cargas sobre el kirchnerismo. Sin embargo, en buena medida por la crisis del peronismo/K y la fatiga del tema, el efecto más notable es la consagración de una franja empresarial como “enemigo” para la “batalla cultural”. Era previsible, después de algunos mensajes previos, y quedó ratificado en la cadena nacional.

No lo dicen las respuestas formales, pero resulta evidente que este giro del oficialismo se produce frente a algunos elementos de la economía preocupantes. Lo exponen registros diferentes, incluso algunos, como el último informe del EMAE, que muestran avances en algunos rubros y retrocesos en otros. Esos renglones de retroceso incluyen a la industria y el comercio interno, en la misma línea que estimaciones privadas. Y en paralelo con relevamientos sobre consumo (niveles y modificaciones de hábitos por cuestiones de ingresos) y empleo.

Milei había dedicado mensajes con descalificaciones a Paolo Rocca y, después, a Javier Madanes Quintanilla. Esa andanada sobre Techint y Fate/Aluar había generado malestar, contenido hasta ahora. El discurso presidencial en el Congreso terminó por precipitar una reacción medida, pero fuerte, más que por los términos por el hecho en si mismo de la respuesta, a cargo de la UIA y de AEA. Reclamaron “respeto” y “diálogo”, una manera también de contraponer mensajes. Se verá si abre una discusión de fondo sobre algunos trazos gruesos de la gestión económica.

Por lo pronto, en dos días seguidos, la UIA difundió el referido comunicado y el último informe de su Monitor de Desempeño Industrial, que anota otra vez una caída generalizada de la actividad. Resulta probable que dispare una confrontación de datos desde la vereda violeta, al estilo de las redes sociales, antes que una discusión sobre visión económica y desarrollo. Pero en términos prácticos, se trata de un dato también político.

Aunque tenga sentido paradójico, el discurso de Milei terminó corriendo el foco del Congreso -protagonista casi exclusivo de febrero- y a la vez dejó abierta una expectativa sobre el anuncio de decenas de reformas, sin precisiones y, por lo tanto, un interrogante sobre la actividad legislativa que realmente impulsará el Ejecutivo. En lo inmediato, viene más lento el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, que aprobó el Senado y recién empieza a moverse en Diputados. Habrá audiencias públicas y el desenlace quedaría para abril.

La tensión del oficialismo aparece ahora concentrada en la interna. El más repetido enfrentamiento -entre Olivos y la vicepresidente- agregó entregas y, sobre todo, añadió ingredientes mas fuertes: sospechas de operaciones y acusaciones graves. Los cruces más visibles acaban de sumar a Patricia Bullrich y registraron fragilidad de límites en el intercambio de Villarruel y Luis Petri. La vicepresidente pegó en tono de denuncia sobre la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas durante la gestión del ex ministro de Defensa. Y el ahora diputado la acusó de golpista.

Ese cruce y el arrastre del estado de no retorno con Karina Milei -recreado en la Asamblea Legislativa del domingo pasado- pusieron otra ves en primera línea las especulaciones sobre movimientos en el Senado. Es curioso, porque Bullrich retomó la exposición pública de la disputa con Villarruel, pero más allá de lo que se busca imponer como versión de distensión, está lejos de una buena relación con la hermana del Presidente. En ese clima, la vicepresidente dijo que van por su caída del cargo, algo que pareció anticipar capítulos más oscuros de esta pelea.

En el centro del Gobierno, la interna repuso titulares sobre las disputas de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo. La designación de nuevas autoridades en el ministerio de Justicia no agota la historia, sino que provoca interrogantes sobre su proyección hacia otras áreas sensibles de Gobierno, la justicia federal y hasta la Corte.

Como se sabe, Mariano Cúneo Libarona actuó durante meses como pieza para evitar un conflicto grave en el tablero del poder. Había difundido su decisión de renunciar en los días amargos para el oficialismo por la derrota en la elección bonaerense y siguió en el cargo, en parte porque el cuadro se alivió con la celebración de octubre. En rigor, su salida venía escrita desde antes. Y la permanencia se estiró hasta ahora; termina con la designación de Juan Bautista Mahiques. La jugada incluye a Santiago Viola en el segundo escalón ministerial, desplazando a Sebastián Amerio.

La movida expresa un éxito de Karina Milei en detrimento de Santiago Caputo. El punto ahora es si este avance se extiende hacia cargos de peso que responden al asesor: ARCA y SIDE. Por lo pronto, los primeros pasos del designado ministro fueron claros. Visitó la jefatura de Gabinete y allí estuvo reunido con Karina Milei -a quien había agradecido su designación de manera especial y públicamente- y con Santiago Viola.

Este jueves, Milei tomará juramento a los nuevos funcionarios. Presencias, ausencias y gestos presidenciales también tendrán lectura en clave de interna.

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Tras las 90 reformas que anunció Milei, el peronismo quiere evitar que LLA se adueñe de la agenda del Congreso

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En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei dejó claro que el Gobierno buscará ejercer un control total de la agenda legislativa con una andanada de proyecto de “reformas estructurales” que se sucederán hasta fin de año. En cambio, en las filas del peronismo oscilan entre cierta resignación y los planes para imponer una “agenda propia”.

Según explicó Milei, cada ministerio ya tiene en carpeta al menos 10 paquetes legislativos que enviarán al Congreso escalonadamente para “rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”.

Entre los principales anuncios se destacaron la reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial; la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor y de la Ley de Defensa de la Competencia; la reforma del Régimen Tributario y del Código Aduanero; la ratificación del Acuerdo con EEUU y suscripción de nuevos acuerdos internacionales; la eliminación de barreras ambientales; la reforma del Régimen Electoral y cambios en el financiamiento de los partidos políticos; una reforma judicial y del Código Penal; una reforma en los tres niveles educativos; una nueva ley de semillas y otros proyectos de desregulación en diversos sectores económicos.

Ante una propuesta tan ambiciosa, de las filas del peronismo surgen análisis dispares. Por un lado, algunos reconocen que el Gobierno “tiene los fierros” para mantener el control de la agenda parlamentaria, por lo menos en el corto plazo.

No solo se refieren sólo al apoyo de los gobernadores y de los bloques aliados, como el PRO y la UCR, sino al control del trámite legislativo. Cabe recordar que antes de llegar al recinto, cada proyecto de ley debe pasar por las comisiones correspondientes según los temas que abarque. Es por eso que el control de las presidencias de las comisiones cobra gran importancia.

Gracias al acuerdo de sus aliados, los libertarios se quedaron con las presidencias de todas las comisiones que se conformaron durante las sesiones extraordinarias. Esta son: Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado), Justicia (Álvaro Martínez), Trabajo (Lisandro Almirón), Juventud y Niñez (Maria Gabriela Flores), Recursos Naturales (José Peluc), Juliana Santillán (Relaciones Exteriores), Mercosur (Damián Arabia). Y todo parece indicar que la oposición quedará completamente relegada de las comisiones importantes.

“La agenda del Congreso la podés manejar si tenés alguna presidencia que te permita avanzar con los proyectos. Pero ellos hasta ahora se quedaron con todo y no hay perspectivas de que le dejen alguna importante a la oposición”, explicó un importante referente de Unión por la Patria.

“Además, los libertarios han aprendido rápido todas las malas técnicas y por más que te dejen la presidencia de alguna comisión, primero le van a dar giro a los proyectos para que pasen por alguna de las comisiones que controlan ellos, y ahí te la cajonean”, sintetizaron.

Ante este escenario, la única herramienta disponible serían los emplazamientos, un mecanismo que obliga a las comisiones a tratar los proyectos sin importar quién detenta la presidencia. Sin embargo, esta instancia, que fue utilizada muchas veces el año pasado, requiere de una mayoría en el recinto, algo que la oposición por el momento está lejos de alcanzar. “Mientras el núcleo de aliados dialoguistas se mantenga firme, va a estar muy complicado”, explicaron.

En cambio, sí existe un consenso entre los peronistas: el apoyo de los gobernadores tiene fecha de vencimiento y eso eventualmente dejará al oficialismo sin mayoría propia. La pregunta es cuándo ocurrirá. “Muchas provincias van a tener una lógica sumisa este año, pero el año que viene la lógica electoral va a empezar a imponerse desde muy temprano y los gobernadores se van a tener que diferenciar para no perder el control de sus territorios”, advirtieron.

Otros creen que la dinámica económica podría “dar vuelta” la situación mucho antes: “Los dialoguistas van a ir para donde vaya el viento, ya fueron para un lado en 2024 y después para el otro lado en 2025”.

En esa línea, un diputado que no responde al liderazgo de Cristina Kirchner analizó que la imagen de Milei se está deteriorando y que el tono agresivo y polarizante al que recurrió el domingo pasado es una consecuencia directa del deterioro de las expectativas. “Ya perdió todo lo que ganó en octubre y a pesar de que tuvo muchos éxitos durante el verano no está recuperando imagen”, señaló.

Por otro lado, sectores del peronismo insisten en que deben plantear una agenda propositiva que contraste directamente con el oficialismo, y si no se puede avanzar en el Congreso, tendrán que buscar visibilidad mediática y en las calles. “Una cosa es perder una votación en el recinto y otra es perder la agenda en la calle. El mejor ejemplo es lo que pasó con Macri, que ganó la votación de la reforma previsional pero después perdió la agenda de ahí en adelante”.

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